09 septiembre, 2009

Las agresiones sexuales a las mujeres "forman parte integral" del conflicto colombiano

Europa Press. Todos los grupos armados de Colombia, tanto las fuerzas de seguridad del Estado como los paramilitares y los grupos guerrilleros, utilizan la violencia sexual como arma de guerra, hasta el punto de formar "parte integral" del conflicto, según revela un nuevo informe de Intermón Oxfam. La "ocultación" de esta realidad por parte del Estado ha permitido "perpetuar este delito" y ha contribuido a crear un "entorno de impunidad" en el que los casos "no se investigan, ni se enjuician ni se castiga a los responsables", asegura la organización no gubernamental. Seguir leyendo el arículo

"Todos los grupos armados usan la violencia sexual como arma de guerra, hasta el punto de que forma parte integral del conflicto", declaró la investigadora y autora del informe, Paula San Pedro, durante la presentación en Madrid del informe 'La violencia sexual en Colombia. Un arma de guerra'. Estas agresiones se producen en un país particularmente "machista y patriarcal", en el que se calcula que, en general y no sólo en el contexto del conflicto, entre un 60 y 70 por ciento de las mujeres han sufrido alguna modalidad de violencia, ya sea sexual, física, psíquica o política.

Mediante el uso de la violencia, los diversos grupos armados utilizan a las mujeres como "blanco útil a través del cual humillar al enemigo", indica el informe, que se presenta también hoy en Bogotá y dentro de unos días lo será en Bruselas, ante representantes de la Unión Europa, y en Londres. Asimismo, con estas agresiones se castiga a las mujeres que osan desafiar las prohibiciones impuestas por los grupos armados, transgredir los roles de género, simpatizar con algún movimiento rival o vulnerar cualquiera de los códigos de conducta relacionados con la vida sexual o el tipo de vestimenta.

La ocultación y negación de esta realidad por parte del Estado y de algunos medios de comunicación colombianos, lamentó San Pedro, ha permitido "perpetuar este delito" y ha contribuido a crear un entorno de impunidad en el que este tipo de delitos "no se investigan, ni se enjuician ni se castiga a los responsables".

Aparte, muchas mujeres renuncian a denunciarlo por temor a represalias y a la vergüenza, hasta el punto, denunció la autora del informe, de que este tipo de violencia se ha "normalizado" dentro de la sociedad colombiana. "Muchas mujeres no se consideran víctimas porque no creen o no saben que la violencia sexual es un delito", explicó. En estas circunstancias, las agresiones sexuales son, según Paula San Pedro, un "delito silenciado".

Ejemplo de ello es la falta de cifras fiables sobre el número de agresiones sexuales en el contexto del conflicto. Según explicó durante el acto la periodista colombiana Jideth Bedoya, después de medio siglo de conflicto "sólo en 2009 se ha empezado a hablar de la violencia sexual como crimen de guerra".

A principios de este año, la Corte Constitucional presentó un informe a la Fiscalía General de Colombia (una de las pocas fuentes que recogen información sobre la autoría de agresiones sexuales) en el que, con datos aportados por organizaciones de mujeres, se daba cuenta de 183 testimonios de ataques sexuales contra mujeres en el marco del conflicto desde 1993, que englobaban los casos de 518 víctimas.

De estos 183 testimonios de agresiones, el 58 por ciento se atribuía a los paramilitares, el 23 a las fuerzas públicas, el ocho por ciento a las guerrillas y el resto a autores desconocidos. No obstante, según Bedoya, diversos estudios elevan estas cifras a entre 12.000 y 14.000 casos, pese a lo cual hasta la fecha sólo se han denunciado ante la Fiscalía un total de 20.

DESPLAZADAS Y MINORÍAS ÉTNICAS

Si las mujeres son un sector particularmente vulnerable, las mujeres desplazadas y pertenecientes a grupos étnicos minoritarios están más expuestas todavía a la violencia sexual. Según el informe, en un país con cerca de cuatro millones de desplazados a causa del conflicto, se calcula que dos de cada diez mujeres desplazadas se están viendo obligadas a huir y a buscar un nuevo refugio debido a los delitos sexuales.

Según datos de 2005 de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el 52 por ciento de las mujeres desplazadas han sufrido algún tipo de maltrato físico y el 36 por ciento obligadas por desconocidos a mantener relaciones sexuales. "No hay un espacio geográfico en el país en el que las mujeres puedan sentirse seguras", denunció Paula San Pedro.

Aparte, "las mujeres afrocolombianas y las mujeres indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual, dada la triple discriminación que sufren a causa de su género, su etnia y su pobreza", agregó la autora del informe.

JINETH BEDOYA

Durante el acto de presentación del informe, Jineth Bedoya relató varios ejemplos, en especial el "caso aberrante" del jefe paramilitar Hernán Giraldo (actualmente extraditado en Estados Unidos por decisión del Gobierno del presidente Álvaro Uribe), quien llegó a abusar sexualmente de "casi todas las niñas" de la Sierra Nevada de Santa Marta (en el norte del país), la mayoría con edades comprendidas entre los trece y los dieciséis años. Al menos catorce de ellas quedaron embarazadas.

Bedoya denunció también que un informe de 2007 revelaba que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contaban por entonces con alrededor de 6.000 menores de edad en sus filas, "la mitad de ellos niñas". "Casi el 90 por ciento de ellas fueron víctimas de abusos, la mayoría quedaron embarazadas y fueron obligadas a abortar, en algún caso incluso con siete meses de gestación", explicó. Algunas de ellas fallecieron a causa de las condiciones en que se efectuaron las intervenciones, agregó.

Jineth Bedoya, de 34 años y actualmente periodista del diario 'El Tiempo', ha sido una de las muchas víctimas de agresiones sexuales en el contexto del conflicto colombiano. Fue secuestrada en mayo de 2000 mientras realizaba una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá. Durante más de 16 horas estuvo en poder de sus captores, al parecer paramilitares. Fue secuestrada de nuevo en agosto de 2003 por las FARC, que la mantuvieron ocho meses en su poder.

Entre otros reconocimientos, en noviembre de 2001 obtuvo el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, en Toronto (Canadá), por su trabajo en las cárceles colombianas, y en octubre de 2001 fue galardonada con el Premio Mundial al Coraje Periodístico, que otorga la International Woman Media Foundation en Nueva York.

A Jineth Bedoya, reconoció, le resultó "muy difícil" animarse a viajar a Madrid para "desnudar el alma" y recordar su propio caso, pero finalmente se decidió a hacerlo para recordar y apoyar a las "miles de mujeres que son agredidas en Colombia y que no tienen esta oportunidad". "Después de una agresión, salir nuevamente al mundo y enfrentarse a tantos fantasmas es difícil", explicó. "Es algo con lo que tenemos que convivir todos los días, y tragarnos nuestros dolores y nuestros temores para seguir afrontando la vida", concluyó.



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