Duro informe sobre los derechos humanos en Colombia, presentó el Reino Unido en Londres

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo. La Secretaría de Exteriores del Reino Unido, acaba de dar a conocer en Londres, el informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en el mundo, en el cual nuevamente, Colombia fue incluida, junto con otros 20 Estados, en la lista que cada año elabora el Foreign Office sobre los países que continúan violando los derechos fundamentales. El informe fue presentado personalmente por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband.
Víctimas del conflicto | Colombia |
El informe comienza diciendo que “La Situación General de Derechos Humanos en Colombia continúa siendo seriamente preocupante”. Menciona que “subsisten problemas estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos, particularmente en relación con la exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia”.
“A pesar de los esfuerzos del Gobierno,- dice el Informe-, las actividades de los grupos armados ilegales y los traficantes de drogas, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo”.
El Foreign Office dice que “Un incremento de nuevos grupos armados y paramilitares supuestamente desmovilizados que retornaron a las vías criminales, en el informe se manifiesta la "gran preocupación" del Foreign Office por el incremento experimentado en el 2009 por nuevas bandas armadas y ante el regreso a las prácticas criminales de paramilitares supuestamente desarmados.
Dice que después de revisar la política de ayuda bilateral del Reino Unido para Colombia, el cambio más importante que fue tomado fue la finalización de los proyectos bilaterales para los derechos humanos con el Ministerio de Defensa.
En cuanto a los defensores de derechos humanos, el informe dice que “Como resultado de sus actividades en derechos humanos, muchos defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, incluyendo sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs, padecieron el riesgo de ataques de grupos armados ilegales y criminales”. De este modo “El ambiente en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha estado empeorando, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan su trabajo por los derechos humanos con el apoyo a las organizaciones terroristas, poniendo así sus vidas en riesgo.
A lo largo del 2009, el Gobierno del Reino Unido se involucró en diversas actividades para ayudar a los defensores de derechos humanos, entre las que el informe menciona que Chris Bryant, Ministro de Exteriores visitó a Colombia en Octubre, y demandó al Presidente Uribe para que asegura que los defensores de derechos humanos fueran adecuadamente apoyados y protegidos.
El Secretario de Exteriores también recibió a Eduardo Carreño, un abogado de derechos humanos, durante su visita en Octubre a Reino Unido, para discutir los problemas que los defensores de derechos humanos enfrentan, y para lanzar una Campaña Internacional, en la Cámara de los Comunes, sobre la actividad de los defensores de derechos humanos en Colombia. En Agosto, funcionarios de la Embajada organizaron una visita a la ciudad de Popayán, para reunirse con miembros de la familia de Ever González, activista de derechos humanos asesinado y para discutir el estado de las investigaciones con las autoridades. La visita condujo a la reapertura de casos que habían sido cerrados por falta de avances en la investigación (El caso de Ever González, activista de Fundecima que fue asesinado mientras adelantaba trabajos de documentación de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cauca, había sido denunciado varias veces por la CCEEU).
En cuanto al tema de la impunidad, el informe relaciona que si bien ha habido algunos progresos en investigaciones judiciales en casos claves de derechos humanos, la impunidad continúa siendo un serio problema.
El informe hace una mención especial y destacada al tema de los sindicalistas. Dice que “Colombia continúa siendo un lugar peligroso para los sindicalistas. La violencia y la intimidación de los sindicatos por todo el país, continúa siendo uno de los más graves problemas que afronta el país”. El reporte manifiesta que los riesgos y dificultades que fueron mencionados en el Informe de 2008, continuaron su tendencia durante el año 2009, en el cual, según informes conservadores, se habla de al menos 28 sindicalistas asesinados.
“El Reino Unido está profundamente preocupado con esta situación” frente a la cual, continuará presionando para que el Gobierno de Colombia tome acciones adicionales para superarla, y le ha demandado proporcionar mayores protección para los sindicalistas y sus familias, para que se reduzca el tiempo que se toman las investigaciones por las muertes y las desapariciones forzadas de los sindicalistas, y para que se trabaje con los sindicatos y organizaciones empresariales para fortalecer las relaciones laborales en Colombia.
También se ocupa de la situación de los pueblos indígenas, frente a los cuales llama a fortalecer sus derechos en los ámbitos del acceso a la tierra, el desplazamiento forzado, la alimentación, las amenazas y las muertes de que vienen siendo objeto.
En cuanto al desplazamiento forzado, menciona la gravedad del asunto al ser Colombia el segundo país con mayor número de desplazados internos después de Sudán, afectando principalmente a indígenas y comunidades afrocolombianas a causa de ocupar tierras de importancia estratégica para los diferentes actores del conflicto armado.
Por último, el informe se ocupa del altísimo número de ejecuciones en el país ocurridas entre 2001 y 2009, a las cuales el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitarrias definió como asesinatos sistemáticos, llevados a cabo por un número importante de unidades dentro de los militares, y aunque menciona su descenso en 2009, dice que la Comunidad Internacional ha llamado a que se presenten “evidencias adicionales de que las medidas adoptadas por el Ministro de Defensa de Colombia para enfrentar el tema de las ejecuciones extrajudiciales a fines de 2008, están siendo implementadas y las denuncias se abordan con investigaciones rápidas y rigurosas. Dice el Informe que el Reino Unido continuará pendiente de los progresos y de los casos individuales, de ser necesario.

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Das conocía los vínculos con el paramilitarismo en Paraguacho

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo. A través de los diversos procesos que se han dado en denominar “La Parapolítica”, se ha evidenciado que el paramilitarismo en Colombia llegó a financiarse no solo a través de sus conocidas extorsiones, sino también por medio de “donaciones” hechas por entidades privadas, cuya fuente principal era en buena medida tomada de recursos relativos a la educación, a la salud, y los propios de las administraciones municipales. Como quien dice, era financiado por el propio Estado.

El Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes, no fue la excepción, pues el paramilitarismo se parasitó en el organismo secreto, no solo para facilitar sus acciones militares, evitar las que venían sobre ellos, sino además, para lucrarse de la contratación pública que mantenía el organismo secreto y que se incrementó exorbitantemente durante la gestión de éste.
Esto quedó claro el pasado martes, en el marco del juicio que se desarrolla contra Noguera Cotes, a través del testimonio suministrado por Luz Marina Rodríguez, directora seccional del Das en la Guajira en el año 2003, con el que se confirma que la central del organismo de inteligencia conocía que la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop tenía vínculos con el paramilitarismo, pese a lo cual aceptó la financiación en donación [1], de las obras de ampliación y remodelación del puesto migratorio de Paraguachón en la Guajira.
En efecto, Rodríguez, con 35 años de trabajo en el Das, declaró ante la Corte Suprema de Justicia que luego de su llegada al departamento, se encargó de concretar la adquisición de un lote abandonado en Paraguanchón, límites con Venezuela, en el que se pretendía construir un puesto migratorio del Das, con mejores comodidades, del que existía.
Sobre ello la ex funcionaria entrega dos versiones. Una, en la que dice que esta gestión, la realizó después de un consejo comunal realizado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual, éste luego de recibir las denuncias de la comunidad por el mal estado del puesto migratorio, ordenara construir o adecuar uno con mejores condiciones. Y otra, en la que manifiesta que ella decidió por su propia voluntad buscar la mejora del puesto fronterizo.
Cuando la representación de la parte civil, le pregunta, cuál de las dos hipótesis es la que corresponde con la verdad, ella dice que las dos, “entonces yo dije, me salve porque yo fui proactiva y ya había tenido esa visión de que esto hay que arreglarse”.
En el mencionado lote, que según Rodríguez, pertenecía a Telecom, y que lo tenía en comodato la alcaldía de Maicao, se realizaron posteriormente -entre junio y noviembre de 2004-, obras de ampliación y adecuación que fueron financiadas y ejecutadas en su totalidad por la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, mediante el contrato de donación 273 [2], celebrado entre el Das y dicha empresa, suscrito el 8 de junio de 2004 por Mónica Elena Teller Miranda, representante legal de la Cooperativa y Jorge Aurelio Noguera, Director General del DAS.
Pero esto no es todo. La vigilancia de las instalaciones de la mencionada Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, era realizada por la empresa AL MAHA LTDA, cuyo supervisor, Luís Antonio Giraldo Agudelo, es según información de inteligencia [3] “familiar del reconocido comandante de las AUC, Bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón”, quien además es, como lo indica un informe de policía judicial, el autor intelectual de la muerte del ex concejal de Riohacha Adanilo Ortiz Ciego.
Este paramilitar, Luís Antonio Giraldo Agudelo, que según lo registrado en el proceso, dirigía una estructura paramilitar dependiente de Hernán Giraldo Serna, y tiene condenas por algunos de los delitos que ejecutó como paramilitar, es conocido también por los alias de Jhonatan o el Gomelo, [4] figura como desmovilizado del Bloque Bananero de las Auc y fue una de las 18 personas capturadas en el marco de un operativo de allanamiento y registro del inmueble “Oriana y Jaimes” de la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop en el que se encontraron armas de diferente tipo y calibre, algunas de las cuales, eran de uso privativo de las fuerzas armadas, equipos de comunicación y municiones.
Operativo en el que participó Luz Marina Rodríguez, como directora de la seccional, a pesar del cual, y de las claras conexiones entre la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, el paramilitarismo y el Das, al preguntársele por estos vínculos, manifestó desconocer este tipo de relaciones.
La ex directora seccional, así mismo declaró ante la Sala que la dirección central del Das, tendría que haber tenido conocimiento de este allanamiento y de estos hallazgos, ya que es allí donde “se informa de los resultados operativos”
Para la parte civil, es claro que, tal y como lo afirma un investigador del CTI, frente al tema, que “El Departamento Administrativo de Seguridad- Seccional de la Guajira-, tenía conocimiento de las actividades realizadas por esa Cooperativa, de sus vínculos con las empresas que el prestaban los servicios de seguridad, los nexos de esos contratistas con las AUC, además de otras actividades irregulares relacionadas con la distribución de hidrocarburos en esa zona”.
Es así como, poco a poco, se ha venido evidenciado ante el aparato judicial, la gestación de un proyecto paramilitar que consistía en el paulatino pero firme apoderamiento del poder, ejecución que supone, la realización de actividades delictivas de distinto orden, para lograr el ejercicio del poder deseado, y luego para que en forma aún más criminal, se imponga el proyecto a toda la colectividad, mediante la adopción de un nuevo “Contrato Social”, del cual, la actuación del aquí procesado, Jorge Aurelio Noguera Cotes, constituye un escaño fundamental.
Notas
[1] En la investigación realizada para saber a ciencia cierta de quién fue la iniciativa de la donación, no se halló documento que permitiera establecerlo, como tampoco a cambio de qué se hizo, diferente al que obra en el informe de Gestión 2004, que dice que “Atayawacoop consciente de su responsabilidad social donde la extensión a la comunidad es una de las áreas prioritarias dada la razón de ser de las cooperativas, ha realizado una serie de contribuciones con incidencias regional, entre las que cabe destacar: Oficina Migración del DAS. Se desarrolló un contrato de donación entre Atayawacoop y el Departamento Administrativo de Seguridad, se construye la oficina de Migración en la zona de Paraguachón, Municipio de Maicao- La Guajira, con área total de 350 M2 de construcción, equivalentes a una inversión de $125.142.966.25, lo que permite una atención cómoda a todas aquellas personas que entran y salen del país por Paraguachón
[2] La Cooperativa se compromete a donar al DAS, los materiales y obras necesarias para la adecuación del puesto migratorio del DAS ubicado en la localidad de Paraguachón, municipio de Maicao (Guajira) en el lote de terreno de que trata el presente contrato, según planos y documento descriptivo suscritos por las partes y que forman parte del presente contrato. Los materiales de construcción y obra que por este contrato se donan al DAS, serán inventariados, si a ello hubiere lugar, una vez se efectúen las adecuaciones correspondientes y se detallarán en documento que forma parte del presente Contrato”.
[3] “Estuvo encargado de la seguridad de la Cooperativa Ayatawacoop, conocida como la Bomba de PAPA, principal fuente de ingreso para el grupo de autodefensas en el municipio de Maicao, encargado de controlar la totalidad del combustible que ingresa a Colombia procedente de Venezuela, quien sería el comandante de un grupo aproximado de 40 hombres que operan en los corregimientos de Tomarrazón, Galán, Cotoprix y Barbacoa del Municipio de Riohacha;
[4] Según el edicto emplazatorio proferido por la fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, dentro del Radicado 1100160000253200680764

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