El EspectadorEl magistrado Francisco Javier Ricaurte ha tenido una de las semanas más agitadas desde cuando asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el lunes pasado resolvió dejar a un lado su tono prudente y sus palabras medidas, para afirmar, de frente al país, que desde la Casa de Nariño se estaba fraguando un complot contra la Corte por parte de algunos coequiperos del presidente Uribe. Desde ese momento no ha dejado de recibir llamadas para expresarle su rechazo o su respaldo.
El tema de controversia sigue siendo el curso que han tomado las investigaciones de la denominada parapolítica, asunto que el presidente Álvaro Uribe cuestiona con un término de confrontación: hay un cartel de testigos. Sobre este y otros temas de actualidad que ya han trascendido el ámbito nacional y preocupan a la justicia internacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, en diálogo con El Espectador, rompió su silencio.
Esta es una más de las actuaciones extrañas e irregulares del DAS, que merecen una explicación al país
¿Por qué dijo usted que había un complot contra la Corte Suprema de Justicia?
Es evidente que desde hace algún tiempo existe una estrategia deliberada para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y, por ese camino, deslegitimar las decisiones que viene adoptando en el proceso conocido como la parapolítica. Para ello se han utilizado ataques verbales de algunos funcionarios del Gobierno que han tildado a los magistrados de la Corte de prevaricadores, golpistas o cohonestadores del terrorismo, o de que sus decisiones son una especie de pesca milagrosa y que además están aderezadas con un sesgo ideológico. A todo esto, se suma el montaje en el caso del testigo Tasmania contra la Corte Suprema de Justicia.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿de qué otra manera se puede calificar que en el corazón de Palacio se reciba de manera subrepticia a un reconocido criminal que dice tener pruebas contra la Corte Suprema? Estos hechos, que no fueron puestos en conocimiento de las autoridades, como era el deber legal de los funcionarios que se reunieron con alias Job, sino que se filtraron de manera sigilosa a la prensa, no permiten calificar de otra forma este oscuro episodio.
¿Se imaginan si hubiera sido al contrario y que el Presidente de la Corte hubiera recibido de forma clandestina a este reconocido criminal, porque tenía pruebas contra un alto funcionario del Gobierno? La forma como se procedió en este oscuro caso muestra cierta convivencia de algunos funcionarios de Palacio con reconocidos delincuentes y un afán de encontrar con ellos pruebas contra la Corte.
¿Pero acaso no recibe usted solicitudes de personas con antecedentes judiciales que dicen tener información de supuestos hechos delictivos?
Cuando esas solicitudes son de competencia de la Corte Suprema, yo les doy traslado a la Sala Penal o a la Fiscalía cuando es de su resorte. Es más, en estos días me llegó una comunicación del señor Pedro Pablo Montaña, alias Rojas, donde me pide una entrevista para informarme de unos hechos delictivos, a cambio de que yo le colabore con la protección suya y de su familia. De esta petición le di traslado a la Fiscalía y le informé al detenido de mi imposibilidad para recibirlo de acuerdo con la ley y el reglamento de la Corte. Yo no puedo recibir a personas con estas condiciones, sino que esa función legal le corresponde a la Fiscalía.
¿Usted dice que el Gobierno no puso en conocimiento de las autoridades la reunión de alias Job con los funcionarios del Gobierno, pero estuvo presente un representante del DAS?
Pero no existe prueba de que este funcionario estuviera actuando en ejercicio de un deber legal, sino por invitación de unos funcionarios de Palacio que no tienen ninguna atribución legal para indagar sobre denuncias de hechos que puedan constituir delitos. Esta es una más de las actuaciones extrañas e irregulares del DAS, que merecen una explicación al país, porque todavía no ha quedado clara la participación de este organismo en este caso ni en el complot del testigo Tasmania contra la Corte Suprema. Ya es hora de que el DAS le explique al país en qué anda.
¿Cómo ve la situación del ministro Fabio Valencia, teniendo en cuenta que está a punto de empezar la discusión sobre la reforma a la justicia?
Yo le he expresado al Ministro del Interior mi solidaridad por estos dolorosos y difíciles momentos familiares por los que atraviesa. Creo que los funcionarios públicos no pueden responder por supuestos hechos delictivos en los que puedan estar involucrados sus familiares. Pero el ministro Valencia tendrá que evaluar si la situación en que se encuentra actualmente hace difícil el cumplimiento de sus funciones como Ministro de la Justicia y será él quien tome la decisión que más le convenga al país.
¿Cuál es su opinión, como presidente de la Corte, de la polémica reforma a la justicia?
La reforma está siendo estudiada por la Corte Suprema y próximamente se fijará una posición. Lo que sí es evidente es que en estos momentos resulta inconveniente e inoportuno que se modifiquen y supriman competencias de la Corte en materia penal cuando se está investigando a congresistas. Además, la reforma no propone una solución a los reales problemas a la justicia, sino que apunta a debilitarla.
¿Henry Anaya, el hombre que se reunió con el abogado de ‘Job’, dijo que tenía contactos con la Corte Suprema de Justicia. Eso es cierto?
A raíz de las denuncias de la revista Semana he solicitado al Fiscal y al Procurador que se investiguen las reuniones que sostuvieron el Secretario Jurídico y el Jefe de Prensa con alias Job, así como la actuación del señor Henry Anaya en esos episodios, porque este señor registra cinco entradas a la oficina del magistrado auxiliar Iván Velásquez. Pero dejo claro que Anaya no tiene ninguna relación con la Corte Suprema ni con sus magistrados titulares.
¿A qué vino, qué tema trató con el magistrado Velásquez?
El magistrado Velásquez ha manifestado que vino como miembro de una Red de Veeduría Ciudadana a suministrar información sobre investigaciones que adelanta la Comisión de Apoyo Investigativo sobre el tema de la parapolítica. La información ofrecida por Anaya fue sometida a riguroso examen probatorio y ha resultado ser cierta.
Pero el magistrado Iván Velásquez se ha convertido en vocero de la Corte.
Iván Velásquez no es vocero de la Corte. El único vocero de la Corte es su presidente. Iván Velásquez es un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
Se ha especulado mucho sobre el fin de la parapolítica. ¿Está cerca?
La Corte continuará adelantando las investigaciones que están en curso, sin temor y brindándoles garantías a los procesados. Claro está que debe advertirse que se han presentado dificultades en el desarrollo de las investigaciones como consecuencia de la imposibilidad de recaudar testimonios de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos. Esperamos que el acuerdo de colaboración suscrito entre Colombia y Estados Unidos nos permita encontrar una salida para llevar a cabo estas pruebas lo más pronto posible.
¿Qué pasa si los 14 jefes paramilitares no colaboran con los procesos de la parapolítica?
Eso constituiría un grave obstáculo para saber la verdad y hacer justicia.
¿Usted cree, debido a la parapolítica, que la legitimidad del Congreso está en duda?
La legitimidad de las instituciones está por encima de los hombres que hagan parte de ellas. No podemos poner en entredicho al Congreso porque algunos de sus miembros estén siendo investigados por sus presuntos vínculos con grupos al margen de la ley.
¿La Corte Suprema de Justicia quiere tumbar al Presidente?
Esos comentarios carecen de fundamento y hacen parte de la estrategia para justificar los ataques encaminados a desacreditar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La Corte nunca ha investigado al Presidente de la República porque no tiene competencia para hacerlo.
¿En qué va la farcpolítica?
La Corte está adelantando las investigaciones previas.
¿Cómo interpreta el hecho de que la Fiscalía deje libre a políticos que ustedes llevaron a la cárcel?
La Corte es respetuosa de las decisiones que adopta la Fiscalía. Si alguno de los sujetos procesales en esos juicios tiene inconformidad con esas decisiones, deberá plantearlos en los medios de impugnación legales.
¿Acepta usted la bandera de la paz propuesta por el vicepresidente Francisco Santos?
Si esa bandera se refiere a cesar los ataques de desprestigio y deslegitimación de las decisiones de la justicia, bienvenida sea. Lo único a lo que aspira la Corte es a que se respeten sus decisiones porque están ajustadas a la Constitución y a la ley.
