26 septiembre, 2008

El ACNUR lanza en Colombia la iniciativa “Escuchar para cambiar”

ACNUR
El ACNUR lanza en Colombia la iniciativa “Escuchar para cambiar”

El ACNUR lanza hoy en Colombia la iniciativa “escuchar para cambiar”, para mejorar la protección y las condiciones de vida de algunas de las comunidades más vulnerables de Colombia.

Escuchar para Cambiar le da prioridad a proyectos de escala menor que generan cambios rápidos y significativos en la vida de las personas desplazadas, principalmente a través del acceso a salud, educación y la creación de infraestructura básica como el acceso a agua potable y sistemas de acueducto. Veintidós proyectos han sido seleccionados para la primera fase teniendo como criterio las necesidades más apremiantes. Los nuevos proyectos están ubicados en regiones con altas tasas de desplazamiento forzado, tanto de expulsión como de recepción.

Estos proyectos incluyen desde albergues de emergencia y restaurantes escolares hasta la provisión de agua potable y sistemas de acueducto. Todos los proyectos han recibido el apoyo y el compromiso financiero de las autoridades locales, por ejemplo con el acuerdo de llevar luz eléctrica allí el ACNUR construya un sistema de provisión de agua.

La comunidad participa con contribuciones en especie como mano de obra para la construcción u otras labores. Estos requerimientos aseguran un sentimiento general de pertenencia en la comunidad. Escuchar para cambiar nace con el reconocimiento de que la ausencia de servicios públicos esenciales no sólo viola los derechos fundamentales sino que contribuye a acentuar los riesgos de violencia y de desplazamiento.

Los niños que no pueden ir a la escuela, por ejemplo, pueden tener mayor riesgo de ser reclutados por los grupos armados irregulares, mientras que la ausencia de medidas básicas de sanidad es un factor de riesgo para el incremento de la violencia sexual. Siete de los 22 proyectos se enfocan en los niños y en los jóvenes, otros siete en las comunidades indígenas y los 8 restantes en infraestructura para las comunidades.

Los niños reciben una comida al día en la escuela local, muchas veces este es su único alimento diario. © ACNUR/M-H. Verney

Uno de los proyectos ayudará a sostener un internado en la frontera con Ecuador para que los niños puedan quedarse por la noche, evitando el difícil y, a veces, peligroso recorrido diario por el río Putumayo. Otra iniciativa traerá condiciones sanitarias básicas a una comunidad afro colombiana de la costa pacífica, una zona del país que ha sufrido elevados índices de violencia y de desplazamiento forzado.

El ACNUR Colombia está buscando recolectar 600.000 dólares, para la primera fase del programa, antes del final de este año, mediante aportes de la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector privado.

Fecha: 26 Septiembre 2008


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En tan sólo cuatro días, se conoció que 46 jóvenes de Bogotá, Soacha y el Eje Cafetero fueron reportados como muertos en combate

Semana La semana termina con un sabor amargo. En tan sólo cuatro días, se conoció que 46 jóvenes de Bogotá, Soacha y el Eje Cafetero fueron reportados como muertos en combate, mientras sus familias, desesperadas, habían denunciado su desaparición en los últimos seis meses.

Los hechos han sido bastante confusos. Primero, el pasado martes, se supo que 11 muchachos de Bogotá y Soacha habían desaparecido entre enero y agosto, pero después resultaron muertos misteriosamente en Cimitarra y Ocaña (Norte de Santander), sepultados en fosas comunes como N.N. y reportados por el Ejército como muertos en combate.

Enseguida el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 del Ejército con sede en esa región del país, aseguró una y otra vez ante los medios de comunicación que los jóvenes pertenecían a bandas emergentes como las Águilas Negras (y al menos uno al Eln) y que murieron en enfrentamientos con unidades militares.

Dos días después, la noticia se fue agravando ya que, según un reporte de Medicina Legal, los hombres (entre 17 y 32 años) murieron uno o dos días después de su desaparición, razón por la que las sospechas sobre la versión del Ejército han ido creciendo.

Y cuando se creía que la historia no podía ser peor, este viernes se conoció que los desaparecidos en el centro del país no son 11, sino 23, y que en el Eje Cafetero hay otros 23 casos de desaparecidos en La Virgina, Pereira y Dosquebradas (Risaralda). Estas mismas personas fueron reportadas en el Eje Cafetero como muertos en combate en Quindío, Caldas, Antioquia y Santander. En total, son 46 desaparecidos que están en una lista de muertos en combate en otras regiones del país.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció este viernes que un reducto de la Fuerza Pública continúa exigiendo cuota de cadáveres para sumar positivos en la lucha contra la ilegalidad. “Me han dicho que aún hay unidades que piden cuerpos, pero yo me resisto a pensar que eso es cierto”, dijo el Ministro al admitir que hay coincidencias raras entre los desaparecidos y los muertos en combate.

Este hallazgo fue gracias al seguimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos que se dedica, entre otras cosas, a cruzar bases de datos para encontrar gente de la que no se tiene noticia. Por si fuera poco, este grupo denunció esta semana la falta de colaboración en la entrega de información por parte de “organismos de seguridad”.

¿Quién responde?

Si se comprueba lo que hoy se sospecha, que miembros de la fuerza pública sacaron a esos hombres jóvenes forzadamente de sus barrios, para luego matarlos y llevarlos a otras partes del país para hacerlo aparecer como guerrilleros caídos en combate, éstos crímenes serían una violación del Estatuto de Roma pues son de lesa humanidad, masivo y sistemático.

Resulta paradójico que esto suceda el mismo año en que justo, el Ministerio de Defensa se ha lanzado una política integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que busca no sólo capacitar a los miembros de la Fuerza Pública en esta materia, sino que la práctica, la operación diaria cumpla con estos parámetros universales de humanidad.

Esa política está desarrollando la adopción de reglas de enfrentamiento legítimas en la guerra, tiene asesores legales para cada plan de un operativo de asalto que ayudan a asegurar que los controles de buen comportamiento funcionen, y ha sacado varias directivas, como aquella que privilegia logros en capturas o desmovilizaciones por encima de muertos, para darle a un soldado u oficial la Medalla de Orden Público.

En otras palabras, la nueva política oficial de las Fuerzas Armadas es exactamente opuesta las acciones que habrían emprendido en esto trágicos casos. Y si se verifican las denuncias, estaríamos en una suerte de conspiración para sabotear o descartar la propia política del Ministerio, desde adentro. Como ha dicho el comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla de León, cumplir con los derechos humanos es una necesidad estratégica para ganar la guerra. Si hay oficiales o soldados que los están violando tan flagrantemente, simplemente están contribuyendo a la derrota. Por eso el tema ya no es sólo penal, sino político.

Si es así, ¿qué explicará el próximo10 de diciembre en el examen periódico de Derechos Humanos de la ONU, a donde Uribe ofreció presentarse voluntariamente para mostrar el balance en esta materia? ¿Cuál comandante del Ejército asumirá la responsabilidad política de estos falsos positivos y de este macabro plan?

Estos son algunos de los operativos cuestionados

En Sucre, Según denuncias de la OEA, desde el año pasado se reportaron varias muertes de supuestos miembros de las 'Aguilas Negras' que corresponderían a falsos positivos.

Once jóvenes desaparecidos en Toluviejo (Sucre) que salieron de sus casas en septiembre de 2007 con la promesa de un comerciante de trabajar en fincas de la región. Luego, 10 de ellos fueron encontrados muertos y reportados por el Ejército como bajas en combate en Córdoba y Sucre.

Una investigación de la Policía identificó a la persona que se llevó a los jóvenes como Robinson Eustaquio Barbosa Almanza, quien fue capturado y es investigado por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada. Actualmente está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

En Córdoba, varios militares del Batallón Junín están procesados y detenidos por supuestos nexos con bandas emergentes y por casos de asesinato fuera de combate.

En Pereira se investiga el caso de cuatro amigos que el sábado pasado salieron de sus casas en La Esneda, un deprimido sector a orillas del río Otún, y que fueron señalados como extorsionistas dados de baja en combate en el municipio de Manzanares (Caldas), en enfrentamiento con unidades de la Octava Brigada del Ejército.

Fueron identificados como Danilo Alberto Ríos Cifuentes, de 29 años, Carlos Arturo Jaimes Loaiza (29), Víctor Manuel Granados López (38) y José Hermes Marín (40), quienes, de acuerdo con el informe de la unidad militar, estarían relacionados con el frente 47 de las Farc y dedicados a extorsiones.

El Ejército informó que se hizo seguimiento a llamadas extorsivas y se dispuso el operativo, en el que se produjo un enfrentamiento con el saldo anotado. Este año se elevan así a 18 las personas de Pereira, Dosquebradas y La Virginia presuntamente contratadas o llevadas con engaños a otras zonas y que son reportadas como muertas en combates con el Ejército.

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La (ACNUR) teme que 21 refugiados somalíes y eritreos hayan muerto ahogados al hundirse la embarcación en que huían de un campamento, en Sudan

Jartum, 24 sep (EFE).- La Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) teme que 21 refugiados somalíes y eritreos hayan muerto ahogados al hundirse la embarcación en que huían de un campamento, en un río del este de Sudán.

El suceso tuvo lugar en el río Atbara, en cuyas proximidades se ubica al campamento que los acoge, precisa la organización internacional en un comunicado difundido en Jartum.

Veintiuno de los 26 desplazados que transportaba el bote desaparecieron en las aguas del río, entre ellos ocho mujeres y tres niños somalíes y eritreos.

Otros cuatro eritreos lograron salvarse a nado de la tragedia, mientras que una mujer somalí lo hizo aferrada a un trozo de madera, indica la nota.

La causa del accidente se debió a que la embarcación llevaba exceso de pasajeros, ya que sólo podía transportar a un total de 15 personas.

Uno de los sobrevivientes relató a ACNUR que cada refugiado pagó una suma equivalente a alrededor de 100 dólares a bandas de traficantes para ayudarlos a llegar a Jartum, en busca de trabajo, o para viajar fuera del país.

Las víctimas vivían en el campamento Chaqrab, ubicado en la región de Kasala, en el este de Sudán, próxima a la frontera con Eritrea, concluye el escrito.

Según cifras manejadas por ACNUR, Sudán acoge a alrededor de 130.000 desplazados de Eritrea, Etiopía y Somalia, 100.000 de ellos viven en 12 campamentos donde reciben ayuda de organizaciones internacionales. EFE

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Asesinada líder de la Ruta Pacifica de la Mujeres en medellin

COMUNICADO DE PRENSA No. 18 - 2008

Respeto por la vida y la integridad de las mujeres exige el movimiento social de mujeres feminista – pacifista

LA RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES RECHAZA EL ASESINATO DE UNA DE SUS INTEGRANTES EN MEDELLIN

Paradójicamente, mientras La Ruta presentaba en Bogotá el libro 'Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra', en Medellín una de sus integrantes fue masacrada junto a su hijo, nuera y nieto, un menor de cinco años de edad.


Bogotá, 25 de Septiembre de 2008. – En circunstancias que evidencian la ignominia de la violencia y la degradación de la sociedad, fue asesinada en Medellín la integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Olga Marina Vergara.

Esta líder feminista y pacifista, de amplia trayectoria en la capital antioqueña por su trabajo en favor de las mujeres, fue masacrada junto con su hijo, nuera y nieto en su propia casa en el sector de Prado – Centro este miércoles 24 de septiembre.

'Estas muertes y esta masacre son inadmisibles. Es así como la Ruta Pacífica de las Mujeres, propuesta política feminista que trabaja por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres, rechaza categóricamente estos hechos, que demuestran una vez más la degradación de la guerra y de la sociedad, pues las condiciones y las circunstancias en las que ocurrieron, son de suma gravedad. Es así como instamos a las autoridades a investigar y determinar los móviles de lo sucedido', señaló Marina Gallego Zapata, coordinadora Nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Asimismo, la Coordinadora del movimiento enfatizó que la Ruta Pacífica de las Mujeres continúa y persiste en la búsqueda para que el tema de las violencias contra las mujeres no se quede en agendas públicas de turno y como noticias circunstanciales. 'Nuestro interés es establecer un compromiso ético y político para terminar con la impunidad y la permisividad social acerca de las violencias que se ejerce contra las mujeres y más en la situación de conflicto que enfrenta nuestro país'.

A este rechazo por el asesinato de Olga Marina Vergara y tres miembros de su familia se unen las organizaciones sociales feministas del país que convergen en la Ruta Pacífica de las Mujeres, las cuales trabajan conjuntamente por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres.

Estas mismas organizaciones expresan su solidaridad y acompañamiento a la familia de Olga Marina Vergara.


Por un hogar, un país, un planeta libre de miedos, guerras y violencias RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES - *ANTIOQUIA - (4)2844079. *BOGOTA – (1)2229172/76 *BOLIVAR - (5)6663992 * CAUCA - (2)8317939. *CHOCO - (4)6713804. *PUTUMAYO - (8)4274058. *RISARALDA - (6)3332042. *SANTANDER - (7)6477559. *VALLE DEL CAUCA - (2)8854656. *COORDINACION EJECUTIVA NACIONAL – (1) 2229145 / 46 Fax: (1) 2229170 Pagina web: www.rutapacifica.org.co / E-mail: comunicaciones@rutapacifica.org.co
Contacto de Prensa Ana Cecilia Muñoz R. Comunicacioneds Ruta Pacífica de las Mujeres Tel: (1) 222 91 45 - 46 Cel: 311 533 44 85
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