Nuevas pruevas vinculan al General Montoya con el Paramilitarismo

Canal Caracol y Efe
`Diomedes´ afirmó que el comandante del Ejército le obsequió siete fusiles al asesinado jefe paramilitar `Doble Cero´ en abril de 2002. El oficial se pronunció de inmediato y le solicitó a la Fiscalía que lo investigue porque, asegura, es inocente.
El desmovilizado Luis Adrián Palacio Londoño, alias `Diomedes´, afirmó este martes en el Palacio de Justicia de Medellín (Antioquia) que el general Mario Montoya, le entregó armamento a uno de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que actuaba en el noroeste del país.

Palacio precisó durante una diligencia judicial que la donación se registró en abril de 2002, cuando Montoya ejercía como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con sede en la capital antioqueña.

Según `Diomedes´, el general le entregó “un regalito para el señor de las dos bolitas” conformado por “siete fusiles, seis AK y un R15 con lanzagranadas”.

Palacio integró el desarticulado Bloque Mineros de las AUC, organización que se disolvió hace dos años con el desarme de más de 31.000 paramilitares.

El desmovilizado afirmó que las armas estaban escondidas en una camioneta “azul de vidrios polarizados” que él mismo recibió del general Montoya, que además le facilitó unos escoltas para el traslado del vehículo de Medellín a la localidad vecina de Bello.

El armamento "era un regalo" de la unidad militar al asesinado jefe paramilitar `Doble Cero´ o `Rodrigo´ (alias de Carlos Mauricio García), según `Diomedes´.

El ex paramilitar afirmó que `Rodrigo´ y el oficial tenían una relación de “amistad, porque el señor `Doble Cero´ llegó una vez acá a Medellín y se reunió con él, y el señor Mario Montoya lo apoyaba con el Ejército”.

`Diomedes´ acusó a Montoya en el segundo y último día de una diligencia de versión libre o testimonio voluntario ante la fiscal Patricia del Socorro Hernández.

La denuncia de Palacio fue rechazada casi que de inmediato por el comandante en una declaración pública.

Palacio "ha hecho falsas imputaciones sobre mí", expresó el comandante del Ejército, quien se declaró "totalmente inocente".

"Es una infamia total, es una falsedad total, y por ello le he solicitado ahora mismo al señor Fiscal General de la Nación (Mario Iguarán) que se me adelante la investigación correspondiente para establecer toda la verdad respecto a esta falsa imputación", dijo luego.

Montoya no es el primer mando militar activo o retirado que es sindicado por antiguos ultraderechistas de haber facilitado o apoyado a las AUC.

Medellín (Antioquia)

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Los carniceros del Urabá antioqueño

Indimedia
por Gloria Cuartas Tuesday, Aug. 12, 2008 at 12:43 AM

"En el seno del Gobierno hay inquietud y preocupación, y no es para menos. Para nadie es un secreto la cercanía que tuvo el presidente Álvaro Uribe con Rito Alejo Del Río, cuando él era gobernador de Antioquia y el General comandaba en el Uraba la Brigada XVII, con sede en Carepa" (11 de noviembre de 1995 - 16 de diciembre de 1997). Revista Cambio del 7 al 13 de agosto 2008. Numero 788

¿Qué relación y responsabilidad tiene el poder político y económico de Antioquia en el período 1995-1997 y su extensión hasta nuestro días con el exterminio de población civil” en el Uraba?

¿Por qué la implantación del modelo económico de privatización organizado por la alianza entre ganaderos, agricultores, bananeros y transnacionales con el gobierno regional, y salvaguardo por la estrategia militar- paramilitar de expoliación y muerte, permanece sin vínculos y sin responsabilidad entre el General Rito Alejo del Río y el hoy Presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez?

Parece que las preguntas llevan implícitas las respuestas. Las voces de las victimas de las horrendas masacres que se cernían a diario sobre esa región y de las muertes selectivas que aun se cometen, no han sido escuchadas por la institucionalidad, las victimas siempre reclaman justicia y verdad. Siempre denunciando el Plan sistemático de “Pacificación del Uraba”: el laboratorio campesino de muerte profesional como instrumento para la “paz”, consolidado históricamente, con la creación y legalidad de las AUC y legitimadas por Uribe Vélez Gobernador, con las llamadas CONVIVIR, continuada como política integral de Estado, por el llamado paramilitarismo, que desde ese momento hasta hoy, siembran las prolíficas tierras del Uraba de fosas comunes.

Hoy desde la Presidencia de la Republica, continuada de otra forma más sutil, la legitimación de la política mediante el artilugio de la desmovilización y negociación del Estado con el paramilitarismo, mediante la “Ley de Justicia y Paz”, negociada como instrumento de impunidad y legalización de los criminales, mostrada ante el mundo como el compromiso del gobierno con el país, que los paramilitares, hoy convertidos como cuerpo en grupos sociales y guardabosques. Legalización presentada como un éxito de la política de seguridad democrática que s aprecia de afirmar que gracias a ello los paramilitares entregaron verdades, armas y ante todo “reparación”. Han consolidado la “matriz social” de control a la población civil. Cual Justicia? Nada más alejado de la verdad.

Los crímenes continúan en la impunidad, los paramilitares continúan delinquiendo, los “elegidos” con estos votos, se cambian el derecho a seguir legislando con el aval del Presidente. No creó que la verdad que hoy sale a la luz, sea exclusivamente como efecto de la ley de justicia y paz. Es y parece extraño, son los Victimarios, los Carniceros, los que cuentan episodios de cómo, donde, con quién, con que fin se desarrollo esta estrategia. Algunos lo hacen porque les han incumplido los pactos políticos y mientras que otros se resienten porque quienes de la mano de estos graneaban las estrategias de exterminio de las comunidades, hoy permanezcan inmunes, en silencio, en la vida ciudadana, como grandes señores, presidentes o generales de la república. La política de la mentira, la deslealtad, la desconfianza entre las personas, la violacion a la soberania nacional y la de los paises vecinos, centran los llamados “valores” de la política de seguridad democrática.

Todavía insito en dar cuenta al país de mi testimonio, me niego al silencio impuesto por los operadores y por los medios de comunicación, a denunciar que las mujeres y hombres que fuimos testigos del exterminio de las comunidades y que nunca fuimos tomados en serio por los “operadores de justicia”, exigimos justicia, exigimos verdad, exigimos la responsabilidad de todos los responsables, las pruebas están ahí en el análisis del contexto político, económico, cultural de la región.

Los operadores de Justicia, se negaban a tener en cuenta nuestras denuncias sobre la responsabilidad de los “carniceros” institucionales, afirmaban que no teníamos pruebas judiciales directas de la responsabilidad contra el general Rito Alejo y el Gobernador de ese entonces Álvaro Uribe, entre otros, en las masacres del Uraba. No les bastaba con las voces de las víctimas, con el análisis de contexto que entregábamos, con la prueba material de los hechos, ellos esgrimían que ellos requerían la prueba procesal, la que cumple con los requisitos de forma, como si fuera posible separar la verdad material de la formal, como si la verdad no fuera sólo una, como si el testimonio de las víctimas aunado a los hechos contextuales no fuera suficiente,.como si la razón de la decisión judicial no dependiera de la reconstrucción de los hechos conforme al contexto, como si de lo que se tratara no fuera de establecer la verdad, sino de dirimir a favor del mas fuerte un proceso. Como si no existiera responsabilidad a la luz de la Constitución de los que tienen a su cargo el cuidado de la vida como principal mandato.

Estos operadores jurídicos, llámense jueces, fiscales, procuradores judiciales, hoy tienen la obligación ética y moral de responder al país. ¿Cuantas visitas a la fiscalía? Cuantas veces mujeres y hombres, relatamos los sucesos del desplazamiento, el dolor de familiares de desaparecidos, mujeres violadas, asesinatos selectivos, cuantas veces fuimos con las mujeres a “rescatar” de la presión para a los hombres inermes, mientras el “General o mejor el Carnicero” gozaba de los avances y los reportes a su jefe inmediato que conocía TODO lo que pasaba en la zona. Y siempre la pregunta por la Prueba judicial. No bastaba el dolor, ni señalar a los responsables. Tal vez hoy los cómplices de esas masacres respondan por el “Eslabón Perdido” de los responsables que tienen nombre evidente y que no se atreven a responsabilizar, aunque todos saben quienes son los “Carniceros del Uraba” y donde están hoy..

En nombre de la paz, de la inversión económica, de acabar con la guerrilla, el entonces Gobernador Álvaro Uribe y su secretario de Gobierno diseñaban la estrategia mayor.. Hoy siento mucho que Pedro Juan Moreno, no este vivo? ¿Quién lo saco del juego? ¿Quien conocía del poder y la verdad que guardaba Pedro Juan Moreno?…Quien lo mando matar? Cuanto diera hoy por escuchar con su soberbia habitual y la alegría que se dibujaba en su rostro con cada desplazamiento y cada muerto “comunista” y claro los reportes de misión cumplida de Álvaro Uribe, lo que nos podría decir desde su “verdad”. Quien mato a Carlos Castaño o estará en Israel?

Desde esta experiencia de exterminio, empresarios bananeros, políticos, y algunos religiosos dieron vía libre a la operación militar esa que hoy “H.H”, el Alemán, Mancuso, Don Berna, Melasa, entre otros, denuncian. Estas practicas las de ayer y las de hoy, no son hechos aislados, no fue a la espalada del país, ni de los medios de comunicación, NO, esto exige que hoy mas de 13 años después, la verdad se le cuente al país y se responda, NO POLITICAMENTE ( pedir excusas afirmando que lo hicieron otros) como el Gobierno ya se esta acostumbrando a sectores del país, no, exigimos que se responda desde la justicia, con sanciones personales.

Ya sabemos que desde la política es simplemente asumir que era “necesario hacerlo” porque valía la pena esto parta salvar a Colombia del comunismo, era una tarea del “elegido” que tiene que imponer una moral salvadora a los corderos. Si señores y señoras… Es hora de levantar la voz con las victimas. Contra la inmoralidad de este gobierno basado en la falsedad, la mentira cotidiana, la palabrería vacía de ética, exige que la gente DESPIERTE. El gobernante de arena, no puede seguir pretendiendo ser reelegido con una historia de crimen, mentira, complicidad. Será que los medios de comunicación acompañaran una marcha exigiendo la responsabilidad de los nunca nombrados General Rito Alejo y Presidente Uribe?

Hoy no puede seguir el silencio sobre las masacres y el descuartizamiento selectivo en el URABA, que hasta hoy sigue vigente. No podemos estar presenciando que saquen de sus casas a hombres y mujeres responsabilizándolos según el estado de ser terroristas, no podemos estar en silencio mientras avanza la masacre, la muerte selectiva, el señalamiento golpeando a las comunidades que NO olvidan, que no venden su dolor del pasado por un plato de lentejas.

Desde mi condición de ciudadana exijo que los operadores de justicia que estaban en la zona del Uraba, en especial en el periodo 1995-1998 entreguen su versión de lo que paso. Donde estaba el defensor del Pueblo? Donde estaba medicina legal? Donde los jueces, fiscales? En fin estoy como siempre indignada de este adormecimiento del país y la desmemoria impuesta. Donde esta la responsabilidad de Luís Camilo Osorio? Donde están los rostros humillados de niñas y niños que los obligaron a crecer sintiendo que sus familiares era mejor que murieran de cualquier forma y de esa manera purificar los pecados en la tierra y ahora si ellos no estaban al lado de los victimarios correrían la misma suerte.

Hoy el Presidente Uribe quién no solo hizo homenajes al General de la muerte, sino que con el, presentaban al país su modelo, su propuesta de gobierno, de seguridad, su propuesta de dirimir los conflictos. Presentaba en ese homenaje su postulación a la Presidencia de la Republica y prometía que la “ valentía” el coraje de Su General habían mostrado la manera de devolver la paz a Colombia, no diálogos, no salidas políticas, la fuerza, la violencia, la venganza, la alianza narco-armas, política serían los nuevos ritos de la secta.

Exijo que la justicia si todavía podemos nombrarla que muestre su rostro frente al Presidente Uribe, que el General Rito Alejo, Luís Camilo Osorio, desmovilizados del EPL, inclusive, los asesores actuales del Gobierno vinculados a este capitulo de la historia del país respondan. También los cooperadores económicos, nacionales e internacionales respondan, los quiero ver a todos mostrando su rostro a las victimas.

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pasan de 70 los campesinos asesinados en lo que va del años en el Tambo (Cauca)

Bogotá Prensa CODHES 11/08/08.Con los asesinatos de ocho campesinos en el Tambo, Cauca, ya pasan de 70 los casos de masacres y asesinatos selectivos registradas este año en su mayoría por nuevos grupos paramilitares.

Los detalles de masacres como las sucedidas en el último año en Córdoba, Chocó o la más reciente ocurrida el sábado en El Tambo, Cauca, donde ocho campesinos fueron asesinados por hombres pertenecerían a una fracción del ELN asociada con la banda paramilitar de nueva generación ‘Los Rastrojos’, recuerdan episodios de otras épocas, como las masacres de El Salado y Chengue, ocurridas en los 90,s en momentos de auge de las AUC.


Hoy, aunque el gobierno asegura que el paramilitarismo y sus consecuencias en Colombia fueron erradicadas con la desmovilización de las AUC, las pruebas parecen demostrar lo contrario.



Las masacres están de nuevo a la orden del día y en la mayoría de los casos sus perpetradores son grupos paramilitares de nueva generación, cuyos vínculos con los jefes de las antiguas AUC fueron probados en más de una ocasión por la justicia colombiana, y cuyo principal objetivo parece ser la retoma de los territorios abandonados por las antiguas AUC y el control de los cultivos de uso ilícito y las rutas de narcotráfico.



Entre las víctimas cobradas este año hay 30 sindicalistas, cinco líderes de población desplazada , 25 indígenas y decenas de civiles que son acusados de colaborar con las guerrillas u otro grupo contrario a los intereses de sus autores, o simplemente asesinados para intimidar a las comunidades a donde estos llegan.



Casos y departamentos

La Primera masacre registrada en 2008 sucedió el 6 de enero en Zona rural de Pereira, capital de Risaralda, donde murieron cuatro personas, entre ellas una menor de edad. En esa ocasión las autoridades determinaron que las muertes fueron producto de retaliaciones entre grupos al servicio del narcotráfico.



En Mote Líbano , Córdoba, un grupo paramilitar no identificado asesinó a cuatro campesinos el 7 de enero. Posteriormente, el 20 de julio, hombres de Águilas Negras asesinaron en un primer hecho a cinco campesinos que departían en una tienda en la vereda San Daniel del municipio de Puerto Libertador.



Esa misma noche también ocurrieron las muertes de dos hombres que se desplazaban en moto del pueblo a sus hogares. La presencia de las Águilas Negras en este municipio y en otros de la región del Alto San Jorge obedece a una confrontación del ese grupo con la también narco paramilitar organización ‘Los Paisas’ por el control de cultivos de uso ilícito y rutas del narcotráfico.



En el valle del Cauca la persecución de los grupos paramilitares contra civiles ha tenido dos vertientes. Por un lado la recuperación de tierras que fueron extinguidas a narcotraficantes del Norte del Valle y la vinculación de familias en los procesos contra los paramilitares que cursan en el marco de la Ley de Justicia y Paz.



La primera víctima del grupo Águilas Negras fue Julio Cesar Molina, líder de la asociación de población Desplazada Nuevo Amanecer, asesinado el 13 de mayo a pocos metros de su casa. Molina lideraba el proceso de legalización de las haciendas La Germania y La Indiana, que fueron entregadas por el presidente a 14 familias desplazadas en zona rural de Anserma Nuevo, Valle del Cauca.



Otros dos miembros de esa asociación,. Los hermanos Eber y Miyer Cortés Vargas fueron asesinados por paramilitares el pasado 30 de junio en El Cairo, Valle, esta vez por cuenta de su participación en un proceso de Justicia y Paz en el que declararon en contra de los paramilitares desmovilizados que los obligaron a desplazarse desde San Vicente del Caguán Caquetá en 2000.



Al presidente de esa asociación,. Jesús Mario Corrales, las Águilas Negras le han hecho varios atendamos pues es él quien ha asesorado a las familias de su asociación para que cumplan el procedimiento necesario para hacerse parte como víctimas en los procesos de Justicia y Paz.



En Cauca se registró el pasado 11 de julio la muerte de tres hombres en la carretera que une al municipio de Balboa con la capital Popayán. Las investigaciones revelaron que las muertes estaban relacionadas con un plan de exterminio puesto en marcha desde principios de año por nuevos grupos paramilitares Rastrojos y Águilas Negras, que se asientan en ese municipio y tiene relación con otro crimen sucedido en septiembre de 2007 en el que fue masacrada toda una familia.



En Guapí la llegada de las Águilas Negras ha generado una ola de asesinatos selectivos que ya cobra ocho vidas este año, además de constantes amenazas y extorsiones a los habitantes. Allí el grupo paramilitar busca consolidar su poder por ser este un puerto para la salida de las drogas al Pacífico.



Otra situación aterradora se está viviendo en Chocó, donde los muertos ya se cuentan por cientos. Allí el ajedrez del poder lo están jugando todos los grupos armados. De una parte las Águilas Negras y Los Rastrojos se enfrenta entre ellos y contra Frac y ELN por el dominio de la zona costera. En otras zonas los enfrentamientos tienen relación con el dominio de carreteras.



Este año han ocurrido tres masacres reportadas. Una el 26 de mayo en Litoral San Juan, donde murieron seis afro colombianos y un indígena, otra en Pizarro en donde cayeron otras ocho personas y una mas ocurrida en junio entre Litoral San Juan y Bajo Baudó, en la que cayeron cuatro personas. Las tres atribuidas a Los Rastrojos en los dos primeros casos y las Águilas Negras en el tercero.



Y aunque en el trayecto del río San Juan entre los municipios de Sipí e Ismina no hay masacres registradas, investigadores consultados por CODHES, que permanecen en la zona aseguran que Los Rastrojos han perpetrado por lo menos 46 asesinatos selectivos cuyos cuerpos han sido encontrados en el río.





Una para las Farc

Sorprende que frente al gran número de masacres atribuidas a los nuevos grupos del paramilitarismo solo uno de los episodios ocurridos este año se le endilgue a las Farc, el asesinato de cinco indígenas el pasado 30 de junio en Barranquillita, corregimiento de Miraflores, Guaviare. Los cinco jóvenes fueron sacados de sus viviendas y masacrados a sangre fría porque según los guerrilleros que cometieron el crimen, dias antes le habrían dado información al Ejército sobre su posición en la zona.





Los datos recogidos por CODHES hasta hoy, concuerdan con las cifras que presenta el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República en su informe semestral, en el que asegura que entre enero y mayo de este año han ocurrido 11 masacres en las que han muerto 46 personas. 19 asesinatos de indígenas y 24 de sindicalistas. Y aunque según el observatorio las cifras son menores que en el mismo período de 2007, el panorama no es alentador.

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SE CONDICIONE LA EXTRADICIÓN DE "H H" HASTA TANTO SE CULMINEN LOS PROCESOS JUDICIALES POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Movice
Enviado por comiteimpulso el Agosto 12, 2008 - 02:18 Jurídica

La Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos y el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado expresan su preocupación y desconcierto ante el anuncio hecho por el Ministro del Interior de autorizar la extradición a Estados Unidos del reconocido jefe paramilitar Ever Veloza alias “HH”, quien se encuentra vinculado a un proceso penal en el marco de la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz.

Este hecho confirma que el Gobierno de Colombia no está interesado en que se conozca la verdad de los crímenes de los paramilitares, especialmente cuando estos pudieran implicar en sus versiones a militares activos, empresarios y políticos cercanos al entorno presidencial como responsables de desarrollar acciones conjuntas con grupos paramilitares, promover, apoyar y financiar su accionar criminal.

Al igual que en el caso de los 14 jefes paramilitares extraditados en el mes de mayo mediante una decisión arbitraria y precipitada, en el caso del jefe paramilitar Ever Veloza alias “HH”, quien ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz confesó haber participado en acciones criminales conjuntas con la fuerza pública, en masacres, desapariciones forzadas, actos de violencia sexual contra las mujeres, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños y niñas y asesinatos de sindicalistas, así como la complicidad de políticos y empresarios en sus actos; la prisa del Presidente por extraditarlo, evidencia que tras la negociación de los paramilitares y el gobierno se esconde un pacto de silencio a cambio de la impunidad de sus crímenes.

La entrega de los jefes paramilitares al Gobierno norteamericano para que sean juzgados por delitos de tráfico de estupefacientes y no por crímenes de lesa humanidad, impide que las victimas puedan hacer uso efectivo de los mecanismos para la obtención de la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación integral por los crímenes cometidos contra ellas, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia en reciente Sentencia Judicial y, hace responsable al Presidente y a las autoridades estatales de la vulneración de sus derechos.

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado hacen un llamado:

1) Al Gobierno de Colombia y al Gobierno de los Estados Unidos para que en el caso del jefe paramilitar Ever Veloza, alias “HH”, se condicione su extradición hasta tanto se culminen los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad seguidos en su contra.

2) A la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación a tomar las previsiones necesarias para impedir que con su extradición se consume un perjuicio irremediable a la efectividad de los derechos a la justicia, a la verdad, la reparación y la primacía del derecho internacional de los derechos humanos en lo relacionado con la imprescriptibilidad y prioridad del juzgamiento por delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra y la responsabilidad de los Estados por investigar, perseguir, sancionar y castigar a sus responsables y sus colaboradores en la comisión de estos crímenes atroces.

3) A la comunidad internacional que haga un llamado al gobierno colombiano a que cumpla los compromisos internacionales asumidos en materia de protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

Bogotá, julio 31 de 2008

MESA EJECUTIVA COORDINACIÓN COLOMBIA - EUROPA - ESTADOS UNIDOS MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

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Detenido por sus vínculos con el paramilitarismo el presidente del partido de Uribe

Semana
La Sala Penal de la Corte dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado contra el senador Carlos García Orjuela. García es investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares del Tolima.
Fecha: 08/11/2008 -
Este lunes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el congresista del partido de la U, Carlos García Orjuela, por el delito de concierto para delinquir agravado. La corporación judicial anunció que los testimonios de los paramilitares recluidos en la cárcel Picaleña de Ibagué serán prioritarios en el proceso contra García, por sus presuntos vínculos con el Bloque Tolima de las Autodefensas.

Después de que se le negara la casa por cárcel, el senador será trasladado por las autoridades a la Cárcel La Picota en Bogotá.

Algunos de los paramilitares de Picaleña aseguran que García alcanzó su curul después de reunirse con jefes de las AUC en el Tolima. García, quien además es el presidente del partido de la U, obtuvo 30.662 votos en las pasadas elecciones.

Al enterarse de la investigación que la Corte Suprema de Justicia le adelantaba semanas atrás, García renunció a la presidencia del partido y a su condición de congresista. Sin embargo, la bancada de la U, a excepción del Representante Nicolás Uribe, no le aceptó la renuncia; luego García reversó la decisión.

García fue capturado el pasado 25 de julio en Santa Marta por el CTI de la Fiscalía.

El abogado del congresista, Agustín Suárez, pidió a la Corte que reconsiderara las versiones de los paramilitares de Picaleña, a los que calificó de "contradictorios". Por su parte García ha expresado que quienes lo acusan lo que buscan son beneficios de la justicia para rebajar la pena.

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