Semana. El juez segundo penal de control de garantías encontró méritos suficientes para pedir la medida de aseguramiento contra17 militares acusados de asesinar a tres civiles inocentes de Soacha, que posteriormente fueron presentados como muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. En los hechos investigados murieron en total 11 personas residentes de Soacha, Cundinamarca.la Fiscalía acusó al sargento segundo Jáner Duque Marín, del Ejército, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
Según las investigaciones que adelanta el ente acusador, el suboficial coordinó una operación ejecutada el pasado 25 de agosto en una vereda de Ocaña. Ese día, tropas contraguerrilla de la compañía ‘Espada', adscritas a la Brigada Móvil No. 5 del Batallón Santander, reportaron tres ilegales muertos en combate.
Los investigadores presentaron pudieron determinar que en realidad se trataba de tres jóvenes habitantes de Soacha: Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, fueron contactados en una tienda del municipio de Cundinamarca conocido como ‘Los Costeños' del barrio Ducales de este municpio de Cundinamarca, entre el 22 y 23 de agosto.
“Los jóvenes viajaron en una flota, se hospedaron en la casa de Alexánder Carretero Díaz, quien hacías las veces de ‘reclutador', y el 24 del mismo mes, hacia las seis de la tarde, fueron entregados a un militar”, aseguró la fiscal de Derechos Humanos María Cecilia Jaimes, durante la audiencia ante el ante Juez Segundo Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías.
Agregó la fiscal que “los investigadores establecieron la existencia de una red de civiles (en Soacha) y militares (en Ocaña) que convencían a jóvenes de bajos recursos para llevarlos a la casa de Alexánder Carretero, en algunas ocasiones, y quienes posteriormente eran entregados a miembros del Ejército Nacional que reportaba las maniobras operacionales positivas”.
Dice Jaimes que a los integrantes de la patrulla que participó en el operativo les llegó una felicitación en la orden del día del 21 de agosto, por hechos que ocurrieron el 25 de agosto, cosa que produjo sospechas a los investigadores.
Enseguida, la fiscal reveló el testimonio de Carretero Díaz: “ellos mismos (los militares) conseguían sus armas para los ‘positivos', ese era el deber de cada compañía”. Dijo además que se enteró de este ‘modus operandi’ “porque en el batallón hablaban de eso, ya que por resultados satisfactorios en esas operaciones les concedían días de permiso”.
La Fiscalía también imputó cargos, por su presunta coautoría de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, al cabo segundo Richard Armando Jojoa Bastidas; y a los soldados profesionales Nilson Antonio Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Orlando Gonzáles Ceballos y José Adolfo Fernández Ramírez.
En cuanto a los suboficiales Manuel Ángel Zorrilla Agámez y Ricardo Coronado Martínez; y los soldados profesionales: Ricardo González Gómez, Ferney Grijalba Floro, Heider Andrés Guerrero Andrade, Heiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Alberto Jiménez Escalante, Luis Alirio López, Juan Ramón Marín Ramírez y Jhon Anderson Díaz Ortega, deberán responder por su presunta participación en los mismos delitos, pero en calidad de cómplices.
La medida de aseguramiento de aseguramiento que pidió la Fiscalía fue aceptada por el juez.
Según las investigaciones que adelanta el ente acusador, el suboficial coordinó una operación ejecutada el pasado 25 de agosto en una vereda de Ocaña. Ese día, tropas contraguerrilla de la compañía ‘Espada', adscritas a la Brigada Móvil No. 5 del Batallón Santander, reportaron tres ilegales muertos en combate.
Los investigadores presentaron pudieron determinar que en realidad se trataba de tres jóvenes habitantes de Soacha: Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, fueron contactados en una tienda del municipio de Cundinamarca conocido como ‘Los Costeños' del barrio Ducales de este municpio de Cundinamarca, entre el 22 y 23 de agosto.
“Los jóvenes viajaron en una flota, se hospedaron en la casa de Alexánder Carretero Díaz, quien hacías las veces de ‘reclutador', y el 24 del mismo mes, hacia las seis de la tarde, fueron entregados a un militar”, aseguró la fiscal de Derechos Humanos María Cecilia Jaimes, durante la audiencia ante el ante Juez Segundo Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías.
Agregó la fiscal que “los investigadores establecieron la existencia de una red de civiles (en Soacha) y militares (en Ocaña) que convencían a jóvenes de bajos recursos para llevarlos a la casa de Alexánder Carretero, en algunas ocasiones, y quienes posteriormente eran entregados a miembros del Ejército Nacional que reportaba las maniobras operacionales positivas”.
Dice Jaimes que a los integrantes de la patrulla que participó en el operativo les llegó una felicitación en la orden del día del 21 de agosto, por hechos que ocurrieron el 25 de agosto, cosa que produjo sospechas a los investigadores.
Enseguida, la fiscal reveló el testimonio de Carretero Díaz: “ellos mismos (los militares) conseguían sus armas para los ‘positivos', ese era el deber de cada compañía”. Dijo además que se enteró de este ‘modus operandi’ “porque en el batallón hablaban de eso, ya que por resultados satisfactorios en esas operaciones les concedían días de permiso”.
La Fiscalía también imputó cargos, por su presunta coautoría de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, al cabo segundo Richard Armando Jojoa Bastidas; y a los soldados profesionales Nilson Antonio Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Orlando Gonzáles Ceballos y José Adolfo Fernández Ramírez.
En cuanto a los suboficiales Manuel Ángel Zorrilla Agámez y Ricardo Coronado Martínez; y los soldados profesionales: Ricardo González Gómez, Ferney Grijalba Floro, Heider Andrés Guerrero Andrade, Heiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Alberto Jiménez Escalante, Luis Alirio López, Juan Ramón Marín Ramírez y Jhon Anderson Díaz Ortega, deberán responder por su presunta participación en los mismos delitos, pero en calidad de cómplices.
La medida de aseguramiento de aseguramiento que pidió la Fiscalía fue aceptada por el juez.
