Unos seis millones de personas en todo el mundo están atrapados en países mayoritariamente pobres como refugiados de largo plazo

GINEBRA (Reuters) - Unos seis millones de personas en todo el mundo están atrapados en países mayoritariamente pobres como refugiados de largo plazo, muchos de ellos enfrentando privaciones que fomentan el crimen y el tráfico de personas, dijo el miércoles un alto funcionario de Naciones Unidas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, dijo que hay al menos 30 áreas de crisis alrededor del mundo donde muchas personas han sido forzadas a huir hacia países vecinos sin poder regresar a sus hogares durante muchos años.
"La carga de alojar a estos refugiados cae casi exclusivamente sobre los estados en desarrollo. Es importante reconocer que la comunidad internacional en su conjunto no ha hecho lo suficiente por compartir aquella carga", dijo en una conferencia.

"El problema de las prolongadas situaciones de refugiados ha alcanzado enormes proporciones", declaró Guterres en un documento para participantes de la conferencia anual de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR.

Muchos de los refugiados no pueden volver a sus hogares porque sus países de origen atraviesan guerras civiles o sufren graves violaciones de los derechos humanos.

"Amontonados en asentamientos superpoblados, privados de un ingreso y con poco que hacer para pasar el tiempo, estas poblaciones de refugiados viven todo tipo de males sociales como la prostitución, casos de violaciones y violencia", dijo.

"Como es de esperar, y a pesar de las restricciones que les son impuestas, muchos se arriesgan a mudarse a áreas urbanas o intentan migrar a otro país, poniéndose a merced de las peligrosas manos de traficantes de personas", añadió.

Guterres, ex primer ministro de Portugal, dijo a la conferencia que los seis millones de refugiados eran personas que habían pasado más de 5 años -y muchos de ellos varias décadas- en el limbo del exilio, principalmente en Africa y Asia.

CINCO CRISIS DE LARGO PLAZO

La ACNUR identifica cinco situaciones de refugiados a largo plazo: los afganos en Pakistán e Irán, musulmanes rohingyas de Myanmar en Bangladesh, eritreos en el este de Sudán, burundeses en Tanzania y serbios étnicos de Croacia y Bosnia en Serbia.

El primer ministro de Tanzania, Mizengo Pinda, dijo en su discurso en la reunión que su país alojaba a decenas de miles de refugiados de Burundi desde principios de los '70.

Pero a mediados de los '90, con crisis políticas y nuevos conflictos en Burundi, Ruanda y la República Democrática del Congo, Tanzania recibió más de un millón de personas en un período muy corto de tiempo, lo cual ejerció presión sobre la infraestructura del país.

En medio de la actual crisis económica, Pinda dijo: "Es una realidad innegable que los países en desarrollo están enfrentando privaciones y costos más altos por servicios sociales como alimentos, agua, salud y sistemas educativos".

"Por lo tanto, cualquier influjo de refugiados crea más presión sobre aquellos servicios, lo cual termina generando una carga que el país receptor no puede soportar", añadió.

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Encienden 5.000 faroles en Solidaridad con los millones de Desplazados Colombianos

Bogotá, 10 dic (EFE).- Un total de 5.000 faroles elaborados por mujeres víctimas del conflicto armado colombiano fueron encendidos hoy en una plazoleta del centro de Bogotá, dentro de una jornada de solidaridad con los millones de desplazados por la confrontación.
La actividad tuvo como preámbulo una marcha de cerca de tres kilómetros por céntricas avenidas de la ciudad e hizo parte de los actos conmemorativos en Colombia del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


La caminata fue convocada en conjunto por el Gobierno colombiano, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y varias organizaciones no gubernamentales, incluida la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

El director de Codhes, Jorge Rojas, recordó que los faroles y las velas fueron elaborados por mujeres de familias desplazadas que se establecieron en Soacha, populosa población vecina a la capital colombiana.

"Ellas trabajaron junto a todas las víctimas (...), con el apoyo de la diócesis (de Soacha)", agregó Rojas, cuya ONG calcula que el conflicto armado del país ha dejado desde 1985 casi cuatro millones de desplazados, aunque el Gobierno sólo reconoce como tales a poco menos de la mitad.

La tarea de elaboración de faroles y velas, que fue asesorada por artesanos del oeste del país, tomó varias semanas, tiempo durante el cual las mujeres que se ocuparon de ella recibieron una retribución económica gestionada por la Codhes.

Los faroles fueron encendidos en el Parque El Renacimiento, en el llamado evento "Que cese la horrible noche", organizado por esta misma ONG en memoria de las víctimas del conflicto interno colombiano, que lleva casi medio siglo.

La plazoleta, situada en las inmediaciones del Cementerio Central de Bogotá, que fue el destino de la marcha previa, promovida por la ACNUR, que cerró con ella la campaña humanitaria "Corre por la vida".

La caminata fue encabezada por el atleta paralímpico Elkin Serna, deportista casi ciego y desplazado, ganador de una medalla de plata en los recientes Juegos de Pekín.

La jornada recibió el respaldo de la Fundación Mi Sangre, del cantautor colombiano Juanes.

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Detenido un oficial del ejército implicado en el asesinato de tres campesinos que fueron presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate

Bogotá, 11 dic (EFE).- La fiscalía colombiana detuvo hoy en Medellín a un oficial del ejército implicado en el homicidio de tres campesinos que fueron presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate, informaron portavoces de la entidad judicial.
La sección de la Fiscalía General en Medellín explicó en un comunicado que el arresto del teniente Juan Carlos Sarmiento Rojas fue ordenado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
El oficial fue procesado por el delito de "triple homicidio en persona protegida (civil amparado por el Derecho Internacional Humanitario)", agregó la fuente.

El organismo reveló que los hechos por los que fue encausado este militar se registraron el 20 de junio del año pasado en Juan José, caserío rural de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba (noroeste).

Unas "unidades militares reportaron la muerte en combate de los supuestos guerrilleros del frente 18 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Edison de Jesús Alzate Pulgarín, y los hermanos Héctor y Hernán Darío Ospina Rodríguez", agregó la entidad.

"Sin embargo, los familiares de las víctimas manifestaron a la fiscalía que los occisos eran reconocidos campesinos de la región", indicó la Fiscalía General, que abrió procesos similares contra otros efectivos implicados en hechos de la misma naturaleza.

Se trata de casos de ejecución extrajudicial que en el país se conocen como "falsos positivos" y que hace pocas semanas dieron lugar a una masiva destitución o separación de 27 militares destacados en el nordeste del país y la posterior renuncia del comandante del Ejército, el general Mario Montoya.

La crisis se desató tras el hallazgo de los restos de una veintena de jóvenes que habían sido dados por desaparecidos en Soacha, población vecina a Bogotá, y que fueron sepultados como guerrilleros muertos en combate.

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La ONU condenó el ataque con explosivos contra una misión social el pasado domingo en el departamento del Caquetá

Bogotá, 11 dic (EFE).- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó hoy el ataque con explosivos contra una misión social el pasado domingo en el departamento del Caquetá (suroeste), en el que murieron dos personas.
La dependencia de la ONU deploró el atentado perpetrado el 7 de diciembre contra un grupo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otros organismos estatales en San Vicente del Caguán, unos 400 kilómetros al suroeste de Bogotá.

El Alto Comisionado se solidarizó con los familiares de las víctimas e instó "a todas las partes del conflicto armado interno a respetar las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario que prohíben claramente el ataque contra civiles".

En el hecho murieron el chofer del vehículo, John Jader Alape y el psicólogo Yamil Correa y resultaron heridas la trabajadora social Claudia Gómez, la pedagoga Diana Pinto y la dietista nutricional Laura Melissa Barrios.

El atentado fue atribuido a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En esa región colombiana funcionó una extensa área desmilitarizada para las fallidas negociaciones celebradas de 1998 a 2002 entre el Gobierno del entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, y las FARC.

Ayer renunciaron ocho de los diez médicos del hospital de San Vicente del Caguán tras recibir amenazas de muerte.

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Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la política de Uribe, fueron examinados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

AFP. Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la política de Uribe en ese sentido, fueron examinados este miércoles por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde México y Bolivia pidieron el envío de observadores y España cuestionó la ley de Justicia y Paz.
Al abrir el debate de tres horas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo para revisar la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembro de la ONU, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, pidió "perdón" a las víctimas de muertes por fuera de combate en las que participaron las fuerzas armadas que reconoció como "vergüenza para el Estado colombiano".

Grupos de derechos humanos han denunciado más de un millar de ejecuciones extrajudiciales y de denominados casos de "falsos positivos", a quienes el ejército presentaba como muertos en combate.

"Desgraciadamente debemos reconocer que se han presentado estos casos en nuestro país y con profundo dolor pido perdón a las víctimas y les doy la certeza de que ninguno de estos crímenes quedará en la impunidad", afirmó Santos, número dos del gobierno de Álvaro Uribe, en el poder desde 2002.

El vicepresidente colombiano, que asistió al debate acompañado por una decena de altos responsables del gobierno, destacó la desmovilización de los paramilitares de ultraderecha y la aprobación de la ley de Justicia y Paz "que reconoce los derechos de las víctimas como ninguna ley lo había hecho en parte alguna del mundo", sostuvo.

El gobierno colombiano afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32.000 miembros de la organización de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejaron las armas en el marco de la ley de Justicia y Paz que les concede una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad.

A las "ONGs les conviene que existan los paramilitares (...) para mostrar que no funciona el proceso de desmovilización y la Ley de Justicia y Paz", dijo más tarde Santos a la prensa.

"De ser un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos, hemos avanzado en mejorar la garantía a la vida y a la libertad", sostuvo Santos ante los miembros del Consejo, ante los cuales asumió "de manera solemne" el cumplimiento de "67 compromisos" enumerados en su informe.

Entre 2002 y 2007, "el homicidio disminuyó en un 45%, las masacres, un 77%, los atentados terroristas en un 76,5% y el secuestro extorsivo en un 87%", precisó Santos, que acompaña en el poder a Álvaro Uribe desde 2002.

Durante el debate sobre Colombia, que pidió al EPU de forma "voluntaria", unos 40 países pidieron la palabra, entre ellos Chile, México, Argentina, Brasil, Perú y Cuba, que respaldaron "los esfuerzos" del gobierno colombiano.

México recomendó el envío a Colombia de "tres observadores especiales" para abordar la situación de los defensores de derechos humanos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la independencia de jueces y abogados.

Bolivia pidió el envío de un observador para abordar la situación de los pueblos indígenas y Chile reclamó a Colombia que evite que los acusados de abusos y violaciones graves "sean beneficiados por leyes de amnistía".

Brasil insistió en preguntar qué medidas tomará Colombia para vencer la impunidad en las violaciones cometidos por agentes del Estado.

En sus aportaciones al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, más de un millar de ONGs denunciaron que entre 2002 y 2007, "13.634 personas perdieron la vida fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica" en Colombia, el 75% de los cuales son "responsabilidad de Estado".

España recomendó a Colombia que encuentre "una fórmula que solucione los vacíos de la ley de Justicia y Paz", mientras Suiza sostuvo que "la política de seguridad tiene que ir en paralelo con el respeto a los derechos humanos".

Las conclusiones del Consejo y sus recomendaciones a Colombia se conocerán el 15 de diciembre.

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"A pesar de que se ha reducido, sigue habiendo desplazamiento en Colombia y por tanto los medios son insuficientes", Ángel Martín Peccis.

Bogotá, 10 dic (EFE).- Los planes para mejorar la situación de los desplazados por el conflicto interno en Colombia son insuficientes a pesar de los esfuerzos del Gobierno, afirmó hoy el director de la Organización de Estados Americanos (OEI) para este país, el español Ángel Martín Peccis.
"A pesar de que se ha reducido, sigue habiendo desplazamiento en Colombia y por tanto los medios son insuficientes", afirmó Martín en el foro "Visibilización y recuperación de derechos políticos y civiles en la población desplazada", celebrado en Bogotá.

Puntualizó que el desplazamiento en Colombia y el que sufren personas en otras naciones es "un problema de la ciudadanía, es un problema de la comunidad internacional".

A su juicio, la población desplazada sufre la vulneración de sus derechos fundamentales y, pese a que hay grupos que trabajan por esas personas, el problema desborda las esferas locales y pasa a ser de la comunidad internacional.

Precisó que la OEI, en cooperación con el Gobierno español y las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, trabaja en la alfabetización de población desplazada, especialmente de las mujeres que son cabeza de familia.

"Hemos enseñado no solo a leer y escribir este año a 25.000 personas, sino que las hemos formado en lo laboral, con lo cual pretendemos mejorar su calidad de vida", añadió Martín.

De otro lado indicó que, al igual que en años anteriores, la OEI trabajó en Colombia en el fortalecimiento de la democracia y, con aportes de la Comunidad de Madrid, dio servicio en Bogotá al Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (Cedae).

Por medio del Cedae se desarrollan iniciativas para fortalecer los valores democráticos en centros escolares, así como la capacitación a funcionarios públicos para bajar los indicadores de corrupción, entre otros aspectos.

En colaboración con este instituto se trabaja con población desplazada y otros grupos vulnerables, para darles herramientas que les permitan mejorar sus condiciones de vida y acceder a todos los servicios que ofrece el Gobierno, detalló Martín.

Según la ONG local Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Colombia es el segundo país con más población desplazada en el mundo con alrededor de cuatro millones de personas en esa situación, después de Sudán. EFE

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