Alcaldes con vínculos paramilitares todavía ocupan sus cargos publicos

Semana
A pesar del escándalo, la para-política sigue gobernando en decenas de municipios del país y la justicia no llega. SEMANA presenta algunos casos.
Lo que hasta ahora se conoce como la 'para-política', que ha provocado la más profunda crisis en la historia del Congreso, es apenas la punta del iceberg o, si se quiere, el capítulo mediático del escándalo.

Si con mucho esfuerzo la Corte Suprema investiga a casi 70 congresistas, 34 de ellos en prisión, en el resto del país muchos de los dirigentes políticos locales que hicieron pactos con los paramilitares están gobernando sus pueblos, sin que siquiera pesen sobre ellos investigaciones preliminares. Es decir, la estructura para-política con que lograron controlar zonas de la Costa Atlántica y Urabá a punta de terror sigue prácticamente intacta.

La senadora Gina Parody lanzó la voz de alarma. En una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, dice que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".

Édgar Benito Revollo (izquierda)es alcalde de San Onofre y hermano de Muriel, condenada por para-polítca. Carlos Gutiérrez Cote (derecha)fue elegido alcalde de Campo de la Cruz (Atlántico) estando preso acusado de integrar una banda paramilitar que encabezaba el comandante ‘Jorge 40’
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Y es que así como existió el Pacto de Ralito, la prueba emblemática de la complicidad entre paramilitares y políticos, en otras partes del país se hicieron acuerdos similares, como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 410.

Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría la piñata.

Una de las cosas más graves es que los pactos , que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.

La senadora Parody cuestiona en su carta al Fiscal por qué los crímenes siguen impunes. Según ella, sólo hay una persona investigada, de los 210 firmantes del pacto de Chivolo que aparecen con cédula. Iguarán rechaza las acusaciones y argumenta que los tiempos de la justicia no son tan rápidos. "En todo el país tenemos 75 procesos derivados de Justicia y Paz, donde se reportan más de 300 personas vinculadas, y con proyección a ser procesadas, cerca de 300 más", anota Iguarán.

Sin embargo, independientemente del nivel de responsabilidad de la Fiscalía, el problema es que los elegidos bajo la sombra de estos pactos nada le deberán a la justicia en tres meses, pues, como lo advierte la congresista, los delitos electorales prescribirán, en el caso del pacto de Chivolo, en noviembre.

SEMANA hizo un recorrido por algunos municipios de la Costa y encontró la huella que habrían dejado los paramilitares.

El alcalde de Pivijay (Magdalena), Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.

El alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.

Al alcalde en Campo de la Cruz (Atlántico), Carlos Gutiérrez Cote, lo eligieron cuando estaba preso. Cayó el 30 de septiembre de 2007 en una redada contra la 'Banda de los 40', ex paramilitares afectos a 'Jorge 40'.

En San Onofre, Sucre, el alcalde es Édgar Benito Revollo, hermano de la ex congresista Muriel, condenada por hacer acuerdos con los paramilitares. Y en San Martín, Cesar, siete miembros de la familia del paramilitar 'Juancho Prada' ocupan cargos en la administración pública, pues su cuñado es secretario de gobierno, y su hermana media, Personera Municipal. Si bien el hecho de ser familiares no los inhabilita para ocupar cargos públicos, lo que llama la atención es que tantos miembros de una misma familia tengan ese privilegio, lo cual, en el mejor de los casos, es una muestra de nepotismo. O también podría ser la constatación de que el poder militar derivó, inevitablemente, en poder político.

Esos son apenas algunos municipios de muestra. Pero el diagnóstico completo, de hasta qué punto el para-Estado que imperó en ciertas regiones ha conservado sus raíces, es un estudio que está por hacerse. Sería necesario investigar, por ejemplo, lo que se desprende de las confesiones recientes de jefes paramilitares. Por ejemplo, hace apenas un par de meses, 'Juancho Dique', que operaba en Cartagena y sus alrededores, confesó que su grupo influyó en 2003 en la elección de los 18 alcaldes del norte de Bolívar. Lo mismo ocurrió en Magdalena con 'Carlos Tijeras', que dijo que todos los alcaldes de 2003 en Ciénaga, Fundación, Aracataca, Pueblo Viejo, El Retén y la zona bananera fueron escogidos y señalados por él. Aun más, que los gerentes de los hospitales eran propuestos por los senadores y representantes, pero él les hacía la 'prueba ácida', que consistía en un compromiso de financiar al grupo pagando un impuesto de guerra.

Y la propia senadora Parody trae a cuento en su carta otro pacto, el de los 'cuatrillizos'. Según la congresista, con presencia del jefe paramilitar el 'Alemán', líderes políticos de Urabá apoyaron una lista al Congreso, ganaron la curul y se la rotaron, cada uno un año, y nombraron en la Unidad de Trabajo Legislativo incluso al propio 'Alemán'. Parody afirma que cuatro de esos firmantes son hoy alcaldes de Turbo, Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá.

Si bien es cierto que son muchos los ex alcaldes y funcionarios hoy detenidos por sus vínculos con los paras, lo que preocupa es que el listado de lo que falta por investigar es realmente abrumador.

Hace seis años el gobierno empezó a dialogar con los paramilitares. Hace cuatro comenzaron los paramilitares a desmovilizarse. Hace dos comenzó el gran escándalo de la para-política. Pero lo más paradójico de toda esa cronología es que hoy, todavía, muchos políticos que se asociaron con paramilitares están aferrados a sus cargos en los pueblos más alejados del país, donde la justicia no llega.

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Corte Penal Internacional a los Crimenes de Estado en Colombia

La Corte Penal Internacional le envió un mensaje duro al gobierno: hay que juzgar a los políticos que estaban por encima de los paramilitares. ¿Meterán la mano en Colombia?
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La semana pasada se conoció una carta de la Corte Penal Internacional (CPI) que puso a temblar a varios sectores de la política. Desde su creación se sabe que esta Corte puede juzgar a los grandes criminales de guerra que los tribunales colombianos no sean capaces de castigar con severidad. Se sabía que los ojos de la Corte estaban puestos en los jefes paramilitares como Mancuso y 'Jorge 40', cuyos actos de barbarie terminarían castigados con exiguas penas de ocho años de cárcel en Colombia. Lo que nadie imaginaba es que la Corte tenía particular interés en conocer el grado de complicidad en la que habrían incurrido congresistas y políticos investigados actualmente por la Corte Suprema y la Fiscalía, en la estrategia violenta de los paramilitares, que les habría permitido construir sobre la sangre derramada un proyecto político.

Por eso la carta, con fecha de junio, anuncia pasos de animal grande. El argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal de CPI, pide en la misiva que se le informe "cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluidos dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados", y pregunta si "la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos".

Hasta ahora las investigaciones demuestran que en algunas regiones los políticos participaron en la creación de los grupos paramilitares, aunque todavía no es claro quién mandaba a quién. Si los políticos a los paramilitares, o éstos a los políticos. O si era un poco de lo uno y de lo otro, según la región. Pero de lo que sí hay evidencia en muchos casos es de que hubo un beneficio mutuo de los crímenes de lesa humanidad. Los políticos ganaron sus elecciones, y los paramilitares se hicieron al control de territorios y capturaron el Estado en las regiones.

La Corte Penal Internacional se creó para juzgar a los criminales de guerra, a los genocidas y a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Funciona cuando la justicia de los países no puede o no quiere hacer justicia. Hasta ahora ha abierto casos en África, y Colombia está en observación
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Lo que deja claro el documento es que la CPI no está interesada en los 30.000 combatientes desmovilizados que apretaban el gatillo, y ni siquiera en los 2.000 que están en Justicia y Paz. Lo que trasnocha a la Corte es que se logre saber quiénes orquestaron, diseñaron e hicieron posibles los grandes crímenes contra la humanidad que se han cometido en Colombia, sean estos paramilitares, políticos, empresarios o militares. Esto significa que los tribunales internacionales se centran en los grandes estrategas del mal aunque éstos no necesariamente tengan sus manos manchadas de sangre.

La carta de Moreno Ocampo es un polo a tierra para muchos que siempre han pensado que la Corte es un asunto remoto, aplicable apenas en Estados fallidos de África, o a la que sólo deberían temerle criminales reconocidos como Mancuso, el 'Mono Jojoy' o 'Jorge 40'. El mensaje cifrado de la carta es que la comunidad internacional toma muy en serio el juzgamiento de los crímenes atroces, y que tiene interés en que se llegue a los centros de poder que los han hecho posibles. En términos domésticos, se podría decir que le interesa saber, por ejemplo, quiénes eran los tristemente célebres seis miembros de la 'comisión de notables' de Carlos Castaño que guiaban su mano tenebrosa para cometer los peores asesinatos.

No obstante, la Corte sólo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos después de julio de 2002, cuando fue suscrito el Tratado de Roma, al cual adhirieron Colombia y casi todas las naciones democráticas del mundo, con excepción de Estados Unidos. Colombia, sin embargo, pidió una salvaguarda de siete años, que vence en 2009, para los crímenes de guerra. Ese período se supone que serviría para ponerle fin al conflicto armado del país y hacer un acuerdo de paz. La salvaguarda permitiría negociar sin la 'espada de Damocles' de la justicia global sobre la espalda. Pero la mayoría de los crímenes que cometieron los paramilitares fue de lesa humanidad, y estos ni prescriben, ni están incluidos en la salvaguarda firmada por Colombia. Es decir que todo crimen de este tipo que se cometió en los últimos seis años, si no es castigado aquí, lo será en los tribunales internacionales.

Como se trata de crear una conciencia moral universal, la Corte en principio actúa aunque haya procesos de paz en curso, pues éstos responden más a coyunturas políticas de cada país que a un gran paradigma universal como es la justicia. Esta consideración ha generado múltiples controversias, pues muchos gobiernos consideran que las actuaciones de la Corte impiden llevar a feliz término las negociaciones, ya que nadie abandona la guerra si lo que le espera es la cadena perpetua. De hecho, en el caso colombiano los paramilitares le temen tanto a esta Corte, que aceptaron a regañadientes someterse a la Ley de Justicia y Paz, como único camino posible para evitar ser juzgados por ella.

Hasta ahora el fiscal Moreno Ocampo ha investigado hombres tan temidos como el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, a quien le dictó orden de arresto por posible genocidio; Joseph Kony, líder del Ejército de la Resistencia del Señor, de Uganda, muy a pesar de que están en medio de un proceso de paz, y criminales de guerra en Congo y en el centro de África. Hombres todos ellos muy poderosos a quienes ni las armas, ni el dinero, ni el poder político les han servido para eludir la actuación de la CPI.

Claro que Colombia no es un país africano donde las instituciones no funcionan y por lo tanto, la intervención de la CPI sería muy distinta. La Corte ha observado con respeto la Ley de Justicia y Paz, que combina un poco de justicia con altas dosis de verdad y reparación. Al menos en el papel.

Sin embargo, al cabo de tres años, los jefes paras están negociando con Estados Unidos, y las víctimas han tenido una verdad a medias y ninguna reparación. Para rematar, las investigaciones por la para-política corren el riesgo de quedar a medio camino con estas extradiciones. A eso se le suma que en Colombia el problema no es tanto la incapacidad del Estado para hacer justicia, sino las agrias disputas que hay entre los distintos poderes en torno a este caso. Por eso otra preocupación de la CPI es la presión política contra la justicia desde el Ejecutivo y el Legislativo, que eventualmente les podría impedir a los jueces conocer la verdad y dictar sus veredictos con libertad.

Analistas consultados por SEMANA coinciden en que la solicitud de Moreno Ocampo es una importante alerta para el gobierno y la justicia. Para el gobierno, porque la CPI está al tanto de las controversias entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia, cuyo origen es justamente la investigación de los congresistas de la coalición del gobierno.

Segundo, porque aunque se ha anunciado muchas veces que los paramilitares podrán seguir confesando sus crímenes desde las cárceles de Estados Unidos, todavía no hay mucha claridad sobre cómo se podrá hacer esto en la práctica. Y a la justicia internacional no le importa cuánto tiempo pasen en la cárcel los paramilitares por haber enviado cocaína a Estados Unidos, sino cómo serán juzgados por sus masacres, y si contarán finalmente quiénes eran sus cómplices desde el poder.

En todo caso, Moreno Ocampo viene por las respuestas la próxima semana, en una visita oficial al país. Para recordar que sobre Colombia pesa la espada de Damocles de la justicia universal, que no entiende de explicaciones políticas ni de atenuantes ideológicos. Y que no perdona.

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