Caracol. La Corte interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, por no haber protegido efectivamente la vida del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, quien fue asesinado tras denunciar la participación de militares de alto rango en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, Antioquia.
La condena internacional implica el pago de 215 mil dólares de parte del Estado colombiano a la familia del activista y presidente del comité de derechos humanos de Antioquia.
La condena se profiere por que el Estado además que no proteger al amenazado defensor de derechos humanos, también se constató que hubo dilaciones en el tiempo de investigación por parte de las autoridades judiciales.
La Corte rechazó las declaraciones de las ONG que acusaban al gobierno al vulnerar la libertad de expresión, al derecho a la honra y a la dignidad del señor Jesús María Ovalle.
Las ONG alegan que el presidente, Álvaro Uribe, cuando fue el gobernador de Antioquia dijo que Valle era un enemigo de las Fuerzas militares, afirmación que no pudo ser comprobada y desestimada por el alto tribunal.
Así mismo la Corte condenó al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia en relación con las violaciones declaradas en este caso, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo.
Otras ordenes que fueron impartidas están el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por las víctimas, El Estado debe colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo.
Reconoce los avances en materia de reparaciones por violaciones a los derechos humanos que ha desarrollado hasta ahora el consejo de Estado.
Por estos mismos hechos el Consejo de Estado condenó a la nación a pagar mil 700 millones de pesos.
La condena internacional implica el pago de 215 mil dólares de parte del Estado colombiano a la familia del activista y presidente del comité de derechos humanos de Antioquia.
La condena se profiere por que el Estado además que no proteger al amenazado defensor de derechos humanos, también se constató que hubo dilaciones en el tiempo de investigación por parte de las autoridades judiciales.
La Corte rechazó las declaraciones de las ONG que acusaban al gobierno al vulnerar la libertad de expresión, al derecho a la honra y a la dignidad del señor Jesús María Ovalle.
Las ONG alegan que el presidente, Álvaro Uribe, cuando fue el gobernador de Antioquia dijo que Valle era un enemigo de las Fuerzas militares, afirmación que no pudo ser comprobada y desestimada por el alto tribunal.
Así mismo la Corte condenó al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia en relación con las violaciones declaradas en este caso, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo.
Otras ordenes que fueron impartidas están el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por las víctimas, El Estado debe colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo.
Reconoce los avances en materia de reparaciones por violaciones a los derechos humanos que ha desarrollado hasta ahora el consejo de Estado.
Por estos mismos hechos el Consejo de Estado condenó a la nación a pagar mil 700 millones de pesos.
