Informe preliminar de la segunda comisión de verificación a la situación de derechos humanos en el Catatumbo

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, Planeta Paz, Codhes, Corporación Compromiso, Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Asociación Campesina del Catatumbo / Martes 22 de julio de 2008

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez es una entidad sin ánimo de lucro, que persigue como fin social acercar el derecho a las comunidades de los sectores sociales y populares, de manera tal que éste se ponga al servicio de las realidades comunitarias, sociales, políticas y culturales en que se encuentra inmersa la población. De la misma manera, impulsa el desarrollo de una sociedad democrática, pluralista, tolerante y respetuosa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y propende porque en nuestro ordenamiento jurídico se desarrollen los conceptos y principios de un derecho garantista y democrático, que desarrolle realmente los principios del Estado Social y Democrático.
• Informe de la comisión de verificación de la situación de derechos humanos en el Catatumbo
• Segunda comisión de verificación y seguimiento a la situación de derechos humanos en la región del Catatumbo
• Encuentro entre indígenas y campesinos
+ de Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos
web: Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos
Coalición de más de cien organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos. Es una plataforma autónoma, amplia y plural de encuentro y trabajo compartido entre organizaciones no gubernamentales y sociales de diferentes regiones del país.
• Pronunciamiento frente a la grave situación de derechos humanos en el nororiente colombiano
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• Agresiones del Esmad en Bucaramanga
• Threats have increased in Colombia
• Persecución estatal contra la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
+ de Corporación Compromiso
web: Corporación Compromiso
Corporación para el desarrollo del Oriente, organización no gubernamental.
• Las víctimas en el laberinto
+ de Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
web: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Del movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de nuestros derechos individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales.
• Por la vida, la paz y la democracia
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• Atentado contra líder comunal de la vereda Campoalegre en El Castillo (Meta)
+ de Planeta Paz
web: Planeta Paz
Espacio de articulación de procesos sociales y políticos alternativos.
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En la comisión, llevada a cabo del 6 al 11 de julio de 2008, participaron plataformas de derechos humanos como la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Plataforma Planeta Paz; organismos nacionales de derechos humanos como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Corporación para el Desarrollo del Nororiente Colombiano Compromiso, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); organismos observadores internacionales de derechos humanos como: Brigadas Internacionales de Paz y el Observatorio Internacional de Paz; igualmente estuvieron presentes delegados de la Oficina de Comunidades en Riesgo, de la Vicepresidencia de la República, y el personero del municipio de San Calixto (Norte de Santander).

La comisión tuvo como principal objetivo hacer seguimiento a las graves denuncias recaudadas en la primera comisión de verificación, realizada del 9 al 12 de agosto de 2007, en la que se documentaron 160 violaciones a los derechos humanos que involucraban la responsabilidad penal y disciplinaria de funcionarios del Ejército Nacional (Brigada Móvil No 15 y Brigada 30), y donde se manifestó la preocupación por la falta de veeduría y control por parte de los organismos de control nacionales, departamentales y locales encargados de velar por la protección y garantía de los derechos humanos.

Después de realizar un recorrido por el Catatumbo en el que participaron 350 delegados de 51 veredas de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra, la comisión verificó que se continúan presentando las siguientes situaciones:

Primero: Persisten las graves violaciones a los derechos humanos en los municipios de El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra. Allí los campesinos y habitantes humildes siguen siendo afectados, principalmente, por actuaciones arbitrarias e ilegales por parte del Ejército Nacional, causando un temor generalizado en la población, lo cual es el resultado de acciones como bombardeos indiscriminados, retenciones ilegales, amenazas, tortura psicológica y física, empadronamiento, allanamientos ilegales, ocupación ilegal de escuelas y bienes inmuebles de la población civil, hurtos y saqueos, cobros ilegales, destrucción de bienes de la población civil y, lo más grave percibido por la comisión, los casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales de campesinos, como una práctica en donde el Ejército Nacional logra mostrar resultados en su lucha contrainsurgente.

Segundo: La realización de fumigaciones, que en la mayoría de los casos van acompañadas de bombardeos y ametrallamiento, los cuales han ocasionado violaciones a los derechos humanos y han puesto en peligro la vida, integridad física, salud, alimentación, trabajo y la seguridad alimentaria de los habitantes de la región; afectándose con ello, el medio ambiente y los recursos naturales, ya que han contaminado las fuentes de agua, llegando incluso por este motivo a afectarse la prestación del servicio de agua potable en el municipio de El Tarra por tres días.

Tercero: La aplicación del programa de “reinserción”, promovido por el Gobierno Nacional, se ha implementado con prácticas ilegales y arbitrarias por parte del Ejército Nacional, que intimida, coacciona y presiona psicológicamente a través de la amenaza con procesos judiciales, falsas órdenes de captura y maltratos físicos. Se vale de ultrajes, atropellos y amenazas de muerte hacia los habitantes del Catatumbo, para que den información sobre las estructuras y miembros de la insurgencia. Han intentado, de igual forma, intimidar a la comunidad con prácticas violentas, o persuadirlos con pagos de sumas de dinero, para que se acojan al programa de “reinserción” e incriminen a miembros de las comunidades, con el único propósito de mostrar resultados en este programa.

Cuarto: Los grupos armados insurgentes mantienen la práctica de acciones prohibidas por el derecho internacional humanitario, tales como colocación de minas antipersonales, combates en zonas donde habita la población civil, involucramiento de la población civil en el conflicto y ataques contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón - Coveñas, afectando la tranquilidad, la paz, la alimentación, la salud y el goce a un ambiente sano.

Quinto: En relación con el accionar paramilitar, se presentaron denuncias que comprometen la participación de desmovilizados de las estructuras paramilitares y quienes ahora son miembros de las tropas del Ejército Nacional que actúan en la región.

Asimismo se denunció que en zonas de los municipios de El Carmen, Ocaña y Teorama, la comunidad ha venido manifestado la presencia de estructuras paramilitares autodenominadas “Águilas Negras”, razón por la cual un gran número de pobladores de la zona rural ha evitado dirigirse a estos municipios. Lo anterior es agravado por las recurrentes prácticas intimidatorias por parte de miembros de las tropas del Ejército Nacional, quienes amenazan a la población civil con la eventual arremetida de las “Águilas Negras”.

Sexto: Las comunidades mostraron su satisfacción por la realización de una comisión que recibiera las denuncias por los crímenes y atropellos cometidos por los grupos armados, ya que las autoridades y organismos de control no han atendido estas quejas y denuncias. Tampoco han visto resultados positivos en relación con la investigación y sanción de los casos que se han venido denunciado. A este punto la comunidad manifestó que se han visto obligados a realizar las denuncias directamente en las ciudades de Ocaña y Cúcuta ante la Procuraduría.

Séptimo: La situación más lamentable para quienes acompañamos esta comisión promovida por los campesinos del Catatumbo, es haber recibido denuncias de pronunciamientos y amenazas por parte de miembros de la fuerza pública, quienes manifestaron que los líderes de Ascamcat son objetivo militar. Por esta razón solicitamos al estado colombiano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y demás derechos de los líderes de Ascamcat, y de los miembros de la asociación en general.

Octavo: Frente a las dinámicas de violencia que sufrió la región, las víctimas del desplazamiento forzado no recibieron la atención y estabilización socioeconómica correspondiente, y decidieron retornar y mantenerse en sus territorios, sin garantías ni acompañamiento por parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, situación que persiste hasta este momento.

Noveno: Son evidentes las condiciones de abandono estatal en la región del Catatumbo, en la ausencia de políticas públicas de inversión social, reflejadas en la falta de docentes en las escuelas o falta de continuidad de los mismos; centros de salud sin la infraestructura ni dotación correspondientes, sin personal medico; pésimo estado y condiciones de las vías, entre otras.
Por lo tanto la comisión recomienda

Primero: A los organismos de control y autoridades competentes, adelantar las investigaciones y adoptar sanciones ejemplarizantes sobre las denuncias que desde hace un año han venido presentando los habitantes y campesinos del Catatumbo.

Segundo: A las autoridades nacionales, departamentales y locales, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, coordinar y organizar una nueva comisión de verificación para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos del Catatumbo, garantizando en ella la participación de organismos de control y Fiscalía General de la Nación.

Tercero: Implementación de políticas públicas y planes integrales de desarrollo para el Catatumbo, los cuales deben ser concertados con las comunidades. A su vez, propender por la promoción y protección de la defensa de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Catatumbo.

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Víctimas de El Chengue: “aún falta mucho por esclarecer”

Agencia de Prensa IPC / Jueves 24 de julio de 2008

“Que un Juzgado haya declarado responsable al Estado por omisión en la masacre de El Chengue y que tenga que pagar una indeminización por eso, bueno, eso es importante. Pero eso no revive a nuestros muertos, ni esclarece la verdad de lo que pasó allí ni tampoco da claridad sobre que va a pasar con nuestra reparación”.

Así se expresó Marco Oviedo Meriño, sobreviviente de la masacre de El Chengue, departamento de Sucre, tras conocer el reciente fallo en primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el cual se obliga a la Nación a cancelar una millonaria indemnización a 12 familias sobrevivientes de una de las más cruentas masacres perpetradas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Costa Norte colombiana.

Según el fallo, se hallaron méritos suficientes para considerar que hubo responsabilidad por omisión por parte de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional en los hechos ocurridos el 17 de enero de 2001, cuando un comando armado del bloque Héroes de los Montes de María de las AUC incursionó en este corregimiento del municipio de Ovejas y asesinó con sevicia a 28 campesinos, desplazó a más de 100 familias e incineró todas las viviendas del casco urbano.

Entre el acervo probatorio del que dispuso el Juez para dictar sentencia se encuentran varios informes de inteligencia militar que dan cuenta de la presencia de las AUC en la zona y cómo venían cometiendo asesinatos selectivos, desplazamientos y masacres en territorios aledaños al Chengue, por lo cual la acción armada era “previsible y anunciada”. En consecuencia, las instituciones imputadas, en este caso la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa, deberán indemnizar con 300 salarios mínimos, equivalentes a 138 millones de pesos, a 12 familias víctimas que entablaron demanda por estos hechos.

Por ser fallo en primera instancia, deberá cursar trámite ante el Tribunal Administrativo de Sucre dado el recurso de apelación interpuesto por la Armada Nacional. De surtir este trámite y mantenerse la decisión inicial, ésta sería la primera condena que recibe la Nación de una serie de demandas que cursan en distintos tribunales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fueron instauradas por quienes perdieron sus familiares en El Chengue.

Si bien hay optimismo entre los apoderados de los demandantes por lo que pueda ocurrir ante el Alto Tribunal, entre las víctimas de la masacre persiste el escepticismo, pues aseguran que sentencias de carácter administrativo como esta podrían quedar como “paños de agua tibia” si no se avanzan en las investigaciones de tipo penal.

“Hay una serie de sentimientos encontrados. Por un lado, hay que esperar que pasa con la decisión y, de otra parte, todavía falta saber mucha verdad sobre el hecho, los procesos de las otras familias avanza muy lento y sobre reparación colectiva no se habla nada”, afirmó Marco Meriño, quien al momento de la tragedia era un menor de edad y ahora lidera el Movimiento Víctimas Chengue 17 de enero.

Julia Meriño, otra de las sobrevivientes de la masacre, siente que la decisión inicial no responde a las expectativas reales de las víctimas. “Yo me alegro por las familias que van a recibir ese dinero, pues sé que están en pésimas condiciones, pero las víctimas pensamos que el dinero no es todo lo que hay exigir. Sobre los los autores intelectuales de este horrible hecho no se sabe nada, eso está en la impunidad. Nadie nos dice por qué nos hicieron esto a nosotros”.

Pero si los sobrevivientes del hecho sienten que no se avanza en materia de verdad y justicia frente a este crimen, en el tema de reparación su desconsuelo es mayor. “Está bien que indemnicen a las 12 familias, pero, ¿el resto? Ese día asesinaron a 28 de nuestros paisanos y desplazaron a más de 100 familias y para ellas no ha llegado ningún tipo de ayuda y ahora viven prácticamente en la calle en ciudades como Sincelejo, Barranquilla y Montería. Me pregunto hasta cuándo tendrán que esperar”, dijo Meriño.
Situación de abandono

El reclamo de las víctimas por una reparación integral y colectiva se hace más vehemente luego de conocer el fallo. Y no es para menos. El 17 de enero de 2008, decenas de familias sobrevivientes de El Chengue asentadas en los municipios de Ovejas, San Onofre, Colosó, entre otros, decidieron visitar el sitio de la tragedia con el fin de honrar a sus seres queridos desaparecidos mediante un sencillo homenaje.

Ese día, los chengueros allí presentes le manifestaron a las autoridades gubernamentales su intención de retorno, para lo cual solicitaron créditos blandos para emprender de nuevo proyectos agrícolas y recuperación de caminos veredales, auxilios económicos para reconstruir salones comunales, escuelas, puestos de salud y las viviendas destruidas por la acción de los paramilitares.

“Pero ya vamos para siete meses de la propuesta y nadie se ha manifestado. Seguimos igual, pasando muchas necesidades y sin poder acceder a ningún tipo de ayuda. Nos prometieron un subsidio por parte de la Fundación Antonio Restrepo Barco, la Agencia Usaid y Acción Social, pero, por lo menos yo, sólo lo recibí una sola vez y hay quienes ni lo han recibido”, agregó Julia.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Capítulo Sucre, también consideró que frente al derecho de reparación integral y colectiva que tienen los víctimas del paramilitarismo en este departamento está quedando en entredicho, no obstante la importancia de la sentencia.

“Se planteó una indemnización económica para unas cuantas familias, pero no se plantea la indemnización moral. La petición que han hecho comunidades como la de El Chengue, Ovejas, San Onofre, donde también se registraron cruentas incursiones armadas de los paramilitares, es que en esos territorios se realicen reparaciones colectivas que involucren aspectos más de tipo simbólico y cultural, pues allí se arrasó prácticamente con toda una comunidad”, sostuvo Ingrid Vergara, líder del Movice en Sucre.

Su planteamiento va incluso más allá, pues asegura que así como hubo omisión por parte del Estado en la perpetración de esta y otras masacres, también hubo una fuerte injerencia de políticos de la región que vieron en el paramilitarismo el instrumento perfecto para consolidar su proyecto político.

“Para nadie es un secreto que políticos de la Costa Norte fueron autores intelectuales de masacres que tuvieron lugar en la región, bien para someter al electorado o bien para despojar de la tierra a los campesinos. Nosotros exigimos que se cuente esa verdad, que hasta ahora no ha aparecido en las versiones libres de los ex jefes paramilitares que rinden versión libre aquí en Sincelejo”, añadió Vergara.

Por lo pronto, las demandas que cursan en distintos tribunales nacionales e internaciones seguirán su curso, pues las víctimas de Sucre sienten que sólo descansarán cuando les respondan la pregunta que desde hace años no los deja en paz: “¿por qué a nosotros?”.

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“la carga probatoria de los procesos debe estar en cabeza del Estado”

EL ESPETADOR
Unas 140.000 personas han acudido a la Fiscalía para comunicar su condición de víctimas.

Exactamente el mismo día en que la Ley 975 de 2005 –Justicia y Paz– cumple tres años de haber sido promulgada, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR–, delegación que nació con esa norma, empieza la distribución del formulario para que las víctimas puedan aspirar a ser reparadas por la vía administrativa, como lo establece el decreto 1290 de 2008, que anuló la compensación por vía judicial inicialmente contemplada.

Eduardo Pizarro, director de la CNRR, explicó que a partir de este viernes se entregará sin costo el documento en alcaldías, personerías, procuradurías y sedes de Acción Social del país, para que las personas que se consideren víctimas de los grupos armados ilegales, acogidos a Justicia y Paz, se registren ante el Estado para aspirar a una indemnización entre 30 y 40 salarios mínimos legales, además de acceso a programas estatales de salud y educación.

Pizarro asegura que con este nuevo método de reparación, los afectados podrán ser compensados mucho más fácilmente que si, como estaba establecido, esperan la condena a sus victimarios. Sin embargo, a la reparación por vía administrativa le llueven críticas de varios sectores ciudadanos por cuenta de un requisito del que poco se ha hablado: para poder ser resarcidas, las víctimas tendrán que demostrar primero que, efectivamente, resultaron perjudicadas por alguna acción criminal, algo que en muchas ocasiones ni la misma justicia ha podido lograr.

Al respecto, el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, dice que considera injusto el requisito, ya que “la carga probatoria de los procesos debe estar en cabeza del Estado”, y no de los afectados. En concepto del activista, tener que demostrar la condición de víctima crea una barrera para que se dé la reparación. En igual sentido se pronunció Reinaldo Villalba, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien afirma que la situación será especialmente difícil para aquellos campesinos a quienes la violencia desplazó de sus tierras, pero que no cuentan con escrituras que certifiquen sus posesiones. “¿Cómo hacen ellos para demostrar su condición?”, se pregunta.

Eduardo Pizarro asegura, sin embargo, que las evidencias exigidas, que serán evaluadas por una comisión de la CNRR, serán “mucho menores a las que establecen los estándares penales”. Además, la reparación va “en buen camino”, pues se cuenta con 10 mil millones de pesos –entregados en efectivo y bienes por los desmovilizados–, y con 7 billones de pesos del presupuesto nacional.

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