29 agosto, 2008

"El simple hecho de ejercer el derecho es percibido como una acción subversiva, porque muchos de nuestros colegas han sufrido hostigamiento hasta ..."


Bogotá, 28 ago (EFE).- Una Caravana Internacional formada por 50 juristas verificó durante una visita a Colombia "la incapacidad de abogados y defensores a tener acceso a la Justicia" y la violación generalizada de derechos humanos que se vive en el país, expusieron hoy en Bogotá.
"El simple hecho de ejercer el derecho es percibido como una acción subversiva, porque muchos de nuestros colegas han sufrido hostigamiento hasta la muerte y amenazas", advirtió el abogado canadiense Denis L'Anglais, representante de Abogados Sin Fronteras.
"Lo que hemos constatado es que el debido proceso no funciona porque no hay posibilidad de los abogados de tener acceso a la Justicia, y no hay posibilidad de damnificados y víctimas de acceder a la Justicia", lamentó.

Los letrados visitaron las regiones del Eje Cafetero (centro oeste), Antioquia (noroeste), Valle del Cauca (suroeste), Bucaramanga (nordeste) y la Costa Caribe (norte), lugares en los que se reunieron con organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de víctimas del conflicto.

También se reunieron con entidades estatales como la fiscalía, la judicatura y la procuraduría.

La representante del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, Sara Chandler, exhibió ante los periodistas amenazas de muerte enviadas por parte de paramilitares de ultraderecha de las Águilas Negras en las que se lista a dieciséis abogados y sus familiares como objetivos militares.

"Aquí no se cumplen los requisitos mínimos de los estándares internacionales de la protección y la independencia de la profesión legal y del estado derecho. Sin esos mínimos requisitos no hay estado de derecho", criticó Chandler.

"Los abogados británicos que están visitando Colombia están muy preocupados de los informes recibidos sobre el tratamiento de los juristas y la violación de los derechos humanos", señaló la letrada.

Y añadió "llamamos a los órganos del estado, responsables de las libertades civiles y los derechos humanos, a tomar acción urgente y remediar esta situación".

La principal denuncia que realizaron los juristas fue la "impunidad" que impera en la persecución de ciertos crímenes en Colombia, como lo demuestra el hecho de que entre 1996 y 2006 un total de 125 letrados fueron asesinados en el país, sin que en muchos casos se produjera condena alguna.

A modo de ejemplo citaron el caso de la ciudad de Cali (suroeste), donde en 2004 murieron 24 abogados, tres de ellos frente al Palacio de Justicia, sin que haya habido pronunciamiento judicial.

Por su lado, Peter Burbridge, abogado y profesor de la Universidad de Westminster, insistió en que "no sólo los defensores de derechos humanos sino toda la profesión está amenazada cuando su cliente es considerada de un grupo considerado 'malo', porque los abogados está identificados con sus clientes, son estigmatizados y entran en peligro".

El representante de la Asociación de Abogados Libres de Madrid, Endika Zulueta, puso de relieve la carencia de medios que afecta a un país con 4 millones de refugiados, en los que en regiones como Antioquia un abogado público lleva una media de 700 casos de víctimas y es incapaz de proporcionar una defensa efectiva.

En su opinión, es necesaria la creación de un Colegio de Abogados colombiano - ya existe un proyecto de ley - para proteger al colectivo y articular una defensa apropiada de sus miembros.

Los juristas se comprometieron a hacer un seguimiento de las violaciones constatadas durante este viaje y a prestar ayuda a sus colegas colombianos, en especial a la hora de agotar los recursos judiciales internos y acceder a la justicia internacional.
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