31 diciembre, 2008

Italia va a devolver a los inmigrantes ilegales que lleguen

AFP. Italia va a devolver a los inmigrantes ilegales que lleguen a sus costas a partir del martes, tras una inesperada oleada de llegadas en las Navidades que ha saturado los centros en los que permanecen detenidos, dijo el ministro del Interior, Roberto Maroni.
El martes se iba a llevar a 38 egipcios a El Cairo, el primer grupo en ser deportado según el nuevo plan anunciado por el Gobierno de derechas, que ha convertido las medidas contra la inmigración ilegal en su prioridad desde que llegó al poder en mayo.
Maroni, miembro de la Liga Norte, un partido contrario a la inmigración, dijo que Italia afronta una emergencia tras la llegada de unos 2.000 inmigrantes a la isla de Lampedusa, en el sur del país, desde el día de Navidad.

"He realizado los preparativos para la activación de un centro apropiado para la identificación y la expulsión", dijo a una emisora italiana.

Una portavoz de ACNUR dijo que esta decisión podría suponer que se lleven a cabo "expulsiones generalizadas" y pidió al Gobierno que respete los derechos de los inmigrantes.

"Es importante, incluso en una situación de urgencia, garantizar la información sobre sus derechos y permitir a todos aquellos que manifiesten un interés en pedir asilo que sean trasladados lo más pronto posible a los centros adecuados", declaró en la agencia de noticias ANSA la portavoz Laura Boldrini.

El número de inmigrantes ilegales que han llegado a las costas italianas casi se duplicó en los primeros siete meses del año, lo que llevó al Gobierno del primer ministro, Silvio Berlusconi, a declarar el estado de emergencia en julio.
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30 diciembre, 2008

"Atrocidad israelí, silencio mundial"

BBC/La JornadaDiciembre 30, 2008
Richard Faulk, de origen judío, en entrevista concedida a BBC Mundo, condena firmemente los bombardeos israelíes y cuestiona a la comunidad internacional por la falta de medidas más severas frente a la agresión contra la Franja de Gaza. A su juicio sería equivocado equiparar la agresión israelí con la palestina

Con el apoyo de Estados Unidos, y poco "impresionado" por las críticas y los pedidos internacionales de alto el fuego, Israel continuó por cuarto día consecutivo el bombardeo sobre la franja de Gaza con disparos sobre el edificio principal de los dirigentes del movimiento de resistencia islámica Hamas y otros inmuebles gubernamentales.
El territorio palestino, donde se ha registrado un saldo de 345 muertos -21 niños incluidos-, fue declarado por el ejército israelí "zona militar cerrada", lo que implica que medios de información y equipos de asistencia humanitaria quedarán sin acceso o lo tendrán de forma limitada, durante una inminente ofensiva terrestre.

"Tenemos una guerra total contra Hamas", sostuvo ante el Parlamento el ministro de Defensa israelí, Ehud Barack, quien precisó que la "ofensiva será ampliada y agudizada tanto como sea necesario", mientras que continuaba la concentración de tanques y tropas en los límites de la franja con el Estado israelí.

Barack no fue el único funcionario israelí que endureció el tono de sus declaraciones sobre el partido que en 2006 ganó en un proceso electoral el gobierno palestino.

El viceprimer ministro Haim Ramon afirmó que el objetivo de la operación Plomo endurecido "es derrocar al régimen de Hamas", y el subjefe del estado mayor, el general Dan Harel, aseguró que después de la movilización militar no quedará ningún edificio de Hamas en pie en Gaza. "Lo peor está por llegar", agregó. En palabras de la canciller israelí, Tzipi Livni, la ofensiva continuará hasta lograr lo que denominó un nuevo equilibrio de poder entre Israel y Hamas.

Hasta el domingo los dirigentes israelíes afirmaban que el objetivo del operativo era terminar con el lanzamiento de cohetes de fabricación artesanal hacia el sur de su país desde la franja de Gaza, sometida desde hace varios años a un bloqueo económico y energético, en represalia por las acciones de la resistencia palestina.

Según reportes de las agencias internacionales, los hospitales de la franja de Gaza se encuentran en un estado de "caos" absoluto a causa del "flujo constante de heridos".

Además de la ciudad de Gaza, otras localidades afectadas por los bombardeos israelíes son Jan Yunes, en el sur de la franja, Beit Lahia, Beit Hanun y Jabaliya.

La población en Gaza permanece en sus hogares sumida en el temor. "No podemos dejar solos a los niños. Tiemblan cada vez que hay un ataque, y hemos dormido poco", declaró una residente de la ciudad, madre de siete pequeños.

Para hablar de esta situación, la BBC entrevistó al relator especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Richard Faulk.

En el pasado Israel ha acusado a Faulk de falta de imparcialidad, pero el representante internacional dice que sería equivocado equiparar la agresión israelí con la palestina.

Faulk, de origen judío, es profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Princeton, Estados Unidos.

¿Cómo usted caracterizaría lo que los israelíes están haciendo en Gaza?

Israel está cometiendo una espeluznante serie de atrocidades, utilizando armamentos modernos contra una población indefensa, atacando a una población que ha estado sufriendo un severo bloqueo durante muchos meses, e ignorando la posibilidad de restablecer un cese el fuego que los líderes de Hamas habían propuesto.

Me siento estupefacto por el hecho de que la comunidad internacional no haya tomado medidas más decisivas como respuesta ante lo que está ocurriendo.

Usted utilizó la palabra "atrocidades". ¿Considera que se están cometiendo violaciones de las leyes internacionales en materia humanitaria?

El propio bloqueo incumple las dos obligaciones más fundamentales de una fuerza de ocupación: en primer lugar, evitar castigar colectivamente a la población civil y, en segundo, garantizar que la población ocupada tenga suficientes alimentos y suministros médicos.

Este bombardeo no se puede ni siquiera describir como desproporcionado: es un acto de agresión incondicional contra una población indefensa hacia la cual Israel tiene especiales responsabilidades internacionales bajo la Convención de Ginebra y en relación con la Carta de Naciones Unidas.

Usted dice que lo que está pasando no tiene justificación. Pero, en su calidad de relator especial de Naciones Unidas en temas de derechos humanos en los territorios ocupados, usted tiene el deber -hasta cierto punto- de ser imparcial sobre lo que está pasando. ¿Las personas que viven en el sur de Israel, que se han visto sometidas a repetidos ataques con cohetes desde Gaza, no tienen también derechos?

Por supuesto que tienen derechos y yo he dicho, una y otra vez, que los ataques con cohetes son inmorales e ilegales. Pero, desde ningún punto de vista legal o moral, esos ataques pueden justificar represalias de esta magnitud.


¿Y qué cree de la acusación de los israelíes de que usted no es nada imparcial?

¿Y por qué deberían ellos considerarme imparcial? Eso no es más que una desviación de las verdaderas preguntas que se deben hacer: ¿Estoy siendo preciso? ¿Estoy siendo veraz? No es mi deber decir que realidades desiguales son iguales. Si lo hiciera, estaría incumpliendo con mi responsabilidad como relator especial.
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29 diciembre, 2008

Amnistía Internacional pide proteger a la población civil de Gaza e Israel

Amnistía Internacional 28 diciembre 2008. Amnistía Internacional pide a las fuerzas israelíes y a los grupos armados palestinos que detengan de inmediato los ataques ilegítimos llevados a cabo en el marco de la escalada de violencia, que se ha cobrado la vida de unos 280 civiles palestinos y 1 civil israelí desde el 27 de diciembre.
Los muertos y heridos causados por el bombardeo israelí de la Franja de Gaza suman el mayor número de víctimas palestinas habidas en cuatro decenios de ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Entre ellos figuran decenas de civiles desarmados, además de personal policial que no participaba directamente en las hostilidades.
"Este uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel es ilegal y entraña el peligro de extender la violencia a toda la región –ha manifestado Amnistía Internacional-. La escalada de violencia se produce en un momento en que la población civil libra ya una lucha diaria por la supervivencia debido al bloqueo israelí, que impide que entren en Gaza incluso alimentos y medicinas.”

"Hamás y otros grupos armados palestinos también son responsables de la escalada de violencia. Sus continuos ataques con cohetes contra ciudades y pueblos del sur de Israel son ilegales y no pueden justificarse jamás”, ha señalado Amnistía Internacional.

"La comunidad internacional debe intervenir sin demora para garantizar que se protege a los civiles atrapados en la violencia y que se levanta el bloqueo a Gaza".

Con este último ataque israelí, el número de palestinos muertos a manos de las fuerzas israelíes este año asciende a unos 650, al menos una tercera parte de los cuales han sido civiles desarmados, incluidos 70 niños. En el mismo periodo, los grupos armados palestinos han matado a 25 israelíes, 16 de ellos civiles, incluidos 4 niños. En los últimos ocho años, la violencia entre palestinos e israelíes se ha cobrado la vida de unos 5.000 palestinos y 1.100 israelíes. La mayoría de las víctimas de ambos bandos han sido civiles desarmados, incluidos unos 900 niños palestinos y 120 israelíes.

En las últimas semanas, los organismos de la ONU, de cuyas entregas de alimentos depende el 80 por ciento de los 1,5 millones de habitantes de Gaza, se han quejado reiteradamente de la negativa de las autoridades israelíes a permitir la entrada de ayuda humanitaria en el territorio.

Como consecuencia del bloqueo israelí, el reciente alto el fuego que han mantenido durante cinco meses y medio Israel y Hamás y los demás grupos armados palestinos de Gaza no ha supuesto apenas ninguna mejora para la vida de los habitantes del territorio. El alto el fuego terminó en la práctica cuando, el 4 de noviembre, las fuerzas armadas israelíes mataron a seis radicales palestinos en Gaza y los grupos armados palestinos lanzaron un aluvión de cohetes contra ciudades y pueblos del sur de Israel.
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27 diciembre, 2008

un homenaje a los refugiados "Gimme Shelter", que ha sido dirigida por Ben Affleck y rodada por John Toll,

Acnur. La Agencia de la ONU para los Refugiados con la ayuda del actor y director estadounidense Ben Affleck y de la leyenda del rock Sir Mick Jagger lanza este miércoles una extensa campaña para la recaudación de 23 millones de dólares en beneficio de miles de desplazados en la República Democrática del Congo. Al centro de la campaña está la película "Gimme Shelter", que ha sido dirigida por Ben Affleck y rodada por John Toll, ambos ganadores de un Oscar. El cortometraje está acompañado por la famosa canción de los Rolling Stones "Gimme Shelter", cuyos derechos han sido donados a la campaña por Mick Jagger y el grupo.


ACNUR
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Participación de las víctimas de la violencia en Colombia en el proceso de reparación integral: Un camino hacia la reconciliación

Concejo noruego para lo refugiado. Colombia, país que ha vivido un cruento conflicto armado por más de 40 años, se enfrenta ahora a la formulación de políticas de reparación. Por eso, es necesario reflexionar sobre la importancia de la participación real de las víctimas, seres humanos que han vivido en carne propia los horrores de la guerra. Un proceso necesario si se quiere alcanzar una paz duradera en el futuro pues el contexto internacional ha demostrado que la impunidad y el desconocimiento de las necesidades y expectativas de reparación de las víctimas, terminan siendo nuevos detonantes de violencia y confrontación.

La posibilidad de que las víctimas participen de manera amplia en el proceso de reparación integral es, en últimas, una oportunidad para restablecer la confianza entre el ciudadano y el Estado que, por acción u omisión, no protegió sus derechos. Por supuesto, significa ser parte en la formulación de las medidas de reparación, su implementación y seguimiento.
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247 inmigrantes llegaron en Una barcaza a Lampedusa una isla italiana

Roma, 27 dic (EFE).- Una barcaza con 247 inmigrantes indocumentados llegó hoy a las costas de Lampedusa, la isla italiana más meridional y próxima a África, que se suman a los más de mil que desembarcaron en las últimas horas en la considerada por muchos puerta italiana para Europa.
La precaria embarcación, en la que viajaban quince mujeres, fue avistada a pocas millas de la costa de Lampedusa por la guardia costera italiana, que la ha escoltado hasta tocar tierra, informaron hoy fuentes policiales.

Éste es el séptimo desembarco consecutivo que se registra en Lampedusa desde las primeras horas del día de Navidad, lo que eleva a más de 1.300 inmigrantes indocumentados que han llegado a la isla mediterránea en las últimas horas.

El centro de primera acogida de la pequeña isla italiana se encuentra desbordado por las más de 1.500 personas a las que tiene que dar cobijo, una cifra extraordinariamente alta, según la Policía, por haberse registrado en invierno.

El pasado jueves, las autoridades italianas divisaron, entre otras, dos viejas embarcaciones con 250 y 350 personas a bordo, que fueron llevadas a Lampedusa en barcos de la guardia costera del país.

A primeras horas del viernes, una barca con 67 personas, entre las que había 14 mujeres, consiguió alcanzar las costas de la pequeña isla mediterránea, en un goteo incesante de inmigrantes indocumentados que intentan aprovechar las fiestas navideñas para entrar ilegalmente en Europa.
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El general Rito alejo del Rio condenado por el delito de homicidio agravado

El Tiempo. Para la justicia, el militar coordinó con las autodefensas la entrada a antiguos feudos de las Farc en el Urabá y por eso tiene responsabilidad en los crímenes cometidos durante esa cruenta ofensiva.
Un fiscal de Derechos Humanos lo acusó por el delito de homicidio agravado "en calidad de autor mediato en estructuras organizadas de poder".
Según la investigación, en febrero de 1997, cuando Del Río se desempeñaba como comandante de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa (Urabá antioqueño), paramilitares de 'Elmer Cárdenas' ingresaron a la población Bijao, en Riosucio, y decapitaron a Marino López Mena, un líder campesino de Riosucio (Chocó).

La muerte del campesino es recordada como uno de los actos más sanguinarios de las Auc, pues fue decapitado, desmembrado y luego lanzado a un río. Tras el crimen, cerca de 2.500 personas dejaron sus tierras y huyeron hacia Panamá y Turbo.

Los 'paras' llegaron a los caseríos de las comunidades negras poco después de bombardeos que debilitaron la presencia de las Farc en la zona. Además, según el expediente hubo militares en áreas relativamente cercanas a donde los paramilitares estaban atacanso a la población civil.

Édgar Torres, abogado del ex oficial, dijo que apelará la decisión de la Fiscalía. Aseguró, además, que el ente investigador no practicó varias de las pruebas solicitadas por la defensa que demostrarían la inocencia de Del Río, que fue capturado el pasado 4 de septiembre. El caso fue remitido a Riosucio, pero se da por hecho que la Fiscalía pedirá el traslado a Bogotá.

El oficial ya había salido avante de una investigación por supuestos nexos con 'paras', durante la Fiscalía de Luis Camilo Osorio. La Corte Suprema analiza en este momento si reabre el caso.

Del Río ha sido señalado por jefes 'paras' como 'HH', 'El Iguano' y Salvatore Mancuso, quien en su última declaración desde E.U. volvió a salpicarlo.

"La Fiscalía acusa dos días después de que las partes presentaron conclusiones. Eso demuestra que no las tuvo en cuenta y que la acusación ya estaba decidida".
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25 diciembre, 2008

CIDH Condena el Estado por la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de DDHH

Caracol. La Corte interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, por no haber protegido efectivamente la vida del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, quien fue asesinado tras denunciar la participación de militares de alto rango en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, Antioquia.
La condena internacional implica el pago de 215 mil dólares de parte del Estado colombiano a la familia del activista y presidente del comité de derechos humanos de Antioquia.
La condena se profiere por que el Estado además que no proteger al amenazado defensor de derechos humanos, también se constató que hubo dilaciones en el tiempo de investigación por parte de las autoridades judiciales.

La Corte rechazó las declaraciones de las ONG que acusaban al gobierno al vulnerar la libertad de expresión, al derecho a la honra y a la dignidad del señor Jesús María Ovalle.

Las ONG alegan que el presidente, Álvaro Uribe, cuando fue el gobernador de Antioquia dijo que Valle era un enemigo de las Fuerzas militares, afirmación que no pudo ser comprobada y desestimada por el alto tribunal.

Así mismo la Corte condenó al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia en relación con las violaciones declaradas en este caso, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo.

Otras ordenes que fueron impartidas están el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por las víctimas, El Estado debe colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo.

Reconoce los avances en materia de reparaciones por violaciones a los derechos humanos que ha desarrollado hasta ahora el consejo de Estado.

Por estos mismos hechos el Consejo de Estado condenó a la nación a pagar mil 700 millones de pesos.
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23 diciembre, 2008

"no hay regalo navideño superior a la libertad de un secuestrado" Antanas Mockus

Bogotá, 22 dic (EFE).- Un movimiento político independiente de Colombia invitó hoy a dejar un puesto vacío en la mesa de la cena de Navidad como gesto de protesta y de solidaridad con los miles de secuestrados en el país.
Para las familias de las víctimas de los plagios "no hay regalo navideño superior a la libertad de un secuestrado", dijo el presidente del movimiento Visionarios por Colombia,Antanas Mockus autor de esta iniciativa.
Mockus dijo en una nota de prensa que ya unas cien familias colombianas asumieron el compromiso de dejar "una silla vacía a la espera de un hecho improbable: la llegada de cualquiera de las 3.177 personas que, según la Fundación País Libre (privada), siguen secuestradas".

"Cada secuestrado, obviamente, sería bienvenido en cualquier casa", agregó el que fuera en dos ocasiones veces alcalde de Bogotá y en una candidato presidencial por Visionarios por Colombia, movimiento que en los tiempos recientes ha centrado su acción en campañas de protección a la vida y en favor de las víctimas del conflicto armado interno.

Al secuestrado "hay que tenerle el plato listo, la silla lista", pidió Mockus, quien clamó por que ningún hogar se quede "sin dejar un espacio para el secuestrado que queremos en libertad".

Según Mockus, el gesto de dejar un lugar y un plato vacío en la mesa, aunque no se tenga a una persona cercana como víctima de secuestro, será un ejercicio de "presión tremenda contra las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".

Entre los grupos armados ilegales, esta guerrilla es la que más rehenes tiene (no menos de 700, según cifras oficiales), entre ellos dos civiles y 26 efectivos de las fuerzas de seguridad (policía y Ejército) que pretende canjear por unos 500 rebeldes presos mediante un acuerdo humanitario negociado con el Gobierno.

Los responsables de la iniciativa dijeron que han establecido en la red social de internet Facebook un grupo para que quienes deseen adherirse a la protesta faciliten que ella sea documentada, con fotografías que muestren el puesto vacío en la mesa de Navidad, sobre el que se puede poner un letrero que diga "secuestrado colombiano".

"Yo también dejo un puesto vacío en Navidad", es el nombre dado a este grupo.
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Falso positivo : El Ejercito de Colombia termina el año, con su peor desempeño en derechos Humanos

El Tiempo. La mañana del 16 de mayo del 2006, mientras caminaba por una calle de Mesitas del Colegio (Cundinamarca), el Ejército detuvo a Jhon Walter López Batista, un comerciante de 38 años que se ganaba la vida haciendo mesas de billar, vendiendo comidas y zapatos y arreglando equipos técnicos . No era una requisa de rutina. A los 20 minutos de estar esperando que un cabo le devolviera la cédula lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo llevaron a la cárcel del pueblo.

López recuerda que ningún militar le decía el por qué de la detención. La respuesta vino al otro día, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de El Diamante, en Girardot. Ese día, en la reseña, apenas se enteró de que él era, ni más ni menos, el segundo de la temida columna 'Teófilo Forero' de las Farc. Lo sindicaron de rebelión, desplazamiento forzado, homicidio y terrorismo.


El hombre risueño que les vendía pollo asado a los soldados de la Fudra en La Macarena (Meta) y les reparaba los radios, y que iba a tallar mesas de billar de caserío en caserío terminó recluido, como el más peligroso de los guerrilleros, en el pabellón de alta seguridad de La Modelo en Bogotá. Su captura se dio gracias a la 'labor de inteligencia' de un capitán del Ejército que tenía como fuentes humanas a 4 desmovilizados.

Una de las informantes y testigo en el proceso, Yaneth Sánchez, se había cruzado con Jhon Walter un día antes de su captura en Mesitas. "Cuando llegué a buscar futuro en el Caguán me pidieron que fuera hasta Laureles (Macarena) a pintar unas mesas de billar -dice el hombre-. Esta muchacha estaba allá y trabajaba en una cantina. Sabía que era hermana de un guerrillero; nunca sostuvimos un diálogo largo, pero la distinguía, por eso la saludé en Mesitas".

Yaneth fue el testigo número uno. En la declaración, que luego fue ratificada por sus dos hermanos, aseguró que el 'Mono Jhon', como jefe de la 'Teófilo', ordenó y ejecutó la masacre de 15 personas, el 24 de diciembre del 98, en San Juan de Lozada (Caquetá). También lo señaló como responsable de la muerte de doña Lucrecia Muñetón y otras siete personas, así como del robo de 1.500 cabezas de ganado en el Caguán. "Él pasó por los frentes 52, 48 y ahora estaba en la 'Teófilo'", dijo en el proceso.

Según Jhon Walter, que llegó en julio del 2004 a La Macarena y montó un taller de electrónica y un asadero, la única cercanía que tuvo con las Farc fue tener la certeza de que algunos de sus clientes eran milicianos.

Durante un año largo les reparó los radios a los militares, les preparó las picadas dominicales a los policías y soldados que salían de permiso al pueblo y embelleció las cantinas de todos los caseríos ribereños del Guayabero.

Pero para octubre del 2005 la erradicación manual de coca ya había quebrado los negocios. El suyo no fue la excepción y sus amigos militares lo ayudaron a salir, en un vuelo de apoyo, hasta la base de Tolemaida. De allí se desplazó hasta Melgar y con una maleta y el producto de la venta del asadero cogió flota rumbo a Bogotá.

"Con lo que me quedó monté un almacén de calzado en el barrio 20 de Julio y empecé a viajar por los pueblos cercanos a Bogotá vendiendo mercancía, para cubrir las letras de un préstamo que me habían hecho. Así llegué a Mesitas", añade.

Pero esa mañana de mayo se le apareció Yaneth Sánchez, y con ella su mayor pesadilla. Desde su primer día de reclusión empezó a buscar amigos, se asesoró de los presos que tenían más 'experiencia', mandó cartas a los medios, se aprendió páginas enteras del código penal y le escribió, mes a mes, sin falta, al Presidente.

"Me ubicaron en un pabellón donde sí había gente 'dura' de la guerrilla. Ellos solo me miraban y me decían: 'hermano, usted sí es muy de malas".

En los 2 años, 6 meses y 15 días que duró preso nadie creyó en él. Aunque tuvo abogado de oficio, fue él mismo quien planeó y llevó su defensa. Contra todo pronóstico logró tumbar los cargos por terrorismo y homicidio.

La Fiscalía comprobó, con una certificación del DAS, que para diciembre de 1998, fecha en la que supuestamente había cometido la masacre de San Juan de Lozada, Jhon Walter López estaba detenido en Italia. Tener antecedentes, como sucedió con algunos de los muchachos desaparecidos en Soacha, tal vez lo hizo encajar en el perfil que buscaban los que le montaron el proceso.

La Fiscalía comprobó también que la señora Lucrecia Muñetón seguía viva. Y lo mismo pasó con los otros muertos que le cargaban.

Las sindicaciones de rebelión y desplazamiento forzado se cayeron cuando comprobó que no existía el temible 'Mono Jhon' del que hablaban el capitán y sus desmovilizados. "Yo di la batalla solo, porque ni abogado tuve. Soy la mejor prueba, la viviente, de un falso positivo. Estuve casi tres años en la cárcel señalado como un jefe guerrillero (...) En todas las cartas le pedía al Ejército que explicara la orden de captura en mi contra y qué argumentos tuvo el capitán Felipe Benavides Guerrero contra mí; nunca respondieron".

El pasado 21 de octubre el juzgado penal del circuito de Granada (Meta) le dio el fallo que había esperado desde el primer día: "Las pruebas testimoniales carecen de valor probatorio, por lo tanto se absuelve al señor Jhon Walter López Batista, se ordena su libertad inmediata y se destina el expediente al archivo definitivo".

Ahora dice que está dispuesto a seguir con la batalla que inició en la cárcel. Quiere que investiguen al capitán del Ejército y a los 4 desmovilizados que lo señalaron y que tal vez hasta cobraron recompensa por su desgracia de casi tres años.

Se mueve el caso de Soacha

Antes de que termine este año, según fuentes de la Fiscalía, se librarán órdenes de captura por el caso de los 17 muchachos que desde hace un año desapa- recieron de Soacha, al sur de Bogotá, y luego fueron reportados como muertos en combate con el Ejército.

No se descarta que algunas de esas decisiones afecten a uniformados y el alto mando, como lo dijo en entrevista con EL TIEMPO el general Freddy Padilla de Léon, es consciente de ello: "Todo indica que sí se cometieron crímenes".

Mientras las Fuerzas Militares siguen con la política de depuración que llevó a la histórica purga de 27 oficiales y suboficiales, la Fiscalía investiga la muerte de cerca de 800 personas en seis años. Asimismo la Justicia Penal Militar acaba de remitir al ente investigador más de 180 casos.

Siguen apareciendo denuncias

Ayer, la Procuraduría anunció que investiga a un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales porque habrían incurrido en "grave violación al Derecho Internacional Humanitario".

Se trata de una operación del 8 de mayo de 2004 en Labranzagrande (Boyacá) que terminó con la muerte de siete personas que, dice el reporte oficial, eran miembros de un grupo armado.

Según la Procuraduría, las versiones de los militares del Batallón Tarqui "son contradictorias", pues unos militares hablaron de un 'golpe de mano' y otros de un combate. Los testigos aseguran que "en el lugar no se presentó combate alguno y la incursión militar se hizo cuando las cuatro personas civiles y las otras tres, (al parecer integrantes de un grupo al margen de la Ley), estaban en total estado de indefensión".

El Ministerio Público cree que hubo homicidios fuera de combate.

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22 diciembre, 2008

La procuraduría colombiana sansiona a siete militares implicados en la ejecución de cuatro campesinos y tres presuntos guerrilleros

Bogotá, 22 dic (EFE).- La procuraduría colombiana abrió hoy un proceso disciplinario contra siete militares implicados en la ejecución extrajudicial de cuatro campesinos y tres presuntos guerrilleros durante una operación en el nordeste del país.
Los encausados son un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales del llamado grupo "Apocalipsis", de lucha contraguerrillera, que el 8 de mayo de 2004 lanzó una operación a la que dieron el nombre de "Eficacia 1".
La acción tuvo como escenario un domicilio campesino en la zona rural de la población de Labranzagrande, y en ella murieron tres mujeres y un hombre, todos ellos labriegos, lo mismo que tres personas más no identificados y pertenecientes a un grupo ilegal.

La Procuraduría General advirtió en un comunicado que los responsables de la operación ofrecieron "versiones contradictorias" sobre los hechos, con los que incurrieron en "grave violación al derecho internacional humanitario", en virtud del cual las víctimas eran personas protegidas.

En el "informe de patrullaje" rendido por los militares "se indica que se llegó al objetivo sin ser detectados y de ese modo 'se pudo dar sorpresa al enemigo y a los postas o centinelas que custodiaban la parte baja, al momento del golpe de mano'".

Sin embargo, "los testimonios de los uniformados refieren un combate que dio como resultado la muerte de estas personas", agregó la procuraduría, órgano de control disciplinario de los funcionarios del Estado.

La procuraduría señaló que algunos testigos presenciales de los hechos declararon que allí no se presentó ningún combate y que "la incursión militar se hizo cuando las cuatro personas civiles y las otras tres (...) estaban en total estado de indefensión".

Las pruebas que se han aportado "conducen a la duda del presunto combate sostenido entre los militares y las víctimas", agregó la procuraduría al anunciar la apertura del proceso disciplinario, por homicidio, contra los efectivos.

Los implicados son el subteniente Fredy Duarte Zapata, el sargento viceprimero Jaime Orlando Piragua Millán, y los soldados profesionales Nelson Eduardo Ayala Bautista, Melkiz Loaiza Loaiza, Omel Rangel Santamaría, Jorge Arturo Zambrano y Fabio Nelson Vargas Alarcón.
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La FARC dispuesta a liberar incondicionalmente a todos los secuestrados

AFP. La guerrilla colombiana de las FARC anunció sorpresivamente este domingo la próxima liberación de los últimos dos rehenes políticos en su poder y de cuatro uniformados, en carta dirigida a la senadora Piedad Córdoba, quien pedirá ayuda al presidente venezolano Hugo Chávez.
El anuncio, difundido a través de la agencia Anncol en Internet que divulga información de esa guerrilla, fue la respuesta de las FARC a una reciente carta enviada por un grupo de personalidades de la sociedad civil, encabezado por Córdoba, en la que llamaban al grupo rebelde a dejar la práctica del secuestro.
"Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como un gesto que apunta a generar condiciones favorables del canje humanitario, anunciamos la pronta liberación unilateral de seis prisioneros", dijeron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su declaración.

Los seis rehenes serán liberados en dos etapas. En una primera serán dejados en libertad tres policías y un militar, y posteriormente los dos políticos: el ex gobernador Alan Jara y el diputado Sigifredo López, indica el comunicado.

Según la dirigencia de las FARC (marxistas), los rehenes serán entregados a una comisión encabezada por Córdoba, quien en el pasado actuó como mediadora para un canje humanitario de guerrilleros presos por secuestrados que no se concretó.
"Las condiciones de modo, tiempo y lugar, serán precisadas en su debido momento", agrega el texto de las FARC.

Los seis rehenes, que la senadora estimó no serán entregados por las FARC antes de final del año, hacen parte de un grupo de 28 secuestrados que esa guerrilla pretende canjear por unos 500 de sus militantes presos, tres en Estados Unidos.

Jara y López son los últimos civiles de ese grupo que quedaban en su poder, luego de que el 2 de julio el Ejército rescató a la colombo-francesa Ingrid Betancourt, los estadounidenses Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell, y a 11 militares y policías colombianos, algunos de ellos con diez años de cautiverio.

Jara, ex gobernador del departamento (provincia) del Meta (centro), fue secuestrado el 15 de julio de 2001 cuando se trasladaba en un vehículo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por una carretera de esa región.

Por su parte López es el único sobreviviente del grupo de 12 diputados del departamento de Valle (suroeste) tomados como rehenes el 11 de abril de 2002, ya que el resto fue asesinado por la guerrilla el 18 de junio de 2007 cuando creyeron ser atacadas por el Ejército.

La anunciada liberación será la segunda que de forma unilateral que realizará las FARC, dado que entre enero y febrero entregó a seis políticos a Córdoba y a una delegación del gobierno de Venezuela, en un gesto de "desagravio" a Chávez, quien en noviembre de 2007 fue cesado como mediador por su homólogo colombiano Alvaro Uribe.

Córdoba, del opositor Partido Liberal, al comentar el anuncio de las FARC, dijo que justamente pedirá la ayuda de Chávez para cumplir con esa misión.
"Pues sí. Yo creo que es importante, ojalá pueda acompañar el presidente Chávez, pero también tengo claro que eso hay que consultarlo con el gobierno porque es un problema colombiano", declaró Córdoba a la radio RCN de Bogotá.

Uribe había advertido públicamente el pasado 6 de diciembre sobre la posibilidad de nuevas liberaciones de rehenes de las FARC, cuando señaló que no permitiría "una nueva celada" en ese sentido, al considerar ese gesto como una "trama".

La esposa de Jara, Claudia Rujeles, se declaró "inmensamente feliz" y dijo a la AFP que espera que "se viabilice el mecanismo para la entrega a ver si lo tenemos para el fin de este año".

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20 diciembre, 2008

Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40",la orden fue votar por Serpa, y en la segunda ronda, por Pastrana.

Bogotá, 15 dic (EFE).- Un jefe paramilitar colombiano desmovilizado confesó hoy desde Estados Unidos, adonde fue extraditado en mayo pasado, que forzó a la población a votar en las elecciones de 1998 por los candidatos a la Presidencia del país, Horacio Serpa y Andrés Pastrana, que a la postre resultó ganador.
El paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", dijo en una teleconferencia con la Corte Suprema de Justicia de su país que en la primera vuelta de esos comicios la orden fue votar por Serpa, actualmente gobernador del departamento de Santander (noreste), y en la segunda ronda, por Pastrana.
"La intención era que si Serpa llegaba a la Presidencia abriera espacios a todos los grupos armados ilegales, incluidas las AUC", las Autodefensas Unidas de Colombia, dijo Tovar Pupo, uno de los comandantes desmovilizados de esta fuerza paramilitar de ultraderecha.

Añadió que tras la primera vuelta, que ganó Serpa, el entonces máximo comandante y fundador de las AUC, el asesinado Carlos Castaño, dio la orden de votar por Pastrana.

"Jorge 40", ex jefe de una de las facciones de la ultraderecha armada más violentas de la costa norte colombiana, sostuvo además que las AUC también participaron en las elecciones generales de 2002 y de 2006.

Aunque no precisó a quién o quiénes apoyaron en esos comicios, unos 70 parlamentarios y ex congresistas, la mayoría perteneciente a partidos o movimientos de la coalición gubernamental en el Congreso, están procesados por vínculos con los paramilitares y 30 de ellos están actualmente en prisión.

El ex candidato del Partido Liberal Horacio Serpa dijo a los periodistas que "Jorge 40" es "un sinvergüenza" y negó haber tenido cualquier vínculo con paramilitares.
"Eso es un refrito; eso lo dijo el señor Mancuso hace un año. Mentiroso Mancuso y sinvergüenza 'Jorge 40'. Nunca en mi vida he tenido la más mínima relación con los paramilitares, al contrario, he sido el más pugnaz contradictor del paramilitarismo" en el país, respondió Serpa.

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70 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas registrados en Colombia en los últimos quince años permanece impune.

Miami (EE.UU.), 19 dic (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció hoy que un 70 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas registrados en Colombia en los últimos quince años permanece impune.
Una investigación realizada por la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en Colombia determinó, además, que "ningún autor intelectual" de los asesinatos vinculados a la profesión del periodismo "ha sido condenado y encarcelado".

Diana Calderón, periodista de investigación de la URR de Bogotá, encontró que de los 127 asesinatos cometidos entre 1993 y 2008 contra periodistas 57 de ellos estuvieron vinculados al ejercicio profesional, mientras que 49 se debieron a causas ajenas a la actividad periodística.

En 21 de esos casos aún está por establecerse el móvil del crimen, señaló la SIP en un comunicado.

Calderón investigó a fondo el proceso que ha seguido el sistema judicial colombiano respecto de los crímenes contra periodistas ocurridos desde hace 15 años.

El estudio arrojó que se han presentado sentencias absolutorias en 19,2 por ciento de los casos.

En una nota periodística que acompaña al documento sobre los procesos judiciales titulado "Radiografía del crimen contra periodistas en Colombia, 1993-2008: 15 años", se retomó, entre otros, el caso del periodista de radio, Gustavo Ruiz Cantillo.

Cantillo fue asesinado el 15 de noviembre de 2000 en supuesta represalia por sus denuncias sobre la violencia de grupos paramilitares.

El caso fue archivado en 2003 y, luego de que en 2006 la URR realizara una investigación periodística, la SIP solicitó su reactivación. Desde entonces, el caso "avanza en la justicia, lo que demuestra que es posible romper el círculo de la impunidad".
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refugiados iraquíes llegan al Líbano de forma ilegal a la espera de encontrar un tercer país que les acoja.

Beirut, 18 dic (Efe).- Huyen de la violencia en Irak y sus historias son dramas de vidas rotas, pero muchos refugiados iraquíes no pierden la esperanza y llegan al Líbano de forma ilegal a la espera de encontrar un tercer país que les acoja.
Y es que prefieren arriesgarse a entrar ilegalmente en el Líbano, que no proporciona asilo a los refugiados iraquíes, a vivir con miedo en su propio país.

En territorio libanés una ilusión alimenta su día a día: conseguir un visado para viajar a otro lugar y poder reanudar sus vidas.

Según la portavoz del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Laure Chedrawila, "en el Líbano hay unos 50.000 refugiados iraquíes, de los que el 50 por ciento son chiíes y el 25 por ciento cristianos, aunque sólo hay 10.000 registrados en nuestras oficinas".

El país árabe no proporciona asilo a los desplazados de Irak, que pueden ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel y se enfrentan a muchas restricciones por estar en situación ilegal en el Líbano.

Chedrawila explicó a Efe que una de las principales tareas de ACNUR en el Líbano es encontrar una tierra de acogida para los iraquíes que más lo necesitan.

El número de plazas es reducido, a pesar de que su número ha aumentado este año: de 470 aceptados en otros países en 2007, el numero ha pasado a 2.000, la mayoría en EEUU.

Los refugiados salen del Líbano con un salvoconducto que les proporciona la ONU, aunque antes tienen que pagar a las autoridades libanesas 400 dólares por cada año que han permanecido en el país.

Abandonar el Líbano es la ilusión de Rana Ramzi Butros, de 30 años, una cristiana que salió de Irak con sus tres hijos -de nueve, seis y dos años-, poco después de que los insurgentes asesinarán en febrero pasado a su esposo junto al Arzobispo católico caldeo, Boulos Faray Raho.

El número de refugiados cristianos ha aumentado en los últimos tiempos, al haberse convertido en blanco de radicales vinculados con la red terrorista Al Qaeda en el norte de Irak.

"No sólo mataron a mi marido, sino que también nos amenazaban a diario por teléfono. Incluso nos denunciaron a la Policía como terroristas y cuando recibíamos el pésame por la muerte de mi esposo vino un grupo de soldados estadounidenses y registró todo en casa, incluso los pañales que llevaba puestos mi pequeña", aseguró Butros.

Cansada de vivir atemorizada, Butros decidió huir al Líbano, tras pagar 1.500 dólares por los billetes de avión y otros 500 a la persona que les facilito la entrada ilegal en el país.

Pero Butros sigue soñando: tras conseguir un salvoconducto de la ONU, su intención es viajar el próximo mes a Detroit (EEUU) para iniciar allí una nueva vida, quiere estudiar para poder trabajar y sacar adelante a su familia.

Precisamente, viajar a EEUU es también el objetivo de Hani Razuki Mansur Al Kisa, que tuvo que huir de Irak por las amenazas que sufría su hijo por trabajar con las fuerzas estadounidenses.

Y es que el mayor "pecado" de su hijo fue ser peluquero en una de las bases del Ejército de EEUU en el país árabe, motivo por el que fue secuestrado, aunque su padre consiguió su liberación, previo pago de 8.000 dólares.

En Irak, Al Kisa trabajaba como taxista y tenía un negocio de bebidas, mientras que en el Líbano, está en paro, sin dinero y a la espera de poder emigrar a EEUU, donde reside una hija suya, después de que Australia, donde viven otros dos de sus hijos, rechazara concederle asilo.

Para la asistenta social de Cáritas Rania Cheba cada vez hay más iraquíes que viajan al Líbano en busca de una vida mejor.

"Antes de octubre, recibíamos a cuatro o cinco familias por semana, hoy su número asciende a diez o quince, la mayoría cristianos por el aumento de las persecuciones contra este credo", explicó.

Sean cristianos o musulmanes, todos persiguen un fin: encontrar una tierra que los acoja, lejos de la violencia. EFE
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La crisis financiera global puede tener un impacto "terrible" en los esfuerzos humanitarios en todo el mundo

Reuters. La crisis financiera global puede tener un impacto "terrible" en los esfuerzos humanitarios en todo el mundo, dijo el viernes el responsable de la agencia para los refugiados de la ONU, a medida que muchos países donantes se centran en sus propios problemas económicos.
Antonio Guterres, el alto comisionado para los refugiados de la ONU (ACNUR), pidió a las principales naciones industrializadas que den la misma importancia a las vidas humanas que a los multimillonarios rescates bancarios.

"Me temo que esto tendrá un impacto humanitario terrible", dijo Guterres en una rueda de prensa durante una visita a Tokio cuando se le preguntó sobre los efectos que la recesión económica tendría en la ayuda humanitaria.
"Sería inconcebible que en un mundo donde se gastan cientos de miles de millones, sino billones, de dólares en rescates de bancos, no se muestre la misma determinación para salvar vidas humanas".

El ACNUR pidió en octubre a los gobiernos que no recorten la ayuda a las agencias humanitarias, pero las principales economías han caído en recesión desde entonces y la previsión económica mundial sigue siendo débil.

El mayor donante de ACNUR es Estados Unidos, que dio más de 505 millones de dólares entre enero y el 31 de octubre, seguido por la Comisión Europea con unos 130 millones de dólares y Japón con 110 millones de dólares, según datos de la página web del ACNUR. Entre otros grandes donantes están Reino Unido y Alemania.

Guterres, antiguo primer ministro de Portugal, también saludó el plan de Japón de aceptar un pequeño número de refugiados que buscan realojarse en un "tercer país" que no sea el suyo de origen ni el país al que huyeron en un primer momento.

Japón ha recibido frecuentes críticas por su actitud reacia a aceptar refugiados. Aproximadamente 40 personas consiguieron el estatus de asilo en 2007, mientras que otros países desarrollados como EEUU y Francia aceptaron más de 10.000.

Este año Japón ha recibido unas 1.500 solicitudes de asilo, la mayoría de Myanmar, gobernada por un régimen militar.
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Inmigrantes protestar en Atenas contra "el pacto europeo sobre la inmigración y el asilo".

AP. Los inmigrantes se disponían a manifestarse este sábado en Atenas mientras los jóvenes continuaban muy movilizados, dos semanas después del deceso de un estudiante, muerto por un balazo policial, que desencadenó manifestaciones sin precedentes y debilitó al actual Gobierno de derecha.
Las organizaciones de inmigrantes y antirracistas se reunirán el sábado de tarde ante la Universidad de Atenas, en el centro de la capital. Más de un millón de inmigrantes viven en Grecia -aproximadamente el 10% de la población- y cerca de 200.000 se encuentran en situación irregular.

El número de clandestinos, además, ha continuado aumentando en los últimos meses, con numerosas llegadas procedentes de Pakistán, Afganistán e Irak. Después de dos semanas de manifestaciones casi cotidianas los estudiantes de enseñanza secundaria y superior se reunirán para tomar decisiones sobre la continuación de su movimiento tras las vacaciones de Navidad.

Otro incidente, durante el cual un estudiante de secundaria de 16 años, hijo de un sindicalista y docente conocido, fue ligeramente herido de bala el miércoles por una persona no identificada, aumentó la cólera de los jóvenes.

Según estas fuentes, unos 700 institutos y varias universidades del país siguen ocupados. Por su parte, el ministerio de Educación aseguró que sólo un centenar de institutos están ocupados.

Este sábado está previsto un mitin de estudiantes, que ocupan la Escuela Politécnica de Atenas, donde se registraron varios incidentes violentos, que está ubicado en el céntrico barrio de Exarchia, donde un policía mató a Alexis Grigoropoulos, de 15 años, el 6 de diciembre.

Por su parte, los inmigrantes se congregarán ante la sede de la Universidad de Atenas, en el centro de la ciudad, para protestar contra "el pacto europeo sobre la inmigración y el asilo".

El viernes, un mitin convocado por los sindicatos y un concierto organizado por las coordinadoras de los estudiantes de la enseñanza secundaria y universitaria en Atenas, que duró hasta entrada la noche, se desarrollaron en calma.

La normalidad parece volver a Atenas y otras ciudades sacudidas por esta movilización, que inmediatamente tomó un cariz social, cuando los partidos de la oposición de izquierda y los sindicatos se lanzaron a las calles, criticando "la mala formación y organización de la policía".

Esta movilización tomó un cariz social mientras el Parlamento se dispone a votar el domingo el presupuesto para 2009, considerado demasiado "austero" por la izquierda y los sindicatos griegos. Sin embargo, en la Plaza Syntagma, frente al Parlamento, en pleno centro de la capital, parecía dominar el ambiente festivo de Navidad.
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Procuraduría General de Colombia, destitución e inhabilidad por 20 años a dos mayores del Ejército "que montaron al menos cinco atentados"

Bogotá, 19 dic (EFE).- El Procuraduría General de Colombia, que cumple la función del ministerio público, anunció hoy una sanción disciplinaria, que implica la destitución e inhabilidad por 20 años a dos mayores retirados del Ejército "que montaron al menos cinco atentados" para cobrar recompensas.

La sanción, de carácter retroactivo, cobija a los mayores Javier Efrén Hermida Benavides y Luis Gerardo Barrero Calderón.

Fuentes de la entidad del control administrativo y disciplinario de los funcionarios en Colombia, incluidos legisladores, militares y policías, precisaron que las falsas acciones terroristas sobre las que los militares informaron para cobrar las recompensas ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006.

En esas fechas, antes y después de la posesión para un segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, quien juró el cargo el 7 de agosto de ese año, las autoridades detectaron y frustraron la colocación de bombas y coche bomba en distintas zonas de Bogotá.

En el mismo lapso, sin embargo, estalló uno de los coche bomba en el barrio Gaitán, sector noroeste de la ciudad, acción en la que murió una persona y varios militares resultaron heridos.

En un fallo de primera instancia contra varios miembros de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, se concluyó que "existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos".

Tales acciones, añade el fallo, "tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad y, una vez ubicado el material explosivo, demostrar su excelente desempeño como agentes de la inteligencia militar".

Una comisión especial disciplinaria señaló que con estas conductas "se incurrió en los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno".

Además, consideró como "gravísima la actuación de los oficiales del Ejército", a quienes todavía no les han definido su situación jurídica, toda vez que siguen vinculados a la investigación penal que realiza la Fiscalía sobre los hechos.

Los dos oficiales, según las fuentes, intervinieron para que se pagara recompensa por la información a Lidia Álape Manrique y Néstor Germán Pérez.

Según La Procuraduría, Álape Manrique y Pérez eran "supuestos informantes con quienes se había establecido el acuerdo para obtener los falsos positivos, lo cual produjo un incremento injustificado en el patrimonio de estas personas".

En la misma decisión se absolvió al coronel Horacio Arbeláez Sarmiento, como director de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá.
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19 diciembre, 2008

Inhabilitado por 20 años el ex senador Álvaro García Romero, por sus nexos con grupos paramilitares

Bogotá, 16 dic (EFE).- La Procuraduría General de Colombia destituyó e inhabilitó por 20 años al ex senador Álvaro García Romero, por sus nexos con grupos paramilitares en su departamento, Sucre (noroeste), informaron fuentes judiciales.
Según la Procuraduría, ente de control disciplinario del funcionariado, el ex congresista utilizó dinero del erario para la promoción y financiación de grupos de ultraderecha armada asociados en las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
García Romero, junto a los también ex parlamentarios Jairo Merlano y Erick Morris, igualmente de Sucre, fueron, en noviembre de 2006, los tres primeros congresistas detenidos en el marco del escándalo de la "parapolítica", una gigantesca causa por la que se investiga los vínculos de dirigentes políticos con jefes paramilitares.

El ex senador afectado, según estableció la Procuraduría, mantuvo alianzas con paramilitares del desaparecido o prófugo Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", en Sucre.

Asimismo, la Fiscalía lo responsabiliza por una matanza de quince personas, campesinos y pescadores en la localidad de Macayepo en octubre de 2000, como denunció en el Congreso en un recordado debate sobre el alcance paramilitar en julio de 2006, el senador opositor Gustavo Petro.

García Romero está detenido en la cárcel bogotana de "La Picota" a la espera de un juicio.

Por la "parapolítica" están investigados y afectados unos setenta congresistas y de éstos, una treintena permanecen detenidos.
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Unasur rechaza la "presencia o acción" de grupos armados ilegales que propicien la violencia.

Costa do Sauípe (Brasil), 16 dic (EFE).- La Cumbre de Unasur aprobó hoy en Brasil una resolución que aboga por la protección de los sistemas democráticos frente a amenazas internas o externas y rechaza la "presencia o acción" de grupos armados ilegales que propicien la violencia.
La iniciativa fue incluida en el apartado referido a la aprobación del Consejo de Defensa Suramericano en la declaración final definitiva del cónclave celebrado hoy por este organismo multilateral en el balneario brasileño de Costa do Sauípe (noreste del país).

La resolución reafirma el compromiso de los doce miembros de la Unión de Naciones Suramericanas con "la convivencia pacífica de los pueblos, la vigencia de los sistemas democráticos de gobierno y su protección, en materia de defensa, frente a amenazas o acciones externas o internas, en el marco de las normativas nacionales".

Asimismo, "rechaza la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley que ejerzan o propicien la violencia cualquiera que sea su origen".

La declaración establece que el Consejo de Defensa Suramericano tendrá una instancia ejecutiva integrada por viceministros de Defensa de los Estados miembros y que su dirección corresponderá al país que ocupe la presidencia temporal de la Unasur.

La Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) también acordó hoy posponer hasta abril la elección de su secretario general, por el enfrentamiento entre Uruguay y Argentina sobre la candidatura del ex presidente argentino Néstor Kirchner.

Además, expresó su "reconocimiento" al informe elaborado por la Comisión de Esclarecimiento de la masacre ocurrida en septiembre pasado en la región boliviana de Pando, en la que murieron 20 campesinos, en su mayoría seguidores del Gobierno de Evo Morales.
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17 diciembre, 2008

Se crerá lá Union de ámericá látiná y el cáribe

Costa do Sauípe (Brasil), 17 dic (EFE).- Los líderes reunidos durante dos días en Brasil trazaron el camino para crear la Unión de América Latina y el Caribe a comienzos de 2010, dos siglos después del inicio del proceso de independencia colonial.
"Ojalá podamos avanzar y formar la Unión de América Latina y el Caribe a 200 años de nuestra independencia", apuntó hoy en una rueda de prensa el presidente de México, Felipe Calderón.

"Nos tardamos mucho, pero como dijo (el gobernante de Venezuela, Hugo) Chávez, 'más vale tarde que nunca', y eso es lo que vamos a hacer", enfatizó Calderón tras la clausura de la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC).

Explicó que después de la próxima cita, que será en febrero de 2010 en México, los 33 gobernantes de la región volverán a juntarse en Venezuela al año siguiente.

En la rueda de prensa conjunta con otros siete mandatarios de la región, Calderón se mostró convencido de que es posible "avanzar verdaderamente en la gran aspiración latinoamericana" de construir la unidad "sobre bases políticas, sociales, económicas y culturales para hacer valer la fuerza de la región".

El futuro organismo multilateral que englobará a los países americanos desde el Río Bravo hasta la Patagonia no funcionará con cumbres ocasionales, sino con una estructura y funciones permanentes, "con nuestras propias reglas y nuestros propios sistemas de representación e integración", dijo Calderón.

La iniciativa -impulsada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y respaldada por sus pares de la región- se ha visto favorecida por el fortalecimiento del Grupo de Río.

Los socios de este mecanismo de concertación política -que tras la incorporación ayer de Cuba engloba a casi todos los países de la región- decidieron celebrar citas presidenciales cada dos años y reuniones anuales de cancilleres.

"Hay mucho que hacer", expresó Calderón, en alusión al proceso de integración regional y a la adopción de medidas conjuntas para superar la crisis económica mundial.

Los mandatarios aceptaron, además, el ofrecimiento de Chile para albergar las reuniones de un grupo de trabajo "que permita a los países americanos articular una estrategia ante la crisis financiera y económica en el mundo y en particular en América Latina".

Calderón subrayó el hecho de que este grupo trabaje bajo la conducción de Chile, país que es visto en la región como un modelo de buen manejo de las finanzas públicas.

Las conclusiones de este equipo "servirán a los países latinoamericanos que participan en el Grupo de los 20 (México, Argentina y Brasil) para esbozar propuestas conjuntas", explicó Calderón.

Antes de la próxima cita del G-20, el bloque latinoamericano se reunirá para llevar una postura común al encuentro, que incluirá "un saneamiento rápido para detener la hemorragia financiera, la caída de los mercados y los riesgos financieros".

También plantearán "una reforma profunda" a los organismos multilaterales de crédito, especialmente del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente mexicano señaló que la crisis ha evidenciado la incapacidad de estas instituciones financieras de "dar una respuesta oportuna ante una crisis de la magnitud de la que vivimos".

Los socios latinoamericanos del G-20 también harán un llamamiento para evitar que haya un resurgimiento del proteccionismo y pedirán "una nueva regulación que evite los abusos que produjo esta crisis y que se produzcan nuevas quiebras".

"Es evidente que la mano invisible del mercado no funcionó y que hace falta la mano fuerte y visible del Estado que regule", concluyó Calderón.
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"No puede haber amnistías o perdones para aquellos que han cometido serios abusos de derechos humanos o violado el derecho internacional humanitario",

AP. Amnistía Internacional fustigó el jueves una propuesta ratificada la víspera por el presidente Alvaro Uribe en torno a otorgar la libertad y dar una recompensa a guerrilleros que abandonen las filas insurgentes trayendo con ellos a secuestrados.
"No puede haber amnistías o perdones prejuzgamiento para aquellos que han cometido serios abusos de derechos humanos o violado el derecho internacional humanitario", dijo Amnistía en un comunicado divulgado por correo electrónico.

"Liberar a miembros de la guerrilla quienes ya han sido investigados, llevados a juicio y sentenciados es significativamente diferente de la propuesta del presidente Uribe de otorgar 'de facto' inmunidad a individuos sospechosos de tener responsabilidad en serios abusos de derechos humanos", agregó Amnistía.

Uribe ratificó el miércoles una propuesta hecha a comienzos de año en torno a que el gobierno garantizará la libertad a los rebeldes que abandonen la guerrilla y liberan secuestrados. El presidente además reiteró una propuesta hecha más tarde en torno a que también habrá el pago de una recompensa para esos insurgentes que se fuguen junto a secuestrados.

Pero tanto a comienzos de año como ahora, la iniciativa oficial de la libertad ha generado críticas entre especialistas jurídicos alegando que delitos como el secuestro no son indultables por considerarse de lesa humanidad.

El 9 de diciembre la Fiscalía General se abstuvo de formular cargos por secuestro contra el ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Wilson Bueno Largo, alias "Isaza". Dijo que "Isaza" no participó en el plagio, sino que más bien ayudó en octubre último a la fuga del ex legislador Oscar Tulio Lizcano, que estaba secuestrado desde el año 2000. Sin acusaciones pendientes, el ex guerrillero pudo salir el martes del país hacia Francia y goza de plena libertad.
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16 diciembre, 2008

Colombia estudia un "mecanismo" contra la decisión ecuatoriana de exigir el documento de antecedentes judiciales a los ciudadanos Colombianos

Bogotá, 15 dic (EFE).- Colombia estudia un "mecanismo" contra la decisión ecuatoriana de exigir el documento de antecedentes judiciales a los nacionales que quieran viajar al país vecino, dijo hoy en Bogotá el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez.
"Vamos a mirar con cuidado cómo podemos avanzar para que en algún momento esta medida se pueda corregir o levantar", explicó el canciller, que el pasado día 11 lamentó en un comunicado el restablecimiento de dicho requisito por parte de Quito.
El Gobierno ecuatoriano informó entonces de que ya estaba en vigor la exigencia del llamado "pasado judicial" para el ingreso de colombianos en su territorio, lo explicó en la necesidad de controlar el paso de delincuentes.

Bermúdez dijo en entrevistas con las cadenas bogotanas Caracol Radio y RCN que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe tiene en estudio medidas o mecanismos contra el requisito de los antecedentes judiciales, que Ecuador había levantado hace seis meses.

"Estamos mirando cuál es el mecanismo más eficaz y que, por supuesto, contribuya de la mejor manera a que los colombianos no se vean afectados", explicó el canciller Bermúdez.

El ministro, que calculó en unos 300.000 el número de sus compatriotas en Ecuador, se afirmó en que Bogotá lamenta la exigencia porque estigmatiza a los colombianos en el país vecino y supone riesgos y dificulta avanzar en las relaciones binacionales.
"Nos parece que es fundamental trabajar para excluir cualquier tipo de xenofobia y exclusión de personas, y eso, por supuesto, nos genera preocupación", agregó Bermúdez.

Ecuador rompió sus relaciones diplomáticas con Colombia el pasado 3 de marzo, dos días después de una operación militar del segundo país en territorio del primero contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En la acción murieron el portavoz internacional y segundo al mando en esa guerrilla, Luis Édgar Devia ("Raúl Reyes"), y una veintena de rebeldes, incluido uno ecuatoriano, y civiles, entre ellos cuatro universitarios mexicanos.

En Colombia, defendió Bermúdez, "lo que necesitamos es, precisamente, el apoyo incondicional de toda la comunidad internacional en la lucha contra estos fenómenos (el narcotráfico y el terrorismo) y, en particular, la determinación y la cooperación efectiva en las zonas de frontera".
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Asesinan a defensor de los derechos humanos del Caguan, Colombia

Bogotá, 15 dic (EFE).- Un defensor de los derechos humanos en la conflictiva región colombiana del Caguán (sur) fue hallado muerto tras haber desaparecido cuando se transportaba entre dos poblaciones de la zona, denunciaron hoy fuentes humanitarias en Bogotá.
El Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) precisó que el activista Joel Pérez Cárdenas salió el 8 de diciembre pasado de la localidad de San Vicente del Caguán para gestiones en la vecina Puerto Rico, ambas en el departamento del Caquetá.

Pérez tenía previsto regresar el mismo día a San Vicente del Caguán, agregó el colectivo humanitario, que indicó que a los dos días se halló en la zona rural de la población un cadáver que resultó ser el del defensor.

El cadáver "fue encontrado (...) totalmente incinerado, decapitado y con un orificio en el cráneo", indicó el CPDH, y observó que la motocicleta en la que Pérez se transportaba no ha sido hallada.

La misma fuente advirtió de que, según los testimonios de lugareños, "todo apunta a que se podría tratar de un crimen de Estado"

Pérez, de 36 años, conformó el equipo fundador y director de la Corporación por la Defensa de Derechos Humanos Caguán Vive, y ha estado en los directorios de asociaciones ambientales, humanitarias comunales y ganaderas de la región.

El CPDH dijo que el activista asesinado pertenecía al Polo Democrático Alternativo (PDA, de izquierda), partido por el que fue concejal de San Vicente del Caguán.

La localidad fue eje del área neutral que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantuvieron bajo control de finales de 1998 a comienzos de 2002, lapso durante el cual esta guerrilla celebró un fracasado proceso de paz con el Gobierno del entonces presidente conservador Andrés Pastrana.
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El ejerito de Colombia asesina al el esposo de una reconocida líder indígena

AP. El esposo de una reconocida líder indígena murió el martes en una zona del suroeste del país cuando soldados dispararon sobre la camioneta en la que se desplazaba, y el ministerio de Defensa informó que se investigaba lo ocurrido. Seguir leyendo el arículo
Edwin Legarda, de 34 años, murió a consecuencia de heridas de bala en un hospital de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca y a unos 370 kilómetros al suroeste de Bogotá, dijo Vicente Otero, vocero de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que reúne las poblaciones aborígenes de esa zona del país.

Legarda era el esposo de Aída Quilcué, la "consejera mayor" o una de las líderes del CRIC y quien encabezó marchas nacionales indígenas en octubre y noviembre pasados. Ella no estaba con su esposo a bordo del vehículo, dijo el vocero en entrevista telefónica.

En un comunicado, el ministerio de Defensa lamentó la muerte y dijo que tropas del ejército "dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda, sin que hasta el momento haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos".

"Es prioridad para el Ministerio de Defensa establecer a la mayor brevedad las circunstancias en que ocurrieron los hechos en donde murió el señor Legarda y para ello ya se tomaron medidas", como el envío de altos oficiales a la zona y pedir que la Fiscalía General también mandé delegados a la región a investigar, indicó el comunicado oficial.

El vocero del consejo indígena dijo que Legarda iba conduciendo cerca de las cuatro de la madrugada una camioneta, en la que iban otras cuatro personas, por la vía que va desde la localidad de Inzá a Popayán.

En el recorrido se toparon con una patrulla del ejército que disparó contra la camioneta, resultando Legarda herido gravemente. Los otros pasajeros, una resultó levemente herida y el resto salió ileso, dijo el general Orlando Páez, director operativo de la policía nacional.

El doctor Ricardo Arias, del Hospital San José, de Popayán, donde fue atendido Legarda, dijo en diálogo telefónico que el hombre murió por heridas de bala en el tórax, la pierna y el pie izquierdo.

Las autoridades dijeron que la camioneta aparentemente desoyó una voz de alto en un retén militar.
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13 diciembre, 2008

Los colombianos estan dentro los ciudadanos extranjeros que más solicitudes han presentado para acogerse al plan de retorno voluntario de España

EFE. Los colombianos, ecuatorianos y argentinos son los ciudadanos extranjeros que más solicitudes han presentado para acogerse al plan de retorno voluntario puesto en marcha por el Gobierno español hace un mes.
Este plan, que establece el abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo a los inmigrantes extranjeros que se hayan quedado sin puesto de trabajo en España y quieran regresar a sus países, entró en vigor el pasado 11 de noviembre.


Las autoridades españolas informaron que un total de 767 trabajadores extranjeros se han acogido a esta iniciativa, que les permite cobrar el subsidio de desempleo de forma anticipada y acumulada si se comprometen a no regresar a España.

De esas solicitudes, 318 corresponden a ecuatorianos, seguidos de los colombianos, 129, y de los argentinos, 105.

De las 767 peticiones, 300 han sido admitidas, y de ellas 210 han sido abonadas, precisó el ministerio español de Trabajo e Inmigración.

Según los cálculos de este departamento, la cifra de potenciales beneficiarios de la medida se eleva a 87.000, con una duración media de la prestación del desempleo de entre los seis y los dieciocho meses.

Por sectores, el 37 por ciento de las personas que han presentado solicitud estaban empleados en el sector de la construcción, que sufre la desaceleración de la economía española y que empleaba a gran número de inmigrantes.

El 31 por ciento trabajaba en actividades inmobiliarias y en el sector servicios (incluido el servicio doméstico) , mientras que el 9 por ciento se dedicaba al comercio y el 8 por ciento a la hostelería.

El programa de retorno voluntario afecta a los nacionales de los países no comunitarios con los que España tiene convenios de Seguridad Social: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Rusia, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, EE.UU, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
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Asesinan a lider de Desplazados

Bogotá, CODHES, 03/12/2008. La Coordinación Nacional de Desplazados (CND) denuncia ante la comunidad Nacional e internacional, el clima de amenazas, persecución, hostigamientos y asesinato de sus dirigentes de población desplazada.
El 29 de noviembre, El Secretario de la Asociación de Desplazados de Arauquita (ASODESA) CARLOS CABRERA fue asesinado en horas de la mañana. Nuestro Compañero de organización venía desempeñando su labor en la defensa y denuncia de la situación de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en este municipio.
CODHES Comunicado
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Reforma Politica atenta en contra de la Paz

Semana. En el cuarto debate del proyecto de Reforma Política, una nueva crítica se sumó a la iniciativa. Las dudas son esta vez son sobre el artículo 4, que según el texto aprobado por el pleno de la Cámara, inhabilita a quienes hicieron parte del proceso de paz de 1989, entre el gobierno y el M-19, para aspirar a cargos públicos.

Así lo denunció el Senador del Polo Gustavo Petro, este miércoles en la noche, en el pleno del Senado. El senador, quien fue militante M-19 y protagonista del acuerdo de paz firmado con el entonces Presidente Virgilio Barco, se declaró impedido para participar en el debate de la iniciativa de reforma a la Constitución, por considerar que el artículo 4 lo enfrenta a un conflicto de interés.

"El articulo cuatro de esta Reforma Política establece que quienes hicimos los acuerdos de paz de 1989 quedamos inhabilitados definitivamente para ejercer cualquier función pública en Colombia", dijo Petro en su intervención.

El texto del artículo aprobado en el tercer debate dice que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,… por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales en Colombia o en el exterior” (énfasis de Semana.com).

El artículo inicial, propuesto por el gobierno, no incluía a quienes hayan sido condenados por estos delitos sino que mencionaba a quienes hayan incurrido en delitos que afecten el patrimonio del Estado. La modificación del artículo la hizo el representante Carlos Enríque Soto Jaramillo, del Partido de la U, en el debate que transcurrió en el pleno de la Cámara pero en el que los partidos de la oposición no participaron por considerar que varios congresistas estaban inhabilitados para discutir la reforma.

“Yo no he tenido ninguna intención de perturbar los procesos de paz con los ex militantes del M-19”, dijo a Semana.com, el representante Soto Jaramillo. “Mi intención con el artículo es que se castigue a quienes han incurrido en los delitos de narcotráfico y terrorismo”, dijo. Sin embargo, el artículo, tal como está redactado, no menciona explícitamente esos dos delitos que señala Soto.

El proyecto finalmente salió de la plenaria de la Cámara sin mayor discusión y determina que quienes hayan sido condenados en cualquier momento, incluso por delitos políticos, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Si este proyecto es aprobado tal y como está, no podrían ejercer sus cargos ex militantes de grupos guerrilleros que fueron indultados pero que desde entonces se han reintegrado a la vida civil y democrática. Por ejemplo, Antonio Navarro Wolff, actual gobernador de Nariño (M-19); Otty Patiño, quien se ha desempeñado como Jefe de la Oficina del Observatorio de Culturas del Distrito de Bogotá (M-19); Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia (EPL); y, por supuesto el actual senador Gustavo Petro (M-19), entre otros. Ninguno de ellos podría además volver a ejercer cargos públicos ni a contratar con el Estado.

Todos ellos recibieron un indulto por los delitos de sedición y rebeldía –o sea por delitos políticos-. En el acuerdo de paz que suscribieron con el gobierno de entonces, no se indultaron delitos atroces. “El indulto incluye el reconocimiento de un delito, y uno de los efectos de esta figura es que pasa por alto la condena que merece una persona. Se diferencia de la amnistía en que esta no reconoce el delito”, según explicó a Semana.com el analista político Armando Novoa, director de del Centro de Estudios Constitucionales (Plural) y ex constituyente de 1991.

Durante los procesos de paz e indulto de los años 90, además del M-19, fueron beneficiados militantes de grupos como el EPL, Quintín Lame y PRT. Posteriormente en 1993, también se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, CRS. Hoy en día cieNtos de ex militantes de estso grupos ocupan cargos públicos y de elección popular, en concejos municipales, alcaldías y gobernaciones, entre otros.

Novoa dijo que la aprobación de este artículo como fue redactado “sería una venganza contra el proceso de paz”.

El senador Petro, del Polo Democrático, en su vehemente declaración recordó que la Constitución de 1991 fue el acuerdo de paz en el que se expresó la voluntad popular y se derogó la constitución de 1886. Petro dijo que el Presidente "no quiere, ni respeta, ni reconoce, ni dignifica, ni honra el Pacto de Paz del 89".
También se refirió a la bancada del gobierno a la que le dijo que: “no es para suplicarles a ustedes que nos salven, ni imploramos eso. Con nosotros se habla de igual a igual, pero de rodillas jamás porque no hubiera tenido sentido la paz de 1989 y la Constitución de 1991".

El proyecto de Reforma Política que cursa su cuarto debate surgió con el propósito de depurar los partidos políticos de la influencia mafiosa, tras el escándalo de la parapolítica en el que más de la cuarta parte del Congreso ha resultado salpicado. Sin embargo, analistas y sectores de oposición han denunciado que la iniciativa no se enfoca en este propósito. Aunque el proyecto menciona que se sancionará a los partidos que avalen candidatos que se alíen con grupos ilegales, no especifica de qué manera lo hará.

Además las sanciones se aplicarían para los legisladores de otro Congreso y no para los del actual, el cual se ha visto enlodado por los vínculos de muchos congresistas con grupos paramilitares.

A lo largo de su trámite al proyecto se le han “colgado” artículos que poco tienen que ver con su propósito. Por ejemplo, en las primeras discusiones los congresistas se centraron en un artículo que permitía al presidente Uribe volver a aspirar a la Presidencia, en 2014. El artículo, no obstante, fue sepultado por el pleno de la Cámara.

Igualmente, al final del articulado aprobado en la Plenaria de la Cámara en su último debate, el proyecto incluyó un artículo transitorio que crea un régimen especial en lo económico, lo político y lo social, para varias regiones del país. Todas son zonas afectadas por el conflicto, en las que eventualmente grupos ilegales tienen un ávido interés. Este artículo no ha sido debatido lo suficiente y no tiene ninguna relación con la Reforma Política que necesita el país.
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