06 agosto, 2008

Mario Montoya un General violador de los Derechos Humanos

Por corresponsales de IPS

MONTEVIDEO, 6 jul (IPS) - El general Mario Montoya Uribe, el jefe del ejército de Colombia al que Ingrid Betancourt agradeció el miércoles haberla rescatado de su cautiverio, tiene una controvertida foja de servicios.

Montoya, a quien Betancourt abrazó poco después de ser rescatada de un cautiverio de más de seis años en manos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació el 29 de abril de 1949 en el occidental Valle del Cauca.


A lo largo de su carrera ha recibido más de 20 condecoraciones, entre ellas la medalla del ejército de Estados Unidos. Ha ejercido labores de comandancia en buena parte de su país y tiene un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes, afirma su currículum en el sitio en Internet del ejército.

Siguió estudios en la Escuela Superior de Guerra, un curso avanzado de vehículos blindados en Fort Knox, Estados Unidos, y se desempeñó como agregado militar en Gran Bretaña.

Un cable despachado en 1979 por la embajada de Washington en Bogotá, desclasificado a pedido del no gubernamental National Security Archive (NSA) de Estados Unidos, "revela que un batallón de inteligencia del ejército colombiano ligado a Montoya creó en secreto una unidad clandestina terrorista entre 1978 y 1979", señaló el investigador Michael Evans en un artículo publicado en junio de 2007 en la revista Semana.

"Bajo la fachada de la Alianza Anticomunista Americana (AAA), el grupo fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda durante esos años", agregó.

Evans, investigador del NSA, también se refirió al hallazgo en marzo de 2007 de una fosa común en el departamento de Putumayo, con restos de más de 100 víctimas "asesinadas durante el mismo período" en que Montoya lideró la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, "financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes en esta región entre 1999 y 2001".

"Los documentos desclasificados señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando de Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, donde fue descubierta la fosa común", agregó, en referencia a una ciudad de Putumayo.

Montoya era jefe de la IV Brigada del ejército, con jurisdicción en el municipio de Bojayá, en el occidental departamento del Chocó, cuando se cometió la matanza de 119 civiles en la aldea de Bellavista, el 2 de mayo de 2002.

A pesar de tres advertencias efectuadas días antes sobre el inminente peligro que corría la población civil, la fuerza de seguridad pública no se hizo presente en la zona, ni tomó acciones para proteger a los habitantes.

El 21 de abril, al menos siete lanchas con unos 250 paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a Bellavista y al vecino Vigía del Fuerte, tras pasar por un retén permanente de la marina de guerra, otro de la policía y un tercero del ejército en Riosucio, 157 kilómetros al norte de Bellavista.

Los paramilitares se establecieron en ambos poblados, mientras la guerrilla de las FARC observaba desde el área rural.

El 23 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó al gobierno su "preocupación" por la incursión paramilitar, y lo instó a tomar medidas para proteger a los civiles. El 24 y el 26, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se unieron a la advertencia.

El 1 de mayo comenzaron los combates entre las FARC y las AUC. Más de 300 personas se refugiaron en la iglesia de Bellavista, detrás de la cual se parapetaron los paramilitares. Al día siguiente, los guerrilleros arrojaron una pipeta de gas rellena de explosivos, que cayó en el templo, matando a 119 personas, entre ellos 44 niños, y dejando más de 100 heridos y mutilados.

El ejército se hizo presente cinco días después. Sobrevivientes de aquella tragedia relataron el año pasado a IPS la llegada del general Montoya al lugar y cómo, frente a las cámaras de televisión, lloró por los pequeños muertos, exhibiendo un zapatito infantil de una costosa marca desconocida para los niños de la zona.

En mayo de este año, un tribunal administrativo determinó en dos sentencias que el Estado es responsable por no haber protegido a la población, y ordenó el pago de una indemnización de 1.552 millones de pesos (poco más de 870.000 dólares) a las familias de las víctimas. Todavía hay pendientes otras 14 demandas civiles.

La justicia militar y la Procuraduría investigaron por omisión a los militares implicados en estos hechos. Pero Montoya continuó su carrera y fue ascendido, aunque poco después, en octubre de 2002, se vería envuelto en otro hecho polémico.

Un informe en poder de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, filtrado al diario de ese país Los Ángeles Times que lo publicó en marzo de 2007, indica que Montoya y un grupo paramilitar, el Bloque Cacique Nutibara, "planificaron y condujeron una operación militar para eliminar guerrillas marxistas de los suburbios pobres de Medellín, una ciudad del noroeste de Colombia que ha sido centro del narcotráfico".

La llamada Operación Orión comenzó a las dos de la madrugada del 15 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Al menos 14 personas fueron muertas, y testimonios de habitantes y de organizaciones de derechos humanos aseguran que unas 50 más desaparecieron en las semanas subsiguientes.

"Vamos a continuar, y lo que estamos haciendo en la Comuna 13 es un mensaje contundente a los violentos, que es: desistan, vamos a llegar a todo el país porque la guerra de guerrillas urbanas no tiene cabida en Colombia", afirmaba Montoya en un texto fechado el 21 de octubre en el sitio web de la presidencia del país.

Las acciones del Bloque Cacique Nutibara duraron dos meses en la Comuna 13 y, según testimonios de desmovilizados, se coordinaban con las autoridades.

El reporte de inteligencia de la CIA incluye información de otros servicios de espionaje occidentales e indica que funcionarios estadounidenses han recibido informes similares de otras fuentes confiables, según los periodistas Greg Miller y Paul Richter, que escribieron el artículo del LA Times.

El informe fue filtrado al diario por una fuente que sólo aceptó ser identificada como empleado del gobierno de Estados Unidos. La CIA no confirmó ni desmintió la información, pero solicitó al periódico que no publicara ciertos detalles.

Además de su estrecha colaboración con oficiales estadounidenses en el Plan Colombia, financiado por Washington para combatir el narcotráfico y la insurgencia, Montoya fue instructor de la ex Escuela de las Américas, llamada desde 2001 Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.

El miércoles por la noche, cuando el gobierno presentó por televisión cómo se planeó y ejecutó la operación de rescate de Betancourt y los otros 14 rehenes, el presidente Álvaro Uribe reveló que Montoya fue el comandante operativo de la exitosa misión, y recordó elogiosamente, aunque sin comentarios, la operación en la Comuna 13 de Medellín.

Uribe mencionó que ese día le habían llegado mensajes de miembros de la fuerza pública que le manifestaban que estaban presos "injustamente", y le pedían que "abogue por nosotros".

"Este es un estado de opinión", dijo Uribe y pidió a las organizaciones humanitarias: "Crean en Colombia, en este gobierno; este respeto a los derechos humanos en este operativo no es episódico".

A los jueces, el presidente les pidió "respetuosamente" que revisaran los casos de los militares presos y "donde de pronto haya un error, se corrija". Conoce un mas sobre este General

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Comunicado ante la detención de Remedios García Albert en España

comiteimpulso
Los movimientos sociales, de solidaridad, organizaciones políticas, asociaciones de derechos humanos, de refugiados e inmigrantes, así como otro tipo de colectivos musicales y artísticos abajo firmantes, ante la detención de nuestra compañera Remedios García Albert el pasado sábado 26 de julio en su domicilio de San Lorenzo del Escorial, bajo la acusación de "integración en banda armada", en este caso las FARC-EP, declaramos:

Nuestro más profundo rechazo a esta inaudita detención, instada desde la fiscalía de Colombia (dirigida por Mario Iguarán, repetidamente señalado como vinculado al paramilitarismo y responsable de la sistemática impunidad en que quedan en Colombia los crímenes contra la población civil), sobre la base de pruebas de dudosísima procedencia, como son los supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del recientemente asesinado, Raúl Reyes, ex-responsable de relaciones internacionales de las FARC-EP. Cabe destacar que dicho ordenador fue "recuperado" por el ejército colombiano tras un bombardeo e incursión ilegítimas, en territorio ecuatoriano, violando la soberanía de este último país, así como varios tratados internacionales. Además, quedó constatado por diversos organismos - incluida la Interpol , entre otros-, que la cadena de custodia del ordenador fue rota en varios momentos, así como la modificación de numerosos archivos, por lo cual estos supuestos correos electrónicos nunca deberían constituir una prueba válida y lícita en un juicio, ni motivo de una detención­.

La compañera Remedios García ha desempeñado durante años un destacado trabajo en el ámbito de la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y el apoyo a una salida negociada al conflicto colombiano. Cabe desatacar su labor como dirigente de OSPAAAL durante el proceso de paz que se llevo a cabo en el gobierno del anterior Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y en especial durante la Conferencia de paz desarrollada en el año 2000 en Alcalá de Henares (en el que Remedios, a través de OSPAAAL fue una de las organizadoras), conferencia que fue reconocida por los propios gobiernos Colombiano y Español. Ante la demagogia desatada estos últimos días es preciso recordar como, en el marco de dicha Conferencia, la presencia del dirigente de las FARC-EP, Raúl Reyes, fue amparada por múltiples instituciones oficiales.

Entendemos esta detención como un paso adelante del gobierno colombiano para acabar, por los medios que sean, con toda la oposición a su política militarista y guerrerista, especialmente con todos aquellos que buscamos una salida política y negociada al conflicto colombiano. Además, en esta ocasión, dicha política de amedrentamiento se agrava, pues se internacionaliza, gracias al apoyo incondicional del gobierno y la justicia españolas al gobierno de Uribe, los cuales no han servido más que de ejecutores de esta política que en Colombia ha sembrado ya varios miles de muertos.

El gobierno de Álvaro Uribe con su doctrina de seguridad democrática continúa apostando por la guerra y la represión como único medio para la solución del conflicto colombiano mientras, se hacen cada vez más evidentes sus vinculaciones con el paramilitarismo de Estado en Colombia, como se refleja en la detención de setenta congresistas de su entorno más inmediato.

Lamentamos profundamente el brutal escarnio público al que ha sido sometida Remedios García por parte de la prensa española e internacional, los cuales, en una estrategia global de acoso a las ordenes de Colombia y su socio Norteamericano, han hecho un juicio paralelo encontrándola directamente culpable y obviando su derecho a la presunción de inocencia. Además se ha publicado su foto, su dirección, su portal y el número en el que vivía, incluso con imágenes de video, violando su derecho a vivir una vida normal teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones.

Esto último es ya el colofón de la ya mencionada internacionalización del conflicto: el "asesinato de imagen"; ya da igual que la acusada sea inocente, hay un daño de imagen irreparable. Esto ocurre día a día en Colombia, donde luchadores pacifistas, de derechos humanos, ecologistas, u opositores al gobierno de Uribe son criminalizados, insultados y acusados de terrorismo al unísono por todos los medios de comunicación, teniendo en muchos casos que poner tierra de por medio pues, una vez señalados, son blanco prioritario de organizaciones paramilitares que en la mayoría de casos, asesinan a los que deciden quedarse.

No podemos dejar de señalar el papel de las políticas antiterroristas en la erosión progresiva de los derechos de los ciudadanos y las garantías más básicas, utilizando la supuesta lucha contra el terror como un argumento para criminalizar la protesta social y las luchas por un mundo más justo.

Por todo esto, declaramos de nuevo, nuestra más firme solidaridad con Remedios García Albert, e invitamos a todas las asociaciones, organizaciones y movimientos que así lo deseen a sumarse a este manifiesto, así como al resto de acciones que se están llevando a cabo en solidaridad, especialmente la recaudación de fondos para el pago de la fianza de 12.000 €.-, cuyo impago, antes del viernes, conllevará la entrada en prisión de la compañera Remedios García.

Ingresos a nombre de Remedios García Albert
Concepto: pago de fianza
Ccc 2038 1969 67 3000193165

Asimismo, condenamos una vez más, la política represiva, asesina y criminal que practica el régimen de Álvaro Uribe contra su población y especialmente contra aquellos que trabajan día a día por un porvenir mas justo y en paz. Política que ya ha dejado varios miles de muertos y que ahora pretende ser exportada a Europa, con la amplia colaboración de esta última (que además necesita esta represión para sobrellevar la nueva crisis económica que acaba de empezar, como ya hemos visto en estos últimos meses: casos de censuras, juicios y encarcelamientos a activistas de los movimientos sociales)

Por ultimo, declarar firme y unánimemente que no cejaremos jamás, por mucha represión que haya, en nuestros empeños de cambio hacia un mundo mucho mas justo, solidario, en paz y con justicia social.

¡Libertad sin cargos para Remedios García!

¡No a la criminalización de los movimientos sociales!

Convocamos a la concentración que se celebrará hoy jueves 31 de julio, alas18.00 horas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores español en la plaza de las provincias (junto a la Plaza mayor).

Organizaciones que suscriben este comunicado:

Asociación Argentina Pro Derechos Humanos – Madrid
Asociación de Solidaridad Bolivariana
Asociación Solidaridad Derechos Humanos Colombia
CINPROINDH
Colectivo 26 de Julio
Colectivo Madrileño por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia (COMADEHCO)
Colectivo de Refugiados Colombianos en España (COLREFE)
Comité de España del Partido Comunista Colombiano
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Comunistas-3
Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid
Corriente Roja
Cultura Paz y Solidaridad
Derechos para Tod@s
El Militante
Espacio Alternativo
Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE)
Foro de Sao Paulo en Madrid
Izquierda Unida
Jóvenes del Polo Democrático Alternativo
Juventud Comunista de España (M-L)
Manos Fuera de Venezuela
OSPAAAL
Paz Ahora
Partido Comunista de los Pueblos de España
Partido Comunista de España
Partido Comunista de España (M-L)
Partido Comunista de Chile en España
Partido Comunista Uruguayo – Comité en España
Partido Nacionalista Peruano – Madrid
Periódico LaRepublica.es
Periódico LaDemocracia.es
Plataforma Bolivariana
Plataforma de Ciudadanos por la República
Red de Municipios por la Tercera República
Sodepaz-Madrid
Sindicato de Estudiantes
Unidad Cívica por la República
Unión de Juventudes Comunistas de España
Unión Proletaria
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Hermano del Ministro de interior esta vinculado junto con el Comandante de la policia al narcotraficante "Don Mario"

SEMANA
Investigan a hermano de Mininterior y a comandante de policía por presuntos vínculos con “Don Mario”
La propia Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia determinar si Guillermo León Valencia Cossio, director de Fiscalías de Medellín, está involucrado con una organización de narcotráfico que opera en el Urabá. También el director regional de policía está bajo investigación preliminar.
Fecha: 08/06/2008 -
Gran revuelo en Medellín ha generado la noticia sobre el llamado que le hizo la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al Director Seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio y al que hasta hace un mes y medio fuera el Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general Marco Antonio Pedreros, por presuntamente haber favorecido a la banda liderada por Daniel Rendón, alias “Don Mario”, hermano del ex jefe paramilitar conocido con el alias de “El Alemán”. Pedreros es hoy comandante de la regional 6 de policía que tiene a su cargo tres departamentos.

Veinticuatro horas antes de conocerse esta noticia, miembros del CTI con apoyo de la Armada Nacional capturaron a tres presuntos miembros de esta misma banda: Jhon Freddy Manco Torres, alias ‘El Indio’ o ‘Alberto’, Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’ o ‘Mentira’, y Juan Felipe Sierra Fernández, hijo de Ricardo Sierra Caro, director de la Caja de Compensación Comfenalco, sede Antioquia, accionista de la empresa de seguridad Control Total, ubicada en Envigado y amigo cercano de Valencia Cossio.

El Director Seccional de Fiscalías de Medellín, quien fue diputado de Antioquia en 2000, ha dicho ante los medios de comunicación que tras enterarse por un periódico regional de que su nombre había sido relacionado con paramilitares y narcos, escribió una carta al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, en la que le decía que se ponía a su disposición para cualquier eventual investigación penal.

* ¿Qué pasa en Medellín?

Hace tan sólo una semana, en la edición 1369 (ver artículo qué pasa en Medellín), tras el crimen de un fiscal y una capitán del Ejército en un barrio de la capital antioqueña, la revista Semana alertó sobre la infiltración de la mafia en los organismos de seguridad de esta ciudad. Esa misma semana, el Alcalde de la ciudad, Alonso Salazar, había expresado su inconformidad con la Dirección Seccional de Fiscalías por el lento proceder en los casos que tienen que ver con narcoparamilitares.

En una posición visiblemente incómoda por tratarse de un hermano, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, en un comunicado emitido en la tarde del martes, dijo que “le he manifestado al señor Presidente de la República y al señor Fiscal General de la Nación que me mantendré totalmente al margen de dicho proceso (...) espero que mi hermano de las explicaciones satisfactorias que permitan dejar incólume su conducta”.

Caso Pedreros

El general Marco Antonio Pedreros se desempeñó hasta el 19 de junio como Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, y luego, paradójicamente el mismo Presidente de la República le había encomendado la misión de acabar con la banda de “don Mario” en Córdoba, Chocó y Antioquia. Incluso, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, lo iba a trasladar de Medellín a la dirección operativa en Bogotá pero debido al incremento de los homicidios en la capital antioqueña y a las versiones de que “don Mario” y sus hombres estaban apoderándose de los negocios ilícitos en esos tres departamentos, decidieron nombrarlo comandante de la regional 6 de la Policía.

Ahora, paradójicamente, la Fiscalía lo investiga por posibles vínculos con la banda que tiene como misión perseguir.

Según reportes de varias organizaciones sociales, el grupo de Don Mario controla buena parte del flujo de narcóticos, armas y precursores que salen y entran al país por el Golfo de Urabá y por el Atrato chocoano. En los últimos meses, hay informes confiables que aseguran que guerrilleros del Bloque Caribe de las Farc está aliado con Don Mario en el negocio.
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"De ser ciertas, esas imágenes demostrarán claramente un uso inapropiado del emblema, lo que deploramos"

EL TIEMPO
"De ser ciertas, esas imágenes demostrarán claramente un uso inapropiado del emblema, lo que deploramos", explicó el vicedirector de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Dominik Stillhart.

La grabación muestra que el uso de un emblema de la Cruz Roja fue deliberado desde un comienzo y no producto de los nervios de un oficial en el último momento, como lo aseguró Álvaro Uribe.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que ni él, ni el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, (tampoco) conocían el video en su totalidad. La declaración la hizo el lunes en San José del Guaviare.

Mediante un comunicado de la Casa de Nariño, el mandatario señaló: "Es grave que integrantes de las Fuerzas Armadas filtren noticias de manera clandestina y sin coordinación con sus superiores. Además, es grave que en las primeras investigaciones sobre la operación no haya salido a relucir toda la verdad".

Uribe, al parecer, se refería a las primeras informaciones que dijo tener sobre el uso del emblema de la Cruz Roja Internacional y que se filtró cuando CNN aseguró que habían intentado venderles por 300 mil dólares un video en el que se veía claramente la utilización del símbolo del organismo internacional.

En el video también se aprecia que unos miembros de la misión, que simulaban ser periodistas, tenían, además del logo de Telesur, el del canal ecuatoriano Ecuavisa.

Agregó que no sabía que el militar portó desde el primer momento el peto con el logo del organismo internacional y aseguró que el uniformado inclusive juró por su hijo que solo sacó el emblema cuando sintió miedo.

Por esto, dijo que el oficial será sancionado y no se le entregarán las condecoraciones anunciadas, como la Cruz de Boyacá.

El general Mario Montoya, directamente responsable de la operación, aseguró que se enteró del uso del emblema por la versión del oficial que lo llevó ese día y que no hubo un plan previo para usarlo.

Otro punto de debate es si el video fue filtrado o comprado. La directora de noticias de RCN, Clara Elvira Ospina, al respecto se limitó a responder: "Lo que aquí pasó fue un impecable trabajo de reportería, cuando se supo que había un video, nosotros empezamos a buscarlo, y el que busca encuentra".

Mientras tanto, el ministro Santos añadió que el video no fue entregado oficialmente sino que fue filtrado, y que se tienen indicios de quién lo habría hecho.

Según dijo, al revelar el video se puso en riesgo la vida de los militares que participaron en la operación, por lo que catalogó el hecho como "violación a la lealtad y traición a la patria".

"Ese no es un asunto que tenga que ver con RCN, nosotros hicimos un trabajo periodístico, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa y el Gobierno están en su derecho de averiguar cómo se filtró una información y nosotros estamos en nuestro derecho de reservarnos la fuente", dijo Ospina.


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