Fecha: 09/13/2008 Semana
La Corte Suprema de Justicia ratificó la semana pasada el viejo proverbio de que todo crimen deja huella. El fallo en el que se acusa al ex congresista Teodolindo Avendaño de enriquecimiento ilícito y cohecho tiene pruebas contundentes de que recibió enormes prebendas para salir del recinto del Congreso, justo a la hora en que iba a ser votada la reforma constitucional que le abrió las puertas a la reelección presidencial. La ausencia de Teodolindo –junto al cambio del voto de Yidis Medina– fue crucial para destruir la mayoría opositora a la reelección.
Las pruebas y el análisis de la Corte son contundentes. El documento establece cómo para el primero de junio de 2004, cuando debía discutirse el proyecto de la reelección en la comisión primera de la Cámara de Representantes, la tendencia a favor del “no” era mayoritaria, pues contaba aparentemente con 18 de los 35 votos de los congresistas. Tanto Teodolindo como Yidis hacían parte del grupo, y habían manifestado públicamente y en varias ocasiones que estaban en contra de la reelección.
Según se relata en el fallo, dándole crédito a la versión de Yidis Medina, varios miembros del gobierno abordaron a los dos congresistas para hacerles ofrecimientos burocráticos para cambiar su voto. Yidis recibió varias promesas de puestos por parte de los ministros de Protección Social Diego Palacio y del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, según ha señalado en sus indagatorias. Tentada por la tajada burocrática, y sin ningún rubor, cambió su voto y apoyó la reelección.
Con Teodolindo las cosas fueron diferentes. Esa mañana dijo que tenía que salir de urgencia porque su hijo se había accidentado. La manera como se consumó su ausencia, y el pago posterior que recibió por haberse ido esa mañana, es una historia del más conspicuo clientelismo político. En primer lugar, la Corte estableció que la víspera de la votación el ministro de Protección Social Diego Palacio buscó a Teodolindo en su oficina del Congreso para que cambiara su voto, sin que hasta ahora se conozca en detalle esta conversación. Lo que sí pudo establecer la Corte es que las explicaciones del ex congresista sobre las motivaciones y tema de dicha reunión son falsas.
En segundo lugar, la Corte dio cuenta de que Teodolindo mintió sobre los motivos que lo llevaron a abandonar el recinto del Congreso justo el día y a la hora en que se votaría la reelección. Ante los medios, y en su declaración a la Corte, Teodolindo dijo que su hijo había sufrido un accidente grave y que por tratarse de una calamidad doméstica debió viajar al Valle. Pero la Corte comprobó que su hijo se accidentó tres días antes, que esa mañana padre e hijo no hablaron y que por el contrario, el teléfono de Teodolindo recibió poco antes del debate dos llamadas, una de la Casa de Nariño y otra de la Vicepresidencia.
A principios de este año Yidis Medina contó que varios meses después de que fue votada la reelección, Teodolindo recibió en pago por haber abandonado el recinto una notaría en Bogotá, y que como el ex congresista no tenía un candidato para proponer a dicho cargo, vendió el nombramiento por 450 millones de pesos. Esta tramoya no sólo ha sido comprobada por la Corte, sino que en el fallo se devela todo un tinglado de maniobras y mentiras en las que participaron ministros, viceministros y funcionarios de rango medio.
Tal como lo había dicho Yidis, al finalizar 2004 se abrieron varias notarías en Bogotá y el entonces viceministro del Interior, Hernando Angarita, le habría asignado a Teodolindo, como retribución al favor político, la Notaría 67, en el barrio Quirigua. Pero el ex congresista, que tenía deudas y necesitaba dinero, no contaba con candidato idóneo que pudiera cubrir dicho cargo. Entonces Yidis Medina le ofreció la fórmula salomónica. Buscar que nombraran a Luis Camilo O’meara, a cambio de que éste se comprometiera a pagarle a Teodolindo 450 millones de pesos en varias cuotas. Para garantizar el cumplimiento del pacto, se firmó un pagaré a favor del ex congresista.
Según investigaciones de la Corte, en allanamientos a la casa de Teodolindo se encontró su agenda donde hay anotadas varias cábalas que hizo el político sobre los ingresos de las notarías, en lo que parece una investigación propia para tasar el precio que debía poner a la venta de la suya. También hay evidencias de varias reuniones con miembros del gobierno, y con Yidis Medina, quien estaba ayudando a tejer el pacto.
Pero lo más grave es que efectivamente, entre 2005 y 2006, la Corte comprobó que Teodolindo y su esposa recibieron jugosas consignaciones en efectivo, y otras en cheque, que suman 200 millones de pesos, y que de acuerdo con el rastreo de cuentas y depositantes que hicieron los investigadores, confirman que corresponden a pagos por la notaría.
Todo ello llevó a la Corte a acusar a Teodolindo no sólo de cohecho propio, sino de enriquecimiento ilícito, lo cual agrava su situación jurídica y también la de los demás implicados. Por que como bien lo han dicho varios analistas, para que exista cohecho se necesita una contraparte, y en este caso se trata de dos ministros, Diego Palacio y Sabas Pretelt, hoy embajador en Italia. También quedan en cuestión el viceministro Angarita y una serie de funcionarios del gobierno que no sólo actuaron como cómplices sino que le mintieron a la Corte y que deberán ser investigados por falso testimonio.
Pero lo peor de todo es que el fallo de la Corte deja al desnudo una realidad muy grave. Que la mentira, la compra de votos, y el tráfico de burocracia se validaron en sectores del gobierno como medios para obtener un fin político: cambiar la Constitución para garantizar la reelección presidencial.
Y no se sabe si ahora que el Congreso empezará a discutir el proyecto de referendo para una nueva reelección, hay otras Yidis y otros Teodolindo agazapados. O si sectores del gobierno volverán a ofrecer prebendas a cambio de ausencias.