La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia deplora un proyecto de "ley de víctimas"

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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que el proyecto actual de ley de víctimas introduce factores de discriminación entre las víctimas, que son inaceptables desde el punto de vista de la universalidad del derecho a la igualdad.
La Oficina expresa su profunda preocupación porque el texto aprobado en el debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el 12 de noviembre del año en curso, afectaría seriamente la legitimidad de la política estatal de reparación. El texto excluye específicamente criterios establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas para definir la calidad de víctima, los cuales fueron aceptados por el Gobierno de Colombia.
De aprobarse la propuesta de la Comisión Primera de la Cámara los familiares de víctimas de ejecuciones cometidas por agentes del Estado, por ejemplo, no tendrían acceso inmediato a la reparación administrativa.

El texto impone a las víctimas de acciones cometidas por dichos agentes requisitos adicionales, extraordinarios y más graves que los exigidos a otras víctimas para acceder a la reparación administrativa, y establece que los únicos agentes del Estado que podrían producir daños susceptibles de reparación son los miembros de la fuerza pública.

Además, el proyecto excluye a las personas que en el futuro puedan resultar víctimas, al establecer que solo quienes hayan sido víctimas con anterioridad a la aprobación de la ley pueden solicitar ser registradas como tales.

Excluye también como familiares de las víctimas directas a las parejas del mismo sexo.

La Oficina también considera que el proyecto excluye a las víctimas de infracciones graves del derecho internacional humanitario

El proyecto desconoce varios principios internacionales, entre los que se destacan, la obligación esencial de los Estados de garantizar el respeto de los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación y el principio de favorabilidad para las víctimas.

En su reciente visita al país, la señora Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reclamó que “para hacer efectiva la reparación a las víctimas, los programas deben beneficiar por igual a víctimas de grupos armados ilegales y de agentes del Estado”.

La Oficina alberga la esperanza de que el llamado de la Alta Comisionada encuentre eco en el debate pendiente ante la Plenaria de la Cámara de Representantes y que se logre corregir el texto para adecuarlo a los principios y estándares internacionales.
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Destituyen a otros 13 militares acusados de la desaparición y asesinato de siete personas que presentaron como guerrilleros

Bogotá, 16 nov (EFE).- Las autoridades de Colombia destituyeron a otros 13 militares acusados de la desaparición y asesinato de siete personas que presentaron como guerrilleros para aparentar buenos resultados en la lucha antiterrorista.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos anunció anoche estas destituciones y denunció una alianza entre policías y narcotraficantes en la matanza de cinco ex paramilitares.

Santos hizo estas declaraciones tras una reunión de seguridad celebrada el sábado por la noche en Lorica (departamento de Córdoba, noroeste) y han sido difundidas hoy por varias emisoras.

El ministro de Defensa indicó que hubo una asociación entre policías y mafiosos detrás del asesinato de cinco ex paramilitares desmovilizados que fueron acribillados el pasado 9 de noviembre en un bar de San José de Uré (departamento de Córdoba).

El funcionario señaló que los 13 militares destituidos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre involucrados en la desaparición y muerte de siete jóvenes vecinos de Sahagún (Córdoba), desaparecidos a finales del año pasado.

Hace dos semanas el Gobierno colombiano destituyó a 27 militares, entre ellos tres generales, por el escándalo de los llamados "falsos positivos" en el que fueron asesinadas al menos 20 personas que eran presentadas como rebeldes muertos en combates.

Esta vez los destituidos son cuatro oficiales, seis suboficiales y tres soldados.

Sobre la matanza de los cinco desmovilizados, Santos explicó que se investiga a 15 policías que ya fueron separados de sus funciones acusados de omisión frente a los autores del crimen y que "estaban confabulados con las bandas criminales y narcotraficantes".

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ACNUR trasladará a 60.000 desplazados a un nuevo campo más seguro

Ginebra, 14 nov (EFE).- ACNUR trasladará la próxima semana a 60.000 desplazados de Kibati, cerca de Goma, en el peligroso este del Congo, a otro campamento nuevo en una parte considerada más segura, informó hoy un portavoz de eta agencia de la ONU .
"Dada la continúa amenaza para la seguridad en los dos campos de Kibati, al norte de Goma, por la proximidad de los combates, ACNUR y sus socios, junto con las autoridades provinciales, han decidido trasladar a más de 60.000 personas de los dos campos de Kibati a uno nuevo en Mugunga, al oeste de Goma", dijo el portavoz Ron Redmond.

"Se espera que el traslado comience la próxima semana y esperamos que se concluya en unos días", agregó.

El portavoz de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reconoció que el traslado será "difícil" porque se carece de suficientes vehículos, por lo que la mayoría de la gente tendrá que hacer a pie los 15 kilómetros de distancia.

"Aquellos que no pueden andar, como niños, ancianos y enfermos, serán transportados en camiones al nuevo campo", agregó.

Personal de ACNUR visitó ayer el nuevo emplazamiento, donde ya hay cuatro campos de desplazados, para establecer las necesidades de letrinas, módulos para albergarlos, accesos de carreteras y otros aspectos.

El nuevo campo en Mugunga se encuentra en una zona controlada por las tropas gubernamentales congolesas, por lo que ACNUR considera que "la responsabilidad última por la protección de los desplazados es del Gobierno del presidente (Laurent) Kabila".
La situación al norte de Goma, la capital de la provincia de Kibu Norte, continúa siendo muy peligrosa por los combates entre fuerzas rebeldes y gubernamentales, así como por los numerosos casos de pillaje, y abuso contra mujeres y niños.

Según Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), dos localidades, Kirumba y Kanyabayonga, fueron saqueadas en la noche del 12 al 13 de noviembre.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) volvió a denunciar hoy el reclutamiento de menores por las milicias armadas para servir de soldados.
"Antes de la actual ola de violencia, ya había en Kivu Norte entre 2.000 y 3.000 niños soldados. Con el conflicto actual, ese número ha aumentado mucho aunque no tenemos cifras globales", señaló la portavoz Veronique Taveau.

Agregó que todos los grupos armados, excepto el ejército congolés, practican este reclutamiento, mientras UNICEF continua con sus mensajes de radio en los que informa de que se trata de un crimen de guerra.

Desde el inicio de la nueva oleada de combates en Kivu Norte hace unas semanas, unas 250.000 personas han sido desplazadas y se suman a las 800.000 que ya habían dejado sus casas en anteriores estallidos de enfrentamientos.

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Las Victimas del Conflicto armado en Colombia, son las que pierden ante el proyecto de Reparación

Semana. El proyecto de Ley de Víctimas concertado por varios congresistas, víctimas, representantes de la sociedad civil fue derrotado este miércoles en el Congreso por la aplanadora uribista. En su lugar, pasó la propuesta gubernamental, que según la bancada de oposición y las mismas víctimas es un proyecto contrario a quienes han sufrido a causa del conflicto armado.
La jornada de debate fue bastante tensa pues varios puntos de la iniciativa, que al comienzo fue propuesta por el Partido Liberal y después fue nutrida por la discusión de varios sectores, no eran del agrado del gobierno. Uno a uno fueron derrotados los artículos propuestos por la ponencia Liberal, que a juicio de varios analistas, ha sido en este período legislativo la de mayor participación y concertación entre diversos sectores.
En medio de la discusión surgieron argumentos subidos de tono. Por ejemplo el representante del Partido Cambio Radical, Tarquino Pacheco, dijo que los liberales se habían asesorado de la izquierda más radical.

Guillermo Rivera, representante Liberal dijo después a Semana.com que la acusación era inocua pues su ponencia fue construida con la orientación de organismos internacionales. “Eso sí, no me voy a asesorar con Rito Alejo del Río, en un tema como este”, dijo Rivera irónicamente.

En el recinto se encontraba un grupo de víctimas con pancartas que pedían la aprobación de la Ley. El representante conservador, Humberto Mantilla dijo que la presencia de víctimas en el salón ejercía “presión sobre los legisladores”. También comparó la propuesta a un “pliego de peticiones de un sindicato”. Minutos antes, el representante Heriberto Sanabria, del mismo partido, había calificado las diez audiencias públicas en las que participaron las víctimas y varios congresistas en aras de construir la propuesta, como "un acto de populismo".

La escena recordó el agravio a las víctimas protagonizado por la mayoría de senadores, quienes se ausentaron del Capitolio mientras varias de ellas relataban su drama, una tarde de julio del año pasado.

En la jornada de este miércoles, el representante del Polo Franklin Legro le exigió respeto a su colega Sanabria y respondió que las víctimas no ejercían ninguna presión indebida.

La bancada de oposición, al advertir que no sería escuchada, según indicó el representante Germán Navas Talero, del Polo, decidió retirarse del debate. “Esta iniciativa es más gravosa para las víctimas. Va contra mi consciencia jurídica. Yo creo que se debe legislar para ellas y no contra ellas”, dijo Talero a Semana.com al término del debate.

Las razones de Talero no son infundadas. Las víctimas de agentes de Estado fueron excluidas de la reparación integral, propósito medular de la iniciativa. A pesar de que se mencionan en la Ley, quienes han sufrido por acciones de agentes estatales deberán contar con una sentencia ejecutoriada de un organismo judicial, para poder acceder a la reparación.

Este trato es discriminatorio, han argumentado varios analistas. Las víctimas de los grupos ilegales pueden acceder a la reparación solo con una prueba sumaria de su condición. Es decir podrán ser reparadas y asistidas si comprueban a través de algún documento (no necesariamente judicial) que fueron agraviadas.

Por el contrario las víctimas de agentes de Estado deberán demandarlo y que un juez falle a su favor, proceso que puede tardar varios años, para poder recibir una indemnización. Previo a la votación el Ministro del Interior, Fabio Valencia, había dicho que la norma legal que apruebe el Congreso, debe, necesariamente, “establecer que hay una clara diferenciación entre las víctimas de grupos ilegales y las de agentes del Estado”. Dijo que este era un principio aceptado internacionalmente.

El temor de fondo del uribismo detrás de su negativa a aceptar que las víctimas de agentes de Estado sean reparadas sin orden judicial, es que de aprobar esta norma, muchas personas que resulten afectadas por acciones legítimas del Ejército, consigan que el Estado las repare.

No obstante, la resolución de la ONU 60/147, suscrita por este gobierno en 2006, no discrimina la víctima en razón de su victimario. En esta se define como víctima a todas las personas que hayan sufrido daños, físicos, mentales, emocionales o pérdidas económicas debidas a “acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario”.

Y añade: “Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado…”

Pero este no es el único reparo al proyecto. Según la norma aprobada se fija un monto de reparación que está contemplado en el decreto del gobierno 1390, lo que desconoce la diferencia entre la reparación a la que debe acceder una víctima de otra. Es decir, los jueces deberán fallar las reparaciones de las víctimas basados en las escalas de reparación que fijó el gobierno.

Para la analista política Laura Gil, quien ha acompañado el proceso de construcción del estatuto, “sería mejor no tener ninguna Ley. Fijar montos de reparación es arbitrario”. La analista explicó a Semana.com que las víctimas de agentes de Estado tendrían más beneficios si no se aprueba la Ley, pues el monto de la reparación por la vía judicial actualmente, no está sujeto a ningún tope, sino a lo que considere el juez con base en el daño.

“La norma deberá ser revisada por la Corte Constitucional. Y yo no creo que la vaya a aprobar, pues, como está, va contra los derechos de las víctimas”, agregó Gil.

Otro punto que fue sacado de la propuesta que había sido aprobada por el Senado en la legislatura pasada, fue el principio del deber de garantías del Estado. En el periodo legislativo anterior, mientras fue ministro del Interior, Carlos Holguín, éste no logró convencer a los senadores de que el Estado no tenía responsabilidad con las víctimas por no garantizar la protección a sus derechos.

Pero en la propuesta aprobada, los representantes eximieron al Estado de la responsabilidad, para expresar que éste repara por “solidaridad”. Según Catalina Díaz,coordinadora del Área de Reparaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), en el marco de la justicia transicional -la que se aplica cuando un país pasa de una dictadura a una democracia, o cuando unos combatientes deciden dejar las armas-, “al Estado le corresponde una cuota de responsabilidad por no garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos, si por cualquier razón permitió que ocurrieran masacres, desplazamientos, asesinatos, etc.”

En esta coyuntura, luego del escándalo de los falsos positivos, donde ha quedado en evidencia que agentes del Estado han ejecutado civiles y los han presentado como dados de baja en combate (en la Procuraduría hay 935 denuncias de casos como estos ocurridos en este gobierno), suena irónico decir que el Estado sólo debe reparar por un pricipio de solidaridad y no por su falta de eficacia o por los desmanes de miembros de la Fuerza Pública.

Otro de los puntos que fueron retirados de la iniciativa, que incluso ya había sido concertada entre la bancada uribista y la oposición, fue el principio de interpretación en favor de la víctima contemplado en el artículo 14. Este consistía en que si uno de los artículos aprobados tenía una doble interpretación, se adoptaría la que fuere favorable a la víctima. Este principio también está contemplado en la legislación internacional.

Otro de los temas que generaron controversia fue el de la restitución de tierras. La ponencia Liberal planteó no sólo la restitución de inmuebles, sino de bienes. Sin embargo, los daños que sufran estos últimos no serán reparados, según el proyecto aprobado.

Por estas razones la bancada de oposición, una vez fueron votados en contra los “principios orientadores de la propuesta”, tras varias horas de debate y meses de trabajo, se retiraron de la discusión.

“Así quedó desnaturalizada completamente la iniciativa. Se desconoció toda la jurisprudencia internacional”, dijo el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, una vez concluyó la sesión.

Con desilusión las víctimas se retiraron del recinto viendo como se hundía la posibilidad de que en tantos años de conflicto se reconocieran sus derechos a la reparación por haber quedado en peor lugar de un conflicto armado: entre el fuego cruzado. Ahora el proyecto deberá cursar su cuarto debate en la plenaria de la Cámara. Para este debate el grupo de trabajo de la propuesta civil se reunirá con el fin de decidir si retira el proyecto o lo puede enmendar en el camino.

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