Según la historia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX existen en Colombia dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador. No es falso. Pero ello no es suficiente. En realidad, desde esa época, el país está dividido entre aquellos que lo poseen todo y aquellos que nada tiene.No entraré en los detalles de la tragedia colombiana, que Hernando Calvo Ospina desarrolla aquí ampliamente y con gran talento. A modo de introducción, me contentaré con recordar algunos hechos significativos, emblemáticos de esta penosa historia.
Elegido al Congreso en 1929, el liberal Jorge Eliécer Gaitán decidió combatir a lo que él llamó la oligarquía: los ricos de ambos partidos. Con el paso del tiempo sus discursos se hacen incendiarios. Desde la tribuna, en mangas de camisa, él remata sus arengas con “¡Contra la oligarquía, a la carga!”. A pesar de ello, aboga por un cambio pacífico. Cuando se le daba como favorito a la presidencia de la república, el 9 de abril de 1948 es asesinado en Bogotá.
Un detalle insólito: La ley estadounidense permite a sus ciudadanos examinar, después de ciertos años, los documentos que poseen organismos públicos como la CIA, el FBI, o el Departamento de Estado. La CIA tiene información sobre la muerte de Gaitán pero hasta el día de hoy se niega a revelarla.
El asesinato de Gaitán provoca una insurrección generalizada -que Washington atribuye al “comunismo internacional”-, y una guerra civil a la que se ha llamado “La época de la violencia” (1948-1957): unos 300 mil muertos quedan tirados en los campos. En ese tiempo de horror y Apocalipsis los liberales y comunistas, señalados como objetivo, son destinados al suplicio.
Como complemento del poder, políticos y terratenientes utilizan a policías que, en uniforme o en civil, demuestran una crueldad sin límite. Se les conoce como chulavitas. También a sueldo de los mismos, los llamados pájaros van “volando” de región en región haciendo del terror su compañera.
Condenados a muerte, casi vencidos, y dispersos en un primer tiempo, los opositores entienden que una lucha gigantesca ha empezado. Han sido abofeteados, tratados de hez de la sociedad, perseguidos como a vagabundos importunos. Los miles de miserables que no poseen nada, y para quienes el respeto a la vida y un pedazo de tierra es suficiente, se suman a otros perseguidos que, armados de escopetas y machetes, se están organizando en incipientes grupos. Esos, que en realidad sólo tratan de subsistir y defender la vida de sus pequeñas comunidades, ahora van a combatir. Influidos por la revolución cubana, varios intelectuales y estudiantes los apoyan.
En 1964, para acabar con esta revuelta, la de esa guerrilla de campesinos insumisos a los cuales se les denominó “moscovitas”, Estados Unidos dona 300 millones de dólares, envía asesores y armamento. Se implementa la Operación Marquetalia. En 1999, Estados Unidos aportó 1.600 millones de dólares para impulsar el llamado “Plan Colombia”. Hasta el 2006 ya había gastado 4 mil millones de dólares en el Plan. Sin más resultados que en 1964.
Se sigue diciendo que la inmensidad de las llanuras, los obstáculos naturales, la presencia de selvas inexploradas, hace imposible aniquilar a los guerrilleros. Pero no a la población civil.
Al año siguiente, 1965, para luchar contra esos “subversivos”, los consejeros militares estadounidenses sugieren la creación de organizaciones civiles armadas. Ya no se les llama pájaros o chulavitas, sino “autodefensas”, legalmente reconocidas.
En una fecha tan lejana como es el 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: « la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno. » Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, actual jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En carta al Parlamento, con fecha del 20 de julio de 1984, y mientras negociaban con el presidente Belisario Betancur, las FARC anuncian el lanzamiento de un movimiento político nacional, la Unión Patriótica, UP. La intención de esa guerrilla era, junto a otros partidos y movimientos democráticos, ir ingresando a la vida política legal. Este trabajo de Hernando Calvo Ospina cuenta en detalle cual fue su destino. Una tragedia para tres mil militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP, víctimas de escuadrones paramilitares... Pocos, realmente, pertenecían a las FARC. Una intransigencia política total de la clase dirigente.
Se dice que Colombia constituye una excepción notable en América Latina: sólo ha vivido cinco golpes de Estado desde su independencia de la Corona española. En 1958 se depuso al general Gustavo Rojas Pinilla, y desde entonces el gobierno ha estado siempre en manos de civiles. Rige cierto modelo democrático. Sin embargo, tan solo en cuatro años fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo (1990). Con sus particularidades, todos reclamaban reformas. Extraña concepción de lo que es una democracia...
Es que, sobrealimentados y avaros, incapaces de confrontar la realidad, ricos y poderosos piensan que los civilizados dignos de ese nombre pueden, para reducir y acabar con los “bárbaros”, utilizar bárbaros más bárbaros que ellos. Así lanzan las hordas de paramilitares, que son las mismas “autodefensas”, y les permiten que hagan alianza con los barones de la cocaína para que ayuden a financiar “su” guerra. Las Fuerzas Armadas los convierte en parte de su cuerpo, corazón y alma. Por eso los equipa, los instruye, los informa, los apoya... Con el pláceme de un gran sector de la clase política y de los gremios económicos.
Los paramilitares se ensañan con la población civil rural. Sistemática y calculadamente van acabando con la oposición política legal. Así estos seudo clandestinos, que se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajan uno a uno todos los escalones que separan lo humano de la bestia. El terror tiene que golpear en el corazón de quien pueda ser enemigo en potencia. Asesina a uno y asustarás a mil.
En diciembre de 1997, el presidente Ernesto Sámper Pizano anuncia la creación de un “bloque especial de búsqueda” para capturar a los jefes paramilitares. Promete que esos grupos “serán perseguidos hasta en el infierno.” Todo queda en intenciones. Tres años después, Phil Chicola, jefe de la oficina de Asuntos Andinos en el Departamento de Estado, estima que “según la ley de Estados Unidos, estos grupos deben cometer actos que amenazan los intereses nacionales estadounidenses para poder ser incluidos formalmente en la lista [de grupos terroristas].” [1] En cambio, en 1982 el embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, sin pruebas, trató de “narcoguerrilla” a las FARC. Por decisión del presidente George W. Bush, esa guerrilla y el otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se convierten en “narcoterroristas” después del 11 de septiembre 2001. Dos pesos, dos medidas.
¿“Narcoguerrilla”? ¿“Narcoterroristas”? ¿Ex revolucionarios descarriados? Provocando el empobrecimiento de importantes sectores de la población, los sucesivos gobiernos han favorecido el cultivo de la coca y las actividades ligadas al tráfico de cocaína. Pero son muchos los que tienen las manos metidas en el “negocio”: los militares, bastantes políticos de derecha y los sectores económicos. Bien metidas las tienen los paramilitares. Y aunque en una muy mínima medida, algún sector de la guerrilla también se ha untado con el pretexto de ayudar a financiar la causa.
Me conformaré con citar las palabras de Daniel García Peña, quien en 1997 dirigió una Comisión exploratoria para definir los términos y condiciones de posibles conversaciones de paz, bajo la presidencia de S
Sámper: “El discurso mil veces repetido sobre una guerrilla sin ideales y convertida en organización mafiosa es falso. Se trata de una organización político-militar que, como la guerra cuesta caro, impone su impuesto revolucionario sobre la cosecha [de coca], pero no tiene ninguna participación en el tráfico. Si se tratara de un cartel, no tomaría pueblos ni adelantaría operaciones militares.” Un poco más tarde, el 18 de mayo de 2003, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, James Lemoyne, afirma: “La columna vertebral de la principal guerrilla del país se compone de personas comprometidas ideológicamente.”
Todo conflicto político se termina en una mesa de negociaciones. Y por qué no, ya que son necesarias, con reformas sociales. Eso no sucede en Colombia. Con un empecinamiento en extremo sorprendente, cada gobierno le ha declarado la guerra a las guerrillas; ha multiplicado los gastos militares; les ha subido el sueldo a las Fuerzas Armadas... Y cada presidente, desde mediados de la década de los sesenta, ha prometido acabar con la guerrilla antes del final de su mandato. Para constatar, al partir, ¡qué la oposición armada es más fuerte que cuatro años antes! La injusticia social la ha nutrido. Y, también, sin duda, la represión indiscrimada y ciega.
Nada. Aquí nada se debe al azar. La “limpieza” política realizada por el ejército y los paramilitares ha vaciado de campesinos pobres a muchas regiones colombianas. Hombres y mujeres que cometieron uno de estos “errores”, o todos juntos: vivieron en territorios inmensamente ricos; se organizaron para exigir sus derechos; militaron o dieron su voto a formaciones políticas de oposición; o quizás -quizás- simpatizaron con las guerrillas. Sus tierras pasaron a manos de terratenientes, jefes paramilitares, y de representantes de poderosos intereses económicos.
El azar no existe. En 1997, evocando el futuro de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, el embajador estadounidense Myles Frechette declaraba: “Mi gobierno invita con insistencia al gobierno colombiano a que abra lo más ampliamente posible el mercado de las telecomunicaciones en el marco de la ley colombiana, o de ser necesario que cambie la ley para adoptar las reglas adecuadas y efectivas de competencia.” [2] Luego reclamó lo mismo para el petróleo, la energía y la agricultura. Dos años más tarde, una de las exigencias de la enmienda al Plan Colombia que imponen algunos senadores estadounidenses, es que se les dé la prioridad a las inversiones extranjeras, y en particular al sector de la industria petrolera. El Consortium US Columbia Business Partnership –Occidental Petroleum Company, BP, Caterpillar, Bechtel & Pfizer- defendía con toda fuerza la adopción del Plan.
Todo fue aceptado. Y más: las Fuerzas Armadas y sus paramilitares se encargaron, con el apoyo del Plan y de los asesores estadounidenses, de incrementar el vaciado de campesinos e indígenas en las extensas zonas petroleras.
Dando también entera satisfacción a quienes “ordenan”, el presidente Álvaro Uribe Vélez, “negocia” desde el 2006 un Tratado de Libre Comercio con Washington. Su firma será como un asesinato a la economía colombiana...
Este mismo presidente le ofrece una reinserción “suave” a los paramilitares. Washington no se opone, aunque ya los tiene incluidos en su lista de organizaciones terroristas. Al contrario, sus diplomáticos participan en varios actos públicos con jefes paramilitares, cuya extradición pide su gobierno por narcotráfico. Es que no sólo han masacrado poblaciones: los paramilitares se han convertido en el cartel de droga más poderoso de Colombia. Washington se contenta con hacer esporádicas declaraciones. Los paramilitares no han atacado ni el mínimo de sus intereses estratégicos en Colombia: los han cuidado como si fueran suyos.
Entonces el presidente Uribe Vélez ha tenido manos libres para firmar la ley de Justicia y Paz, 21 de junio de 2005. Esta les otorga a los “paras”, también acusados de crímenes de lesa humanidad, una casi impunidad, la legalización de sus fortunas y una jubilación dorada. A pesar de que en cuatro años, desde que firmaron un “cese al fuego” el 15 de julio de 2003, hayan cometido unos 3 mil asesinatos más.
Pero, ¿este gobierno hubiera podido ser menos bondadoso con el paramilitarismo? Fue este gobierno, como los que le precedieron, quien derramó esa plaga sobre el pueblo. Fue el Estado quien formó, fomentó, animó y protegió al paramilitarismo. Porque el paramilitarismo es una estrategia estatal, avalada y apoyada por Washington, para el beneficio de los poderosos conglomerados económicos. Han sido aliados en la destrucción y la muerte para compartir el botín.
Pero se dejó que los paramilitares se convirtieran en poderosos señores de la guerra. Y esos jefes mafiosos, que casi ni aceptan el mínimo castigo, y menos aún ser los únicos en cargar con toda la culpabilidad, lanzan una amenaza a quienes los criaron y dirigieron: si la justicia se “encarniza” con ellos, podrían revelar sus inmensos secretitos.
A partir de documentos confiscados a uno de ellos, “Jorge 40”, marzo 2006, se llevó a cabo la detención de varios diputados y senadores de la costa atlántica, todos ligados a los partidos que apoyan al presidente Uribe Vélez. Desde ese momento el fuego se extendió sobre hierba seca, porque comenzó el escándalo conocido como la “Parapolítica”. Por culpa de su padre y hermano, inculpados de relaciones con los paramilitares, la ministra de Relaciones Exteriores, Maria Consuelo Araujo, ha debido renunciar. Por las mismas razones Jorge Noguera, ex jefe de la policía política -Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que depende de la presidencia de la República-, uno de los protegidos del presidente, fue encarcelado.
Son unas muestras. Pero la lista que señala acusadoramente a la clase política tradicional colombiana, en especial a los aliados del presidente Uribe Vélez, es muy grande. La hecatombe judicial continúa, y toca a senadores, diputados y muchos altos funcionarios de Estado. Sin dejar por fuera a mandos militares y de policía.
Cierta cantidad de “personalidades” tiene cada día más dificultad en tragar saliva. Han descubierto que el perro que los cuidaba ayer, los amenaza hoy. Para impedir posibles revelaciones, 59 jefes paramilitares fueron trasladados, de repente, del centro vacacional donde habían sido concentrados, hacia una prisión de alta seguridad. Entonces anunciaron, el 7 de diciembre 2006, que consideraban el “proceso de paz” como terminado. El presidente Uribe dice que debe seguir.
Acorralado por las constantes revelaciones, el presidente Uribe responde con ataques, y se ensaña en quienes no debe. Acusa a los movimientos de defensa de los derechos humanos y a la izquierda legal, como al Polo Democrático Alternativo, de pactar “con los terroristas”. Parece que no le importa que con ello haga correr a sus miembros inmensos peligros: Al menos que sea algo deliberado. Desde hace algunos meses nuevos escuadrones de la muerte surgen por todo el país, que ya amenazan y van asesinando a los opositores...
Sin parar la arremetida, el jefe de Estado se fue contra la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Cesar Julio Valencia, se vio obligado a reaccionar en octubre 2007, rechazando acusaciones de Uribe Vélez. Le dijo al presidente que con ellas pretendía obstruir la acción de la justicia, en el cuadro de las investigaciones adelantadas sobre “parapolítica”. Es que los jueces estaban pisando huellas profundas de las relaciones existentes entre jefes narco-paramilitares y demasiados parlamentarios: 17 presos y más de 40 judicializados, todos pertenecientes a grupos políticos pro-Uribe. Sin contar a gobernadores y alcaldes presos “uribistas”.
No cabe duda que apenas comienza el forcejeo. ¿Quién sabe si las importantes revelaciones hechas en este libro por Hernando Calvo Ospina, sobre los mecanismos del terrorismo de Estado en Colombia, no serán a corto o mediano plazo confirmadas por los propios implicados? Por tanto este trabajo es sumamente valioso. Más aun, su atenta lectura es indispensable para entender la tragedia del pueblo colombiano.
