UNA EXTORSIÓN SEMANAL de 400.000 pesos del bloque Metro de las autodefensas, que pasó luego a un millón y después a amenazas de muerte, obligó a una pareja de empresarios antioqueños a buscar refugio en Panamá en 2002. Los dos profesionales habían sacado adelante una microempresa de cerámica en la que generaban 14 empleos directos. Pero todo se vino abajo cuando recibieron la siguiente sentencia: "Sabemos a qué horas sale la niña del colegio. Pilas si no pagan".
Luego de exponer su caso en la Fiscalía y en Naciones Unidas, les aconsejaron que salieran del país y buscaran refugio en Panamá o Costa Rica. La pareja optó por el primero. "El primer mes vivimos en el hotel Decamerón -relata Claudia, economista industrial y traductora simultánea-. Pero la plata empezó a acabarse y terminamos viviendo en la pobreza absoluta, en un inquilinato lleno de prostitutas y drogadictos, ambiente poco sano para mi niña".
La pareja buscó trabajo y al no tener estatus de refugiado y contar solo con un permiso temporal tuvo que idearse alternativas de sustento: Claudia terminó haciendo y vendiendo envueltos. "Todo empeoró cuando enviudé... A mi esposo lo atropelló un camión hace tres años y quedé sola -dice-. Esto es lo que me ha dejado Panamá. Eso sin contar el desprecio de la gente. Es como si no existiéramos. Hasta la niña me la discriminan en el colegio".Pero Claudia no puede regresar a Colombia. A pesar de que el bloque Metro desapareció tras la desmovilización de las Auc en 2003, paramilitares que los reemplazaron siguieron amenazando y el año pasado su hermana menor tuvo que viajar a Panamá en busca de refugio. "Uno con dos carreras y sin poder trabajar en lo que quiere es una vergüenza, no entiendo por qué los paramilitares se ensañaron con nosotros".
Ahora busca empleo como jardinera y empleada doméstica, actividades en las que hay vacantes.En Panamá, donde Acnur estima que hay 15.000 colombianos con necesidad de protección como refugiados y donde solo 993 ya fueron reconocidos, la imagen del indígena y el afrocolombiano de Chocó, que atraviesa los océanos Pacífico y Atlántico para poder llegar a Darién, no es la única que refleja esta crisis humanitaria: desde 2000 se incrementó el ingreso de solicitantes de refugio que llegan en avión y buscan protección en Ciudad de Panamá. Algunos son estudiantes, otros empresarios y miembros de Ong que luego de recibir amenazas empiezan una nueva vida, pero en condiciones precarias y con dificultades, en muchos de los casos, de ser aceptados por los lugareños.
José Euceda, representante de Acnur en Panamá, dice que si bien la mayoría de refugiados está en Boca de Cupé, Jaqué y Puerto Obaldía, en la frontera con Chocó, cada vez son más quienes llegan a la capital del país y para ellos la situación es difícil. "Para quienes reciben su documentación como refugiados hay oportunidades en este país que los acoge. Pero hasta tanto no tengan esa calidad no tienen muchos derechos".Panamá endureció las leyes de acogida de inmigrantes desde el año pasado al considerar que bajo esta figura muchos ilegales pretenden ingresar a ese país. "Están prevenidos de que entren narcotraficantes, prostitutas o redes de trata de personas. Por eso endurecen cada vez más el acceso -dice Ricardo Castillo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Panamá-. Pero nosotros constatamos que son muchos los que necesitan esta protección y el Estado poco hace por ellos".Según Castillo, en la ciudad hay cerca de 400 personas que esperan protección como refugiadas. Pero esto no se compara con el drama de los campesinos e indígenas que se encuentran en la zona del Darién y que a pesar de haber sido reconocidos como refugiados viven en precarias condiciones. De este grupo hacen parte cerca de 1.000 personas, algunas de las cuales han aceptado estos días un plan de retorno ofrecido por la Oficina Nacional para la Atención del Refugiado de la República de Panamá, Onpar."
La situación en los últimos años empeoró porque se detectó la presencia de grupos armados de Colombia. Eso pone en riesgo la vida de estas personas -señala Kevin Sánchez, del servicio Jesuita de Refugiados que los atiende en Darién-. Sin embargo esta comunidad, en su mayoría de afrodescendientes e indígenas embera, ha demostrado una gran resistencia en medio de sus adversidades". Uno de ellos es Deisy Valencia, de Juradó, bajo protección temporal desde hace cuatro años, en Darién, luego de que las Farc secuestraron a su hermano y posteriormente obligaron a la familia a abandonar la región. "Esta es la hora que no tengo permiso de trabajo pero a mis niños no les ha faltado un solo día la comida -comenta-. Pero no espero volver a Colombia. Todos los días pienso en lo que nos pasó y eso me da miedo, aunque esta no será mi casa jamás". Mientras que Arelys, quien huyó de Riosucio, Chocó, luego de que las Auc la retuvieron tres días en 2007, está desesperada: "Nos estamos quedando sin ropa y sin comida y si me voy para Colombia me terminan matando". LEY MIGRATORIAEl gobierno de Panamá promulgó en febrero pasado una nueva ley migratoria para restringir la entrada y salida de los extranjeros y su estancia en el país. En ese sentido, la nueva norma clasifica en cuatro categorías a los extranjeros que entran a Panamá: no residente, residente temporal, residente permanente y extranjeros bajo protección de este país, y en este renglón entran los considerados "refugiados, asilados, apátridas o acogidos por razones humanitarias".A este último grupo pertenecen 828 refugiados colombianos que se mantienen desde hace más de 10 años en las comunidades Boca de Cupe, Jaqué y Puerto Obaldía, en Darién.
EL ESPETADOR
