24 septiembre, 2008

Funcionarios del Gobierno de Alvaro Uribe, presionan a H.H. para que no impique mas al General Rito Alejo del Rio y a Chaux

EL TIEMPO El ex jefe de los bloques Bananero y Calima, Éver Velosa rinde a esta hora su declaración en una audiencia de Justicia y Paz, que se celebra en Medellín.

Concretamente, mencionó que recientemente el abogado Óscar Iván Palacio y el secretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, le pidieron que no mencionara en sus declaracionies al ex embajador en República Dominicana, Juan José Chaux, y al general ( r ) rito Alejo del Río.

Dicha petición, según 'HH', habría ocurrido a través de mensajes que le enviaron a su defensora, la abogada Consuelo Parra, después de una entrevista que 'HH' le concedió al noticiero de televisión 'Noticias Uno'.

Palacio, abogado cercano al ex embajador Juan josé Chaux, estuvo con él en la polémica reunión en abril último entre emisarios del ex paramilitar 'Don Berna' -incluido Antonio López, alias 'Job- y funcionarios de Casa de Nariño. No obstante, su presencia solo se conoció hace una semana.

El abogado paisa también aparece mencionado en una conversación entre Chaux y 'Job' en la que el ex diplomático se declara preocupado por las declraciones de 'HH'. Tras la divulgación de la cinta, la cancillería le aceptó la renuncia al entonces embajador en República Dominicana.

'HH' comenzó su versión libre esta mañana ante la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en Medellín y tenía programado ampliar lo que ya ha dicho sobre su responsabilidad en varias masacres en el Valle del Cauca.

Hasta ahora, en las 75 indagatorias a las que ha asistido, ha confesado 22 matanzas en las cuales él y sus hombres asesinaron a más de 200 personas.

Hablan los implicados

EL TIEMPO se comunicó con el abogado Palacio quien dijo que solamente ha visto una vez a ''HH', hace muchos años en la época de la desmovilización.

"A lo sumo, pude hablar algún día con la señora Consuelo, pero como colegas. Nunca he mandado razones ni he presionado a nadie. Un abogado que monta en buseta como yo, ¿qué poder tiene para presionar?", dijo Palacio.

Y añadió que una vez escuche las declaraciones completas de 'HH', se pronunciará al respecto: "Estoy en una diligencia en la defensoría. Hablo más tarde".

Responde Secretario de Prensa

"Eso es totalmente falso. ¿Cómo me voy a poner a presionar a un a persona que ni siquiera conozco? No conozco al señor 'H.H', no he mandado ningún mensaje con nadie, ni verbal, ni escrito, ni por Internet, ni nada. Es una solemne falsedad de ese señor en su declaración", respondió por su parte Velásquez.

¿A qué atribuye que lo esté mencionando?

No lo sé. Si tienen que investigar, que investiguen, pero no me atrevería a hacer ninguna conjetura. Que se investigue y que precise cuáles son las supuestas presiones, a través de quién y para qué. Ni siquiera tengo claro el caso del señor Juan José Chaux.

¿Tampoco conoce a la abogada Parra?

Para nada, nunca he conocido a esa señor a en mi vida, no sé quién es. Al único que conozco es al señor Óscar Iván Palacio.

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Reclutamiento forzado de menores en el Uraba

IPC
En el municipio de Apartadó y en otras localidades del Urabá antioqueño, decenas de familias aún esperan alguna razón de sus hijos, muchos de ellos menores de edad, reclutados por hombres de los bloques Élmer Cárdenas y Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que no aparecen ni vivos ni muertos.


Entre 1996 y 2006 el reclutamiento forzado de menores de edad fue una práctica recurrente de los bloques de las Auc que asolaron los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó y Necoclí.

Más de dos años después de desmovilizado el último bloque de las Auc, el Élmer Cárdenas, se empieza a conocer la realidad de los menores que, de manera forzada, bajo engaños, presionados o atraidos por el poder de las armas, integraron las filas paramilitares. Muchos murieron en combates con la guerrilla; algunos fueron ajusticiados por los propios paramilitares tras detectar que se querían escapar; varios lograron fugarse, pero fueron asesinados posteriormente; otros, ya mayores, siguen trabajando para las nuevas organizaciones paramilitares. Y aunque no se conoce el número, se sabe que muchos de ellos siguen desaparecidos, sin que se sepa si están vivos o muertos.

Sin embargo, la historia promete repetirse una vez más. Precisamente ayer martes, Sergio Caramagna, jefe de la misión de apoyo de la OEA al proceso de paz con los paramilitares denunció que bandas emergentes están reclutando jóvenes en esta zona, así como en barrios marginales de la aledaña ciudad de Medellín. Caramagna dijo que esas organizaciones han asesinado a ex combatientes de las desmovilizadas AUC por haberse negado a retomar las armas.

"Hay algunos lugares en las comunas de Medellín, que es un tema preocupante, y en otros lugares como el César y Magdalena, áreas que se han convertido en zonas de riesgo y territorios de disputa de las nuevas estructuras de delincuentes", dijo Caramagna durante la ceremonia de graduación de 150 desmovilizados capacitados en oficios legales por el gobierno en Apartadó.

El director de la oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en el departamento de Córdoba (noroeste), Eduardo Tous, confirmó que se están investigando denuncias sobre reclutamiento de menores en esa región.

"Hay unas alertas tempranas que se han hecho de un informe de la Vicepresidencia y del Ministerio de Justicia en el que estamos tratando varios temas. Aparentemente en barrios como Cantaclaro se está realizando el reclutamiento de menores", dijo Tous.

El drama de lo que pasó entre 1996 y 2006, y que debería ser aleccionador para evitar que se repita hoy, no es muy visible aún en Urabá, entre otras razones porque el miedo ha impuesto un silencio difícil de romper entre las familias afectadas por esta práctica de guerra. El reclutamiento de menores es considerado como delito de lesa humanidad por el derecho internacional y sus responsables podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

Con el compromiso de no revelar sus identidades, varias personas se atrevieron a hablar con la Agencia de Prensa IPC de sus casos particulares y de lo ocurrido en años anteriores en los barrios que habitan. El argumento que esgrimen para no ser identificados es que aún hoy es peligroso referirse al tema, pues temen perder la vida a manos de aquellos que reclutaron a sus hijos en contra de su voluntad.

Y es que en las polvorientas calles del barrio Obrero, de Apartadó, no olvidan lo ocurrido a la madre de un desertor de las Auc, reclutado como menor de edad y prófugo de las filas de las Auc: en diciembre del año pasado la señora comenzó a hablar de su hijo, y en represalia, fue asesinada en su casa. Ella tenía claro quién se le había llevado su hijo. Hoy, el joven, se esconde en alguna ciudad colombiana.

En este barrrio, así como en Policarpa, El Vélez y Pueblo Nuevo, se vivió con fuerza el reclutamiento de menores de edad para las filas de las Auc entre 1996 y 2006. Los relatos de los pobladores contrastan con las cifras presentadas por Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, ex comandante del bloque Élmer Cárdenas, ante el Fiscal 19 de la Unidad de Justicia y Paz, quien hace un mes aceptó el reclutamiento de 358 niños y jóvenes menores de 18 años.

De un lado se calcula que la cifra debe ser más alta porque el Élmer Cárdenas no fue el único bloque paramilitar que reclutó menores en estos barrios, también lo hicieron el bloque Bananero, inicialmente al mando de José Ever Veloza, alias HH, y luego a cargo de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito. Además, decenas de los niños y jóvenes reclutados fueron entregados a los comandantes de bloques de las Auc en otras regiones de Antioquia, entre ellos al Central Bolívar y al Mineros, que operaron en el Magdalena medio y el Bajo Cauca antioqueños.

Si bien los mismos ex paramilitares precisan que el reclutamiento forzado se inició en 1996, el fenómeno se agudizó entre los años 2003 y 2004: “En este barrio eso fue muy duro en esos dos años, eso era ventiao. Aquí se movió mucho muchacho”, dice un representante comunal en Apartadó, quien acepta que muchos de ellos fueron llevados a la fuerza, “otros se fueron a probar la guerra atraídos por la plata y las emociones”.

“A los reclutadores les pagaban hasta dos millones de pesos por grupos de diez menores de edad que lograran reclutar”, explica otro líder barrial. Agrega que estos hombres “llegaban al caer la tarde a estos barrios y comenzaban a coger muchachos”.

El vocero comunal señala que varios de los jóvenes reclutados llegaron a la mayoría de edad en las filas de las Auc, pues a muchos de ellos se los llevaron cuando tenían 16 y 17 años de edad. “Por eso es que al momento de la desmovilización del Élmer Cárdenas, en abril de 2006, no se ven menores de edad en el acto público que se hizo acá en Urabá”, indica la fuente.

Pero no sólo el reclutamiento forzado y la búsqueda de aventuras llevaron a los menores de edad a las filas de las Auc. Testimonios recogidos en Apartadó dan cuenta del engaño como mecanismo de atracción. Ello ocurrió el 28 de noviembre de 2003 en el barrio Policarpa: “Al barrio llegaron ese día varios tipos recogiendo muchachos para llevarlos a trabajar con un contratista a una finca. Ese día recogieron 25 jóvenes. Hoy no se sabe nada de ellos”, narra una madre afectada que aún espera a su hijo, reclutado de 17 años de edad.

Pobladores del barrio Pueblo Nuevo llaman la atención sobre aquellos jóvenes menores de edad que nunca regresaron. “Mucha gente no ha encontrado el cadáver de sus hijos, pues varios de ellos murieron en combates y no se sabe dónde fueron enterrados”, cuentan algunos habitantes.

De este barrio fue reclutado un menor de 16 años de edad a comienzos del 2004. Su mamá se dio cuenta dónde estaba y al buscarlo, un paramilitar le dijo que volviera en dos años, “para desenterrarlo”.

Un ex integrante del bloque Bananero admite que estuvo cerca de varios menores de edad: “Yo ayudaba a sacarlos a Apartadó y Turbo cuando estaban enfermos o heridos. A ellos les daba paludismo, anemia, diarrea, fiebre, a otros había que atenderlos por picadura de culebras”.

Cuenta que conoció menores de edad en las filas de las Auc que operaban en los corregimientos Nueva Antioquia, de Turbo, y San José de Apartadó, zonas bajo la influencia de los bloques Élmer Cárdenas y Bananero. “Pero también se llevaron a muchos menores de edad para otros frentes”, asegura.

Evidencia de ello se encuentra en la historia de Moisés*, padre de un menor de edad que fue reclutado de manera forzada a finales de mayo de 2001 en el barrio Obrero. En ese año, el joven había cumplido 16 años.

“Cuando llegué de la finca donde trabajaba, el pelao no estaba. Pasó el tiempo y nada que llegaba a la casa. Dos días después llamó un amigo de él y me dijo que lo habían reclutado”, cuenta Moisés. De su hijo, el tercero de cinco hijos más, recuerda que era muy casero, sólo llegó hasta cuarto de primaria y le gustaba mucho trabajar porque quería ayudar con los gastos de la casa.

“Como a los tres meses me buscaron unos vecinos y me avisaron que mi hijo estaba muerto -cuenta el padre-. Sentí que el mundo se me venía encima”, dice. Un joven que estaba en las Auc se logró volar y había visto cómo asesinaban al hijo de Moisés, al parecer por intentar fugarse.

“Eso fue el 31 de agosto, narra Moisés. Me dijeron que mi hijo estaba tirado en el monte por los lados de Tarazá. Tres días después llegué hasta el sitio y los gusanos ya se estaban comiendo el cuerpo. Él estaba uniformado, no le voy a mentir. Él era muy trabajador, como mis otros hijos”, insiste.

Las evidencias demuestran que el hijo de Moisés fue llevado al Bajo Cauca y puesto al servicio del bloque Mineros, que en esa época lideraba Ramiro Vanoy, hoy encarcelado en una prisión de Estados Unidos tras ser extraditado junto a 13 jefes paramilitares el pasado 13 de mayo.

Agrega este labriego que gracias al proceso de Justicia y Paz que adelanta el Gobierno nacional se ha logrado conocer “un poquito de esa vaina aquí en Urabá, pero considera que aún falta mucho más porque, la gente tiene miedo de todos aquellos que aún tienen el poder en la región”.

“Yo siquiera tuve la oportunidad de recoger el cuerpo de mi hijo y enterrarlo, pero otros no la tendrán. Yo creo que esos hechos se quedarán en la impunidad; en este barrio reclutaron muchos muchachos y, prácticamente, se quedaron perdidos en la selva. Sus madres hasta hoy los están esperando. Me pregunto si algún día los volverán a ver”.
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E l cultivo de coca aumenta en el oriente Antioqueño

IPC-Mientras en los municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueño avanza sin tregua el proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito, en el Oriente del departamento las autoridades locales expresan su preocupación por el inusitado incremento de sembrados de hoja de coca en varias localidades de esta región.

El asunto ha despertado gran inquietud entre observadores de derechos humanos del Oriente antioqueño, quienes no descartan un posible nexo entre el aumento de los cultivos de uso ilícito y recientes hechos de alteración del orden público que han empañado el clima de tranquilidad que vive la región.

Según registros del Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, se observa un incremento en el número de hectáreas sembradas con hoja de coca en regiones como el Cañón del Río Melcocho, límite natural de los municipios de Carmen de Viboral, Cocorná y San Francisco; en el corredor montañoso que divide a los municipios de San Luis, Puerto Triunfo y Puerto Nare, y en zonas rurales de los municipios de San Carlos y San Rafael.

Al ser consultados por la Agencia de Prensa IPC, varios mandatarios locales afirmaron que si bien la presencia de hoja de coca en el Oriente antioqueña no es nueva, sí llama la atención la forma cómo vienen creciendo los cultivos en algunas zonas y los fenómenos que se están generando a su alrededor.

“Eso no es un secreto, aquí en casi todas las veredas del municipio hay cultivos de uso ilícito. El problema es que está retornando mucha población que salió desplazada y se está dedicando a cultivar coca porque no hay más”, advierte Carlos Mario Nava, alcalde de San Francisco, y agrega que “algún grupo extraño tiene que venir a comprar la coca, así no tengamos ninguna información al respecto”.

Para José Maximino Castaño, alcalde de San Luis, el incremento de los cultivos de hoja de coca en este municipio se está registrando en zonas bastante boscosas, de difícil acceso y donde se ha detectado la presencia del Frente Noveno de las Farc.

“Tenemos información sobre un impuesto de 8.000 pesos que guerrilleros de las Farc le están cobrando a los campesinos por cada arroba de coca que recojan”, declara Castaño.

Pero así como el incremento de cultivos de uso ilícito está generando preocupación, la presencia cada vez más numerosa de familias –desplazadas en su mayoría- provenientes del Bajo Cauca Antioqueño, quienes se han asentado en zonas donde hoy se denuncia presencia de hoja de coca, tiene sorprendidos a los mandatarios locales.

“Desde diciembre del año pasado estamos registrando la llegada de familias desplazadas del Bajo Cauca. Después de las marchas cocaleras en Valdivia, en febrero de este año, esa presencia aumentó. No sabemos cuántos hay, pero son bastanticos. No puedo decir que ellos son los que están cultivando coca, pero ¿qué dice la gente de estas zonas? La coca llegó al Oriente por la gente del Bajo Cauca”, señala el burgomaestre de San Luis.

Preocupa orden público

Históricamente, el Oriente de Antioquia ha sido una región ajena a las dinámicas derivadas de la presencia de cultivos de uso ilícito. De ahí la preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues el fenómeno coincide con la ocurrencia de varios hechos que han despertado gran confusión entre las comunidades campesinas.

El Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente ha documentados una serie de casos que dan cuenta de un posible rearme de grupos paramilitares, que estarían intentando dominar territorios para el cultivo y procesamiento de hoja de coca.

Uno de los casos da cuenta de la amenaza colectiva dirigida a 32 familias del municipio de San Rafael que derivaban su sustento de la pesca en el embalse San Lorenzo, límites entre los municipios de Alejandría y San Roque. El pasado 8 de julio, un grupo de hombres encapuchados que portaban armas de largo alcance llegó al embalse y luego de retener ilegalmente a los pescadores por varias horas, les ordenó no volver a laborar en aquel sitio o serían “desterrados a las malas”.

Un testigo del hecho le confirmó a la Agencia de Prensa IPC que quienes se atrevieron a denunciar el hecho ante las autoridades de San Rafael fueron amenazados y ahora se encuentran en la ciudad de Medellín en condición de desplazados: “En el municipio no les reconocieron eso como un desplazamiento y se tuvieron que ir" , declara el labriego.

En ranchos cercanos al embalse se hallaron mensajes alusivos a una agrupación armada autodenominada “Renacer”. De acuerdo con los análisis del Observatorio, “Renacer” sería una agrupación armada integrada por antiguos subordinados de Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, sindicado de liderar el rearme de grupos paramilitares en el Oriente y Magdalena Medio Antioqueño y quien se entregó a las autoridades militares el 6 de mayo de este año, en el municipio de Puerto Triunfo.

“En este caso no llegan a combatir la subversión, puesto que la guerrilla del Eln es militarmente irrelevante y las Farc tienen un escenario de operaciones considerablemente reducido y corredores de movilidad más estrechos. Se trata entonces de la retoma de la región para el uso y el control de tierras destinadas a cultivos de uso ilícito”, explica Juan José Moncada, director de Derechos Humanos y DIH del Observatorio.

Otro de los hechos presuntamente atribuibles a este grupo es el asesinato de los hermanos Rafael y Evelio Pamplona Galeano, habitantes de la vereda Quebrahonda, municipio de San Rafael, quienes fueron sacados de sus viviendas el pasado 24 de julio y hallados muertos horas después en otro lugar de la vereda. Si bien la Fuerza Pública sindica al Frente 9 de la Farc como autor de los hechos, habitantes de la zona coinciden en afirmar que el método empleado en este delito se asemeja a los utilizados por los antiguos bloques de las AUC.

Pero las denuncias sobre rearme paramilitar no sólo se dan en municipios como San Rafael. En Guarne y El Santuario, las comunidades denuncian un incremento en la criminalidad asociada a bandas delincuenciales. Al parecer, dichas estructuras estarían ligadas a nuevos grupos paramilitares.

“En muchas de las cosas que ocurren en estos municipios es difícil determinar si obedeció a la acción netamente delincuencial o si hay una acción de un grupo armado. Creemos que puede existir un vínculo y que estas bandas estarían articuladas a las nuevas estructuras paramilitares”, agrega Moncada.

Según el director de Derechos Humanos y DIH del Observatorio, estos hechos demuestran que el conflicto armado no ha desaparecido de la región, así éste haya disminuido en intensidad. Ahora, lo que se vaticina es una confrontación armada por el control del negocio de la droga, con las consabidas consecuencias humanitarias sobre la población.

“Hay una dinámica muy compleja detrás de los cultivos de uso ilícito. Eso no se cuida solo; se necesita de una infraestructura armada que cuide la entrada y salida de los insumos, de la pasta para el procesamiento de la cocaína, para el transporte de armas y eso conlleva a ejercer dominio sobre los territorios y la población. Eso ya lo estamos viendo en el Oriente”, concluye Moncada.
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"Miren doctores, nos sacaron como perros, amenazaron con matarnos sino dejábamos la tierra. A nuestros niños, esposas los intimidaron con sus pistolas

El jefe paramilitar evadió hablar de las tierras cuando la Fiscalía le preguntó por ellas. Son las mejores de Córdoba, colindantes con una gigantesca finca de Martha Dereix, primera esposa de Mancuso.

Aunque Mancuso se comprometió a averiguar por el tema cuando la Fiscalía le preguntó, advirtió que a algunos de los propietarios de esas parcelas se les pagaron para que se fueran de la zona, calificada por su entonces jefe Carlos Castaño, como territorio de la guerrilla.
Las fincas eran reclamadas insistentemente por decenas de familias campesinas.

"Miren doctores, nos sacaron como perros, amenazaron con matarnos sino dejábamos la tierra. A nuestros niños, esposas los intimidaron con sus pistolas y fusiles. Todo quedó ahí tirado", le aseguró uno de los campesinos desterrados a la comisión de fiscales de Justicia y Paz -apoyados por el CTI- que desde finales del 2007 viajó a Córdoba a corroborar las denuncias de la población y a confirmar las razones del silencio de Mancuso.

Los fiscales lograron recopilar testimonios que indicaban cómo desde comienzos de 1995 se inició el desplazamiento.

Inicialmente, se censaron 95 familias que fueron expulsadas del caserío Costa de Oro, a una hora de Montería. Y otras 31 familias fueron sacadas de la vereda El Porro, cerca de Tierralta (Córdoba).

Ya se inició el retorno

Hoy son 120 las familias que han ido llegando de distintas partes del país con los títulos que demuestran la propiedad de la tierra, que en su mayoría habían sido entregadas por el Incora.

Una vez corroborada la información la Fiscalía fue a verificar el estado de las tierras y observó que la mayoría estaba repleta de cabezas de ganado y otras con cultivos.

No obstante, cuando los fiscales se preparaban para la expropiación de la tierra, el ganado se había esfumado.

La Fiscalía ordenó la entrega a cada una de las familias de 17 hectáreas, avaluadas cada una en cerca de 20 millones de pesos.

En los últimos días 75 familias ya retornaron a sus tierras.
Esperan que las otras acrediten sus títulos para que puedan regresar.

Al tiempo que los fiscales avanzaban en este caso, otros desplazados aparecieron. Estas familias también están regresando.

EL TIEMPO
REDACCIÓN JUSTICIA


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