12 agosto, 2009

Militares gringos violan a niña Colombiana

El espectador. Congreso silencia a madre de niña violada por soldados de EE.UU.
Debido a las intervenciones de los senadores Juan Manuel Corzo, Jorge Hernando Pedraza y Víctor Velásquez, del Partido Conservador y Colombia Viva en Unidad Cristiana; respectivamente, no se logró saber detalles del testimonio de doña Olga Lucía Castillo, madre de una menor de 14 años violada por dos uniformados de Estados Unidos.

Tras las peticiones de los tres legisladores enfocadas bien fuera por levantar la sesión, o por no permitir que hablara ella, o por decir que la guerrilla también agrede sexualmente a los colombianos, el senador Gustavo Petro, quien invitó al Congreso a esta inofensiva mujer, reveló que hace muy pocos días ella fue objetivo militar, luego de denunciar a los soldados de ese país que abusaron de su hija.

Por eso, el senador denunció que Michael Cojen y César Ruíz son los nombres de los dos abusadores sexuales de una pequeña ciudadana colombiana.

Sin embargo, trascendió en desarrollo de la sesión el lugar del delito: Melgar (Tolima), en inmediaciones de la base militar de Tolemaida. Y lo que más quedó sonando fue la versión del senador Petro, la cual da cuenta de como este hecho sigue en la impunidad y falta la aplicación de justicia. Según él, hasta el momento los uniformados del Ejército de los Estados Unidos no han sido llevados a ningún tribunal para que respondan por haber agredido sexualmente a una pequeña colombiana.

Debate sobre bases gringas en Colombia




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'HH' pagó para acusar a las Farc de masacre de San José de Apartado

Verdad Abierta. Ever Velosa García, alias de HH, pagó para que testigos falsos encubrieran a las Auc y señalaran a las Farc como responsables de la masacre de ocho personas cometida en febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Los testimonios fueron utilizados por la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia.
La versión de 'HH' fue recogida por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones en una diligencia de declaración rendida el 22 de mayo de 2008 en Medellín y a cuyo documento tuvo acceso Verdad Abierta.

En esa declaración, este ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien estuvo al frente de los bloques Bananeros en esa región de Antioquia y del Calima en el Valle de Cauca, aseguró que el dinero se lo entregó personalmente al entonces coronel Néstor Iván Duque López, comandante en ese año del batallón Bejarano Muñoz para que pagara a los testigos.

Las declaraciones de este ex jefe paramilitar, extraditado el 6 de marzo de este año a Estados Unidos para que respondiera por cargos de narcotráfico, fueron trasladadas el pasado 24 de junio, mediante Auto N° 585 proferido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, al proceso disciplinario N° 155-118150-05, que está a cargo del Despacho del señor Procurador General de la Nación y en el cual se investigan a varios miembros del Ejército comprometidos en la masacre.

Hasta el momento, afrontan pliego de cargos dos tenientes, dos capitanes y otros seis suboficiales adscritos a la Brigada XVII. Además, varios de ellos han sido cobijados con medida de aseguramiento y uno más se acogió a sentencia anticipada.

Ante los investigadores del Ministerio Público, Velosa García aseguró que la última vez que habló con el oficial Duque López fue en 2005, en el Centro de Referencia del municipio de Turbo, donde se reunían los desmovilizados de las Auc para recibir asistencia del Gobierno Nacional.

“En esa ocasión, fue con un poco de papeles y me dijo que se estaba defendiendo de unas denuncias de San José de Apartadó y me pidió el favor que le regalara dos millones de pesos para darle a unos testigos que iba a presentar sobre la masacre de San José de Apartadó”, le narró Velosa García a los agentes de la Procuraduría. De acuerdo a sus explicaciones, ambos estaban solos en una oficina del Centro de Referencia y fue allí donde le dio el dinero.

“Me dijo que la plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las Farc que iban a declarar a Bogotá y que iban a decir que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las Farc, no recuerdo para qué mes del 2005, pero lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”.

Durante el 21 y el 22 de febrero de 2005, un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', protegidos por miembros de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército, asesinó a Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Todos fueron desmembrados y enterrados en una fosa común.

La masacre causó gran impacto nacional e internacional porque la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida como tal desde el 23 de marzo de 1997 con el ánimo de mantenerse neutral en el conflicto, tiene medidas cautelares y provisionales impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero 'HH' no sólo se refirió a la entrega del dinero. En su declaración, dejó claro que había una estrecha relación de las Auc con este coronel de la Brigada XVII del Ejército: “Duque era un colaborador nuestro en la zona de Urabá con quien coordinábamos y le presentábamos guías”, indicó Velosa García y precisó que él y algunos de sus mandos medios se reunían con el oficial en la finca La Florida, cerca al corregimiento Currulao, de Turbo, para coordinar movimientos de tropas, tanto de las Auc como del Ejército.

Incluso, en su declaración, 'HH' narró que a dos de sus hombres más cercanos, Miguel Ángel Serrano, alias 'Megateo', y Carlos Vásquez, 'Cepillo', el coronel Duque les había solicitado que asesinaran a Adriano José Cano, 'Melaza', porque en medio de una borrachera había dicho que sabía quiénes habían hecho la masacre de San José de Apartadó en La Resbalosa.

“Yo les dije que si lo hacían los denunciaba y hablé con el Comisario de la OEA, doctor Gustavo Pita, y le informé lo que estaba sucediendo”, indicó Velosa García.


¿A quiénes financiaron?

Uno de los falsos testigos que probablemente recibió parte del dinero que aportó el ex paramilitar Velosa García y recibió el coronel Duque López, fue Apolinar Guerra George, un campesino del corregimiento San José de Apartadó sindicado de pertenecer a la guerrilla de las Farc y quien el pasado 26 de junio se retractó de su versión inicial entregada a las autoridades el 1 de abril de 2005, en la que sindicó a esa organización guerrillera de cometer la masacre y a dos de sus víctimas de pertenecer a ese grupo subversivo.

Durante la ampliación de testimonio rendida ante la Unidad Segunda de Apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Guerra George admitió que a instancias del oficial Duque López, mintió en esa ocasión sobre los responsables de la masacre confiado en lograr beneficios económicos prometidos por este coronel del Ejército.

“Fui a declarar que esa masacre la había hecho la guerrilla porque el mismo coronel Duque me dijo que dijera que había sido las Farc. ¿Por qué hice yo esto? Porque estaba convencido de todas las promesas del coronel Duque me estaba haciendo y como yo no sabía nada de leyes y de los problemas que esto me traía, fui y yo decía todo lo que el coronel me indicaba”, le dijo Guerra George a los fiscales.

Durante varios meses del año 2005, la versión de este falso testigo fue sostenida en diversos escenarios nacionales e internacionales y recogida por diversos medios de comunicación. En ese momento, declaró incluso ante el Congreso de la República y delegaciones diplomáticas que las Farc habían cometido la masacre porque dos de los asesinados, Alejandro Pérez y Luis Eduardo Guerra, eran milicianos de ese grupo armado ilegal y tenían intenciones de abandonar esa comunidad. Además, aseguró que esta guerrilla tenía interceptadas las comunicaciones del caserío “y ordenaban cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan, o si no mire lo que les pasó a Luis Eduardo y a Alejandro".

Pero tras varios años en la cárcel, donde purga una condena por una falsa incriminación sugerida por el DAS de Apartadó al hacerse responsable de un ataque dinamitero ocurrido el 20 de mayo de 2004 en el establecimiento la Barra Cervecera, Guerra George decidió cambiar la versión y, según él, contar la verdad.

“Ahora que me encuentro preso y nadie me ayuda con nada quiero contar toda la verdad sobre este proceso y la pienso decir en estos momentos”, sostuvo el procesado. Según esta nueva versión, Guerra George y otros supuestos desmovilizados de las Farc que habitaban en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibieron instrucciones precisas del coronel Duque López.

“Primero que todo me dijo que dijera que yo antes de venirme de la guerrilla había escuchado decir de que había que matar a esos civiles porque eran informantes del Estado y que teníamos que decir eso porque se lo estaban achacando a la fuerza pública”, explico Guerra George. El propósito del oficial del Ejército era crear una versión creíble a partir de las falsas versiones con el fin de demandar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

“Según el coronel Duque, él demandaba y había una indemnización, y que iríamos por partes iguales, no sólo yo sino todos los desmovilizados y ahí yo caí en todas las promesas que él hacía”, precisó este testigo. Pero el cambio de versión le ha traído problemas a Guerra George, quien desde hace varios meses se enfrenta a las intimidaciones que desde hace varios meses le viene haciendo el oficial del Ejército.

“Hace más o menos de dos a tres meses que hablé con él (con el coronel Duque) y me dijo que cómo eran las cosas, que yo estaba desvirtuando lo que yo había dicho antes y que eso le traería problemas a él, pero que si yo quería seguir con esas declaraciones que siguiera con ellas porque él no tenía miedo de lo que yo dijera”, narró Guerra George. “En pocas palabras trató de volverme a chantajear porque me dijo que si yo seguía con eso él tenía que tomar medidas drásticas”.

Y no sólo han sido amenazas veladas las que ha recibido este testigo. Además, contó a la Fiscalía que el coronel Duque iba a traer a otros desmovilizados para atestiguar a su favor desmentir esta nueva versión. Entre los nuevos “testigos” está Danis Daniel Sierra, alias Zamir, quien fue declarado por el Gobierno Nacional Gestor de Paz, tras desmovilizarse en diciembre de 2008.

De hecho, alias Zamir ya comenzó a hablar. A través del programa radial Las voces del silencio, en entrevista al ex ministro Fernando Londoño, en su programa La hora de la Verdad, y en conversación con el diario El Colombiano, este ex guerrillero aseguró que la Comunidad de Paz “es una fachada de las Farc”, y sindicó a varios de sus consejeros de integrar esta organización guerrillera.

Para Guerra George, hoy arrepentido, es clara la estrategia del coronel Duque contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: “Va a traer a otros desmovilizados y ellos van a decir que lo que ellos han dicho es la verdad, cosa que en realidad son falsas, y van a seguir atestiguando que son realidad porque ellos todavía están comprados por el coronel Duque”.

Según consignó ante la Fiscalía, el cambio de versión lo ha puesto en peligro a él y a su familia, por lo que solicitó que se adopten medidas de especiales para protegerlos. Se espera entonces que no sólo lo protejan, sino que la justicia actúe y llame al coronel del Ejército Néstor Iván Duque López para que confronte lo dicho por Apolinar Guerra George y el ex jefe paramilitar




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Los Engaños a los Desplazados Colombianos

Semana. Distintas mafias sacan su tajada aprovechando la ignorancia de los desplazados y los billones que el Estado tiene que girarles.

“Los recursos han aumentado, la Corte Constitucional ha ampliado los rangos de cobertura y el Estado los entrega bajo el principio de buena fe, pero hay un grupo de avivatos que con la mejoría de los programas tienen un incentivo perverso y están exprimiendo la pobreza” dice uno de los abogados de Acción Social.
Al caído caerle, parece ser la máxima que aplican unos cuantos personajes que han visto en la desgracia de los desplazados una forma de ganarse unos pesos. La situación es aberrante. Van desde espontáneos que les cobran 3.000 pesos por un trámite insignificante, hasta hacendados que buscan ganar dinero al vender terrenos inoficiosos para aprovechar los programas de reubicación, y funcionarios corruptos que autorizan esas ventas a cambio de una mordida.

El impacto de los casos que las autoridades han logrado documentar es mínimo frente al total de los recursos que el Estado destina para atender a los afectados, pero la preocupación es grande no sólo por lo que significa quitarle un peso a uno de los grupos más vulnerables de la población, sino por el daño que esto le hace a los programas de atención y a los mismos desplazados. Por cuenta de los abusos de unos pocos, se corre el riesgo de que se les estigmatice. Además, muchos de los engaños generan falsas expectativas entre los desplazados y traen tensión entre ellos y los programas de atención del Estado. Sólo en el último año hubo 887 casos, según un grupo especializado que se constituyó en Acción Social para la protección de estos recursos.

Hay personas que se presentan como líderes y ofrecen lo que llaman "el combo jurídico", que incluye derecho de petición, tutela e incidente de desacato. Cada etapa tiene su valor: la primera, 5.000 pesos; la siguiente, de 10.000 a 50.000, y la tercera, un porcentaje entre el 10 y el 40 por ciento de lo que logren cobrar. Los pagos en el caso de las ayudas humanitarias de emergencia están entre 300.000 y 1.700.000 pesos, a lo que se suma las prórrogas, que llegan a 900.000 pesos. "Los tinterillos que se las tiran de líderes cogen a la gente y la engañan", dice uno de los desplazados en Bogotá, mientras recoge su ayuda. "Venden la idea de que si uno no sabe hablar o no sabe pedir, no va a lograr nada", dice, aunque la atención es gratuita y no requiere de intermediarios.

Un líder de una de las varias asociaciones que ayudan a esta población explica que cobran a las familias que asesoran "un aporte de 5.000 pesos mensuales para papelería, mensajería y transporte para las reuniones". Esto puede ser cierto en algunos casos. Pero mucho va de una cuota para algunos trámites colectivos, a porcentajes por iniciar procesos donde se ofrecen millonarias sumas por cuenta de cobros retroactivos, intereses e indexaciones sobre una ayuda humanitaria que tiene una finalidad muy específica, o a organizar gente para que se hagan pasar por desplazados. Las indagaciones han encontrado individuos que entrenan personas pobres para que digan que fueron desplazados, les dan información de las regiones de donde se suponen que salen, y detalles del dramatismo que deben poner a sus relatos. "Dicen que es más fácil si dicen que los atacó la guerrilla. Nunca decir que la fuerza pública", comenta uno de los desplazados. En la costa caribe han detectado que incluso los transportan en buses entre municipios, y hay casos investigados que vinculan a funcionarios de las alcaldías y de las personerías.

Otro de los problemas frecuentes es la suplantación. Una funcionaria recuerda como capturaron en flagrancia a un señor que ya estaba incluido en el registro de desplazados, pero estaba buscando una nueva ayuda con otra cédula que tenía la misma foto pero otro nombre. La situación es crítica en departamentos como Magdalena, donde han identificado 387 casos, la mayoría de este tipo, y varios de ellos denunciados por los mismos desplazados.

Pero las mayores aberraciones se dan en los proyectos productivos y en las asignaciones de tierras. En el Incoder, entidad que lidera este proceso, por ejemplo, hay organizaciones que le cobran hasta un millón de pesos a cada familia de desplazados para armarle los proyectos productivos, con la garantía de que serán aprobados, sin que esto suceda. Así que tras de la situación crítica en la que se encuentran, los desplazados quedan empeñados con el dinero con el que buscaban hacerse a una parcela.

Allí también se están presentando personas que no figuran como desplazadas, esto se detecta al cruzar con bases de datos de otras entidades del Estado, o hay proyectos en los que se presentan predios avaluados por mayor valor del real, lo que hace que sean descalificados. En la convocatoria del año pasado, por ejemplo, fueron rechazados 173 proyectos por inconsistencias en los avalúos y por problemas en los datos de los aspirantes, mientras sólo se aprobaron 98 proyectos para continuar con el proceso de aprobación.

En su esfuerzo de depuración, el Incoder destituyó en los últimos dos años a 13 funcionarios a los que les probó que pidieron dinero para entregar predios, o que dieron informes falsos para adquirir tierras que a la postre resultaron inservibles o que aprobaron comprar a un mayor valor de su precio real. Hay tierras sin agua, de condiciones físicas no aptas para agricultura o ganadería, hasta incluso se evalúa el caso de una tierra que resultó ser un campo minado.

En la atención a los desplazados, el gobierno ha recibido muchas críticas por su incapacidad para solucionar una problemática tan compleja. De hecho, la presión que los fallos de la Corte Constitucional le ha puesto al tema ha hecho que los programas con desplazados reciban ayuda con prioridad sobre los pobres, y de esta manera, se creó un incentivo para que estos últimos muchas veces se hagan pasar por desplazados para recibir atención estatal.

Los esfuerzos que realizan las autoridades para identificar a los colados, los ajustes que han tenido los programas y los esfuerzos en cerrar los boquetes encontrados son valiosos, pero aún insuficientes para controlar a los vampiros que están haciendo su agosto con la miseria.






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