Comunicado Del Alto Comicionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechoa Humanos

Preocupación por amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte de las que han sido víctimas líderes de organizaciones sociales de base y miembros de organizaciones de derechos humanos que participaron activamente en la reciente marcha del 6 de marzo.

El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia se ha pronunciado ya con claridad y firmeza respecto a : “la importancia que tiene para el país reconocer el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, incluyendo las necesarias garantías de no repetición”.

Igualmente, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la “dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos “, y ha abogado “por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección”.

En las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales. En su mayoría, estos homicidios no alcanzan visibilidad frente a la opinión pública, a pesar de su profundo impacto y graves consecuencias en las comunidades donde estas personas ejercieron su labor y en sus respectivas organizaciones.

Es urgente una acción decidida para aclarar el atentado del 28 de febrero con arma de fuego contra el domicilio de la señora Luz Adriana González, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y promotora de la marcha del 6 de marzo en Pereira; y los homicidios de los señores Edgar José Molina (colaborador de Huipaz) el 23 de febrero, en Algeciras, Huila; Manuel José Reina Collazos (miembro del Partido Conservador) el 25 de febrero, en Vijes, Valle; Leonidas Gómez Rozo (dirigente del sindicato UNEB) el 5 de marzo, en Bogotá; y Carlos Burbano (directivo del sindicato ANTHOC) cuyo cadáver apareció el 11 de marzo, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

La Oficina solicita a las autoridades del Estado garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base. También urge a la Fiscalía a adelantar una decidida investigación de los hechos arriba citados.

La Oficina saluda y respalda el sentido plenamente ciudadano y democrático del trabajo de los defensores de derechos humanos y reitera la enorme significación que adquiere, en las actuales circunstancias, el que los más altos representantes del Estado expresen públicamente su respaldo a todas las personas y organizaciones que reivindican legítimamente sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

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SE RESPONSABILIZA A JOSE OBDULIO GAVIRIA, ASESOR PRESIDENCIAL

En el marco de la política de "Seguridad democrática" del actual
gobierno se ha recrudecido el clima de militarización y se han agravado los
ataques contra la población civil y las organizaciones sociales y de
derechos humanos. Contrario a lo presentado en informes gubernamentales,
esta política no ha conducido a que la situación de derechos humanos
mejore y, por el contrario, han aumentado las ejecuciones
extrajudiciales cometidas directamente por la fuerza pública, las detenciones
arbitrarias, los montajes judiciales, y se ha modificado el panorama de la
violencia sociopolítica debido al cambio en las formas de actuar de los
agresores.

Es falso que el paramilitarismo se haya desmovilizado. Los informes
de diversas instancias como la OEA dan cuenta de que en todo el país
continúan actuando "bandas armadas", que bajo diversos nombres (Águilas
Negras, Organización Nueva Generación, etc.) siguen atacando a las
organizaciones sociales. Esto prueba el proceso adelantado entre el gobierno
y los grupos paramilitares no ha conducido a desmantelar el
paramilitarismo.

Las agresiones contra las organizaciones y sus líderes se agudizan
precisamente en los momentos en que la denuncia y la lucha social son
más visibles, y cuando la situación y los derechos de las víctimas se
están abriendo lugar en el debate nacional e internacional. Desde el
momento en que se hizo pública la propuesta de la jornada (el 5 de febrero),
la estigmatización y los señalamientos, provenientes fundamentalmente
del alto Gobierno y de otros sectores de extrema derecha, han generado
un clima de polarización cuyas consecuencias no se han hecho esperar.

En el marco de la convocatoria de la jornada de "Homenaje a las
víctimas, los desplazados, los asesinados, los desaparecidos. Memoria y
dignidad" del 6 de marzo, que además instalaba el IV Encuentro del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron más de 24
movilizaciones en el país y 70 en el ámbito internacional. Sin duda la
respuesta de la ciudadanía frente a la jornada superó las expectativas
de las organizaciones convocantes.
A continuación hacemos un recuento de los graves hechos que se han
presentado en las últimas semanas contra personas y organizaciones que
dirigieron o acompañaron la convocatoria y cuyo trabajo se enmarca en la
defensa de los derechos humanos en Colombia.

HECHOS

Desde el 10 de febrero y por varios medios de comunicación el asesor
presidencial José Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de
ser convocada por las FARC.
En declaraciones similares el
asesor presidencial atacó directamente al defensor de derechos humanos y
miembro del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda.
El 11 de febrero de 2008 en el
editorial de la página Web de "Colombia Libre", sitio oficial del grupo
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se publicó se señaló
que la movilización del 6 de marzo era una marcha "entre la revancha y el
oportunismo", organizada por simpatizantes de las FARC.

El 12 de febrero se difundieron por
correo electrónico panfletos amenazantes contra los organizadores de
la marcha. Las amenazas estabas firmadas por el grupo paramilitar "ONG
Nueva Generación Nariño".

El día 17 de febrero Mauricio
Cubides, integrante de Fensuagro (organización integrante del MOVICE), fue
amenazado de muerte, sufriendo un intento de rapto. Como consecuencia de
las amenazas recibidas, debió desplazarse de la región.

Durante la preparación del Homenaje
Iván Cepeda recibió en su correo electrónico varias amenazas en las
que se le acusaba de ser "aliado de la guerrilla de las FARC".

El 29 de febrero dispararon contra
el apartamento de Luz Adriana González, secretaria general del Comité
Permanente por la Defensa de Derechos Humanos -CPDH- de Risaralda. Esta
organización hace parte del MOVICE y Luz Adriana era promotora del
Homenaje. Esta misma semana se difundieron cartas amenazantes contra
Guillermo Castaño, presidente del CPDH, dirigente de la Federación Nacional
Agropecuaria y de la Corporación Campesina del Desarrollo Sustentable.

El 4 de marzo fue desaparecido y
posteriormente encontrado asesinado en su apartamento, Leonidas Gómez,
trabajador del Banco Citibank, integrante del Comité nacional de empresa
de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), del Equipo nacional
de educación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro de
la dirección distrital del partido político Polo Democrático
Alternativo.

El 6 de marzo, día del Homenaje,
Antonio Pedrozo, integrante de la organización Tejiendo Esperanza y
Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados, recibió amenazas de
muerte, mediante un sobre anónimo que contenía un sufragio con la leyenda
"líder de la FARC muerte ya" que en su cubierta decía "acción social para
Libardo Pedrozo".
Durante el Homenaje a las víctimas
se presentaron graves incidentes en varias ciudades. En Cúcuta hubo
hostigamientos y personas de civil, ajenas a la marcha, tomaron fotos e
hicieron videos. En Bogotá fue identificado un joven que seguía y
hostigaba a Iván Cepeda durante el recorrido por la carrera séptima.

El 7 de marzo, el Presidente de la
UNEB, Seccional Bucaramanga, Rafael Boada, fue víctima de un atentado
del que afortunadamente salió ileso. Rafael había recibido varias
amenazas de muerte.

En horas de la noche del 7 de
marzo, fue asesinado Gildardo Antonio Gómez Alzate, educador y delegado de
la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y miembro del Centro
de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID).

Ese mismo día fueron hurtados los
computadores de las oficinas de ASPODEGUA, FENACOA y de la CND, con
archivos que contienen información importante para su trabajo.

El domingo 9 de marzo, fue
asesinado Carlos Burbano, integrante de la Subdirectiva de ANTHOC, promotor y
organizador de la jornada de movilización del 6 de marzo.

El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a
varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de
muerte firmada por el grupo paramilitar "Águilas Negras", en la que se
incluye una lista de personas y organizaciones como Minga, Fundip,
Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión
Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente
de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Trabajo; Reiniciar,
organización que ha presentado una demanda internacional contra el Estado
colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica y que ha recibido
amenazas y ataques reiterados; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité
de Impulso del MOVICE; y otros organizadores y participantes en la
marcha.

Estos hechos solo evidencian que el paramilitarismo en Colombia
continúa vigente, y que el proceso de desmovilización adelantado por el
gobierno nacional solamente ha dado lugar a una reestructuración de sus
estructuras; su presencia, en lugar de desaparecer, es cada vez más
evidente en todo el país, particularmente en los lugares donde hay una
fuerte organización social. Estas amenazas demuestran la falta de una
verdadera voluntad de buscar la paz.
Es especialmente preocupante que desde el alto Gobierno se haya
adelantado una campaña de señalamiento contra las organizaciones y los
líderes de la convocatoria a la Jornada del 6 de marzo, ataque que se suman
a la ya larga lista de ocasiones en las que se ha pretendido
deslegitimar la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Es claro que el Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Álvaro
Uribe Vélez, que promovió con todos los medios a su alcance la
movilización del 4 de febrero, no hizo lo correspondiente con la Jornada del 6
de marzo y, por el contrario, intentó poner un manto de duda sobre las
víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo en Colombia, de
exigir sus derechos.

Responsabilizamos por los hechos ocurridos, así como por la
seguridad de las organizaciones amenazadas, en primer lugar, al asesor
presidencial José Obdulio Gaviria, por sus señalamientos temerarios e
irresponsables. Exigimos que el alto Gobierno rectifique las informaciones
difundidas sobre la jornada del 6 de marzo y sus convocantes, y se reconozca
el derecho de la sociedad a la manifestación pública y pacífica y a
ejercer la oposición política.

Convocamos la solidaridad nacional e internacional para que se
investiguen los orígenes de las amenazas y se determinen los responsables de
los asesinatos y atentados que han sufrido los líderes sociales.

De igual manera, exigimos al Gobierno colombiano resultados
inmediatos en el desmonte real del paramilitarismo, así como la depuración por
parte del Estado de las listas elaboradas por organismos de
inteligencia militar, las cuales han contribuido a la estigmatización y la
eliminación sistemática de quienes integran el movimiento social y de derechos
humanos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Reiniciar, Minga,
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos, Comité Permanente de Defensa de los Derechos
Humanos, ANDAS, ONIC, Cut Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Departamento
de Derechos Humanos CUT, Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB,
ADMUCIC, Ruta Pacifica de Mujeres, Hijos e Hijas Por la memoria y Contra
la impunidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR-,
Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- otras.

Ultima hora:

LA PÁGINA WEB DEL COLECTIVO DE ABOGADOS "JOSE ALVEAR RESTREPO" ESTA
FUERA DE SERVICIO DESDE EL PASADO 13 DE MARZO CUANDO SU CONTENIDO,
ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DEL PORTAL FUERON BORRADOS, POR PERSONAS AJENAS
A LA ORGANIZACIÓN, QUIENES SIN AUTORIZACIÓN ALGUNA, INGRESARON EN EL
SERVIDOR DONDE SE ENCONTRABA ALOJADA LA PÁGINA

ESTOS HECHOS SE SUMAN A LAS RECIENTES AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y
ASESINATOS, DE QUE HAN SIDO VÍCTIMAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS, SINDICALES, ENTRE OTRAS, ANTES, DURANTE Y LUEGO DE
LA MOVILIZACIÓN DESARROLLADA EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
PARAMILITARISMO Y LOS CRÍMENES DE ESTADO, EL PASADO 6 DE MARZO.

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Aumenta desplazamiento en Intuango, Antioquia.

Fuertes combates entre la Brigada Móvil 11 del Ejército y el frente 18 de las Farc en la vereda San Agustín de Leones , zona rural del municipio de Ituango , Antioquia, generaron esta madrugada un nuevo desplazamiento de 140 personas hacia el casco urbano de ese municipio. A Ituango habían arribado en los últimos días otros 110 desplazados por las mismas causas, completando ya 250 personas según cifras del Comité Departamental de Desplazados Forzados que en las últimas horas envió a los albergues, alimentos e insumos para siete días mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja , CICR, puede ingresar a la zona el próximo viernes 21 de marzo. Según información de la Defenoría Regional del Pueblo, la situación de este municipio y su zona rural y el peligro que corrían sus habitantes estaba advertida en un informe de Riesgo de 2006 y las advertencias se reiteraron por última vez con una nota de seguimiento en febrero de 2008. Algunos de los desplazados que han llegado a Ituango comentan que "las Farc vienen advirtiendo desde hace unos dos a?os que de cualquier sitio donde el Ejército permanezca más de 48 horas todos los campesinos se tienen que ir o no responden por sus vidas".

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Editorial de CODHES

El fin del fin justifica los medios?

El gobierno se empeña en la opción militar para derrotar a las Farc y la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano tiende a consolidar esta alternativa y a cerrar las vías del diálogo y la negociación política.

El gobierno se empeña en la opción militar para derrotar a las Farc y la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano tiende a consolidar esta alternativa y a cerrar las vías del diálogo y la negociación política.

La estrategia oficial es usar inteligencia con asesoría de Israel, ataques aéreos con tecnología de Estados Unidos, dinero y beneficios para presionar deserciones de guerrilleros y ofensiva mediática para anunciar el “fin del fin”.

El gobierno prioriza el fin y relativiza los medios para lograrlo. En su afán por capturar o dar de baja a los guerrilleros el gobierno usa métodos cuestionables que van desde la captura en forma irregular de rebeldes en países vecinos, hasta operaciones aéreas y en tierra que violan la soberanía, como acaba de ocurrir con Ecuador, pasando por el uso de bombas clúster o “bombas racimo”, que constituyen un peligro para los civiles en un conflicto bélico debido a su imprecisión y a su amplia dispersión.

Los resultados en bajas, capturas y deserciones le dan la razón al gobierno y crean una sensación colectiva de victoria inminente. No obstante, hay por lo menos cinco factores que podrían ser considerados en el momento de un análisis menos apasionado y más realista del rol que juegan las Farc en la evolución del conflicto armado en Colombia. Estas observaciones son el resultado del trabajo en terreno de CODHES y del seguimiento y análisis del conflicto armado como causa de desplazamiento forzado en el país.

Reclutamiento masivo

El primer factor tiene que ver con el reclutamiento masivo de guerrilleros de las Farc en todo el país, que indica una capacidad de reordenar sus estructuras, aunque con muchas debilidades en el proceso de formación política y en la formación de mandos responsables.

El reclutamiento de las Farc no es selectivo sino masivo, en un esfuerzo por suplir las bajas y las deserciones en sus filas. “Actúan como un ejército de ocupación” según señaló un sacerdote que intentó frenar el reclutamiento de jóvenes en el sur del país. El reclutamiento o el miedo de los padres a que se lleven a sus hijos para la guerra, está presionado el desplazamiento forzado en los últimos dos años, según lo advirtió CODHES en su último informe.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las Farc pasaron de 20 mil a 13 mil efectivos entre 2002 y 2007, lo que significa bajas por muerte, captura o deserción de más de 7 mil combatientes. Según la revista Cambio, las Farc pasaron de 16.900 efectivos en la época del Caguán a 8.900 en la actualidad. Descontando los falsos positivos, es evidente que la ofensiva del gobierno ha dejado numerosas bajas en la guerrilla. Lo que emerge como un hecho significativo para la “sostenibilidad” del conflicto armado es el reclutamiento masivo, que incluye, además de las Farc, a los paramilitares y, por supuesto, a la Fuerza Pública , que en 2002 tenía 220 mil efectivos y en 2008 ya acerca a 500 mil (la meta es de 560 mil en 2010).

Es muy probable que en los últimos tres años las Farc haya logrado restituir por la vía del reclutamiento las bajas que le han provocado las Fuerzas Militares, lo que no necesariamente implica una dinámica de crecimiento, pero sí una cierta sostenibilidad.

Expansión territorial

El segundo factor está asociado a la capacidad de expansión de la guerrilla de las Farc. Desde sus orígenes esta guerrilla ha transitado una experiencia exitosa de reacomodamiento dentro del territorio nacional.

Las primeras columnas de las Farc se asentaron en Marquetalia, El Pato, Rio Chiquito y Guayabero, entre los departamentos del Huila, Cauca y Tolima. La ofensiva militar de 1964-1965 provocó un repliegue hacia la zona de La Uribe , en el departamento del Meta, epicentro de otra gran ofensiva del Ejército en 1991, que provocó un repliegue más estratégico hacia la zona del Cagúan en el departamento del Caquetá.

Es de suponer que, desde antes de la ruptura de los diálogos con el gobierno del presidente Pastrana (enero de 2002), las Farc crearon las condiciones para un repliegue hacia los departamentos del Vaupés y Vichada, hoy incorporados plenamente al mapa de la guerra en Colombia.

El repliegue no es total. En las zonas tradicionales se mantiene la presencia de la guerrilla, lo que asegura una expansión efectiva de sus efectivos en el territorio nacional (Nariño y Putumayo, Guaviare, Norte de Santander y Arauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Huila y Caquetá, Serranía de Abibe, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta y Sierra del Perijá, Eje Cafetero, Urabá y Nordeste de Antioquia, entre otras regiones).

Los golpes más contundentes de la Fuerza Pública contra las Farc, en términos de desarticulación de sus estructuras y capacidad de combate, se han concentrado en Cundinamarca, la zonas de los Montes de María, en los límites de Guaviare y Vaupés y, ahora, en el fronterizo departamento de Putumayo. Vale anotar que, después de los departamentos de Vaupés y Vichada, el conflicto armado tiende a copar los extensos territorios de Guainía y Amazonas.

Historia y mística

El tercer factor tiene que ver con la cohesión, la mística y la voluntad de lucha de la guerrilla, cuyos símbolos y liderazgos se mantienen y deben ser considerados en el momento de analizar su situación.

El comunicado de las Farc que confirma la muerte de Raúl Reyes califica este hecho como un “homenaje a todas y todas los camaradas caídos en combate”. El líder máximo de las Farc, Manuel Marulanda Vélez (cuya efigie aparece en la camiseta que vestía Reyes cuando cayó abatido), sigue siendo el referente emblemático de una guerrilla que, tradicionalmente acude a su historia de más de cuatro décadas para reafirmar su decisión y capacidad de seguir adelante.


La insistencia en el canje humanitario de secuestrados por prisioneros de las Farc en poder del Estado colombiano e incluso extraditados a Estados Unidos como Simón y Sonia, reafirman un concepto “fariano” de la solidaridad. Esta mística y cohesión se mantiene, a pesar de la propaganda del gobierno orientada a desmoralizar y deslegitimar al enemigo mediante mensajes degradantes (“farándula de terrorismo sanguinario”) y el uso recurrente de adjetivos orientados a ofender al contrario (“bandidos”, “narco terroristas”, “cobardes”).

Financiación de la guerra

El cuarto factor es el de la capacidad de recursos para mantener la acción armada. El narcotráfico se convirtió en la principal fuente de recursos para las Farc por el cobro del “impuesto de gramaje” en las zonas cocaleras que, al parecer, se amplió a quienes se dedican a importar insumos y a procesar y exportar la droga.

Esta lógica de asociación con el negocio ilícito de las drogas y las urgencias de la guerra, habrían llevado a algunos frentes a participar directamente en el negocio y a múltiples formas de corrupción propias de las economías ilícitas.

Las fumigaciones de cultivos de coca no han reducido la siembra y, por el contrario, ha generado una diseminación de plantaciones en pequeña escala en diversas regiones del país, que, a su vez, ha fragmentado los carteles encargados de la exportación ilegal de cocaína. Es decir, cinco años después del Plan Colombia el resultado es que este país sigue siendo el primer productor y exportador de cocaína y que este negocio, además de la corrupción en gran escala en todos los países involucrados, asegura la prolongación del conflicto armado, lo que no deja de ser una gran paradoja.

Los extremos se juntan

El quinto factor es el mismo gobierno del presidente Uribe, cuyas acciones alimentan y retroalimentan a las Farc. Es evidente el odio de Uribe contra las Farc lo que determina el comportamiento oficial y se hace evidente en la aplicación de la política de seguridad democrática.

El presidente Uribe ganó las elecciones con un discurso de mano dura y no despeje, con el cual ha sido coherente. La idea de aniquilar al enemigo y la obsesión por la derrota militar están presentes de manera continua en el discurso presidencial y tiene correspondencia en unas Farc que intentan re-legitimar su lucha argumentando la arbitrariedad oficial (detenciones masivas y arbitrarias, falsos positivos, torturas, desplazamientos y desapariciones forzadas) o las denuncias de vínculos del primer mandatario con el paramilitarismo o los artífices de la parapolítica.

Ese ambiente de polarización se manifiesta en los inamovibles de las partes frente al acuerdo humanitario (en especial frente al despeje militar de Florida y Pradera) y aleja las posibilidades de diálogo y negociación.

La inutilidad de la guerra

Las Farc están duramente golpeadas pero no derrotadas. Tienen capacidad de resistencia y acción, pero no están en condiciones de tomarse el poder. Su tiempo, que antes era su principal recurso, se está acabando. El espacio político se agota. Los rehenes civiles y militares son ahora un problema frente a la sociedad colombiana y el mundo que reclaman el fin del secuestro y la libertad de todos los cautivos. Pueden expandir la guerra y reordenar sus frentes, pero la lucha armada no tiene futuro en el país.

Por su parte, el gobierno insiste en una política de guerra y tierra arrasada que afecta a la población civil y deteriora las relaciones con los países vecinos. No se supera la crisis humanitaria y de derechos humanos y se desborda el presupuesto en gastos de seguridad y defensa que ya superar el 6% del PIB. Colombia juega en la órbita de la política exterior de Estados Unidos, cuyo gobierno republicano está próximo a culminar en medio del desprestigio por sus aventuras bélicas.

Queda claro que la costosa guerra del Estado contra la insurgencia no ha servido para superar el conflicto armado y que las armas que por tanto años empuñaron los guerrilleros no sirvieron para resolver sus causas.

En estas circunstancias, se impone el realismo de la solución política y negociada. El comunicado de las Farc sobre la muerte de Raúl Reyes en el que reafirma su decisión de persistir en el acuerdo humanitario y en la paz, es un buen augurio. Sin embargo, el gobierno está entusiasmado con los resultados parciales de la guerra, pero debería pensar más en el futuro y menos en la euforia militarista del presente.

La crisis que enfrenta Colombia con Venezuela y Ecuador, como consecuencia de la operación militar en territorio ecuatoriano para dar de baja a Raúl Reyes y demás guerrilleros, plantea un nuevo escenario y demanda una nueva lectura de esta cambiante coyuntura



Editorial de CODHES
Bogotá, 3 de marzo de 2008

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Refugiados colombianos en Ecuador, víctimas invisibles

Los colombianos refugiados en el Ecuador son muchos más de los 250.000 que se conocen oficialmente, aseguró Guillermo Rovayo del Servicio Jesuita para los refugiados de ese país.
El director del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes de Ecuador, Guillermo Robayo, fue uno de los ponentes más carismáticos en el segundo día del IV Seminario Internacional. Su exposición se centró en el estado de la población colombiana, refugiada en el territorio ecuatoriano, víctima de la violencia. Robayo, desde el comienzo de su discurso, pidió porque no se olviden de aquellos colombianos que también tienen vulnerados sus derechos pero que sufren aún más al estar lejos de su tierra natal. Según datos de la ACNUR, hay más de 250.000 colombianos con carácter de refugiados en el Ecuador, pero la cifra puede aumentar desmedidamente al tener en cuenta que hay centenares que nunca se registran por temor a ser deportados. ?La frontera colombo ecuatoriana cuenta con tres entradas regulares, pero hay más de doscientas en las que los desplazados simplemente cruzan el río? se?aló el ponente. Ecuador es el país que más refugiados recibe de Colombia. Allí, los desplazados del área rural y urbana sufren ?políticas restrictivas y prácticas discriminatorias a todos los niveles en los estamentos públicos?. Además, restricciones y trabas burocráticas en el acceso a los servicios públicos. Según Robayo, el fenómeno ya no es sólo fronterizo sino nacional, e incluso interregional. El ponente concluyó afirmando que ?el refugio exige ser analizado en el contexto global del país, y no como una fragmentación del mismo (?) Ésta no es sino la reiteración a la necesidad de no fragmentar los ?planes? sino traspasarlos a una realidad global?.

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La Defensoría del Pueblo confirma que son 425 los desplazados en Toribío

Foto EL TIEMPO.

Un funcionario de la Defensoría del Pueblo regional Cauca que pudo llegar hasta la escuela de la vereda La María en zona Rural del Toribío Cacua, confirmó que son 425 personas y no 600 como se pensaba en principio, las personas que han podido llegar hasta allí desde las veredas El Decio y La María, donde desde hace dos semanas se libran fuertes combates entre el Ejercito y el frente 6 de las Farc. El defensor también pudo confirmar luego de recoger testimonios de la gente, que además de las dos casas destruidas por el artefacto explosivo lanzado por las Farc al Ejército, que cayo accidentalmente sobre los techos el pasado domingo, otras 10 viviendas fueron totalmente destruidas y 100 seriamente averiadas en una segunda explosión ocurrida minutos después, cuando soldados prendieron fuego a una casa que servía a las Farc como caleta para esconder marihuana sin darse cuenta de que allí también camuflaban armamento y explosivos. Esa segunda explosión generó un enorme cráter en la carretera que comunica la vereda con el casco urbano de Toribío. En este momento una comisión conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, la Personería Municipal y Acción Social se dirige hacia el lugar, a dos días de camino, para llevar atención humanitaria de emergencia calculada para 30 días mientras las autoridades definen como solucionar la situación de desplazamiento de estas familias y si pueden regresar a sus tierras.

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!!!NO MÁS ACTORES ARMADOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS RECLAMAN!!!

[ CRIC] Miércoles 12 de Marzo de 2008

El Indígena Reinel Remigio Oca de 29 años murió por efecto de una explosión y los comuneros, Victoriano Tumbo de 25 años y Aurelio Pete Cuetetuco de 26 años, resultaron heridos al activar de manera accidental una granada en su parcela de trabajo el sábado 8 de febrero de 2008.
Según las Autoridades Tradicionales Indígenas y la Asociación de Cabildos Nasa Chxa Chxa esta situación es continuidad de los hechos sucedidos desde el año 2006, cuando las Comunidades Indígenas del Resguardo de San José, Mosoco y Vitoncó denunciaron enfrentamientos entre el Ejercito Nacional y las FARC EP.

Denuncian, además, que por efecto de los bombardeos indiscriminados, el fuego cruzado y el accionar de los combatientes durante todo el año ha habido desplazamiento, pérdida de vidas humanas, muerte de animales, hurtos, saqueo de viviendas y destrucción de bienes en general.

La comunidad guarda en su memoria la muerte del estudiante y guardia indígena, Omar Henry Silva, muerto en el año 2006, por un proyectil disparado por el ejército nacional en enfrentamientos con las FARC; así como la situación sufrida por los comuneros Leonel Finscue, Andrés Atillo y Félix Cucha que fueron heridos igual que en el suceso actual: una explosión que aún no identifica si eran minas antipersonales o explosivos abandonados, lo único cierto es que los efectos son
los mismos, la desolación y la muerte.

Nuevamente, el martes 12 de Febrero del 2008, en las horas de la mañana, se
presentaron enfrentamientos en el Alto San Miguel, pueblo de Caloto, y las
veredas de Huila y Llano Buco, generándose desplazamiento masivo, por lo cual
cerca de 700 personas se han instalado temporalmente en la Mesa de Caloto y en
el sitio Thafiw, vereda el Naranjal, en el Resguardo Indígena de Tálaga.

La situación ocurrida el sábado 8 de marzo, donde murió el comunero Reinel Remigio Oca y resultaron heridos, Victoriano Tumbo y Aureliano Cuetetuco, se presenta cuando una herramienta de trabajo chocó con un artefacto explosivo, al
parecer olvidado o abandonado después de los enfrentamientos del mes de febrero del presente año en la Vereda Caloto del resguardo indígena de Huila,
Tierradentro.

Dicho suceso fue denunciado por las autoridades indígenas de la zona, sin que sus requerimientos fueran atendidos con diligencia.

El comunero muerto era Presidente de la Junta de Acción Comunal, y deja 4
huérfanos menores de edad y una esposa en estado de embarazo. Su padre,
Jesús Remigio, es Capitán mayor del Resguardo indígena de Huila.
A su sepelio, realizado el día 11 de marzo, asistieron más de 300 personas de la
zona, entre ellas autoridades indígenas de los resguardos indígenas de Tálaga,
Toéz, Mosoco y de la Consejería Mayor CRIC, en cabeza de Aida Quilcue; contó
también con la presencia de la alcaldía de Páez.

Allá, comunidades y autoridades tradicionales indígenas de Tierradentro rechazaron este lamentable acontecimiento y exigieron de las instituciones del Estado mayor atención a su responsabilidad constitucional pues no se observa garantía de la vida ni a la integridad física de las personas, por el contrario es notorio un gran desconocimiento frente a la autonomía territorial y a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, que se violan cotidianamente por todos los actores armados del conflicto colombiano.

Ante esta grave situación de riesgo, que se suma a la amenaza constante de una
erupción volcánica del Nevado del Huila, tanto autoridades tradicionales como voceros de la comunidad rechazamos y condenamos la utilización de la población
indígena como escudos humanos y de sus centros poblados como campos de
batalla, por lo cual reclamamos:

1. La urgente necesidad que todos los grupos armados abandonen los territorios indígenas y cesen los enfrentamientos armados, principalmente cuando pongan en riesgo la integridad, los bienes y la vida de la población civil.

2. La adopción de políticas institucionales claras en defensa y protección del derecho internacional humanitario y los derechos colectivos de nuestros pueblos.

3. Apoyo efectivo y oportuno de las entidades competentes, en especial para brindar apoyo y protección para los cuatro (4) huérfanos del comunero Reinel Remigio; la atención adecuada y oportuna para los heridos, así como la garantía de acciones humanitarias para la población desplazada por causa del conflicto armado.

CONSEJERIA MAYOR CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA ­CRIC Popayán, 12 de marzo de

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