La última edición de la revista Semana, que salió a circulación hoy, reveló que durante varios meses el DAS hizo escuchas telefónicas, espió dirigentes de la oposición, periodistas críticos al Gobierno, magistrados que llevan procesos contra aliados del oficialismo e incluso a algunos funcionarios.
La revista también publicó que dentro del DAS existe una red que vende informaciones de inteligencia oficial a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros.
Varios de los documentos y grabaciones de las conversaciones que recopiló esa oficina fueron destruidos entre el 19 y 21 de enero pasado, en el piso 11 de la sede principal del DAS en Bogotá, ante la llegada de un nuevo director, Felipe Muñoz, el cual asumió su cargo el 22 de ese mes.
Uno de los detectives de la institución narró a Semana que a principios de año recibieron la orden de recoger toda la información que tenían en discos duros extraíbles, se cambiaron los discos duros de los computadores, se recolectaron discos compactos, archivos de voces y documentos confidenciales.
"De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirmó la fuente.
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), periodistas, políticos de oposición, generales, fiscales y algunos miembros del Gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses era monitoreado por el organismo de seguridad, dijo el agente.
Otro de los detectives que trabajaba en la subdirección de operaciones del DAS señaló al semanario que dentro de las personas que "controlaban" estaban algunos personajes e instituciones, con el fin de mantener informada a la Presidencia.
"Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar al (congresista opositor Gustavo) Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a (la senadora) Piedad Córdoba, por sus vínculos con (el presidente de Venezuela, Hugo) Chávez, y la guerrilla", señaló.
Asimismo, indicó que cualquier persona que represente un eventual peligro para el Gobierno debe ser vigilada por el DAS, razón por la que hace más de una año se consideró "legítimo" espiar las actividades de la Corte Suprema de Justicia y algunos de sus miembros".
La CSJ es la encargada de investigar a unos 70 congresistas del oficialismo por sus supuestos nexos con los grupos paramilitares de ultraderecha, en un escándalo conocido como la "parapolítica".
Así, por ejemplo, al magistrado auxiliar Iván Velásquez, jefe de la investigación de la "parapolítica", le interceptaron durante tres meses cerca de 1.900 llamadas, después de que fue acusado por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, de fabricar testimonios en su contra, recuerda Semana.
Cuando la relación entre el Gobierno y la CSJ se puso más tensa, el DAS comenzó a escuchar las conversaciones del presidente titular de ese tribunal, Francisco Ricaurte, del presidente de la sala penal, Sigifredo Espinosa, y de los magistrados César Julio Valencia y María del Rosario González.
Además de los funcionarios judiciales, el DAS también consideró como "blancos legítimos" a periodistas y medios de comunicación.
"Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'línea editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes 'duras'", dijo el detective a la revista.
Los celulares, teléfonos de sus oficinas y correos electrónicos fueron interceptados por el servicio de inteligencia, añadió.
El funcionario del DAS añadió que muchos funcionarios del Palacio de Nariño (sede de Gobierno) son los que piden al servicio de inteligencia iniciar las escuchas contra opositores del Gobierno.
"Las organizaciones criminales como los narcos, los paramilitares o la guerrilla también han encontrado allí una fuente valiosísima de información que se vende al mejor postor", añadió el reporte de Semana.
Revista Semana