AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS RECHAZAN ASESINATO DE LIDER DE DESPLAZADOS DE BUENAVENTURA

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS RECHAZAN ASESINATO DE LIDER DE DESPLAZADOS DE BUENAVENTURA

Bogotá, Julio 2 de 2008 - La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) rechazan el asesinato de la lideresa Martha Cecilia Obando ocurrido el domingo 29 de junio, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.
OTROS LIDERES ASESINADOS

La señora Obando, de 45 años, murió como consecuencia de tres disparos, a las 7:45 de la noche, en la calle principal del Barrio San Francisco. Este crimen fue perpetrado después de una serie de amenazas contra líderes de la población desplazada del Valle del Cauca. Recientemente, también fue asesinado el líder de población desplazada Julio César Molina, en el municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.

La señora Obando era la actual presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Barrio San Francisco (ASODEFRAN); líder de los Programas Familias en Acción y Mujeres Ahorradoras; e integrante del Comité Organizativo del Barrio San Francisco, del Comité de Veeduría y la Red Local Madres por la Vida. También trabajó y participó en varios programas del Sistema de Naciones Unidas en la región.

Las Agencias y Oficinas de las Naciones Unidas que emiten este comunicado, confían en que las autoridades nacionales lograrán identificar, judicializar y sancionar ejemplarmente a los autores de este homicidio, y expresan sus sentimientos de condolencia y solidaridad a la familia de la señora Obando, a los miembros de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Barrio San Francisco, y a todos los afectados por este hecho.

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Desplazados del Guaviare continúan siendo amenazados

Por Camilo Raigozo

Bogotá (Semanario VOZ). La Asociación de Población Desplazada del Guaviare, Aspodegua, denunció ante la comunidad nacional e internacional, los organismos de control del Estado y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el trato degradante que reciben de parte del gobierno al momento de exigir sus derechos como personas desplazadas, procedentes de diferentes zonas del departamento de Guaviare, por la estrategia paramilitar, los combates entre el ejército y la guerrilla y las fumigaciones indiscriminadas.


Así mismo, la población desplazada del Guaviare denunció que las amenazas continuaron en la ciudad de Bogotá a donde han llegado en busca de refugio.

Desde marzo de 2006 Aspodegua le ha venido pidiendo con insistencia al gobierno del presidente Uribe que les brinde a sus asociados las garantías mínimas para poder retornar a sus territorios, sin el riesgo de ser asesinados. Según la denuncia hecha a VOZ, una y otra vez el gobierno ha prestado oídos sordos al clamor de los campesinos, razón por la cual continúan condenados a vivir en los cordones de miseria de las ciudades, principalmente en la capital del país.

“En vez de encontrar soluciones adecuadas para el retorno, la población desplazada del Guaviare nos sentimos seriamente amenazados”, argumentan los voceros de la asociación campesina. El 5 de julio del año pasado, uno de los directivos de Aspodegua, Arcángel Cadena Tavera, se salvó milagrosamente de un atentado que le tendieron sujetos extraños en las oficinas de la organización ubicadas en el sector de San Victorino en el centro de Bogotá.

En noviembre del mismo año, días previos a las deliberaciones del Tribunal Internacional de Opinión, al cual fue invitado Aspodegua, Fanny Ladino, desplazada y dirigente del Departamento de Mujeres de la Coordinadora de Desplazados en Bogotá, recibió amenazas de paramilitares denominados “Águila Negras”, amenazas extendidas a todas las organizaciones de desplazados.

La noche del 6 de marzo de este año, luego de finalizada la exitosa marcha contra el paramilitarismo y en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, fueron violentadas las puertas de las oficinas donde operan Aspodegua, la Coordinación de Desplazados de Bogotá, CND, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa y la oficina de la abogada Ana Tulia Aponte, gestora de programas de producción agropecuaria. De las cuatro oficinas fueron hurtados los discos duros de los computadores donde estaban guardados los archivos y demás documentos y datos referentes a la población desplazada.

Después de la realización de la marcha del 6 de marzo las organizaciones de población desplazada han visto como se intensificaron los hostigamientos y amenazas en su contra, por lo que sus miembros hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y a los entes de control del Estado, para que presten su vigilancia y protección contra las posibles masacres y asesinatos a los que están permanentemente expuestos.

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Las águilas Negras continúan con sus amenazas a la poblacion civil

La aparición de panfletos con amenazas del nuevo grupo paramilitar ‘Águilas Negras’ en Venadillo , Tolima, y Lebrija, Santander podría generar desplazamientos masivos.
Desde principios de esta semana el terror se adueño de los habitantes del barrio El Chircal en el municipio de Venadillo, Tolima, luego de que dos hombres en moto recorrieran sus calles el pasado xx de mayo dejando bajo las puertas, en los mostradores de las tiendas y hasta en la mano de muchos transeúntes, panfletos en los que anunciaban un plan de exterminio contra civiles que desobedecieran sus órdenes.


“Con lista en mano los hombres que se identificaron como parte del grupo de limpieza de las ‘Águilas Negras’ profirieron amenazas contra 20 personas a las que les dieron una semana para salir del pueblo antes de irse” relata un habitante del pueblo.

Presas del miedo los vecinos del barrio se acercaron a la Alcaldía para denunciar lo ocurrido y le pidieron a la administración que les ayudara a organizar un desplazamiento masivo para evitar la muerte de estas personas que según los paramilitares son proxenetas y expendedores de drogas, pero según la gente del barrio se trata de personas de bien.

Simultáneamente en Lebrija, Santander, los panfletos aparecieron amenazando en los mismos términos a 40 personas y declarando el toque de queda todas las noches a partir de las 9:00 p.m. en los barrios El Pesebre, Los Rosales, Chirilí, Villa Esperanza, La Esmeralda, Brisas del Campo, Campo Alegre y El Paraíso, el balneario La Angula y dos establecimientos comerciales del municipio. “quien viole esta orden se convertirá en objetivo militar” asegura el anónimo repartido por debajo de las puertas de las casas.

Mientras en venadillo en Personero municipal comenzó a realizar gestiones frente a la Agencia presidencial par la Acción Social para conseguir que los amenazados del El Chircal puedan salir del municipio, las autoridades de Lebrija tratan de establecer de donde proviene los panfletos y que tan ciertas podrían ser las amenazas.

Estas apariciones se suman a otros episodios similares ocurridos en los departamentos de Córdoba, Antioquia y sur de Bolívar y Norte de Santander en donde también se han presentado episodios de amenazas por medio de panfletos y operaciones de exterminio contra civiles.

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Sacerdotes huyen del sur de Bolivar ante amenazas de las Aguilas Negras

Semana
Los sacerdotes del sur de Bolívar que habían sido amenazados el 10 de abril por el grupo paramilitar Águilas Negras decidieron abandonar sus sitios de trabajo por considerar que su vida está en peligro.Sacerdotes huyen del sur de Bolívar ante amenazas de las águilas Negras

De tres sacerdotes que se desplazaron hacia Magangué, hay dos que no quieren volver a los pueblos donde desarrollaban su labor pastoral. No hay garantías, piensan, pero sí están seguros de que su labor no termina aquí. Seguirán asesorando a los campesinos que, desde hace mucho tiempo, vienen denunciando que viven en una crisis humanitaria que parece interminable.

La población civil del Magdalena Medio, una vasta región que abarca zonas en varios departamentos desde el sur de Bolívar, occidente de Santander y Boyacá, y nororiente de Antioquia, ha sufrido durante muchos años los embates de la violencia armada de todos los frentes. Allí las Farc sometieron a los habitantes a la extorsión y el secuestro en los ochenta, el Eln en la primera mitad de los noventa, y las Auc arremetieron hacia fines del siglo, con crueldad, dejando una estela de desplazados y masacrados a su paso.

Aún a pesar de la desmovilización paramilitar, muchos habitantes del Magdalena Medio siguen viviendo amedrentados. Según han denunciado los campesinos de la zona, desde el 2004 empezaron a incrementarse las amenazas. Y lo peor, no sienten que el Ejército los puede proteger de la presión ilegal porque algunos miembros de la Fuerza Pública parecen más amigos de sus victimarios.

Eso fue lo que dijeron 50 campesinos de la región que viajaron hace un año a Bogotá ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Lo repitieron más de 300 campesinos que a mediados de 2007 se desplazaron hacia la vereda Puerto Nuevo Ité, en el municipio de Remedios (Antioquia) para salvar sus vidas. E insisten en lo mismo 180 que desde comienzos de este año buscaron refugio en Barrancabermeja.

De acuerdo con las denuncias de los campesinos ante los diferentes organismos, miembros del Ejército los amedrentan con las Águilas Negras, metiéndoles mucho miedo. Según diversos testimonios conocidos por SEMANA.COM, los soldados intentan obtener información sobre grupos guerrilleros con este tipo de presiones a los campesinos. Les dicen a los habitantes de la región que tienen que hablar porque “hoy somos nosotros, pero detrás vienen las Águilas Negras”.

Después de una década de masacres, descuartizamientos y desapariciones, los campesinos saben de qué son capaces los paramilitares y lo que significaría que ellos volvieran. Eso los llena de pánico.

De ser cierto lo que denuncian los campesinos, se trataría de una gravísima violación de los derechos humanos. Uno de los sacerdotes que se desplazaron este martes le dijo a SEMANA.COM que cuando los militares tienen este tipo de comportamientos, la región queda huérfana de organismos del Estado que ayuden a defender los derechos de los campesinos. Entonces esa labor recae principalmente sobre la parroquia.

Por eso, los religiosos que trabajan en el Magdalena Medio conformaron junto con organizaciones campesinas el Programa de Desarrollo y Paz. Es un programa financiado con dineros de la Unión Europea que lleva varios años contribuyendo al desarrollo social, económico y democrático de la región. A través del programa los campesinos se han capacitado en muchos temas, incluyendo derechos humanos. Les enseñan cómo deben interponer sus denuncias en casos en que los agentes del Estado violan sus derechos, según le explicó un párroco de la región a SEMANA.COM.

Algunos de los casos denunciados por los campesinos son graves. Aseguran que 14 labriegos han sido ejecutados extrajudicialmente por personas que, según los campesinos, pertenecen al Ejército. Las víctimas –denuncian— son sacadas de sus casas o detenidas en los caminos de las veredas y, de repente, aparecen muertas, con camuflado y son presentadas ante los medios de comunicación como guerrilleros abatidos en combate.

Tales denuncias no pueden más que alarmar, sobre todo cuando el Ministerio de Defensa ha lanzado este año una ambiciosa política de respeto a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. SEMANA.COM buscó un pronunciamiento oficial al respecto pero aún no ha tenido respuesta. Así mismo presentó derechos de petición por escrito, para solicitar información sobre quién es el personal militar responsable en esa zona donde han surgido las denuncias, y sobre el prontuario anterior de los 14 presuntos guerrilleros abatidos en combate, pero el Ejército se negó a darla aduciendo que se trataba de un tema “de seguridad nacional”.

El anuncio que dicen los campesinos que les hicieron miembros del Ejército, eso de que ya venían las Águilas Negras, ya se empezó a cumplir. Un comandante paramilitar que se hace llamar ‘Camilo’ anunció un rearme nacional el pasado marzo y apenas un mes después, los sacerdotes del Sur de Bolívar y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) recibieron correos electrónicos donde les notificaban que eran objetivos militares.

El pasado 16 de abril, 50 sacerdotes de la región acompañados por unas 2.000 personas hicieron una marcha pacífica en el municipio de Morales, en Bolívar, para protestar por las amenazas a 52 líderes y tres sacerdotes, y para solicitar al gobierno que les diera protección. Ahora, los sacerdotes decidieron desplazarse porque no ven garantías para seguir haciendo su trabajo. Sobre todo cuando las autoridades que deberían protegerlos a ellos y a los campesinos no ha respondido a su clamor.

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