SEMANA. En su informe mundial sobre derechos humanos, la prestigiosa organización Humans Rights Watch le recomienda al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama “volver a evaluar las relaciones entre su país y ciertos gobiernos cuya importancia como aliados estratégicos o aliados en la lucha contra el terrorismo llevó a que la administración Bush desestimara sus graves violaciones”.
Entre los ejemplos de estos gobiernos aliados e stán el de Etiopía por sus atrocidades en Ogaden y Somalia; el de Pakistán cuyos militares torturan y desaparecen personas; el de Egipto que obstruye a la oposición, y el de Israel que apela al castigo colectivo para responder a los ataques de los palestinos contra sus
En la lista de los gobiernos abusivos, HRW incluyó también al de Colombia “porque obstruye las investigaciones de vínculos entre altos funcionarios del gobierno y las fuerzas paramilitares asesinas”.
Recomienda HRW que “ el gobierno de Estados Unidos use su gran palanca económica para empujar a sus aliados cercanos a que terminen con estos abusos”.
El capítulo sobre Colombia, de siete páginas, hace énfasis en este punto. “Las instituciones de justicia de Colombia han empezado a progresar en el destape de la verdad sobre las violaciones de los paramilitares y sus cómplices. Pero en 2008, el gobierno de Álvaro Uribe en repetidas ocasiones tomó medidas que podrían obstaculizar las investigaciones”.
Citó entre estas medidas, las continuas acusaciones personales contra los magistrados de la Corte Suprema que terminaron sin piso, en lo que ha aparecido como una campaña para desacreditar a la Corte. Así mismo, da cuenta de las iniciativas de reforma constitucional que le hubieran quitado la jurisdicción a la Corte para investigar los casos de parapolítica, y la que hundió la norma de la “silla vacía” que buscaba sancionar a los partidos que perderían las curules de los miembros que resultaran en la cárcel con graves acusaciones de parapolítica.
Las violaciones de las Farc
Si bien el informe resaltó los golpes que le propinó el gobierno a las Farc, aseguró que estas seguían cometiendo graves violaciones contra los derechos de las personas como el secuestro, el uso de minas antipersona y el reclutamiento de niños combatientes. Las cifras de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia indican que para septiembre de 2008, ya 153 civiles habían sido víctimas fatales de estas minas.
Así mismo dijo que los grupos que han sucedido a los paramilitares (los cuales, según HRW, nunca se desmovilizaron del todo), han ido aumentando su actividad criminal y han amenazado civiles, y asesinado líderes sindicales y defensores de los derechos humanos. Cita a la Misión observadora de la desmovilización paramilitar de la OEA, para decir que hay 22 grupos paramilitares activos con miles de integrantes por todo el país.
También informa que si bien los asesinatos a sindicalistas habían venido bajando, este año volvieron a subir y para octubre ya habían sido asesinados 41 sindicalistas. Asegura que debido a la presión del Congreso de Estados Unidos, la impunidad de estos crímenes es menor y en 2008 hubo 53 condenas a los responsables de este delito.
Dice así mismo el reporte, que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública siguen siendo frecuentes y que actualmente la Fiscalía está investigando más de mil casos denunciados. “El Ministerio de Defensa ha emitido varias directivas afirmando que este tipo de muertes no son permitidas. Pero estas directivas han sido socavadas por las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Uribe, quien por años ha negado que el problema exista y ha acusado a los defensores de derechos humanos que denunciaban estas muertes como cómplices de las guerrillas en su campaña para desprestigiar a los militares”.
Además denuncia que los desplazamientos forzados de la población civil han venido aumentando de nuevo y que en 2008 “el número de personas afectadas por este fenómeno puede haber alcanzado su mayor nivel en décadas”.
Según cifras de la Ong, Codhes, en el primer semestre de de 2008 más de 270 mil personas fueron obligadas a abandonar sus hogares a la fuerza por actores armados, y esta constituye la cifra más alta en 23 años, con un 41 por ciento de aumento frente al mismo período en 2007. Reconoce, sin embargo, que el gobierno ha empezado a desarrollar programas para proteger a las mujeres desplazadas, según lo había ordenado la Corte Constitucional en 2004.
Explica el informe que alrededor del 30 por ciento de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia (que en total, sumada con la ayuda policial y social, alcanzó 650 millones de dólares en 2008) está sujeta a que mejores las condiciones del respeto por los derechos humanos en el país. Pero que el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha hecho efectivos estos controles de manera consistente.
Cita el hecho de que el liderazgo demócrata del Congreso estadounidense ha pedido que se suspenda la aprobación del TLC con Colombia hasta tanto no se vean “resultados concretos en el terreno” en materia de impunidad por la violencia contra los sindicalistas y el papel de los paramilitares.
Cita a otros gobiernos y organizaciones extranjeras que proveen a Colombia de asistencia técnica, ayuda social o militar o supervisan los programas de desmovilización de los paramilitares. Entre éstas están el Reino Unido, la OEA, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Entre los ejemplos de estos gobiernos aliados e stán el de Etiopía por sus atrocidades en Ogaden y Somalia; el de Pakistán cuyos militares torturan y desaparecen personas; el de Egipto que obstruye a la oposición, y el de Israel que apela al castigo colectivo para responder a los ataques de los palestinos contra sus
En la lista de los gobiernos abusivos, HRW incluyó también al de Colombia “porque obstruye las investigaciones de vínculos entre altos funcionarios del gobierno y las fuerzas paramilitares asesinas”.
Recomienda HRW que “ el gobierno de Estados Unidos use su gran palanca económica para empujar a sus aliados cercanos a que terminen con estos abusos”.
El capítulo sobre Colombia, de siete páginas, hace énfasis en este punto. “Las instituciones de justicia de Colombia han empezado a progresar en el destape de la verdad sobre las violaciones de los paramilitares y sus cómplices. Pero en 2008, el gobierno de Álvaro Uribe en repetidas ocasiones tomó medidas que podrían obstaculizar las investigaciones”.
Citó entre estas medidas, las continuas acusaciones personales contra los magistrados de la Corte Suprema que terminaron sin piso, en lo que ha aparecido como una campaña para desacreditar a la Corte. Así mismo, da cuenta de las iniciativas de reforma constitucional que le hubieran quitado la jurisdicción a la Corte para investigar los casos de parapolítica, y la que hundió la norma de la “silla vacía” que buscaba sancionar a los partidos que perderían las curules de los miembros que resultaran en la cárcel con graves acusaciones de parapolítica.
Las violaciones de las Farc
Si bien el informe resaltó los golpes que le propinó el gobierno a las Farc, aseguró que estas seguían cometiendo graves violaciones contra los derechos de las personas como el secuestro, el uso de minas antipersona y el reclutamiento de niños combatientes. Las cifras de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia indican que para septiembre de 2008, ya 153 civiles habían sido víctimas fatales de estas minas.
Así mismo dijo que los grupos que han sucedido a los paramilitares (los cuales, según HRW, nunca se desmovilizaron del todo), han ido aumentando su actividad criminal y han amenazado civiles, y asesinado líderes sindicales y defensores de los derechos humanos. Cita a la Misión observadora de la desmovilización paramilitar de la OEA, para decir que hay 22 grupos paramilitares activos con miles de integrantes por todo el país.
También informa que si bien los asesinatos a sindicalistas habían venido bajando, este año volvieron a subir y para octubre ya habían sido asesinados 41 sindicalistas. Asegura que debido a la presión del Congreso de Estados Unidos, la impunidad de estos crímenes es menor y en 2008 hubo 53 condenas a los responsables de este delito.
Dice así mismo el reporte, que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública siguen siendo frecuentes y que actualmente la Fiscalía está investigando más de mil casos denunciados. “El Ministerio de Defensa ha emitido varias directivas afirmando que este tipo de muertes no son permitidas. Pero estas directivas han sido socavadas por las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Uribe, quien por años ha negado que el problema exista y ha acusado a los defensores de derechos humanos que denunciaban estas muertes como cómplices de las guerrillas en su campaña para desprestigiar a los militares”.
Además denuncia que los desplazamientos forzados de la población civil han venido aumentando de nuevo y que en 2008 “el número de personas afectadas por este fenómeno puede haber alcanzado su mayor nivel en décadas”.
Según cifras de la Ong, Codhes, en el primer semestre de de 2008 más de 270 mil personas fueron obligadas a abandonar sus hogares a la fuerza por actores armados, y esta constituye la cifra más alta en 23 años, con un 41 por ciento de aumento frente al mismo período en 2007. Reconoce, sin embargo, que el gobierno ha empezado a desarrollar programas para proteger a las mujeres desplazadas, según lo había ordenado la Corte Constitucional en 2004.
Explica el informe que alrededor del 30 por ciento de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia (que en total, sumada con la ayuda policial y social, alcanzó 650 millones de dólares en 2008) está sujeta a que mejores las condiciones del respeto por los derechos humanos en el país. Pero que el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha hecho efectivos estos controles de manera consistente.
Cita el hecho de que el liderazgo demócrata del Congreso estadounidense ha pedido que se suspenda la aprobación del TLC con Colombia hasta tanto no se vean “resultados concretos en el terreno” en materia de impunidad por la violencia contra los sindicalistas y el papel de los paramilitares.
Cita a otros gobiernos y organizaciones extranjeras que proveen a Colombia de asistencia técnica, ayuda social o militar o supervisan los programas de desmovilización de los paramilitares. Entre éstas están el Reino Unido, la OEA, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
