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Exigen que EE.UU. garantice los derechos de los detenidos en Guantánamo y piden su cierre

Washington, 28 oct (EFE).- El Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron hoy a EE.UU. que cumpla sus obligaciones y garantice los derechos de los detenidos de Guantánamo al debido y justo proceso, y exigieron el cierre de esa prisión.
La solicitud fue hecha por Pardiss Kebriaei, abogada de CCR, y Michael Camilleri, representante del CEJIL, en una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La audiencia se celebró para verificar el cumplimiento por parte de EE.UU. de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Djamel Ameziane, un argelino berebere que lleva más de seis años detenido sin cargos en Guantánamo, y al resto de presos de esa prisión.

Estados Unidos solamente ha presentado cargos contra 16 presos, de los 255 que permanecen detenidos de forma indefinida en Guantánamo.

Washington ha trasladado a muchos detenidos a sus países de origen o a terceros que se han ofrecido a acogerlos para evitar que sean perseguidos o torturados.

Ameziane, al igual que otros 50 detenidos de Guantánamo, no puede volver a su país por miedo a ser torturado. Ha solicitado refugio en Canadá, donde tiene familia y ha vivido.

Según Pardiss, Estados Unidos, pese a haberse comprometido a no trasladar a los detenidos de Guantánamo a países donde puedan ser perseguidos o torturados, ha permitido que se transfiera a presos a naciones donde su vida corre peligro.

Ameziane, que fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera de Afganistán con Pakistán, lleva desde 2002 en Guantánamo, donde se ha visto expuesto a "brutales y espeluznantes" actos de violencia.

Michael Camilleri, del CEJIL, denunció que EE.UU. "no ha procesado a una sola persona responsable de las torturas sufridas por Ameziane o cualquier otro detenido de Guantánamo, sino que ofrece inmunidad a sus funcionarios, en clara violación del derecho internacional".

El caso de Ameziane ni el de los otros detenidos sin cargos en Guantánamo ha sido revisado por un juez, pese a que la Corte Suprema restauró el derecho de los presos a cuestionar su detención (hábeas corpus) y a acudir a un tribunal federal.

Las juntas militares de Guantánamo, creadas a partir de los atentados del 11-S para juzgar a los sospechosos de terrorismo, únicamente han juzgado a dos presos.

La audiencia contó con el testimonio del coronel retirado Morris Davis, antiguo fiscal jefe de las Comisiones Militares de Guantánamo, quien renunció a su cargo ante los casos de tortura y la imposibilidad de garantizar juicios transparentes y justos.

"Los juicios en Guantánamo no son ni justos ni militares, porque los jueces son más bien autoridades políticas. Los juicios más importantes del mundo no se pueden hacer en secreto", denunció.

Washington, a través del representante de la Asesoría Legal del Departamento de Estado, Mariano Baños, y el representante alterno de EE.UU. ante la OEA, Lewis Amselem, dejó claro que está dispuesto a escuchar las peticiones de las organizaciones, pero que no participará "formalmente" en la audiencia.

Baños dijo que Washington no ha violado ningún derecho internacional suscrito y Lewis recordó que EE.UU. se encuentra en guerra con "enemigos radicales, violentos y con ideologías totalitarias".

"Tratamos de resolver este nuevo tipo de enfrentamiento bélico y los casos de los detenidos. Queremos clausurar Guantánamo, no queremos ser el carcelero del mundo, y por eso vamos a seguir liberando a los que no son juzgados por EE.UU.", aseguró.

La postura de EE.UU. suscitó el enfado de la CIDH, cuyo relator para las Personas Privadas de Libertad, Florentín Meléndez, dijo que "todos los actos de la Comisión son formales".

La CIDH se refirió, asimismo. a la negativa de EE.UU. de concederle una visita a Guantánamo, al afirmar que "así no se responde al principal organismo del sistema interamericano".

"Pedimos que EE.UU. cierre sin demora Guantánamo y que responda a la gestión de la CIDH para visitar la prisión en las condiciones como corresponden para un organismo internacional", enfatizó.

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Amnistia Internacional denuncia un aumento de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

AFP. El estado de los derechos humanos se agravó en Colombia, con más ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y amenazas a defensores, y la comunidad internacional no es suficientemente "contundente" con el gobierno colombiano, alertó este martes Amnistía Internacional en Madrid.
En el informe 'Déjennos en paz', presentado por la sección española de AI, el grupo de defensa de los derechos humanos señala que, según el gobierno colombiano, en el país hay "un renacimiento irreversible de una paz relativa, un rápido descenso de los índices de violencia, la desmovilización con éxito de miles de combatientes paramilitares y una justicia efectiva para las víctimas de abusos".

ENVIA UN MENSAJE A TU NOMBRE, AL PRESIDENTE ALVARO URIBE


"Sin duda, es cierto que en los últimos años se ha reducido la incidencia de algunos abusos", prosigue la organización de derechos humanos. "Pero otros, sin embargo, han aumentado, particularmente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas de seguridad y los desplazamientos forzados" de las poblaciones.

Además, "el aumento reciente de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas también es motivo de preocupación", enfatizó.

"Los grupos paramilitares continúan activos y siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, a pesar de que el gobierno afirma lo contrario", afirma el informe.

Este insiste en particular en la existencia en Colombia de un conflicto que implica al ejército, a los paramilitares de ultraderecha y a las guerrillas de izquierda y que no es sólo una "guerra contra el terrorismo", como afirma el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Este conflicto se cobró la vida de más de 70.000 personas en 20 años, la mayoría de ellas civiles, y en 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a unos 1.300 en 2006, según AI. Además, entre 15.000 y 30.000 personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace 40 años, y 190 personas en 2007 a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares o la guerrilla.

Y Colombia, con hasta 4 millones de desplazados, es el segundo país del mundo con esta lacra, después de Sudán. En 2007 tuvieron que desplazarse 305.000 personas.

La cantidad de secuestros bajó -de 3.570 en 2000 a 520 en 2007-, pero "Colombia sigue siendo un país en el que millones de civiles, en particular quienes viven afuera de las grandes ciudades, siguen siendo castigados por el conflicto violento y prolongado", afirmó AI.

AI denunció además a las guerrillas de izquierda, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por el uso récord de minas antipersonales y el reclutamiento de niños.

La ONG denunció también la impunidad de la mayoría de los 31.000 paramilitares desmovilizados desde 2002 -el 90%, según ésta-.

Por otra parte, según datos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entre 3.500 y 5.000 hombres que pertenecen a grupos armados de este tipo todavía son activos en 22 departamentos.

"Los dos bandos implicados en el conflicto -el Estado y los grupos guerrilleros- deben respetar de una vez por todas la inmunidad de la población civil y protegerla de las consecuencias del conflicto", concluye el informe.

La organización denunció además a España, la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional por no ser lo suficientemente "contundentes" con el gobierno colombiano en la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones que cada año hace la ONU desde hace una década a gobierno y guerrilla para conseguir la paz.

La posición de España "tiene una influencia enorme en la posición que mantiene la Unión Europea, que en este momento es muy débil", por lo que "el Gobierno español debe cambiar su posición", llamó el director de Amnistía España, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa en Madrid. Además, España no facilita el examen" que hace de Colombia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, criticó.

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Los familiares de 28 rehenes de la guerrilla de las FARC insistieron este lunes en un acuerdo humanitario para buscar su liberación

AFP. Los familiares de 28 rehenes de la guerrilla de las FARC insistieron este lunes en un acuerdo humanitario para buscar su liberación, tras la fuga, ayudado por su carcelero, del ex congresista Óscar Tulio Lizcano, el domingo.
"Seguimos igual, luchando por el acuerdo" (humanitario que permitiría el canje), dijo a AFP Claudia Rujeles, esposa del ex gobernador del departamento (provincia) de Meta (centro), Alan Jara, desde hace siete años en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC).


Aunque manifestó su "alegría" por la libertad de Lizcano, quien ahora está con su familia, dijo, insistió en que ese hecho "no afecta, ni para bien ni para mal, la situación de los restante 28 rehenes".

Tras calificar la fuga del ex congresista como un "hecho aislado", Rujeles insistió en destacar que "las cosas siguen igual y que hay que buscar el acuerdo humanitario", que, dijo, "es la forma más sana y segura de volverlos a tener con nosotros".

"Seguiremos luchando por el acuerdo humanitario para que se sienten a negociar", añadió, al tiempo que indicó que también buscan la "cooperación internacional".

De la misma idea es Patricia Nieto, esposa del político Sigifredo López, único superviviente de un grupo de 12 diputados de la asamblea del departamento de Valle de Cauca (suroeste), secuestrados por las FARC en abril de 2002.

Sus once compañeros fueron muertos en junio de 2007 por sus captores cuando al parecer creyeron que eran atacados por el Ejército, en lo que resultó un intercambio de disparos entre los mismos guerrilleros, según correos encontrados en el computador de Raúl Reyes, número dos de las FARC muerto el 1 de marzo.

Nieto dijo además que la fuga de Lizcano le devolvió la ilusión.

"Es sentir que la ilusión como que se toca de nuevo, porque lamentablemente frente a todas estas cosas, la impotencia y la incertidumbre en las que vivimos, esto que sucedió con Oscar Lizcano es abrir otra vez esa ventanita de ilusión", declaró al telenoticiero Caracol.

Por su parte, Marlene Orjuela, quien representa a los familiares de los militares y policías en poder de las FARC, dijo al mismo telenoticiero que el acuerdo humanitario es la mejor opción.

"Creemos que el diálogo es la mejor solución para todos los problemas y en este caso, el acuerdo humanitario para poderlos abrazar a todos vivos", indicó.

De los 28 secuestrados que las FARC proponen canjear por unos 500 de sus militantes presos en Colombia y tres en Estados Unidos, 26 son miembros de la fuerza pública, algunos con ya más de diez años de cautiverio en la selva.

El 28 de noviembre se cumplirá en el país una marcha en favor de los secuestrados, a la que la ex rehén Ingrid Betancourt -quien también tiene nacionalidad francesa- ha pedido a la comunidad internacional sumarse.

Betancourt, y tres estadounidenses rescatados por el Ejército el pasado 2 de junio, junto con once uniformados, hacían parte del grupo original de secuestrados declarados canjeables por las FARC.

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Ejercito de Colombia se encuentra sumido en su peor momento, en violaciones a los Derechos Humanos

PCC.
El caso Soacha: ¿en la antesala de la debacle?
Reproducimos íntegro, el informe especial del periódico El Nuevo Siglo del domingo 26 por sus graves denuncias. Tal como avanzan las investigaciones por las circunstancias en que murieron los jóvenes desaparecidos al sur de Bogotá que luego fueron reportados como abatidos en combate con el Ejército, la sospecha inicial de que algo raro había pasado se confirma día tras día y expone al gobierno y a la Fuerza Pública a perder el año en que más golpes se dio a las Farc


Sospecha creciente

¿En combate?

Grave campanazo

¿Qué viene?

Una de las madres de uno los jóvenes de Soacha en el el reconocimiento de su hijo en Ocaña que apareció como dado de baja en combate por el ejército

DESDE EL mismo momento en que la prensa empezó a hacer eco de las denuncias en torno a que hombres jóvenes que habían desaparecido meses atrás al sur de Bogotá y en el vecino municipio de Soacha fueron reportados apenas días después como abatidos en combates con el Ejército, un halo de sospecha empezó a crecer alrededor de la confusa y grave situación.

En principio la alarma la dieron las propias familias, pues las noticias que empezaron a publicarse el 25 de septiembre pasado indicaban que varios de los presuntos integrantes de nuevos grupos paramilitares que habían sido abatidos en enfrentamientos armados con el Ejército en zona rural de Cimitarra y Ocaña, en Norte de Santander, eran originarios de Soacha. Los casos datan de enero e incluso los dos últimos se registraron en agosto.

Luego, cuando se revelaron las fechas de los decesos, la sospecha fatal de las familias se fue confirmando. Los reportes de las muertes coincidían con la época en que no menos de una veintena de jóvenes se despidieron de sus allegados o simplemente desaparecieron, tras recibir “ofertas de trabajo” en el nororiente del país.

Aunque varios de los desaparecidos tenían antecedentes penales o eran reconocidos como tales en los barrios en que residían, el hecho de que apenas dos, tres, cuatro o cinco días después de partir de Soacha aparecieron muertos en combates con el Ejército, ya sembraba una duda muy grande: ¿Cómo era posible que personas presuntamente recién reclutadas por grupos armados terminaran en combates directos con el Ejército? ¿Acaso no se suponía que deberían recibir un entrenamiento previo?

A medida que el escándalo fue creciendo, la preocupación en el Gobierno como en el Ministerio de Defensa hizo lo propio. Y la situación se complicó más cuando se vieron las imágenes desgarradoras de madres y familiares tras reconocer los restos de sus allegados entre los cuerpos que fueron sepultados como No Identificados (NN) en el cementerio de Ocaña.

Mientras que el Ejército guardaba prudencia frente al confuso hecho y los familiares de las víctimas alegaban que eran muy extrañas las circunstancias de las muertes, una declaración de la secretaria distrital de Gobierno, Clara López, hizo público lo que muchos pensaban en privado. “… Nosotros hemos sostenido que tienen que investigarse todas la hipótesis, no solamente la del reclutamiento ilegal sino también la de desaparecimiento forzado con fines de homicidio”, dijo.


Sospecha creciente


Aunque la declaración no cayó nada bien entre la Fuerza Pública, tanto la cúpula de ésta como el propio Gobierno empezaron a revisar más detenidamente la situación, sobre todo porque las evidencias y los recientes escándalos de “falsos positivos” cada día más le quitaban credibilidad a la versión “oficial” de que las víctimas, que en principio sólo eran nueve pero luego fueron aumentando, fueron abatidas en un combate abierto y sin anomalías.

Vino entonces una cumbre de las autoridades alrededor del tema que tomó dimensión nacional, no sólo porque la prensa empezó a escudriñar en la versión de los combates y encontró algunas presuntas inconsistencias, sino porque desde varias ciudades comenzaron a surgir denuncias de que allí también se habían aparecido presuntos reclutadores de los paras y la guerrilla para enganchar a jóvenes y adultos, los cuales aparecieron días después como abatidos en combates con la Fuerza Pública.

La decisión de crear una unidad especial a cargo de la Fiscalía para encargarse de la investigación, daba a entender la gravedad del hecho. Igual las advertencias de los comandantes del Ejército y las Fuerzas Militares advirtiendo que si hubo anomalías en los operativos los responsables serían castigados de la forma más drástica.

Pero si hubo una declaración que confirmó que había indicios de que algo olía mal en todo este caso, fue la realizada por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo que temía que “había reductos dentro de la Fuerza Pública que están exigiendo como resultados cuerpos”. Para no pocos analistas y observadores esas palabras eran la confirmación tácita de que el mando castrense podría estar frente a uno de los más graves escándalos de los últimos años, superior a otros casos de “falsos positivos” o incluso a las denuncias sobre infiltración de paras y mafiosos en algunas unidades militares.

Las afirmaciones del vicepresidente Francisco Santos, quien a finales de septiembre pidió investigar a fondo lo sucedido y manifestó su preocupación por la gravedad de las denuncias, tampoco fueron de menor calibre. “Es muy preocupante porque no es sólo este caso, son otros. Nosotros en el programa presidencial de Derechos Humanos le estamos haciendo seguimiento”, advirtió.



¿En combate?


Como era apenas obvio, la sucesión de hechos y la creciente sospecha de inmediato activó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos así como a la ONU y la OEA, todas las cuales no dudaron en exigir una urgente aclaración de los hechos y que fuera la justicia ordinaria, y no la penal militar, la que se encargara de la investigación.

El arranque de las pesquisas no fue fácil. Incluso la Fiscalía llegó a denunciar que así como algunos jueces penales militares habían entregado los expedientes sin obstáculo alguno, en un caso ello no fue posible e incluso el ente acusador dijo que interpondría un recurso de conflicto de competencia para forzar la remisión de ese proceso.
Superado ese obstáculo, la primera declaración oficial del fiscal general Mario Iguarán sobre este caso, no hizo nada distinto que afincar la duda sobre la “versión oficial” de las muertes.

“¿Hubo reclutamiento? Sí hubo reclutamiento. ¿Hubo reclutamiento con fines delictuales? Sí. Dije y digo que no fueron a coger café. ¿Quién los reclutó? No sabemos. Estamos investigando cuál es la red macabra de enrolamiento. ¿Fueron muertos por el Ejército? Sí, el propio Ejército asegura que las tropas les dieron de baja. ¿Quién practicó los actos urgentes, la inspección de los cuerpos? El CTI de la Fiscalía.

¿Fueron muertos en combate? No sabemos. Estamos investigando. Por el momento la Fiscalía no puede afirmar, no puede anticipar que fueron muertos en combate, ¿Quién debe adelantar la investigación? Sólo la debe adelantar la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General. ¿Puede Medicina Legal concluir o afirmar que fueron muertos en combate? Medicina Legal no lo puede afirmar. Esto sólo lo concluyen los fiscales y en últimas los jueces”, advirtió el jefe del ente acusador el pasado 7 de octubre.

Aunque el presidente Uribe entendió esa declaración como una exculpación de responsabilidad de las unidades del Ejército, le tocó rectificar luego que Iguarán reiterara que las víctimas fueron muertas por la Fuerza Pública, pero no se sabía si en combate.



Grave campanazo


En medio del paro judicial así como de otros escándalos políticos y judiciales que coparon la agenda de las últimas dos semanas, el caso de los desaparecidos de Soacha empezó a quedar en segundo plano. Por ejemplo, quedó en el aire la grave denuncia hecha en un debate en el Congreso por el parlamentario Juan Manuel Hernández, en torno a que oficiales le habían revelado que en algunas unidades castrenses había incentivos especiales por cada baja de la guerrilla o los paramilitares que se causara.

Entretanto, cuatro los fiscales con el apoyo de un grupo élite de investigadores y equipo de criminalística del CTI, siguió con sus pesquisas en los santanderes, el sur de Bogotá y Soacha. Según trascendió, en esas investigaciones no sólo se recogieron testimonios que permitirían identificar a algunos ex soldados profesionales y ex militares como los presuntos reclutadores de las personas en Soacha, sino que, además, se habrían encontrado inconsistencias en la forma en que el Ejército reportó las circunstancias de las muertes y las pruebas visuales y testimoniales que entregó a la Fiscalía para “oficializar” los abatimientos de los presuntos guerrilleros y paramilitares.

Sin embargo, la gravedad de los hechos volvió a quedar al descubierto el viernes pasado. El comandante del Ejército, general Mario Montoya, informó que en desarrollo de la investigación interna adelantada por la Inspección General “se pudo establecer que existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud en el correcto proceder”.

En vista de ello y con el fin de facilitar las investigaciones que adelanta la Fiscalía, se ordenó la separación de sus cargos del coronel Santiago Herrera Fajardo, del coronel Rubén Darío Castro Gómez y del teniente coronel Gabriel Rincón Amado. Se trata del jefe de estado mayor de la V División (con sede en Bogotá), el comandante de la brigada Móvil XV y el jefe de operaciones de la misma unidad, que opera en Norte de Santander, respectivamente.

Sin embargo, los indicios que se tendrían serían tan graves que el general Montoya solicitó al Ministro de Defensa convocar la junta asesora con el fin de proponer el retiro de las filas de los oficiales mencionados. Como si todo lo anterior fuera poco, el Ejército entregará pruebas testimoniales a la Fiscalía que tienen relación con este caso.



¿Qué viene?

Así como se vienen desarrollando los hechos, cada día es más posible que el Ejército tenga que enfrentarse a uno de los escándalos más graves de los últimos años. Si llega a comprobarse que una unidad militar montó una trama para engañar a civiles y convencerlos de que iban a ser enganchados en grupos ilegales, para luego abatirlos en estado de indefensión y presentarlos como muertos en combate, ello constituiría un golpe casi mortal para una Fuerza Pública que en 2008 ha logrado asestar los golpes más fuertes a la guerrilla y el narcotráfico en la última década.

Es claro que el tamaño y dimensión del escándalo le quitará brillo y eco al operativo en que fue abatido en la margen fronteriza ecuatoriana Raúl Reyes e incluso a la histórica Operación Jaque. El golpe a la credibilidad y confianza en el Ejército será catastrófico.

Para el Gobierno la cuestión no será menos peor. En momentos en que está viva la polémica con Human Rigths Watch y en la antesala de la decisión de Colombia de presentarse, el 10 de diciembre, de manera voluntaria al examen en Derechos Humanos, mecanismo de las Naciones Unidas, un escándalo de la magnitud que amenaza tomar el caso de los desaparecidos de Soacha será muy difícil de afrontar.

Colombia, su gobierno y su Fuerza Pública se enfrentan, pues, a una dura prueba. Si bien es necesario esperar a que las investigaciones señalen hechos de forma más clara, el halo de sospecha que un mes atrás se cernía sobre las confusas muertes de las personas desaparecidas en Soacha, cada día crece más, a tal punto que hoy se puede decir con certeza de que algo muy grave pasó…

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2OO Familias se Desplazan de Buenaventura, ante amenazas

Bogotá, 24 oct (EFE).- Unas 200 familias abandonaron sus domicilios en una barriada de la ciudad colombiana de Buenaventura y se trasladaron a otra para ponerse a salvo de amenazas de facciones guerrilleras y paramilitares, denunciaron hoy fuentes humanitarias de Bogotá.


Es un caso de desplazamiento intraurbano que estuvo antecedido de intentos de ambos bandos de reclutar jóvenes de manera forzada, explicó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) en una nota de prensa.

La organización no gubernamental (ONG) precisó que los desarraigados vivían en el barrio Lleras de Buenaventura, primer puerto del país en las costas del océano Pacífico y distante unos 600 kilómetros al suroeste de la capital colombiana.

El desplazamiento lo desató "la intensidad que tomaron los enfrentamientos entre células urbanas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y un grupo de nuevos paramilitares que se disputa el control de los barrios marginales", agregó Codhes.

La misma fuente advirtió de que los vecinos dejaron sus casas por desespero ante "las amenazas de muerte de los dos grupos ilegales contra la comunidad, en especial contra los jóvenes que se negaban a ser reclutados".

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