17 octubre, 2008

No más asesinatos de indígenas en Colombia!

FIDH. La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) condena la represión violenta de la manifestación llevada a cabo por las comunidades indígenas en varios departamentos de Colombia, y que hasta el día 16 de octubre dejó, entre los indígenas, un saldo de un muerto, más de 100 heridos - muchos de gravedad – y 8 familias desalojadas[1]. 19 policías habrían sido heridos también
CIFRAS DE ASESINATOS

ACUERDOS FIRMADOS ENTRE EL GOBIERNO Y LOS INDIGENAS

Desde el día 11 de octubre, aproximadamente 10.000 indígenas están movilizados en todo el país para celebrar la "Minga de Resistencia Social y Comunitaria" a fin de recordar el aniversario del desembarque español en el continente americano y pedir el respeto de sus derechos fundamentales empezando con su derecho a la vida[2] y el restablecimiento de sus derechos territoriales, en conformidad con los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[3].

Las comunidades indígenas se concentraron en la María, resguardo indígena declarado como territorio de paz y convivencia, por el Gobierno colombiano en el año 1999 (municipio de Piendamó, centro del departamento del Cauca) y a lo largo de la vía Panamericana. Desde el día 13, un contingente de al menos 1.000 hombres armados (incluyendo elementos de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – y el Ejército) están presentes en el Cauca, apoyados por tanquetas y helicópteros. El día 14 de octubre, el General Páez Varón lanzó un ultimatum a los manifestantes para que liberaran la vía, advirtiendo que, de lo contrario, la despejaría. Aseguró además que el movimiento estaría infiltrado por las FARC, lo cual fue posteriormente desmentido por los líderes indígenas. El día 15, en horas de la madrugada, los manifestantes fueron asaltados con fusiles, gases lacrimógenos y granadas de mano, provocando la muerte de 1 persona y decenas de heridos. Ya en los días anteriores varias personas habían sido heridas y cuatro detenidas arbitrariamente.

La FIDH condena este uso desproporcionado de la fuerza y expresa su profunda preocupación frente a las denuncias de la presencia de civiles armados protegidos por la policía que disparan a los manifestantes desde los montes, así como por los actos de barbaridad cometidos por elementos del ESMAD que hirieron gravemente a un comunero indígena con machete. Éstos habrían además dejado el indígena tirado en el suelo durante varias horas, impidiendo el ingreso de ambulancias para su atención. La FIDH denuncia también el atentado perpetrado por las fuerzas armadas contra el centro de atención a la salud y la destrucción de elementos de primeros auxilios que estaban siendo utilizados por los indígenas para atender a los heridos, así como el haber impedido el paso de una ambulancia y obstaculizado la labor del cuerpo médico y de los defensores. Se condena también la destrucción de varias casas de comuneros indígenas.



La FIDH recuerda que estos graves acontecimientos se presentan en un contexto general de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia: en el último mes 29 indígenas fueron asesinados[4], y en los últimos 6 años más de 1.240 indígenas han sido asesinados en Colombia[5] y al menos 53.885 desplazados[6]. En este contexto preocupan profundamente las afirmaciones de las más altas autoridades, incluyendo el Presidente, según las cuales terroristas estarían infiltrados entre los manifestantes[7]. Se denuncia al respecto que dos miembros de la inteligencia militar fueron encontrados con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos. Fueron retenidos al interior del resguardo de la Maria y entregados por parte de las comunidades indígenas a una comisión compuesta por Naciones Unidas y organismos de control del Estado. Estas acusaciones y manipulaciones abren la puerta a una represión más feroz aún.

La FIDH recuerda al respecto que días previos a la marcha fueron masacrados en el municipio de Riosucio (Caldas) los indígenas Embera Chami Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcon, y herida la mayor de 70 años Maria Angelica Alcarcon por parte de la estructura paramilitar autodenominada « Águilas Negras ». Igual situación ha ocurrido en el Departamento del Cauca donde en los últimos días han sido asesinados 11 indígenas paeces, entre ellos Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Tróchez, asi como el ex-consejero mayor del CRIC Raul Mendoza, hecho ocurrido el 28 de septiembre del 2008. Ya un mes antes de la movilización, los indígenas paeces recibieron amenazas de muerte por parte del mismo grupo paramilitar, así como el anuncio de un exterminio en marcha, hechos que coincidieron con la renuncia de Juan José Cháux Mosquera, ex- gobernador del Cauca, y que ocupaba el cargo de embajador en República Dominicana por nexos presuntos con el paramilitarismo colombiano[8].

La FIDH urge al Presidente Uribe a que acceda al pedido de diálogo formulado ya desde el día 9 de octubre por los indígenas que exigen que se garanticen sus derechos fundamentales, empezando con el derecho a la vida, se les respete su derecho al territorio y que llame al cese inmediato de las operaciones armadas contra las movilizaciones sociales que realizan indígenas y campesinos. La FIDH pide también que los hechos sean objeto de una investigación pronta e imparcial y que se sancione a los autores de estos crímenes. Se hace también un llamado a la Defensoría del Pueblo, Procuraduria General de la Nación a que se haga presente en la zona afectada.

La FIDH llama la comunidad internacional a que mandate urgentemente una misión internacional de investigación sobre estos graves acontecimientos. Esto resulta transcendental ya que los medios de comunicación no han podido llegar al lugar de los hechos.



CIFRAS DE ASESINATOS
[1] Se reparten como sigue: Departamento del Cauca, un indígena asesinado, 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados, y 21 con machete, 8 familias desalojadas e intento de violación de una menor de edad. Departamento del Valle 26 indigenas heridos. Departamento del Risaralda 14 indígenas heridos, producidos por parte del la Fuerza Publica colombiana (fuentes: Autoridad Nacional de Gobierno Indígena – ONIC y Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos – SINDH; Asociación de Cabildos Indígenas en el Norte del Cauca (ACIN), Saldo de la Barbabarie cometida en la María Piendamó, 16 de octubre 2008 nasaacin...

[2] Igualmente han solicitado que se implementen medidas especiales con carácter urgente y concertadas con las autoridades indígenas frente a la grave crisis humanitaria que atraviesan, en especial los que se encuentran en vía de extinción, así como medidas para la superación de la impunidad ante las graves violaciones a los derechos humanos.



ACUERDOS FIRMADOS ENTRE EL GOBIERNO Y LOS INDIGENAS
[3] Varios acuerdos fueron celebrados entre las comunidades indígenas y el Gobierno Colombiano, entre ellos la repartición colectiva de tierras que se comprometió el Estado de Colombia a entregar a las comunidades indígenas del Cauca, en el marco del proceso de solución amistosa celebrado en instancias de la CIDH, por la masacre del 16 de diciembre de 1991, donde fueron asesinados 20 indígenas paeces en el municipio de Caloto (Cauca), y cuya resposonsabilidad fue atribuida a miembros de la Policía Nacional y estructuras paramilitares.

[4]ONIC – SINDH

[5] Entre el 1 de enero del 2002 y el 15 de octubre del 2008 (ONIC, Las cifras del genocidio contra los pueblos Indígenas de Colombia. Octubre 2008).

[6] Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

[7] Ver acta de la intervención del Presidente Uribe en rueda de prensa de este miércoles « Diálogo, sí; violencia y bloqueos, de ninguna manera: Presidente Álvaro Uribe », 15 de octubre 2008, Presidencia...

[8]Al respecto ver Radio Caracol, Fiscalía investigará a Juan José Chaux, 16 de septiembre 2008 Caracol noticias...
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cinco muertos, dos desaparecidos, 19 heridos y 214.982 damnificados han causados las lluvias que afecta a Colombia

Bogotá, 16 oct (EFE).- Al menos cinco muertos, dos desaparecidos, 19 heridos y 214.982 damnificados ha causado la actual temporada de lluvias que afecta a Colombia, informaron hoy fuentes gubernamentales en Bogotá.
La evaluación fue divulgada por la Dirección de Prevención y Atención de Desastres (DPAD), que depende del Ministerio del Interior y de Justicia, luego de un encuentro en la capital colombiana con los organismos de socorro.

La DPAD precisó en un comunicado que la temporada de lluvias que comenzó el pasado 15 de septiembre, que es la segunda y última del año en el país, ha causado un total de 134 emergencias en 117 municipios de 18 de los 32 departamentos del país.

Las emergencias han sido inundaciones, deslizamientos de tierras, avalanchas y vendavales, agregó la entidad gubernamental, que indicó que el informe fue elaborado en conjunto con la Cruz Roja Colombiana (CRC), la Defensa Civil Colombiana (DCC) y el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia.

Además de las víctimas, el período de lluvias ha destruido 118 casas y averiado 17.173, continuó la DPAD, que resaltó que las personas damnificadas conforman 42.991 familias.

Las regiones que más han sufrido los rigores de las precipitaciones son la caribeña y la andina.

Según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam, estatal), la temporada lluviosa irá hasta mediados de diciembre próximo.
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"El presidente Colombiano Alvaro Uribe, es un obstáculo para esclarecer los crímenes de los Paramilitares". Human Rights Watch

AFP. Human Rights Watch (HWR) llamó el jueves al presidente colombiano, Álvaro Uribe, a no obstaculizar las investigaciones por nexos de políticos, empresarios y militares con paramilitares de ultraderecha, y pidió a Estados Unidos y a la comunidad internacional vigilar esos procesos.
El gobierno reaccionó calificando el informe de "ridículo" y "mentiroso". En una declaración divulgada por la vicepresidencia afirmó además: "deseamos un esclarecimiento total y rápido de las circunstancias que han rodeado la violencia contra las instituciones y la población por parte de todos los grupos armados".

Por su parte, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, acusó a Uribe de instigar una campaña para "desacreditar" a la Corte Suprema de Justicia. "El gobierno del presidente Uribe se ha constituido en nuestra opinión en un obstáculo para el progreso de la justicia", dijo en una conferencia de prensa en Bogotá al presentar el informe.

La organización defensora de los derechos humanos reclamó también a la justicia estadounidense entregar a Colombia la información que obtenga de 13 jefes paramilitares, extraditados en mayo, y brindarles "incentivos jurídicos" para que confiesen delitos cometidos en el país andino.

Al destacar los "avances históricos" que la justicia colombiana ha logrado "contra el poder paramilitar", HRW sin embargo advirtió de que éstos aún son "frágiles".

La justicia evalúa actualmente las confesiones de medio centenar de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron junto a unos 31.000 combatientes tras una negociación con el gobierno. Igualmente investiga a más de 60 congresistas, en su mayoría de la coalición que respalda a Uribe, por simpatías y vínculos con esos grupos de ultraderecha, a los que se atribuyen más de 9.000 crímenes.

"Colombia tiene ante sí una oportunidad única de revelar y poner fin a la influencia de estas redes, juzgando a los paramilitares y a sus cómplices", señala el documento que pide a Uribe "expresar firme y claramente el apoyo" a esas investigaciones.

Según dijo HRW en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, esas investigaciones deben ser exhaustivas para que se juzgue "a quienes hayan colaborado con los paramilitares en el sistema político y las fuerzas de seguridad". Por ello pidió a Uribe oponerse a "cualquier proyecto de ley que pueda permitir la reducción de penas o, directamente, la impunidad por colaborar con los paramilitares", y también "abandonar los ataques contra la Corte Suprema" de Justicia que realiza "valientemente" esas investigaciones.

El informe también llama la atención sobre el poder político que con su accionar violento alcanzaron los paramilitares de extrema derecha. "Muchas veces, los asesinatos y las amenazas -en lugar de las elecciones libres o el diálogo democrático- son los factores que han determinado quién controla el poder, la riqueza y la influencia en el país", puntualiza.

Por ello, el documento pide al fiscal de la Corte Penal Internacional "monitorear el proceso de investigación y juzgamiento de los cómplices de los paramilitares", y a la comunidad internacional "respaldar con firmeza las investigaciones acerca de la influencia ilegal de los paramilitares en el sistema político".

El documento también aconseja al Congreso de Estados Unidos mantener congelada la aprobación de un Tratado de Libre Comercio bilateral negociado en 2006, hasta tener "resultados concretos y sostenidos" de las investigaciones sobre los asesinatos de sindicalistas.

Finalmente, tras destacar que "durante las dos últimas décadas los paramilitares han devastado gran parte del país", destacó que "Colombia es el país con las mayores cifras de desplazados internos en el mundo luego de Sudán".
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