Hermano del Ministro de interior esta vinculado junto con el Comandante de la policia al narcotraficante "Don Mario"

SEMANA
Investigan a hermano de Mininterior y a comandante de policía por presuntos vínculos con “Don Mario”
La propia Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia determinar si Guillermo León Valencia Cossio, director de Fiscalías de Medellín, está involucrado con una organización de narcotráfico que opera en el Urabá. También el director regional de policía está bajo investigación preliminar.
Fecha: 08/06/2008 -
Gran revuelo en Medellín ha generado la noticia sobre el llamado que le hizo la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al Director Seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio y al que hasta hace un mes y medio fuera el Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general Marco Antonio Pedreros, por presuntamente haber favorecido a la banda liderada por Daniel Rendón, alias “Don Mario”, hermano del ex jefe paramilitar conocido con el alias de “El Alemán”. Pedreros es hoy comandante de la regional 6 de policía que tiene a su cargo tres departamentos.

Veinticuatro horas antes de conocerse esta noticia, miembros del CTI con apoyo de la Armada Nacional capturaron a tres presuntos miembros de esta misma banda: Jhon Freddy Manco Torres, alias ‘El Indio’ o ‘Alberto’, Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’ o ‘Mentira’, y Juan Felipe Sierra Fernández, hijo de Ricardo Sierra Caro, director de la Caja de Compensación Comfenalco, sede Antioquia, accionista de la empresa de seguridad Control Total, ubicada en Envigado y amigo cercano de Valencia Cossio.

El Director Seccional de Fiscalías de Medellín, quien fue diputado de Antioquia en 2000, ha dicho ante los medios de comunicación que tras enterarse por un periódico regional de que su nombre había sido relacionado con paramilitares y narcos, escribió una carta al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, en la que le decía que se ponía a su disposición para cualquier eventual investigación penal.

* ¿Qué pasa en Medellín?

Hace tan sólo una semana, en la edición 1369 (ver artículo qué pasa en Medellín), tras el crimen de un fiscal y una capitán del Ejército en un barrio de la capital antioqueña, la revista Semana alertó sobre la infiltración de la mafia en los organismos de seguridad de esta ciudad. Esa misma semana, el Alcalde de la ciudad, Alonso Salazar, había expresado su inconformidad con la Dirección Seccional de Fiscalías por el lento proceder en los casos que tienen que ver con narcoparamilitares.

En una posición visiblemente incómoda por tratarse de un hermano, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, en un comunicado emitido en la tarde del martes, dijo que “le he manifestado al señor Presidente de la República y al señor Fiscal General de la Nación que me mantendré totalmente al margen de dicho proceso (...) espero que mi hermano de las explicaciones satisfactorias que permitan dejar incólume su conducta”.

Caso Pedreros

El general Marco Antonio Pedreros se desempeñó hasta el 19 de junio como Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, y luego, paradójicamente el mismo Presidente de la República le había encomendado la misión de acabar con la banda de “don Mario” en Córdoba, Chocó y Antioquia. Incluso, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, lo iba a trasladar de Medellín a la dirección operativa en Bogotá pero debido al incremento de los homicidios en la capital antioqueña y a las versiones de que “don Mario” y sus hombres estaban apoderándose de los negocios ilícitos en esos tres departamentos, decidieron nombrarlo comandante de la regional 6 de la Policía.

Ahora, paradójicamente, la Fiscalía lo investiga por posibles vínculos con la banda que tiene como misión perseguir.

Según reportes de varias organizaciones sociales, el grupo de Don Mario controla buena parte del flujo de narcóticos, armas y precursores que salen y entran al país por el Golfo de Urabá y por el Atrato chocoano. En los últimos meses, hay informes confiables que aseguran que guerrilleros del Bloque Caribe de las Farc está aliado con Don Mario en el negocio.

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¿Quien es Alvaro Uribe?

Caracas, 04 Mar. ABN.- Álvaro Uribe nació en 1952 en Medellín, en una familia de la granburguesía antioqueña, vinculada también a la gran propiedad terrateniente y al negocio del narcotráfico. El libro Los Jinetes de Cocaína, de Fabio Castillo, relata que el padre del presidente de Colombia, Alberto Uribe Sierra, era un conocido narcotraficante, que fue arrestado una vez para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces Secretario de Gobierno de la ciudad de Medellín, logró ponerlo en libertad. Uribe Sierra fue muerto por la guerrilla por sus actividades contrainsurgentes.

La carrera política del que ahora es presidente de Colombia empezó a temprana edad. Antes, incluso, de terminar su carrera universitaria, coincidió con la etapa del auge y cúspide del cartel de Medellín. En 1976 fue Jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín. Secretario General del Ministerio del Trabajo entre 1977 y 1978, y entre 1980 y 1982 fue director de la Aeronáutica Civil. Fue alcalde de Medellín de 1982 a 1983 y concejal de la ciudad del 84 al 86; senador entre 1988 y 1993 y gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.

El periodista de El Espectador Fernando Garavito señaló que durante el tiempo que Uribe fue director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia (1980-1982) numerosas licencias de piloto fueron dadas al Cartel de Medellín -permitiendo a sus pilotos volar con grandes cantidades de cocaína fuera de Colombia y hacia o dentro de Estados Unidos. Uribe fue supuestamente retirado del cargo por esta irregularidad.

En su libro Los Jinetes de la Cocaína, Fabio Castillo lo planteó sin mayor énfasis. “Uribe le otorgo licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil... siendo Rodrigo Lara ministro de Justicia ordenó paralizar treinta aeronaves a los Ochoa, diez a Pablo Escobar, diez a Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro a Carlos Lehder Rivas y sin embargo dijo que sólo había inmovilizado una pequeña parte de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín”. Y pare de contar.

Marhyon E. señala en un artículo de 2004 que Uribe, al ejercer de alcalde de Medellín en 1982, cargo que tuvo que abandonar sin cumplir los cinco meses, del período de 2 años, por presión del presidente Belisario Betancur Cuartas, al enterarse de una reunión clandestina de éste con los capos de la mafia Pablo Escobar Gaviria, los Ochoa Vázques, Carlos Ledher Rivas y Gonzalo Rodriguez Gacha, presidió personalmente la ceremonia de corta del listón en la inauguración del barrio Medellin sin Tugurios, construido en el oriente de esta ciudad por el extinto capo de las drogas Pablo Escobar Gaviria.

Un documento firmado por el jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Donnie R. Marshall, el 3 de agosto de 2001, indica que varios aviones fueron capturados con cargamentos de insumos para la producción de coca. Las naves se dirigían a Medellín a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos.

Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares.

El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo con el reporte de 2001 del jefe de la DEA, es Pedro Juan Moreno Villa, quien fue jefe de campaña y, por mucho tiempo, mano derecha del actual presidente de Colombia.

Ediciones MacMillan publicó en 1999 un libro sobre el narco colombiano Pablo Escobar, titulado Whitewash. Simon Strong, autor de este libro, tuvo la oportunidad de entrevistarse con Álvaro Uribe y describe dicha entrevista de la siguiente manera:

“ (...) Me encontré una vez con Uribe Vélez en el sótano-comedor de un hotel de Bogotá en marzo de 1994 para discutir sobre política y trafico de drogas.

En ese entonces era senador. Uno de los congresistas que acababa de ser elegido bajo su tutela política era Willian Vélez, quien había sido uno de los primeros políticos aliados de Escobar en Envigado (...). Cuando mencioné la conexión con Vélez, el encanto juvenil y a veces superior de este señor se evaporó junto con la sonrisa. (...), agrega.

Continúa señalando: Después de que aparentemente se había calmado un poco le pregunté sobre su jefatura en la Aeronáutica Civil. Eso fue todo. El hombre pequeño saltó con furia (...) corrió hacia las escaleras a través del lobby y no se detuvo hasta escapar en los brazos de sus guardaespaldas que habían parqueado afuera de la terraza. Luego, pensando mejor acerca de abandonar una entrevista grabada de esa manera y rodeado por sus guardaespaldas con el fin de apoyarlo e intimidarme, insistió en que continuáramos. “Yo soy honesto”, repetía sin cesar.

Pero el caso más reluciente del carácter de Álvaro Uribe lo encontramos gracias al periodista Joseph Contreras.

En marzo de 2002, la revista Newsweek publicó una polémica entrevista que Contreras realizó al otrora candidato a la presidencia de Colombia, Álvaro Uribe, centrándola en la discusión de su proyecto paramilitar. A continuación transcribimos de forma textual dicha entrevista:

Contreras (C): Algunos colombianos ven en Ud. al candidato favorito de los grupos paramilitares.

Uribe (U): Nunca me he reunido con ningún miembro ni de las fuerzas paramilitares ni de la guerrilla. (El Jefe paramilitar) Carlos Castaño ha dicho claramente que no me conoce. Una vez, hace muchos años, me reuní con (el jefe militar de las AUC) Salvatore Mancuso, cuando era un ganadero, pero no he vuelto a hablar con él desde que se unió a los paramilitares.

C: Pero hace muchos años, cuando Ud...

U: No voy a responderle a eso. Si tengo vínculos con los grupos paramilitares, ponga una demanda ante las autoridades que corresponda.

C: En 1997 y 1998, agentes de la Administración de Combate contra las Drogas de Estados Unidos (DEA) decomisaron 50 toneladas de un precursor químico usado en el procesamiento de cocaína. Ese químico fue supuestamente adquirido por una compañía propiedad de Pedro Juan Moreno, quien trabajó con usted cuando era gobernador de Antioquía.

U: Me dí cuenta de eso sólo después de que mi periodo como gobernador había terminado. Si los cargos son ciertos, él debería ir a la cárcel. Si carecen de sustento, la DEA deberá rectificar el error. Yo creo que se cometió un error en este caso.

C: De acuerdo a un libro que es bestseller sobre el comercio de droga, titulado Los jinetes de la cocaína, usted se pronunció a favor de un programa de viviendas de bajo costo en Medellín, que fue financiado por el señor de la droga Pablo Escobar cuando era usted alcalde de esas ciudad en 1982...

U: Yo pedí a la oficina del Fiscal General investigar ese asunto, y fui completamente liberado de esos cargos. Ese programa de vivienda estaba muy encaminado cuando fui electo alcalde y no tuve nada que ver con él.

C: Fuentes bien informadas dicen que un número récord de licencias de pilotos y permisos de construcción de instalaciones aéreas fueron emitidos por la oficina de aviación civil cuando usted encabezaba la agencia en los ochenta, un periodo en el que el narcotráfico estaba creciendo...

U: No hablemos más. Veo que usted ha venido aquí a ensuciar mi carrera política.

C: Su delegado en la oficina de aviación civil era un hombre llamado César Villegas, más tarde sentenciado a cinco años de prisión por sus nexos con el Cartel de Cali y asesinado a principios de este mes...

U: Me rehúso a aceptar que los corresponsales extranjeros me hagan este tipo de preguntas y repitan calumnias hechas contra mí. Todo lo que digo es esto: como político, he sido honorable y responsable. No tenemos nada más que discutir.

Es importante destacar que los periodistas Joseph Contreras y Fernando Garavito, quienes en su momento entrevistaron a Uribe buscando aclarar sus posibles vínculos con el paramilitarismo, hoy día han huído de Colombia por supuestas amenazas de muerte.

Como Senador, Uribe sacó adelante las siguientes Leyes que han propiciado la más grande concentración financiera de capital en manos de los grupos monopólicos financieros y del capital financiero imperialista:

- Ley 71/88 o la Reforma Pensional: Ha servido para que los grupos monopólicos se apoderen de los Fondos Privados de Pensiones y de Cesantía, que solo en 1995 sumaban $708 mil millones de pesos, recursos dirigidos a la especulación financiera.

Mientras, a los trabajadores se les aumentó la edad y el tiempo para tener derecho a la jubilación.

- Ley 50/90 o de Reforma Laboral: Tuvo el propósito de adecuar la legislación laboral a las necesidades del modelo neoliberal, haciendo de los trabajadores una mercancía mas sujeta a las leyes de un mercado libre de ataduras legales y sindicales.

Uribe Vélez defendía esa ley, como la piedra filosofal que activaría el empleo.

Para ese entonces el desempleo estaba en cerca de 10%; en vez de reducirse, 12 años después llega a 27%.

Con la Ley 50, la gran burguesía despojó a los trabajadores colombianos de sus conquistas laborales, entre ellas la estabilidad laboral; se eliminó el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos, se agudizó la criminalización de la protesta popular, se estableció el incremento del tiempo laborable de los trabajadores, se crean las empresas temporales y el empleo temporal y se crean los llamados Fondos de Pensiones como una forma de arrebatarle las cesantías a los trabajadores y transferirlos a manos de los grupos monopólicos. Hoy, el imperialismo exige profundizar la Reforma Laboral iniciada por Uribe.

- Ley 100/93. Sistema de Seguridad Social: La salud se convirtió en el negocio más rentable y especulativo de los grupos monopólicos que adelantan una guerra publicitaria para apoderarse de todos los afiliados a los Fondos de Pensiones provocando la quiebra del Seguro Social ISS.

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Human Rights Watchn característizada por su enfoque bastante a la derecha también critica la ex tradicion de los paras

SEMANA: El gobierno ha dicho que usted, como director de la Human Rights Watch, lo criticaba porque no extraditaba a los ex paramilitares y ahora lo critica porque los extraditó ¿Se ha contradicho usted?

JOSÉ MIGUEL VIVANCO: Es importante reafirmar cuál ha sido nuestra posición tradicional frente a la extradición. Siempre hemos creído que la amenaza de la extradición es una herramienta eficaz para encausar los procesos penales que lleven a desmantelar a las mafias, lograr la verdad, confiscar bienes y reparar, dentro de los márgenes que permite la Ley de Justicia y Paz.

S: ¿Sólo la extradición como amenaza?

J.M.V: Nosotros no trabajamos para la DEA. No estamos por la extradición a cualquier precio y circunstancia. La extradición es un instrumento que sirve a un fin. Ese fin es crear las condiciones políticas y jurídicas que incentiven a estos criminales, llámense paramilitares o guerrilleros (en la medida que éstos últimos se han vinculado con el narcotráfico) a entender que está en su propio beneficio contar la verdad de lo que hicieron, revelar quiénes fueron sus cómplices, entregar sus bienes ilícitos, etc. Es la extradición para fortalecer al Estado en su capacidad de hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad.

S: Pero los ex jefes paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel y no estaban colaborando demasiado con la justicia…

J.M.V: Estos sujetos gozaban en la cárcel de todo tipo de privilegios, tenían celulares, acceso a internet, etc. Muchos lo denunciamos desde hace tiempo: que estaban haciendo lo que querían desde las cárceles de máxima seguridad y el gobierno no hizo ni un amago de extraditarlos. Yo mismo lo hablé con el ministro Holguín, y él me dijo que entendiera que esto no era un proceso penal, sino un proceso de paz y que por eso les dejaban los equipos y las comunicaciones.

S: El Presidente sí les advirtió varias veces que los extraditaría si no cumplían con el proceso de Justicia y Paz…

J.M.V: Cuando la revista SEMANA sacó a la luz las grabaciones que demuestran cómo delinquían desde la cárcel, el gobierno no hizo nada al respecto. Demostró una elasticidad enorme frente a esto y no les fijó ningún parámetro. Mientras tanto la Ley de Justicia y Paz, con sus debilidades y limitaciones, empezó a caminar. Mancuso empezó a confesar, a colaborar. Por otro lado, también arrancó el proceso de la parapolítica. Pero ahora de un golpe, cuando las víctimas empezaron a descubrir a los responsables, cuando los desmovilizados estaban contando lo que había pasado, cuando el fiscal Iguarán estaba optimista sobre lo que se podía lograr en varios procesos, de un golpe, casi todos son extraditados interrumpiendo abruptamente este proceso. Si de lo que se trataba la extradición era de usarlo como instrumento de presión para enviarles un aviso de que les convenía colaborar, la extradición de Macaco hubiera sido suficiente para advertirles. Quizás haberles dicho: extradito uno por mes si no colaboran de manera más contundente…

S: Eso no era viable desde el punto de vista de la seguridad. Si extraditan uno, los otros tenían mucha capacidad de hacer daño aquí… por eso extraditan al tiempo a los más poderosos.

J.M.V: No voy a especular sobre las razones del Presidente para tomar esa decisión porque no las conozco. Pero lo que sí es claro es que de golpe, con esta medida, se gastó toda la palanca, toda la capacidad de presión que tenía sobre estos criminales para hacerlos hablar. Nunca hay que olvidarse que ellos no se interesaron en la paz, si no hasta que el fiscal general Ashcroft anunció que pedía en extradición a Castaño, Mancuso y a Giraldo. Los paras llegaron a la mesa por la extradición, y la perspectiva de terminar en una cárcel en Estados Unidos ha podido usarse mucho más eficazmente para hacerlos hablar.

S:¿Cree usted que las víctimas podrán hacer valer sus derechos con estos ex paramilitares en Estados Unidos?

J.M.V: Los gobiernos de Uribe y de Bush han anunciado que buscarán la manera de seguir el proceso a distancia; que encontrarán las vías de cooperación judicial necesarias para lograrlo. Magnífico, ese compromiso es muy importante. Conozco las frustraciones de los jueces argentinos y chilenos con las cartas rogatorias para conseguir colaboración de la justicia estadounidense; son procesos lentos y engorrosos. Ojalá los dos gobiernos, en efecto, desarrollen mecanismos expeditos y concretos, para seguir adelante los procesos de Justicia y Paz y de parapolítica.

S:¿Ante la perspectiva de quedar presos por largo años en Estados Unidos, qué sentido tiene para ellos seguir colaborando con la justicia colombiana?

J.M.V: Que se creen los mecanismos de cooperación, no quiere decir que ellos van a querer cooperar con la justicia. En las cortes estadounidenses, el nombre del juego es narcotráfico. Al fiscal de Washington o de Florida no le va a interesar para nada lo que le pueda contar, por ejemplo, Jorge 40 sobre sus cómplices en Valledupar. Por eso es fundamental, para que los anuncios de cooperación judicial entre los países no sean sólo eso, crear incentivos sustanciales legales que permitan persuadir a estos sujetos que tiene algún sentido colaborar en serio en los procesos de Justicia y Paz y de parapolítica.
S: ¿Será esa una tarea más del gobierno de Estados Unidos ahora?

J.M.V: Sí. Valoro mucho el anuncio de que crearán mecanismos especiales y entregarán los bienes que se consigan en Estados Unidos al fondo de reparación de las víctimas en Colombia, y ahora, la carga principal está ahora en manos de Estados Unidos.

S: Estamos escuchando a algunos fiscales de Justicia y Paz decir que ahora pueden llegar a tener mayor colaboración de los mandos medios en el proceso porque ya no están los jefes que los intimidaban y les prohibían colaborar en ciertos temas. ¿Puede ser este un resultado positivo de la extradición y que en lugar de acabar el proceso lo revitalice?

J.M.V: No creo que se acabe la parapolítica, ni se acabe Justicia y Paz, pero la expectativas que teníamos de lo que se iba a conseguir en términos de verdad y resarcimientos a las víctimas se han complicado. Es posible que mandos medios ahora entiendan que es mejor colaborar con Justicia y Paz y lo hagan. Pero así mismo, la extradición de los 14 puede enviar otra señal: otros mandos medios pueden creer que si se ponen a revelar lo que saben con respecto a la parapolítica, terminen extraditados.

S: Muchos en Colombia han sentido alivio de ver a estos tipos que hicieron tanto daño por fin en cárceles de verdad…

J.M.V: No te quepa la menor duda que por primera vez estos criminales, mafiosos, autores de los delitos más atroces están enfrentando ya a una expectativa de procesos penales reales y les tocarán larguísimas condenas. Ahora, es lamentable que los responsables de estas atrocidades no paguen por ellas sino por narcotráfico. Y es lamentable que se les hayan extraditado a todos, en un momento tan poco oportuno con los procesos de Justicia y Paz parapolítica en plena evolución, pues crea una falta de incentivos enormes para que hablen. Ojalá los mandos medios colaboren.

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"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes"

"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.

"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.

El siguiente es el texto del comunicado:

Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.

El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.

La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.

La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

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"movida de Uribe Vélez es habilidosa. Por ahora desvía el debate hacia otro tema, aunque será difícil que se quiete de encima el estigma de la “para"

por Carlos Lozano
Bogotá, mayo 13 (Semanario VOZ). Al cierre de esta edición, en la madrugada de hoy martes 13 de mayo, por decisión del Gobierno Nacional fueron extraditados a Estados Unidos trece de los principales capos del paramilitarismo, acogidos a la ley de justicia y paz, encabezados por Salvatore Mancuso, “Don Berna”, Jorge Giraldo, Jorge 40 y “Cuco Valoy”, entre otros, en una jugada que los analistas no terminan de descifrar.

La extradición fue sorpresiva. Los abogados ni siquiera fueron notificados de la misma y no se les permitió el acceso a la base militar de Catam de donde fueron enviados en aviones de la DEA a los Estados Unidos. La decisión, acordada con el gobierno de Washington, se precipitó en medio de la crisis política del país y de un gobierno con serios problemas en el exterior, debido a la “parapolítica”, a las contundentes denuncias de Yidis Medina que dejan en tela de juicio la legalidad de la reelección y de las explosivas declaraciones a El Espectador del lunes 12 de mayo del embajador de los Estados Unidos, en donde reconoció que la base militar de Manta, Ecuador, sería trasladada a territorio de la Guajira en la vecindad de la República Bolivariana de Venezuela.

De esta manera el Gobierno Nacional acabó de un tajo con el precario proceso de la ley de justicia y paz, lo cual deja en vilo cualquier posibilidad de verdad y reparación de los múltiples crímenes de los grupos paramilitares con evidentes nexos con políticos tradicionales hoy en el uribismo. Es una manera, según dijeron voceros de las víctimas, de correr cortinas de humo ante la grave crisis del país y también de silenciar las graves delaciones que estaban haciendo algunos de los jefes paramilitares en el marco de las audiencias de justicia y paz. Varios de los extraditados eran los “testigos estrellas” en los juicios de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía contra los acusados de la “parapolítica”. Estos procesos sufrirán mengua en la parte probatoria, porque no es seguro que desde Estados Unidos continúen los testimonios y las revelaciones.

“Los han callado”, dijo un integrante del Movimiento Nacional de Víctimas, “por ejemplo, aseguró, ¿en qué quedan las acusaciones de Salvatore Mancuso al vicepresidente Francisco Santos Calderón de haberlo presionado para crear el Bloque Capital de las AUC?”.

La movida de Uribe Vélez es habilidosa. Por ahora desvía el debate hacia otro tema, aunque será difícil que se quiete de encima el estigma de la “parapolítica” y de los vicios de la reelección lograda con votos comprados.

Falta ver si algunos de los jefes paramilitares prenden el ventilador ante las cortes norteamericanas y cuentan todo lo que no han querido decir en Colombia. Lo que si es seguro es que se llevan muchos secretos no contados y que intranquilizan a más de uno en Colombia.

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Masiva extradición de jefes paramilitares a Estados Unidos

EL Tiempo
Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando Murillo ('Don Berna), Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy ya fueron entregados a autoridades de ese país.

El presidente Álvaro Uribe hará una alocución televisada esta mañana para anunciar las razones de las extradiciones, según reveló el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardí.

En el listado, que incluye en total a 13 ex jefes paramilitares y a un señalado narcotraficante, también están Eduardo Enrique Vengoechea, Francisco Javier Zuluaga (alias 'Gordolindo') y Nodier Giraldo (sobrino de Hernán Giraldo).

Así fue el envío a Estados Unidos 'ex paras'

Con cadenas en el cuello, esposas en las manos y chalecos blindados fueron extraditados a las 6:37 de la mañana 13 ex jefes paramilitares, solicitados por cortes de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El avión de la DEA que lleva a los ex 'paras' despegó del aeropuerto de Catam, en Bogotá, hacia Miami, Washington y Nueva York.

El operativo comenzó a las 12:15 de la madrugada en las cárceles de Itagüí, La Picota y Barranquilla, con participación de la Dijín. Los ex 'paras' fueron sometidos a exámenes médicos y reseñas antes de salir hacia Estados Unidos.

Fuentes cercanas al Gobierno afirman que una vez llegó al aeropuerto de Catam, procedente de Barranquilla, Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', comenzó a lanzar palabras soeces contra el Ejecutivo y gritó "Nos traicionaron, h.p....".

Las razones de la extradición serían las siguientes:

1. En primer lugar no estaban entregando la verdad tal y como lo ordena la Ley de Justicia y Paz. Lo hacían a cuenta gotas, sin profundidad.
2. Tampoco hicieron entrega apropiada de bienes para la reparación de las víctimas.
3. Y por último, los organismos de inteligencia cuentan con información de que los ex 'paras' seguían delinquiendo desde sus lugares de reclusión.

El movimiento de los presos se inició hacia la medianoche desde las cárceles de La Picota, Itagüí y Barranquilla, de acuerdo con la emisora 'La W', quien dio la primicia a las 2 de la mañana.

Todos ellos tenían orden de extradición autorizada por la Corte Suprema de Justicia, que no se había hecho efectiva por estar en el proceso de Justicia y Paz.

Los posibles vínculos de los ex 'paras' con actividades al margen de la ley

Oficiales de la Dijín informaron que había indicios de que algunos ex jefes paramilitares continuaban delinquiendo desde las cárceles luego de la desmovilización. Sin embargo, aún se desconoce si el Gobierno tuvo en cuenta estas pruebas para ordenar la extradición.

Los principales ex jefes paramilitares eran señalados por los organismos de seguridad del Estado como 'narcos pura sangre'.

La Policía, por ejemplo, maneja información sobre las posibles relaciones de Diego Fernando Murillo, 'don Berna', con las bandas criminales de Los Paisas y Los Traquetos, organizaciones al margen de la ley aliadas a La Oficina de Envigado, al mando del ex jefe paramilitar.

Hace pocas semanas la Policía y el CTI capturaron en Córdoba y Antioquia a integrantes de estas bandas, que según inteligencia de la Policía, recibían órdenes de 'Berna'. La Dijín mantenía un minucioso seguimiento a personas cercanas a 'Berna'.

A Ramiro 'Cuco' Vanoy, ex jefe paramilitar del bloque Mineros, las investigaciones lo relacionaban con la banda de Los Mellizos, de los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera.

Precisamente, en desarrollo del operativo que terminó con la muerte de Víctor Manuel en el norte de Antioquia la Policía descubrió que los hombres que hacían parte de su anillo de seguridad eran desmovilizados del Mineros cercanos a Vanoy, quien negó cualquier actividad al margen de la ley después de la desmovilización.

Desde la cárcel de Barranquilla fueron trasladados 'Jorge 40', Hernán Giraldo, el 'Patrón', del Bloque Tayrona; Nodier Giraldo, sobrino del 'Patrón' y jefe de finanzas de esa organización, así como Eduardo Bengoechea, otro jefe de Los Tayrona. Más de 80 hombres de la Dijín en la capital del Atlántico participaron en el operativo del traslado al aeropuerto de Catam.

A Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', ex jefe 'para' del Bloque Norte, las autoridades lo relacionan con una banda de extorsionistas que delinque en Barranquilla conocida como Los 40. Los 40 estaba dedicada al narcotráfico, comercio ilegal de armas, extorsiones y asesinatos selectivos en Atlántico, Bolívar y Sucre.

De hecho, el año pasado un juzgado especializado condenó a seis integrantes a siete años de prisión por extorsión.

Sobre Guillermo Pérez Alzate, 'Pablo Sevillano', ex jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur, la Policía venía manejando información lo relacionaba con algunas de las cinco bandas emergentes que lideraba Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', extraditado la semana pasada por violar los compromisos del proceso de paz y reincidir en actividades de narcotráfico y conformación de grupos al margen de la ley como Las Águilas Negras.

En el caso de Salvatore Mancuso se sabe que es de los hombres fuertes de los 'paras' que más estaba hablando ante los fiscales de Justicia y Paz sobre las relaciones de las autodefensas, incluso, en su más reciente revelación afirmó que todas las compañías bananeras estadounidenses en la región del colaboraron con las Auc.

Estos fueron los ex jefes paras extraditados

De la Penitenciaría La Picota en Bogotá:

* 1 Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'
* 2 Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo'
* 3 Manuel Enrique Torregrosa.

De la cárcel de máxima seguridad de Itagüí:

* 4 Salvatore Mancuso Gómez, alias 'Santander Lozada'
* 5 Diego Alberto Ruiz Arroyave
* 6 Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'
* 7 Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy'
* 8 Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso'
* 9 Martín Peñaranda, alias 'El Burro'
* 10 Edwin Mauricio Gómez Lara.

Desde la cárcel Modelo de Barranquilla

* 11 Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'
* 12 Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'
* 13 Nondier Giraldo Giraldo
* 14 Eduardo Enrique Vengoechea.

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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE URIBE EN RELACION CON AGRESIONES OFICIALES A IVAN CEPEDA

Bogotá, mayo 7 de 2008

Doctor:

ALVARO URIBE VÉLEZ

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Ciudad

Reciba de los firmantes de esta carta un respetuoso saludo.

En esta oportunidad, nos impulsa a escribirle, el pronunciamiento público de la Presidencia de la República divulgado por los medios masivos de comunicación el pasado 3 de mayo, en el cual se consignó lo siguiente: "La presidencia de la República rechaza las informaciones calumniosas del columnista IVAN CEPEDA publicadas hoy, quien posa de víctima de violación de derechos humanos y en la práctica es un hostigador a que se violen los derechos humanos"

Así mismo los señalamientos que usted hiciera el 6 de mayo durante el desarrollo de un consejo comunal donde entre otros aspectos califico al señor Cepeda como un (….)" farsante de los derechos humanos… que "salen cobardemente (a decir) que el Gobierno los está poniendo en peligro.(...) Que van a ir a hablar con unos senadores para que no aprueben el TLC, para que le manden una carta de regaño al Presidente Uribe desde la comunidad internacional"…. Y donde Ud. solicito "…a aquellos que tanto los secundan en la comunidad internacional, a que antes de compadecerse por las lágrimas de cocodrilo de estos farsantes de los derechos humanos, vengan a ver qué es lo que está pasando en Colombia"….

Señor Presidente,

En primer lugar, el artículo del Defensor de Derechos Humanos al que hace referencia, se fundamenta en una reciente visita a Montería que hiciera el Sr. Cepeda, donde escuchó a las víctimas y constató, que la realidad es más tozuda que su discurso que se empeña en negar la existencia del paramilitarismo en buena parte de la geografía nacional. Efectivamente, el departamento de Córdoba es un ejemplo claro de esta situación, donde persiste la criminalidad tanto en la Universidad de Córdoba, como en la vida económica, social y política de la ciudad, la cual ya había sido puesta en conocimiento de la opinión pública entre otros, por Fernando Garavito, Felipe Zuleta, Gonzalo Guillen, Daniel Coronel, y Gustavo Petro, este último con relación a sus denuncias sobre la Universidad de Córdoba. Este escenario contrasta con la situación de las víctimas, quienes no ven sus más mínimos derechos satisfechos y se encuentran despojados de toda condición material que les permita tener una vida digna.

Señor Presidente,

No es la primera vez que esa verdad de apuño se dice, se escribe o se nombra diáfana y coherentemente. Y no es la primera vez que Ud. y su Gobierno censuran la libre expresión establecida como un derecho en nuestra Constitución Nacional y en variados instrumentos internacionales de derechos humanos.

Tampoco es la primera vez que la respuesta a las afirmaciones sea el denigrar del acusador, el mentir sobre las motivaciones de quién escribe. La respuesta de la Casa de Nariño en este caso censura sin dar respuesta a cada una de las afirmaciones del artículo, evade dar respuesta al fondo y acusa a Iván de calumniador y farsante de los derechos humanos.

En segundo término niega la autoridad ética de Iván Cepeda, pues dice de él que posa de víctima de violación de derechos humanos, negando que el columnista IVAN CEPEDA CASTRO -a la vez vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes del Estado- es hijo del senador MANUEL CEPEDA VARGAS miembro de la UP, quien fuera asesinado por miembros del Ejército Nacional en coordinación con las estructuras paramilitares, tal como quedó establecido en sentencias proferidas por tribunales nacionales, y donde el Estado ha reconocido su responsabilidad en este crimen ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así que, IVAN CEPEDA CASTRO, no posa de víctima, sino que efectivamente lo es. No es un calumniador, sino una voz de denuncia que se levanta en medio del silencio cómplice con el crimen y la impunidad. No es "farsante de los derechos humanos", ni un hostigador para que se violen los derechos humanos, sino un comprometido defensor de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, en medio de un panorama que no garantiza estos reclamos, y que por el contrario, estimula un clima de hostigamiento y persecución, incluso animado desde el alto gobierno.

Las denuncias de IVAN CEPEDA CASTRO, deben alentar al Estado a prevenir las violaciones, a desmontar efectivamente el paramilitarismo, a romper sus estructuras económicas y políticas, a investigar y sancionar a los responsables de la creación y fomento del paramilitarismo. Señalar a las víctimas y sus denuncias como culpables o instigadoras de violaciones de derechos humanos no responden a las necesidades de justicia y reparación, y en cambio, favorece a los perpetradores de los crímenes, ocultan la verdad y alienta la creciente impunidad.

Los repetidos señalamientos que viene haciendo el alto Gobierno Nacional y usted como Presidente contra el Movimiento Nacional de víctimas y sus voceros, a la vez que son una cortina de humo para tapar los vínculos institucionales con los crímenes paramilitares, es contrario al deber de garantía de protección y de respeto, y estimula los ataques y la persecución generalizada que vienen enfrentando victimas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.

Por último, llama poderosamente la atención que el Gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez, salga siempre presuroso a la defensa de los derechos y la honra, de quienes son acusados de victimarios y exige para ellos el cumplimiento estricto de todas las garantías judiciales, pero por otra parte sin ningún cuidado y sin la más mínima reserva, hace y permite pronunciamientos públicos de sus propios agentes "privados", en contra de las víctimas y los defensores de derechos humanos. En este sentido cabe solo recordar su negativa a desautorizar las palabras de su alto consejero José Obdulio Gaviria (aun con solicitud de 63 congresistas Estadounidenses de por medio), así como la actitud de miembros de su Gobierno de desestimar las amenazas contra los Defensores de derechos humanos, víctimas y líderes sociales y sindicales.

En virtud de lo expuesto nos permitimos solicitarle:

* Que en nombre del Estado de Colombia se retracte públicamente de los pronunciamientos efectuados contra IVAN CEPEDA CASTRO, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
* Que ordene a los servidores del Estado, cualquiera sea su investidura, que se abstengan hacia futuro de realizar manifestaciones contra las víctimas y sus organizaciones.
* Que se garantice a las víctimas que sus justas reclamaciones de verdad, justicia y reparación no sean motivo de persecución alguna por parte del Estado, y que por el contrario, se adopten todas las medidas para garantizar la protección a su vida e integridad personal y su derecho a participar en la reivindicación de sus derechos.

De usted,

Atentamente,

Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado

Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH

Hijos e Hijas por la memoria y contra la Impunidad

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP

Fundación Manuel Cepeda

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación AVRE

FENSUAGRO

FENALTRASE

SINTRAUNICOl

Asonal Judicial

Asociación de Profesores Universitarios – ASPU

Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU

ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Partido Comunista Colombiano

SINALTRAINAL

Partido Socialista de los Trabajadores

Corporación Claretiana Norman Pérez

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS-

Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP

Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz

FASOL

COSPAC

Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización del Mercado

Comunidad Kamkuama Desplazada

Polo Democrático Alternativo

Dr. GLORIA CUARTAS

Asociación Campesina para el Desarrollo Integral del Sur del Putumayo – ACADISP

Asociación de Consejería Nasa Kwesx Ksxaw del Putumayo

Cabildo Indígena Nasa Cxhab de Puerto Asís, Putumayo

Comunidad de vida y trabajo la balsita – Dabeiba

Comunidad civil de vida y paz – Meta

Consejo de comunidades negras del Rió Naya

Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad – Cacarica

Consejo Comunitario Mayor del Curvaradó

Consejo Comunitario Mayor del Jiguamiandó

Asociación de familiares de las víctimas de la Violencia Socio – Política de Rió sucio, Clamores

ASOTEQUENDAMA-Sucre - Cauca

Asociación campesina "Los Bienandantes"-sucre - Cauca

Familiares de Victimas de San Antonio-Inza - Cauca

Comunidad de Ullucos-Resguardo de San Francisco-Toribio - Cauca

Comité Estudiantil Unicauca

Familiares de Victimas Vereda la Sonora - Trujillo Valle

Los barrios de Buenaventura con Población Afrodescendiente del Lleras, San Francisco, Punta del Este, Pueblo Nuevo, Unión de Vivienda, Puerta del Cielo, Calle Garrido, Centenario, Juan XXIII la Gaitana y el Jorge.

Comunidades de villa Estela, el Nueve, las Brisas, la Colonia, San Isidro, pertenecientes al Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Bajo Calima

Palenque el Congal - Buenaventura

ANPAC, Buenaventura

ANTHOC - Buenaventura

Comité de Salvación de Buenaventura

Fundación Cultural Hullas Africana - Buenaventura

Asociación de comunidades negras de Cajibio AFRANED

Corporación Vive - Buenaventura

Pastoral Afrocolombiana de Buenaventura Cepa – Buenaventura

Mesa Nacional De Concertación De Mujeres

Colectivo De Mujeres Jóvenes Populares

Casa de la Mujer

Ruta Paci­fica de las Mujeres

Comité de Salvación de Buenaventura

Consejo Comunitario General del Bajo San Juan - ACADESAN

Pastoral Afrocolombiana de Buenaventura CEPA - Buenaventura

Asociación Campesina para el Desarrollo Integral del Sur del Putumayo - ACADISP

Corporación Colectivo De Abogados Luís Carlos Pérez. Colombia

Asociación de Mujeres Lideres Desplazadas en Resistencia-ASMULIDER

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¿Perdió la memoria el presidente Uribe?

Corporación Nuevo Arco Iris

Durante las últimas semanas el presidente Uribe ha criticado duramente los procesos de paz de la década del 90, pactados por el Estado colombiano con las organizaciones insurgentes como el M-19, el Epl, y la Corriente de Renovación Socialista-CRS-.

En su discurso inaugural de la Terminal de Transportes en la ciudad de Montería el pasado 6 de mayo, el Presidente señaló, “Los que se desmovilizaron con leyes anteriores (haciendo referencia a la aplicación hoy de la Ley de Justicia y Paz): Epl, Corriente de Renovación Socialista, M-19, no tuvieron que ir un día a la cárcel. Cometieron cualquier cantidad de delitos atroces, y salieron de tipificar esos delitos a desempeñar curules en el Congreso y a desempeñar puestos en el Ejecutivo y aspirar a la Presidencia de la Republica.”

Frente a estas declaraciones el presidente Uribe parece olvidar que en el caso de la negociación de la Corriente de Renovación Socialista -CRS- en el año de 1994, ver Acuerdo Político Final Gobierno Nacional - Corriente de Renovación Socialista, fueron beneficiarios de indultos y amnistías 433 personas por delitos políticos como hurto calificado, porte ilegal de armas y rebelión. Otras 240 personas no fueron beneficiarios de indultos y amnistías porque sus delitos estaban tipificados como homicidios fuera de combate y secuestro. Catorce años después del proceso de paz, 25 desmovilizados de la CRS permanecen aún en las cárceles del país pagando condenas de hasta 30 años de prisión.

Un solo aspecto diferencia de manera profunda las negociaciones con la insurgencia de la década del 90 al proceso de desmovilización con los paramilitares del gobierno Uribe. El último se realizó en un marco de justicia restaurativa, mientras que hace 18 años el término aún no se aplicaba a la justicia de tipo meramente penal, de la que dependieron en gran medida los procesos de paz cuestionados hoy por el Presidente.

Resulta curioso contrastar los diferentes pronunciamientos de Uribe a lo largo de sus dos periodos de gobierno, con relación a la desmovilización de las guerrillas de los 90, y en especial a los desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista.

En el mes de enero de 2003 tras conocerse públicamente las amenazas contra la vida de varios ex militantes de la CRS, el Presidente señaló, “Durante ocho años, la Corriente de Renovación Socialista ha actuado en todos los escenarios legítimos de la política colombiana, dando ejemplo de civilidad y vocación democrática. Como congresistas, escritores públicos, conferencistas e intelectuales, los activistas de la Corriente han aportado sus luces al debate político democrático de la Nación….Nuestra política de Seguridad Democrática debe ser la coraza protectora de todas las tendencias del pensamiento, para que los violentos no lleven a cabo sus oscuros designios contra la democracia y el pluralismo.”
ver comunicado de la Presidencia de la República, sobre las amenazas a los integrantes de la Corriente de Renovación Socialista


Tres años después y poco antes de que la Corporación Nuevo Arco Iris entrara en el escabroso camino de la investigación sobre el fenómeno de la “parapolítica”, y en el marco de la celebración de sus diez años, Uribe felicita a los miembros de la -CRS- y califica el proceso reinserción de la organización como exitoso y de ejemplo para el país. “El buen cumplimiento por parte del gobierno y el buen cumplimiento por parte de los desmovilizados, genera credibilidad; logra el apoyo de la comunidad internacional, conquista el favor de amplios sectores de la opinión pública colombiana. Creo que el mejor testimonio de ello es el ejemplo de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Felicitaciones por estos años de esfuerzo, por la reinserción política de la Corriente de Renovación Socialista y la reinserción económica y social de sus integrantes y militantes. Su mensaje es claro: ustedes le cumplieron a la paz y Colombia y sus gobiernos les cumplieron a ustedes.”
ver Mensaje del Presidente en el décimo aniversario de la Corporación Nuevo Arco Iris

En el mismo discurso en la ciudad de Córdoba el pasado 6 de mayo el presidente afirmó: “Yo le pregunto al señor Gustavo Petro, senador de la Republica; le pregunto a León Valencia, escritor, antiguo integrante del grupo terrorista Corriente de Renovación Socialista del Eln, si ellos han reparado a algunas de las víctimas de Córdoba, si han reparado a algunas de las víctimas de Colombia, si entregaron su riqueza para reparar víctimas.”

Aunque en el Acuerdo de Paz de la CRS del año 1994 no se pactó expresamente la reparación de víctimas, la Corriente de Renovación Socialista a través de su compromiso social y comunitario con las comunidades y regiones, acordó por iniciativa propia en el tema de reparación con el Estado la creación del Programa de Desarrollo Regional, destinando dos mil millones de pesos del Acuerdo de 1994 y mil quinientos millones del Pacto de Consolidación de 1996, para un total de tres mil quinientos millones de pesos.

Con estos recursos se ejecutaron alrededor de 116 proyectos en 56 municipios y ciudades del país, desarrollando numerosas iniciativas de seguridad alimentaria, desarrollo local y economía popular. Entre las más importantes caben señalar las obras de vivienda como “Coltejer por la Paz” en Popayán, y la urbanización “Luís David Florez” en Cúcuta; obras de infraestructura como el acueducto comunitario del barrio Las Américas de Villavicencio, y otras de carácter ambiental como el Jardín Botánico San Jorge de Ibagué. Igualmente los proyectos de saneamiento básico, agroindustria y de estímulo a la microempresa realizados en municipios de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, son el mejor testimonio vivo del cumplimiento de los desmovilizados de la -CRS- con Colombia, la verdad, la justicia y la reparación que hoy reclama nuestro Presidente.
ver Diez años después….Un balance del proceso de paz con la CRS

En el año 2004 la Corporación Nuevo Arco Iris y la Corriente de Renovación Socialista fueron escogidas como el caso más exitoso a mostrar en Colombia en temas de desarme y desmovilización. El prestigioso instituto “European Centre for Conflict Prevention”, escogió dentro de varios trabajos preseleccionados el aporte hecho por Nuevo Arco Iris a la paz y el desarrollo a lo largo de sus diez años de existencia en el país, para publicarlo en la segunda edición de la reconocida obra “People Builging Peace, susseccful stories of civil society”, en el eje de conflicto, desarme y desmovilización.

Esta obra, que recoge una variada serie de iniciativas de paz exitosas alrededor del mundo, forjadas por numerosos grupos desde la sociedad civil, fue comentada por el propio ex Secretario General de la ONU, Koffi Annan, quien catálogó el cúmulo de experiencias allí mostradas, como un ejemplo de que las buenas intenciones, se pueden convertir en buenos y efectivos hechos de paz. ver “New Rainbow - Colombia. Former Rebels use Market Forces to achieve their Social Ideals”, publicado en People Builging Peace II

Los medios de comunicación nacional e internacionales reconocen como una voz sensata, analítica e imparcial, en los temas de conflicto y paz a la Corporación Nuevo Arco Iris. Prestigiosos diarios como The New York Times, han mencionado en sus páginas los logros de Nuevo Arco Iris en temas institucionales. ver Bogotá's Social Capitalism, Led by a Marxist of Old, publicado en The New York Times el 6 de febrero de 2004

Hoy, próximos a cumplir 15 años de la firma del Acuerdo de Paz entre la Corriente de Renovación Socialista y el Gobierno Nacional, los ex militantes de la CRS y la Corporación Nuevo Arco Iris, en cumplimiento de su indeclinable compromiso de paz y justicia, con la nación y la sociedad colombiana afirman, “somos un libro abierto al escrutinio del Estado y el Gobierno colombiano, de la sociedad y la comunidad internacional.”

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Uribe nuevamente intenta mañosamente descalificar a Ivan Cepeda

Bogotá, mayo 9 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). Desafueros verbales colocan en riesgo a defensor de derechos humanos y al Movice. Se exigen garantías para Movice, León Valencia y la Corporación Arco Iris y Gustavo Petro.

"Ellos se arropan en la protección de las víctimas y la protección de las víctimas les sirve para tener ONGs que piden plata en la comunidad internacional, la protección de las víctimas le sirve para instigar la violación de los derechos humanos en contra de las personas que no comparten sus ideas (…)

A ellos se les llama la atención, si de ellos se discrepa, si ellos son controvertidos, de inmediato salen cobardemente que el gobierno los está poniendo en peligro".

Álvaro Uribe Vélez http://www.elespectador.com/noticias/politica/video-guerra-verbal-entre-uribe-y-oposicion

(...) Que van a ir a hablar con unos senadores para que no aprueben el TLC, para que le manden una carta de regaño al Presidente Uribe desde la comunidad internacional" (…) Y donde Ud. solicitó "…a aquellos que tanto los secundan en la comunidad internacional, a que antes de compadecerse por las lágrimas de cocodrilo de estos farsantes de los derechos humanos, vengan a ver qué es lo que está pasando en Colombia"

Y nadie lo calla, por que para él eso es libertad de expresión, escucha con reverencia lo que él dice y asentirlo o acatarlo. Es decir lo qué él dice, pensar lo que él piensa, sentir como el siente. Acusar sin fundamento, defender lo inconfesable con juegos de palabras, hacer de la retórica el medio de la confusión y del sofisma. Hasta El Tiempo pidió hoy en editorial compostura a Uribe y atención de fondo al problema de las "Aguilas Negras", pero haciendo caso omiso se pronunció en Montería. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/2008-05-06/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4144512.html

A él nadie lo puede callar por qué es omnipotente, un hombre iluminado, como pocos en la historia, por qué dicen que es frentero, como la cultura del guerrero latifundista. A él nadie lo calla porque nadie puede disentir. La sociedad construida en el miedo es consecuencia de la persecución histórica realizada por el Estado contra lo distinto. La construcción social del consentimiento que se expresa en la popularidad de la encuestas se cimienta en el olvido, por eso pocos disienten, se oponen o afirman su pensamiento, su exigencia de verdad.

Hablar fuerte es parte del modo uribista, del continente que disfraza el contenido o las pretensiones, hablar duro es parte de la escénica discursiva, es un medio "persuasivo" para ocultar la verdad, para hacer creíble la mentira y transferir la responsabilidad a los otros. Indudablemente que las expresiones del Uribe Vélez son la reacción esperada en su ejercicio político del ocultamiento, en su maniqueísmo y absolutismo político.

Las falsas aseveraciones públicas de Uribe en la ciudad de Montería en la mañana de hoy en reacción contra Iván Cepeda, uno de los voceros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, a raíz de su columna en el diario El Espectador evidencia que el fondo de todo lo que hoy se pretende consolidar como concepción de Estado, de sociedad, de seguridad, de "desarrollo" tiene un epicentro en el norte de Colombia. Las afirmaciones escritas en la columna del defensor de derechos humanos no son objetadas por Uribe, porque no es posible controvertirlas, y por eso usa el espejismo retórico y la maquinaria lingüística que distorsiona la realidad con la deslegitimación. Muchas pruebas están ahí, a la vista de todo el mundo, aunque Uribe lo quiera negar.

Existen suficientes elementos probatorios, incluso, en algunos casos en expedientes judiciales, otros en organismos de investigación del Estado, que experimentan también el miedo de enfrentar "el mundo sagrado" de Uribe. Y esta en Montería la verdad real, la verdad histórica, la verdad de las víctimas que han padecido las operaciones de la estrategia paramilitar, que hoy experimentan la simulación de "verdad" de la ley 975, que constatan en las condiciones de empobrecimiento y exclusión, como los victimarios y sus beneficiarios continúan gozando de bienes mal habidos y de una seguridad que los protege en Córdoba y desde allí a otra regiones de Colombia. Esa maquinaria criminal que se extendió desde Córdoba a Sucre y Antioquia, de Antioquia a Chocó, de Chocó a Meta, al Valle, a Buenaventura.

El pasado sábado fue a través de su vocero de prensa, http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/03/01032008.html hoy Uribe lo hace directamente, acusando sin fundamento, con falsas afirmaciones a Iván Cepeda, a las víctimas de Crímenes de Estado. http://www.elespectador.com/noticias/politica/video-guerra-verbal-entre-uribe-y-oposicion No refuta el fondo de lo expresado con la deslegitimación, asocia inconsistentemente que las motivaciones que hay detrás de las expresiones de derechos humanos son la búsqueda de recursos económicos de la comunidad internacional. Afirmación absolutamente risible si se observa como hoy sobreviven decenas de las víctimas, del mismo Movimiento de Víctimas y de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas, en medio de una persecución sostenida en las diversas regiones de Colombia y de las negativas de apoyo económico de sectores de la comunidad internacional para la problemática de los derechos humanos que privilegian la asistencia humanitaria, y los aportes a estructuras "desmovilizadas", recursos que gerencia el gobierno colombiano. Uribe desconoce nuevamente la legitimidad de los defensores y los fundamentos éticos de su labor para exigir el respeto a los ciudadanos, los límites en el uso de la fuerza.

Uribe olvida que es la solidaridad por causas justas, entre ellas, por los derechos de las víctimas, las que animan las relaciones fraternas entre los pueblos y el derecho internacional, entre ellas el Derecho a la Vida y a la libertad. Obviamente que lo desconoce, porque sus lógicas de pensamiento y de actuación son acumulativas, sin que sea posible una discusión sobre fines y medios. Acumulación de poder, acumulación económica, acumulación de prestigio.

Por eso, los medios "persuasivos" como consumó con dineros y favores burocráticos las modificación de la Constitución para propiciar su reelección es posible en su ética, del mismo modo, como convocó a votar los proyectos de ley a sus partidos antes de que encarcelaran a los congresistas o que haya propiciado una ley de impunidad, como la ley 975, que después fue modulada por la Corte Constitucional, para favorecer una estructura criminal que nació en la sombra del Estado

Uribe pretende encubrir la realidad, la verdad real. Acusando de instigador a quién es instigado, amenazado o perseguido a Iván Cepeda o ayer a tantos exiliados, al Movimiento de Víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos o a la oposición política. Esa es la mejor manera de evadir su responsabilidad directa en la consolidación cada vez más constatada de las "Aguilas Negras" como una reingeniería del paramilitarismo, por ejemplo. Esta es la forma más simple para silenciar a sectores disidentes que han puesto al descubierto el desarrollo de la estrategia paramilitar en lo político, a través de lo que es conocido como la parapolítica, de la cual, quiera o no quiera reconocerlo, Uribe ha sido uno de los beneficiarios, cuando no gestores de la "refundación de la patria". Sus ataques a León Valencia y a Gustavo Petro, que son una nueva ambientación al crimen, muestran su técnica de banalización, como lo ha hecho en el pasado con otros periodistas, o con la Corte Suprema de Justicia o en su momento con la Corte Constitucional.

Cuando se refirió Uribe en Montería a las organizaciones de derechos humanos como instigadoras de violaciones de derechos humanos, banaliza la responsabilidad misma del Estado en esta materia e identifica a sectores de la sociedad civil en responsables que en sana lógica no le son imputables, pues afirmar la Verdad o exigir el derecho a la verdad, es eso un derecho.

Que lejos está Uribe de aceptar que los Derechos Humanos son responsabilidad del Estado, que la Fuerza Pública continúa siendo fuerza privada para algunos, olvidando las más de 1000 ejecuciones extrajudiciales en su período de gobierno o lo más de 6000 detenidos arbitrariamente en las cárceles del país, que no gozan de ninguno de los beneficios, de los que si disfrutan desde su primo hermano, Mario Uribe y cada uno de los 30 congresistas detenidos.

Pero descontextualizando y banalizando Uribe desintegra el valor del derecho internacional de los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de todas las víctimas, incluyendo las de la guerrilla. Pretende equiparar procesos de paz entre grupos disidentes del Estado, de aquellos que operan al lado del Estado. O va al pasado para realizar una simetría histórica imposible de desarrollar cuando habla de la paz pasada como impunidad cuando el presente de esta pacificación ha significado más que democracia, institucionalización de la injusticia y transacciones del poder del establecimiento con las estructuras de poder real de la criminalidad del tráfico de drogas y de la cultura terrateniente. Su evocación al pasado es un falso dilema que se convierte en fórmula adecuada para pretender silenciar en el presente la simulación de verdad, de justicia y de reparación de la estrategia paramilitar. http://www.eltiempo.com/politica/2008-05-06/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4146484.html

La política de seguridad ha fomentado la polarización cabalgando desde el maniqueísmo terrorista, el pago de la conciencia para hacer "justicia", los ajusticiamientos por parte de las Fuerzas Militares y la renovación de la estrategia paramilitar para propiciar los beneficios de unos pocos a costa del crimen, de la impunidad, del terror "injustificado" el estatal y de la mentira sobre los excluidos y los empobrecidos organizados, porque entonces acusar de cobardes a quiénes acuden en los escenarios internacionales para denunciar, para afirmar la verdad y propiciar garantías para la protección de las víctimas, es un derecho que Uribe no le gusta y a toda costa quiere resolver la crisis de derechos humanos, permanente y sistemática con los señalamientos, las falsas acusaciones y los montajes judiciales.

Son importantes las garantías a Ivan Cepeda, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, las organizaciones y grupos de familiares de las víctimas que forman parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, así como, el acompañamiento y el desarrollo de misiones civiles nacionales e internacionales que se propicien el trabajo de acompañamiento y la solidaridad con las víctimas que se encuentran en Montería, pues no hay que olvidar.

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Prologo de Ignacio Ramonet, en el libro,"El terrorismo de Estado en Colombia" de Hernando Calvo Ospina

Según la historia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX existen en Colombia dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador. No es falso. Pero ello no es suficiente. En realidad, desde esa época, el país está dividido entre aquellos que lo poseen todo y aquellos que nada tiene.

No entraré en los detalles de la tragedia colombiana, que Hernando Calvo Ospina desarrolla aquí ampliamente y con gran talento. A modo de introducción, me contentaré con recordar algunos hechos significativos, emblemáticos de esta penosa historia.

Elegido al Congreso en 1929, el liberal Jorge Eliécer Gaitán decidió combatir a lo que él llamó la oligarquía: los ricos de ambos partidos. Con el paso del tiempo sus discursos se hacen incendiarios. Desde la tribuna, en mangas de camisa, él remata sus arengas con “¡Contra la oligarquía, a la carga!”. A pesar de ello, aboga por un cambio pacífico. Cuando se le daba como favorito a la presidencia de la república, el 9 de abril de 1948 es asesinado en Bogotá.

Un detalle insólito: La ley estadounidense permite a sus ciudadanos examinar, después de ciertos años, los documentos que poseen organismos públicos como la CIA, el FBI, o el Departamento de Estado. La CIA tiene información sobre la muerte de Gaitán pero hasta el día de hoy se niega a revelarla.

El asesinato de Gaitán provoca una insurrección generalizada -que Washington atribuye al “comunismo internacional”-, y una guerra civil a la que se ha llamado “La época de la violencia” (1948-1957): unos 300 mil muertos quedan tirados en los campos. En ese tiempo de horror y Apocalipsis los liberales y comunistas, señalados como objetivo, son destinados al suplicio.

Como complemento del poder, políticos y terratenientes utilizan a policías que, en uniforme o en civil, demuestran una crueldad sin límite. Se les conoce como chulavitas. También a sueldo de los mismos, los llamados pájaros van “volando” de región en región haciendo del terror su compañera.

Condenados a muerte, casi vencidos, y dispersos en un primer tiempo, los opositores entienden que una lucha gigantesca ha empezado. Han sido abofeteados, tratados de hez de la sociedad, perseguidos como a vagabundos importunos. Los miles de miserables que no poseen nada, y para quienes el respeto a la vida y un pedazo de tierra es suficiente, se suman a otros perseguidos que, armados de escopetas y machetes, se están organizando en incipientes grupos. Esos, que en realidad sólo tratan de subsistir y defender la vida de sus pequeñas comunidades, ahora van a combatir. Influidos por la revolución cubana, varios intelectuales y estudiantes los apoyan.

En 1964, para acabar con esta revuelta, la de esa guerrilla de campesinos insumisos a los cuales se les denominó “moscovitas”, Estados Unidos dona 300 millones de dólares, envía asesores y armamento. Se implementa la Operación Marquetalia. En 1999, Estados Unidos aportó 1.600 millones de dólares para impulsar el llamado “Plan Colombia”. Hasta el 2006 ya había gastado 4 mil millones de dólares en el Plan. Sin más resultados que en 1964.

Se sigue diciendo que la inmensidad de las llanuras, los obstáculos naturales, la presencia de selvas inexploradas, hace imposible aniquilar a los guerrilleros. Pero no a la población civil.

Al año siguiente, 1965, para luchar contra esos “subversivos”, los consejeros militares estadounidenses sugieren la creación de organizaciones civiles armadas. Ya no se les llama pájaros o chulavitas, sino “autodefensas”, legalmente reconocidas.

En una fecha tan lejana como es el 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: « la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno. » Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, actual jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

En carta al Parlamento, con fecha del 20 de julio de 1984, y mientras negociaban con el presidente Belisario Betancur, las FARC anuncian el lanzamiento de un movimiento político nacional, la Unión Patriótica, UP. La intención de esa guerrilla era, junto a otros partidos y movimientos democráticos, ir ingresando a la vida política legal. Este trabajo de Hernando Calvo Ospina cuenta en detalle cual fue su destino. Una tragedia para tres mil militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP, víctimas de escuadrones paramilitares... Pocos, realmente, pertenecían a las FARC. Una intransigencia política total de la clase dirigente.

Se dice que Colombia constituye una excepción notable en América Latina: sólo ha vivido cinco golpes de Estado desde su independencia de la Corona española. En 1958 se depuso al general Gustavo Rojas Pinilla, y desde entonces el gobierno ha estado siempre en manos de civiles. Rige cierto modelo democrático. Sin embargo, tan solo en cuatro años fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo (1990). Con sus particularidades, todos reclamaban reformas. Extraña concepción de lo que es una democracia...

Es que, sobrealimentados y avaros, incapaces de confrontar la realidad, ricos y poderosos piensan que los civilizados dignos de ese nombre pueden, para reducir y acabar con los “bárbaros”, utilizar bárbaros más bárbaros que ellos. Así lanzan las hordas de paramilitares, que son las mismas “autodefensas”, y les permiten que hagan alianza con los barones de la cocaína para que ayuden a financiar “su” guerra. Las Fuerzas Armadas los convierte en parte de su cuerpo, corazón y alma. Por eso los equipa, los instruye, los informa, los apoya... Con el pláceme de un gran sector de la clase política y de los gremios económicos.

Los paramilitares se ensañan con la población civil rural. Sistemática y calculadamente van acabando con la oposición política legal. Así estos seudo clandestinos, que se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajan uno a uno todos los escalones que separan lo humano de la bestia. El terror tiene que golpear en el corazón de quien pueda ser enemigo en potencia. Asesina a uno y asustarás a mil.

En diciembre de 1997, el presidente Ernesto Sámper Pizano anuncia la creación de un “bloque especial de búsqueda” para capturar a los jefes paramilitares. Promete que esos grupos “serán perseguidos hasta en el infierno.” Todo queda en intenciones. Tres años después, Phil Chicola, jefe de la oficina de Asuntos Andinos en el Departamento de Estado, estima que “según la ley de Estados Unidos, estos grupos deben cometer actos que amenazan los intereses nacionales estadounidenses para poder ser incluidos formalmente en la lista [de grupos terroristas].” [1] En cambio, en 1982 el embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, sin pruebas, trató de “narcoguerrilla” a las FARC. Por decisión del presidente George W. Bush, esa guerrilla y el otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se convierten en “narcoterroristas” después del 11 de septiembre 2001. Dos pesos, dos medidas.

¿“Narcoguerrilla”? ¿“Narcoterroristas”? ¿Ex revolucionarios descarriados? Provocando el empobrecimiento de importantes sectores de la población, los sucesivos gobiernos han favorecido el cultivo de la coca y las actividades ligadas al tráfico de cocaína. Pero son muchos los que tienen las manos metidas en el “negocio”: los militares, bastantes políticos de derecha y los sectores económicos. Bien metidas las tienen los paramilitares. Y aunque en una muy mínima medida, algún sector de la guerrilla también se ha untado con el pretexto de ayudar a financiar la causa.

Me conformaré con citar las palabras de Daniel García Peña, quien en 1997 dirigió una Comisión exploratoria para definir los términos y condiciones de posibles conversaciones de paz, bajo la presidencia de S

Sámper: “El discurso mil veces repetido sobre una guerrilla sin ideales y convertida en organización mafiosa es falso. Se trata de una organización político-militar que, como la guerra cuesta caro, impone su impuesto revolucionario sobre la cosecha [de coca], pero no tiene ninguna participación en el tráfico. Si se tratara de un cartel, no tomaría pueblos ni adelantaría operaciones militares.” Un poco más tarde, el 18 de mayo de 2003, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, James Lemoyne, afirma: “La columna vertebral de la principal guerrilla del país se compone de personas comprometidas ideológicamente.”

Todo conflicto político se termina en una mesa de negociaciones. Y por qué no, ya que son necesarias, con reformas sociales. Eso no sucede en Colombia. Con un empecinamiento en extremo sorprendente, cada gobierno le ha declarado la guerra a las guerrillas; ha multiplicado los gastos militares; les ha subido el sueldo a las Fuerzas Armadas... Y cada presidente, desde mediados de la década de los sesenta, ha prometido acabar con la guerrilla antes del final de su mandato. Para constatar, al partir, ¡qué la oposición armada es más fuerte que cuatro años antes! La injusticia social la ha nutrido. Y, también, sin duda, la represión indiscrimada y ciega.

Nada. Aquí nada se debe al azar. La “limpieza” política realizada por el ejército y los paramilitares ha vaciado de campesinos pobres a muchas regiones colombianas. Hombres y mujeres que cometieron uno de estos “errores”, o todos juntos: vivieron en territorios inmensamente ricos; se organizaron para exigir sus derechos; militaron o dieron su voto a formaciones políticas de oposición; o quizás -quizás- simpatizaron con las guerrillas. Sus tierras pasaron a manos de terratenientes, jefes paramilitares, y de representantes de poderosos intereses económicos.

El azar no existe. En 1997, evocando el futuro de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, el embajador estadounidense Myles Frechette declaraba: “Mi gobierno invita con insistencia al gobierno colombiano a que abra lo más ampliamente posible el mercado de las telecomunicaciones en el marco de la ley colombiana, o de ser necesario que cambie la ley para adoptar las reglas adecuadas y efectivas de competencia.” [2] Luego reclamó lo mismo para el petróleo, la energía y la agricultura. Dos años más tarde, una de las exigencias de la enmienda al Plan Colombia que imponen algunos senadores estadounidenses, es que se les dé la prioridad a las inversiones extranjeras, y en particular al sector de la industria petrolera. El Consortium US Columbia Business Partnership –Occidental Petroleum Company, BP, Caterpillar, Bechtel & Pfizer- defendía con toda fuerza la adopción del Plan.

Todo fue aceptado. Y más: las Fuerzas Armadas y sus paramilitares se encargaron, con el apoyo del Plan y de los asesores estadounidenses, de incrementar el vaciado de campesinos e indígenas en las extensas zonas petroleras.

Dando también entera satisfacción a quienes “ordenan”, el presidente Álvaro Uribe Vélez, “negocia” desde el 2006 un Tratado de Libre Comercio con Washington. Su firma será como un asesinato a la economía colombiana...

Este mismo presidente le ofrece una reinserción “suave” a los paramilitares. Washington no se opone, aunque ya los tiene incluidos en su lista de organizaciones terroristas. Al contrario, sus diplomáticos participan en varios actos públicos con jefes paramilitares, cuya extradición pide su gobierno por narcotráfico. Es que no sólo han masacrado poblaciones: los paramilitares se han convertido en el cartel de droga más poderoso de Colombia. Washington se contenta con hacer esporádicas declaraciones. Los paramilitares no han atacado ni el mínimo de sus intereses estratégicos en Colombia: los han cuidado como si fueran suyos.

Entonces el presidente Uribe Vélez ha tenido manos libres para firmar la ley de Justicia y Paz, 21 de junio de 2005. Esta les otorga a los “paras”, también acusados de crímenes de lesa humanidad, una casi impunidad, la legalización de sus fortunas y una jubilación dorada. A pesar de que en cuatro años, desde que firmaron un “cese al fuego” el 15 de julio de 2003, hayan cometido unos 3 mil asesinatos más.

Pero, ¿este gobierno hubiera podido ser menos bondadoso con el paramilitarismo? Fue este gobierno, como los que le precedieron, quien derramó esa plaga sobre el pueblo. Fue el Estado quien formó, fomentó, animó y protegió al paramilitarismo. Porque el paramilitarismo es una estrategia estatal, avalada y apoyada por Washington, para el beneficio de los poderosos conglomerados económicos. Han sido aliados en la destrucción y la muerte para compartir el botín.

Pero se dejó que los paramilitares se convirtieran en poderosos señores de la guerra. Y esos jefes mafiosos, que casi ni aceptan el mínimo castigo, y menos aún ser los únicos en cargar con toda la culpabilidad, lanzan una amenaza a quienes los criaron y dirigieron: si la justicia se “encarniza” con ellos, podrían revelar sus inmensos secretitos.

A partir de documentos confiscados a uno de ellos, “Jorge 40”, marzo 2006, se llevó a cabo la detención de varios diputados y senadores de la costa atlántica, todos ligados a los partidos que apoyan al presidente Uribe Vélez. Desde ese momento el fuego se extendió sobre hierba seca, porque comenzó el escándalo conocido como la “Parapolítica”. Por culpa de su padre y hermano, inculpados de relaciones con los paramilitares, la ministra de Relaciones Exteriores, Maria Consuelo Araujo, ha debido renunciar. Por las mismas razones Jorge Noguera, ex jefe de la policía política -Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que depende de la presidencia de la República-, uno de los protegidos del presidente, fue encarcelado.

Son unas muestras. Pero la lista que señala acusadoramente a la clase política tradicional colombiana, en especial a los aliados del presidente Uribe Vélez, es muy grande. La hecatombe judicial continúa, y toca a senadores, diputados y muchos altos funcionarios de Estado. Sin dejar por fuera a mandos militares y de policía.

Cierta cantidad de “personalidades” tiene cada día más dificultad en tragar saliva. Han descubierto que el perro que los cuidaba ayer, los amenaza hoy. Para impedir posibles revelaciones, 59 jefes paramilitares fueron trasladados, de repente, del centro vacacional donde habían sido concentrados, hacia una prisión de alta seguridad. Entonces anunciaron, el 7 de diciembre 2006, que consideraban el “proceso de paz” como terminado. El presidente Uribe dice que debe seguir.

Acorralado por las constantes revelaciones, el presidente Uribe responde con ataques, y se ensaña en quienes no debe. Acusa a los movimientos de defensa de los derechos humanos y a la izquierda legal, como al Polo Democrático Alternativo, de pactar “con los terroristas”. Parece que no le importa que con ello haga correr a sus miembros inmensos peligros: Al menos que sea algo deliberado. Desde hace algunos meses nuevos escuadrones de la muerte surgen por todo el país, que ya amenazan y van asesinando a los opositores...

Sin parar la arremetida, el jefe de Estado se fue contra la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Cesar Julio Valencia, se vio obligado a reaccionar en octubre 2007, rechazando acusaciones de Uribe Vélez. Le dijo al presidente que con ellas pretendía obstruir la acción de la justicia, en el cuadro de las investigaciones adelantadas sobre “parapolítica”. Es que los jueces estaban pisando huellas profundas de las relaciones existentes entre jefes narco-paramilitares y demasiados parlamentarios: 17 presos y más de 40 judicializados, todos pertenecientes a grupos políticos pro-Uribe. Sin contar a gobernadores y alcaldes presos “uribistas”.

No cabe duda que apenas comienza el forcejeo. ¿Quién sabe si las importantes revelaciones hechas en este libro por Hernando Calvo Ospina, sobre los mecanismos del terrorismo de Estado en Colombia, no serán a corto o mediano plazo confirmadas por los propios implicados? Por tanto este trabajo es sumamente valioso. Más aun, su atenta lectura es indispensable para entender la tragedia del pueblo colombiano.

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Uribe un experto en cortinas de humo

Por Roberto Romero
(P.C.C.)

Bogotá, mayo 7 (Redacción). Puro desespero. No hay de otra. Sabiendo lo que se le viene encima con acusaciones como las de cohecho por los sobornos para garantizar su reelección, en medio de la crisis más profunda que vive el parauribismo, ahora saca del cubilete para embrujar incautos, el conejo de las acusaciones contra dos viejos desmovilizados de la guerrilla: Gustavo Petro y León Valencia, y de paso, atacar la dignidad del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en cabeza de Iván Cepeda.

Sabiendo que ese distractor puede apuntalar su galería, que empieza a resentirse con tanta denuncia, exige bravucón por segunda vez en menos de 48 horas, que los dos viejos ex levantados en armas, resarzan a sus víctimas (que nadie les ha probado) después de confesar quiénes fueron sus cómplices.

Petro, con precisa inteligencia, no dudó en señalar quien fue su carnal de andanzas subversivas: ni más ni menos que el ilustrado José Obdulio Gaviria, consejero de primera línea de Uribe.

Petro vuelve a contar lo que todo el mundo sabía, que Gaviria como militante del Partido Comunista Marxista –Leninista y su ala armada, el Ejército Popular de Liberación, trasegó por los parajes de la izquierda radical. Imposible que Uribe no lo supiera si su mismo consejero lo ha admitido.

El presidente ahora dice que la afirmación de Petro es un mal chiste. Lo que sí no es un chiste y menos para la dignidad nacional, es la doble moral del presidente. Todos los colombianos deben recordar uno de los actos de adhesión más singulares de la primera campaña electoral de Uribe. Faltando pocos días para las elecciones, decenas de ex cuadros del desaparecido M 19, encabezados por la viuda de Carlos Pizarro Leongómez, le organizaron, con el apoyo del candidato, por supuesto, un homenaje a quien se lanzaba a la presidencia ondeando como bandera principal la derrota de la guerrilla.

Nadie oyó en el discurso del candidato la más mínima recriminación contra los adherentes, ni que le rindieran cuentas por sus actos del pasado ni muchos que resarcieran a las posibles víctimas. Por el contrario, Uribe aceptaba los nuevos y singulares apoyos como un gesto de reconciliación, de perdón y olvido.

Lo mismo se podía decir, meses después, cuando la Casa de Nariño resolvió nombrar a varios ex guerrilleros del M 19 y del EPL en altos cargos públicos. Como Carlos Franco, el gris jefe de la oficina de derechos humanos, Everth Bustamante en Coldeportes y Rosemberg Pabón en el Dansocial ¿Dónde están las exigencias como las que ahora en forma trasnochada lanza orondo el presidente?

No hay duda. Si Petro y León Valencia no se hubieran atrevido a denunciar los crímenes paramilitares y se pasearan, como sus ex amigos conversos en los pasillos oficiales, no serían objeto de la diatriba presidencial.

Como no lo han sido y no los serán, salvo si en un impensable arranque de dignidad rompen con su jefe, personajes que en una vez pertenecieron a la insurgencia como Jaime Fajardo Landaeta (alias comandante Luis Gómez y/o Jorge Ocampo), ex asesor de paz de la gobernación de Antioquia, y Anibal Palacio, uribistas de tiempo completo.

Y grave lo de Iván Cepeda. Se le cobra su consecuencia con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado que tuvo su bautizo de masas el 6 de marzo con la formidable movilización nacional y en el exterior. Y más recientemente el plantón en la embajada de Costa Rica contra el asilo imposible del primo del presidente.

¿Hasta dónde va a llevar Uribe al país, en este torbellino de intemperancias? La desesperación es la peor consejera, señor presidente.

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La Extradiccion de "MACACO" otra cortina de humo

(El Tiempo)
Su envío se produjo a las 12:05 de la madrugada de hoy luego de que el Consejo Superior de la Judicatura tumbó, en segunda instancia, la tutela que había frenado su extradición hacia ese país.
El general Óscar Naranjo, director general de la Policía, aseguró que el jefe 'para' salió de un "hangar seguro del aeropuerto Eldorado en un avión super king 350 norteamericano".

'Macaco' es el primer jefe paramilitar en ser extraditado a E.U. En esa lista están Miguel Ángel Mejía Múnera, el 'Mellizo' capturado la semana pasada en Honda (Tolima), y el 'para' Ever Veloza, alias 'H.H'.

Es pedido por cortes de E.U. para que responda por el envío de varios cargamentos de coca incautados en aguas de ese país tras su desmovilización.

Su envío se dio tras la decisión del Consejo de la Judicatura que echó atrás el fallo que hace dos semanas profirió el Consejo de la Judicatura de Cundinamarca, que le ordenó al Gobierno posponer el envío del jefe del 'Bloque Central Bolívar' hasta que cumpliera en Colombia las deudas que tiene pendientes con las víctimas y la justicia.

En su revisión, los magistrados del Consejo Superior decidieron que el envío de 'Macaco' a E.U. no constituye "un perjuicio irremediable" para las víctimas, pues la extradición no exime ni al Gobierno ni al 'para' de cumplir con los preceptos de verdad, justicia y reparación que impone la Ley de Justicia y Paz.

"De manera solidaria, tanto el victimario como el Estado se hallan en obligación de responder" por los derechos de las víctimas, dice el fallo.

El Consejo de la Judicatura revalidó también las facultades del Gobierno a decidir sobre las extradiciones una vez la Corte Suprema ha dado concepto favorable.

Según la decisión, el Gobierno, ya con el visto bueno de la Corte, "legalmente se halla facultado para disponer la entrega de sus nacionales a los países que los requieran para juzgarlos por delitos cometidos en su territorio".

"La extradición y los postulados de Justicia y Paz no son excluyentes", señala el fallo.

La decisión en la Sala fue apretada: 4 votos a favor, 2 en contra y una aclaración de voto. El principal argumento de los que no estuvieron de acuerdo fue la decisión tomada por la Corte Suprema de que los 'paras' en Justicia y Paz no pueden ser extraditados hasta que no cumplan con las víctimas y que se debió estudiar el fondo de la tutela.

Las asociaciones de víctimas que promovieron la tutela para impedir el envío del ex 'para' habían anunciado que pedirían a la Corte Constitucional que revisara el caso.

REDACCIÓN JUSTICIA

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Reacción Intimidatoria de Alvaro Uribe hacia Ivan Cepeda

Bogotá, mayo 6 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). A través de una carta de rechazo al diario El Espectador, donde cuestiona la condición de familiar de víctima y de víctima de Iván Cepeda y en que se le acusa de animar la violación de derechos humanos, el presidente Álvaro Uribe Vélez pretende desestimar, desvirtuar, ocultar, tergiversar las opiniones que uno de los voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado escribió el 3 de mayo de 2008 en su columna quincenal bajo el título: "La prueba es Montería".

El artículo del Defensor de Derechos Humanos se basa en su reciente visita a Montería. Allí escuchó a las víctimas y constató, que la realidad es más tozuda que el discurso uribista en que se niega la existencia del paramilitarismo. En Córdoba está a la vista la persistencia de esta criminalidad en la Universidad de Córdoba, en la vida económica, social y política de la ciudad; en contraste la situación de las víctimas, sin mínimos derechos satisfechos, desalojados, despojados de toda condición material de vida digna.

No es la primera vez que se conoce de las propiedades colidantes de familiares o testaferros de los paramilitares y de Uribe; del desarrollo de obras carreteables a favor de Uribe o del nombramiento del Rector de la Universidad de Córdoba por orden de Mancuso o del poder económico y armado que esa casta regenta en la región. Sobre esta realidad del paramilitarismo ya había escrito Fernando Garavito, Felipe Zuleta, Gonzalo Guillen, Daniel Coronell. La situación de la Universidad ya había sido denunciada por Gustavo Petro.

No es la primera vez que esa verdad de a puño se dice, se escribe o se nombra diáfana y coherentemente. Y no es la primera vez que la casa de Nariño censura la libre expresión que sustentada con fundamento fácticos muestran las tinieblas que visten el poder presidencial.

Tampoco es la primera vez que la respuesta a las afirmaciones sea el denigrar del acusador, el mentir sobre las motivaciones de quién escribe. La respuesta de la Casa de Nariño en este caso censura sin dar respuesta a cada una de las afirmaciones del artículo, evade dar respuesta al fondo y acusa a Iván de calumniador.

En segundo término niega la autoridad de quién escribe, Iván Cepeda, pues dice de él que posa de víctima de violación de derechos humanos. Acaso, Uribe pretende ignorar que Iván es el hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado por fuerzas estatales en desarrollo de estrategias paramilitares. O el crimen de este dirigente nunca sucedió, es una invención de Iván. O Uribe pretende olvidar que en la misma Casa de Nariño, al lado de más de una decena de defensoras de derechos humanos, reconoció que Iván era una víctima de violaciones de derechos humanos. O también pretende olvidar que Iván y su esposa, estuvieron exiliados por varios años en Francia debido a la persecución de que ha sido objeto por exigir Verdad, Justicia y Reparación Integral en el caso de su padre.

Pero yendo más de este absurdo de incoherencias oficiales, que pretende decir Uribe Vélez a través de su vocero de prensa, César Mauricio Velásquez, que olvida los preceptos evangélicos que escuchó en la Universidad de la Sabana y los códigos deontológicos que emuló y pretendió hacer respetar en el Círculo de Periodistas de Bogotá, cuando se afirma que es un "hostigador a que se violen los derechos humanos".

Si se lee con atención el artículo de Iván no se invita ni se promueve a que agentes estatales violen la ley, atenten contra los ciudadanos, contra la vida e integridad de personas. En la Casa de Nariño se han olvido que son los derechos humanos, pues para ellos, es claro que no existen En ningún momento se lee en el artículo una invitación a torturar, a desaparecer, a asesinar, a desplazar, a masacrar, a judicializar injustamente.

¿Por qué entonces esa reacción de Uribe?

Las respuesta de Uribe sobre el artículo de Iván es intimidatoria, nada persuasiva, como se ha referido al caso de Yidis Medina; es acusadora y tergiversadora como lo ha hecho en radio Caracol y RCN respecto al Movimiento de Víctímas de Crímenes de Estado por su participación en un acto de censura ante la solicitud de asilo de su primo hermano Mario Uribe; es manipuladora como lo ha hecho respecto a las recientes amenazas de muerte de los integrantes de Arco Iris que han investigado las relaciones entre paramilitarismo y política; es evasiva sobre la responsabilidad del Estado en la creación del paramilitarismo y la situación que hoy se vive en Córdoba y en el resto del país; es encubridora de las verdaderas pretensiones que hay detrás de la institucionalización del paramilitarismo y de la simulación de verdad histórica que se está construyendo en las "confesiones" de los comandantes paramilitares.

El presidente debe rectificar pues su respuesta además de ser un acto claro de censura, de falsa acusación es un nueva expresión de la persecución, que puede ser calificada de sistemática, a la que ha sido sometido Iván Cepeda y con él los y las defensoras de derechos humanos. Desde ya sabemos que es poco probable que la rectificación sea posible, pero no por esto cesamos en la exigencia del derecho a saber, el derecho a la verdad y a la justicia, como lo ha venido haciendo Iván Cepeda.

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

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