Bogotá, 11 mar (EFE).- La Comisión Internacional Ética de la Verdad denunció hoy en Bogotá que en Colombia siguen los asesinatos de líderes comunales, jóvenes y personas vulnerables, y que las decisiones de las comunidades indígenas y afrodescendientes no se reconocen.
Así lo explicaron a Efe los españoles Pilar Sánchez y Andrés Redondo, dos de los 25 miembros de esa comisión que, a su vez, hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice).
Para el sicólogo Redondo, miembro de la Comunidad Universitaria de Santo Tomás, de Madrid, en la sexta visita de la Comisión a este país se han encontrado elementos coincidentes como el terror generado por el asesinado de "determinada gente, especialmente de jóvenes entre los 16 y 27 años".
Esas víctimas, añadió, luego son presentadas como "caídas en combate".
Así, "el ejército puede decir que no está de brazos cruzados y que son efectivos", indicó Sánchez, de la Comunidad de Base Santo Tomás de Aquino, de Madrid.
Sánchez explicó que, según los testimonios recogidos en las visitas a los departamentos de Putumayo (sur) y Córdoba (norte), los militares, al "entregar resultados", reciben "recompensas económicas, vacaciones y demás".
Esas situaciones lo que reflejan es que la población no está protegida, que es lo que realmente debe hacer todo Estado con su gente, apuntó Sánchez.
Redondo señaló que otro aspecto detectado en su estadía en el Putumayo es que los lugareños están recibiendo presiones para que vendan sus tierras a bajo precio.
Matizó que, quienes compran los terrenos, lo hacen para convertirlos en agronegocios, especialmente con la siembra de palma y cañas de azúcar.
Aunque en Colombia persisten los cultivos de hoja de coca, indicó que es necesario que la sustitución deje la puerta abierta para que los dueños naturales de las tierras tengan otras opciones, como declararlas "zonas de biodiversidad", en las que no haya presencia de abonos químicos y pesticidas.
La Comisión observó igualmente que los líderes de las comunidades o quienes se atreven a buscar mejoras son víctimas de la violencia, situación que no los deja actuar libremente.
En cuanto al desconocimiento de las determinaciones de los indígenas, recordaron que estuvieron en el departamento del Chocó (oeste), en donde el pueblo Embera votó en contra de la autorización para explotar el cerro "Careperro", una montaña entre la mencionada región y Antioquia (noroeste), rica en oro, cadmio y cobre.
Sin embargo, la multinacional Muriel Mining Corporation inició tareas de "prospección y exploración" en el cerro tras recibir nueve permisos oficiales para desarrollar el llamado "megaproyecto Mandé Norte".
Los miembros de la Comisión de Ética que se encuentran en Colombia, entre ellos Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora (Argentina), y Lorenzo Loncon Belmar, del pueblo Mapuche, de Chile, permanecerán unas dos semanas más para visitar comunidades afectadas por la violencia en Colombia.
Así lo explicaron a Efe los españoles Pilar Sánchez y Andrés Redondo, dos de los 25 miembros de esa comisión que, a su vez, hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice).
Para el sicólogo Redondo, miembro de la Comunidad Universitaria de Santo Tomás, de Madrid, en la sexta visita de la Comisión a este país se han encontrado elementos coincidentes como el terror generado por el asesinado de "determinada gente, especialmente de jóvenes entre los 16 y 27 años".
Esas víctimas, añadió, luego son presentadas como "caídas en combate".
Así, "el ejército puede decir que no está de brazos cruzados y que son efectivos", indicó Sánchez, de la Comunidad de Base Santo Tomás de Aquino, de Madrid.
Sánchez explicó que, según los testimonios recogidos en las visitas a los departamentos de Putumayo (sur) y Córdoba (norte), los militares, al "entregar resultados", reciben "recompensas económicas, vacaciones y demás".
Esas situaciones lo que reflejan es que la población no está protegida, que es lo que realmente debe hacer todo Estado con su gente, apuntó Sánchez.
Redondo señaló que otro aspecto detectado en su estadía en el Putumayo es que los lugareños están recibiendo presiones para que vendan sus tierras a bajo precio.
Matizó que, quienes compran los terrenos, lo hacen para convertirlos en agronegocios, especialmente con la siembra de palma y cañas de azúcar.
Aunque en Colombia persisten los cultivos de hoja de coca, indicó que es necesario que la sustitución deje la puerta abierta para que los dueños naturales de las tierras tengan otras opciones, como declararlas "zonas de biodiversidad", en las que no haya presencia de abonos químicos y pesticidas.
La Comisión observó igualmente que los líderes de las comunidades o quienes se atreven a buscar mejoras son víctimas de la violencia, situación que no los deja actuar libremente.
En cuanto al desconocimiento de las determinaciones de los indígenas, recordaron que estuvieron en el departamento del Chocó (oeste), en donde el pueblo Embera votó en contra de la autorización para explotar el cerro "Careperro", una montaña entre la mencionada región y Antioquia (noroeste), rica en oro, cadmio y cobre.
Sin embargo, la multinacional Muriel Mining Corporation inició tareas de "prospección y exploración" en el cerro tras recibir nueve permisos oficiales para desarrollar el llamado "megaproyecto Mandé Norte".
Los miembros de la Comisión de Ética que se encuentran en Colombia, entre ellos Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora (Argentina), y Lorenzo Loncon Belmar, del pueblo Mapuche, de Chile, permanecerán unas dos semanas más para visitar comunidades afectadas por la violencia en Colombia.
