16 septiembre, 2008

Policías en sillas de Ruedas le piden a las FARC, liberar a sus Compañeros

Bogotá, 16 sep (EFE).- Catorce policías colombianos lisiados que marchan hacia Bogotá en sus sillas de ruedas para pedir la liberación de sus compañeros secuestrados por la guerrilla de las FARC emprendieron hoy una de las últimas etapas de su recorrido por carretera de 500 kilómetros.
Los policías inválidos, que salieron el pasado 4 de septiembre desde Cali (capital del departamento del Valle del Cauca, suroeste), partieron hoy de la localidad de Melgar (Tolima) hacia la de Fusagasugá (Cundinamarca, a 80 kilómetros de Bogotá) en un trayecto de 43 kilómetros.

Luis Alberto Ninco Sánchez, presidente de la Fraternidad de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional (FRAPON), declaró a periodistas que esta segunda marcha aspira a terminar en la capital colombiana el próximo viernes.

En la marcha denominada "Por ustedes compañeros secuestrados" los discapacitados avanzan acompañados por cinco civiles, entre ellos médicos y escoltados por ambulancias.

"Si es necesario habrá una tercera, una cuarta, una quinta marcha. Y el día que ellos estén en libertad nosotros pararemos también", señaló Ninco Sánchez.

La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene entre un grupo de 29 rehenes que aspira a canjear por alrededor de 500 rebeldes presos, en caso de que logre el llamado acuerdo humanitario.

En ese grupo se encuentran once miembros de la Policía, algunos de los cuales llevan hasta 10 años cautivos.

La cifra descendió el pasado 2 de julio cuando el Ejército colombiano rescató a 15 rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt; tres contratistas estadounidenses y 11 militares y policías que estaban secuestrados.

El acuerdo humanitario no se ha podido lograr porque las FARC exigen desmilitarizar durante mes y medio dos municipios del Valle del Cauca para dialogar y el Ejecutivo no acepta esta exigencia
Share:

El Drama de los Desplazados

Revista Semana
Informe Especial

¿Qué le pasa al alma de un país de desterrados?
Es urgente una salida excepcional. Así como la seguridad democrática o la Ley de Justicia y Paz, se necesita un proyecto de Nación para los desplazados.
En toda guerra hay vencedores y vencidos. Pero en el caso de Colombia, aunque la guerra no ha terminado, una inmensa cantidad de derrotados ha llegado a las capitales para colgarse, como si fueran salvavidas, de sus barriadas más pobres.

El drama del destierro va más allá de la cifra oficial de 2,6 millones de colombianos que tuvieron que escapar de su pedazo de territorio. Son una nueva clase social. Y los indicadores muestran que viven en condiciones más críticas que los indigentes urbanos. Los efectos sicológicos, sociales y culturales del destierro sobre toda una generación de colombianos son parte de una historia que ni se ha contado, ni se ha dimensionado, ni se ha padecido en su verdadera intensidad. ¿Cuántos pueblos murieron por completo tras una brutal masacre? ¿Cuánta memoria se perdió? ¿Cuántos vínculos de comunidad se rompieron para siempre? ¿Con qué recuerdos crecerán los hijos de los desterrados? ¿Qué puede ser, por ejemplo, de un municipio como el Carmen de Bolívar al cual 56.000 de sus 80.700 habitantes se ven obligados a huir por temor a la muerte? Es como si de Bogotá de repente tuvieran que huir cinco millones de personas.
El Destierro de Julio
Los ganadores del despojo
La filosofía carimagua
LOS ÁNGELES DE LA GUARDA
Los pueblos heridos
Un drama que no termina

Llegan a otros lugares, arrastrando sus cuerpos cansados, con el estómago vacío y miran aturdidos unas calles que nunca antes habían visto. Sin nada y sin nadie. Llegan como a otro planeta. En la jungla de cemento no les sirve para nada lo que saben: sembrar la tierra o levantar ganado. Muchos no saben leer y escribir y la vida se les vuelve una pesadilla. Y traen con ellos un recuerdo atrofiado de lo que era su familia y los lazos de comunidad que dejaron atrás y que nunca más se van a reparar. Sufren de tres enfermedades, para las que no hay cura: el destierro, el desarraigo y el ser descastados.


El costo para el país no se puede reducir simplemente a los casi seis billones de pesos que el gobierno del presidente Álvaro Uribe –puesto contra la pared por la Corte Constitucional– ha destinado para ellos de 2003 a 2010. Las consecuencias son inmensas: la tierra, la memoria, la cultura, la historia, el núcleo familiar, en fin, los pilares de una sociedad.

¿Qué pasó? Hay quienes dicen que la legítima defensa que invocaron los paramilitares fue sólo una distracción o un pretexto para tomar el control de las tierras. Y la realidad les da la razón. Para otros, la captura de las tierras fue el resultado de la guerra: quienes ganan se quedan con el botín.

En Colombia, los conflictos por la propiedad de la tierra son el epicentro del conflicto armado. A finales de los años 30, el agotamiento de la frontera agrícola y el crecimiento de las exportaciones provocaron que los grandes terratenientes expulsaran a los colonos y arrendatarios y los reemplazaran por trabajadores asalariados.

Hace apenas ocho años, cuando comenzó el siglo XXI, Colombia era una Nación altamente vulnerable. En el 60 por ciento de los municipios del país no había Fuerza Pública y en muchos de ellos no había nada ni nadie que representara al Estado. La guerrilla imponía sus impuestos, extorsionaba y secuestraba. Los paramilitares, asesinaban y robaban las tierras. Cada cual trataba de quedarse con el poder local y regional. Y para asumir el poder, el control territorial era esencial.

Se dio un fenómeno inverso a la modernidad. Al contrario de lo que significó el avance al Estado Nación que en el siglo XVIII destruyó las viejas formas feudales y construyó la idea de un ciudadano con derechos que reconoce al Estado como su ámbito legal, Colombia, en el ocaso del siglo XX estaba destruyendo ese Estado moderno para volver a un esquema feudal. Los señores de la guerra eran la autoridad: se dieron zonas donde la guerrilla impuso sus cartillas y otras donde los paramilitares ‘esclavizaron’ pueblos enteros.

En menos de 10 años el mapa del país cambió. Desaparecieron veredas y caseríos. Muchas regiones del campo se desocuparon, los cordones de miseria de las ciudades se ensancharon y la tenaza de los narcos con los paramilitares y la guerrilla impuso una contrarreforma agraria sin antecedentes en el país.

Nadie tiene aún los datos globales de lo que ocurrió. Cálculos académicos indican que si se fueran a restituir las tierras de los desplazados se tendrían que entregar cerca de siete millones de hectáreas. Los ejemplos de la concentración de tierras pululan (en un sector de Urabá, en el que en 1986 existían más de 600 propietarios de tierra, para el año 2000 ya no eran más de 50) y los del despojo también (en Tulapas, Turbo, alias el ‘Alemán’ desalojó a más de 350 familias y se quedó con sus tierras).

Frente a esta descomunal tragedia, frente al desafío más importante que tiene el país, el Estado ha sido tan negligente como indolente. Por momentos, se evidencia una mayor preferencia por el victimario que por la víctima. Mientras los unos reciben un apoyo de 520.000 pesos durante año y medio, estas reciben 280.000 pesos por tres meses.

Pero no es sólo la eventualidad de un pago. Servidores públicos de varias entidades, en especial en la región Caribe, sometieron al Estado al yugo de los paramilitares. Hay casos de funcionarios que expropiaron tierras entregadas a campesinos pobres, para luego adjudicárselas a testaferros de las autodefensas. Registradores públicos que legalizaron cambios en los linderos de los predios, notarios que dieron fe por miles de transacciones hechas a la fuerza o donde ni siquiera estaba presente el supuesto vendedor a quien en verdad le estaban robando lo que tenía. También participaron decenas de alcaldes y miembros de la Fuerza Pública, que permitieron que esto sucediera.

El Ministerio de Agricultura es el que más desdén ha mostrado por los desplazados. La ley de Desarrollo Rural, que los pudo haber tenido a ellos como protagonistas, por el contrario fue aprovechada para que los institutos que dependen del ministerio se descargaran de responsabilidades que tenían con los desterrados. Y ha sido el gran mentor del ‘modelo Carimagua’, toda una doctrina de desarrollo rural de grandes proyectos agrícolas en los cuales los desplazados no son protagonistas sino mano de obra barata contratada a destajo.

En el año 2004 fue tan evidente la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar el tema, que la Corte Constitucional tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, que aún hoy, cuatro años después de la declaratoria, no se supera.

La única dependencia que parece estar haciendo un gran esfuerzo es Acción Social y ministerios como el de Educación y Salud, que han logrado importantes coberturas para la población desplazada. Pero a pesar de la envergadura del proyecto y de la inyección de nuevos recursos, ellos mismos admiten que todavía falta mucho para cambiar la historia.
Es una realidad abrumadora y a pesar de todos los esfuerzos no será suficiente mientras que no se diseñe una salida extraordinaria para el fenómeno de los desplazados ¿Por qué un gobierno que propone como proyecto de Nación la seguridad democrática para acabar con la guerra, o un Estado que propone un proyecto jurídicamente tan ambicioso como el de Justicia y Paz para desarmar a 35.000 paramilitares, no propone un proyecto de Estado para rescatar a los desterrados?

La Comisión de Seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado propone la creación de una comisión de la Verdad y la Restitución de las Tierras. Hay otros que van a impulsar algo de mayor impacto: una justicia transicional –tipo Ley de Justicia y Paz– en materia civil para enfrentar el tema.

En la historia de la humanidad la tierra es mucho más que un pedazo de territorio. La tierra encarna la identidad, la cultura, el imaginario de Nación, la historia y la construcción de una sociedad a través del núcleo familiar. Grandes guerras de la humanidad y grandes revoluciones se ha dado por la emancipación, la libertad y la tierra.

Si 20.000 kilómetros cuadrados que los palestinos le reclaman a Israel han tenido en vilo al mundo y han marcado 60 años de guerra en Oriente Medio, el despojo de cinco millones de hectáreas tienen que sacudir el alma de Colombia.
Share:





Este es mi ancla

Enlace a ancla

NOMBRE DE LA PAGINA

Aqui contenido de la columna de la izquierda
Aqui contenido de la columna de la derecha

Share:

"¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido? ¿Quién se va a olvidar de sus muertos, cuando nos han violado y nos han masacrado? Victima de los Paramilitar

Víctimas contra el miedo: Hernando Salazar BBC Mundo, Valledupar, Colombia

Medio millar de víctimas participaron en una audiencia para debatir un proyecto de ley que las proteja. Fueron convocadas por el Congreso de Colombia, autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la quinta de las diez audiencias públicas que habrá en todo el país.

Victima
La mayoría de las víctimas de la violencia sufren el desplazamiento forzado.
Eran mujeres y hombres humildes, muchos de ellos campesinos e indígenas, que hicieron grandes esfuerzos por vencer el miedo.


Lea: "El Estado no es un actor neutral"



El miedo se les notaba a algunos, que miraban tímidamente y, a veces, trataban de ocultar sus rostros de las cámaras de los reporteros, refugiándose detrás de claveles blancos.

Luego de viajar varias horas en autobuses desde distintos sitios de la Costa Caribe de Colombia, esas personas habían llegado a su destino.

La cita era en el coliseo de Valledupar, la capital del Cesar, cerca de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, una zona que ha sido duramente azotada por la violencia de paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda en los últimos años.

Centenares de mujeres y hombres se acomodaron tímidamente en las graderías y allí, a pesar del intenso calor, estuvieron sentados casi ocho horas.

Su miedo era justificado. Se trataba de personas que han sufrido muertes, desapariciones, torturas, secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, despojos de bienes, ataques y amenazas de los grupos paramilitares de derecha.

Todos llegaron a una audiencia pública que espera mejorar un proyecto de ley que busca crear un estatuto de protección de las víctimas.

Las víctimas y sus daños

Eran 500 personas representativas de las víctimas de este país, quienes suman más de 3 millones, que han perdido a miles de familiares y al menos 6,8 millones de hectáreas de tierra, según la Procuraduría General de la Nación.

A las víctimas colombianas, en su gran mayoría desplazadas forzadamente, apenas se les han asignado un poco más de 60.000 hectáreas de tierra, según la Agencia Presidencial para la Acción Social.

Poco a poco, el miedo en el coliseo de Valledupar disminuyó, aunque no desapareció del todo.

Quizás ayudaron las palabras del gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, quien reconoció, sin ambages, las atrocidades que se han cometido en la región.

Asistentes
Los asistentes pidieron un marco legal que los proteja.
Moreno elogió a quienes esa mañana se habían atrevido "a enfrentar los propios temores" y admitió que aún "perviven algunos estamentos de nuestro entorno institucional marcados por alianzas y permeados por la presencia de actores criminales".
"Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano", añadió el gobernador, cuyo antecesor en el cargo, Hernando Molina Araújo, está preso por supuestos vínculos con los paramilitares. Poco después el turno fue para los defensores del proyecto de ley. Uno de ellos, el senador Juan Fernando Cristo, le dijo a BBC Mundo que en Colombia "no ha habido leyes para las víctimas, sino para los victimarios".

Luego comenzaron a hablar los voceros de las víctimas, que eran escuchados por congresistas, funcionarios estatales y oficiales de Naciones Unidas.
"Aún conviven con sus victimarios"

El primero en hacerlo fue Juan Carlos, un hombre que reconoció que muchas víctimas no asistieron al encuentro, porque tenían miedo y porque "aún conviven con sus victimarios".

De hecho, algunas de las personas que llegaron al coliseo no se atrevieron a contar todo en público. Pero en privado relataron, por ejemplo, que en algunas regiones del Cesar los paramilitares se están rearmando con la complicidad de autoridades locales.

Después habló una mujer joven, del departamento de Bolívar. Se quejó del vía crucis a que son sometidas las víctimas por las dependencias del Estado y pidió "hechos y acciones claras".
Enseguida, José, un hombre mayor, lamentó que no se haya vuelto a hablar del "Plan Retorno de los Desplazados".


Moreno
Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano Cristian Moreno, gobernador del departamento del Cesar
"No están llegando las ayudas a las víctimas. Por favor, ayúdennos a que se cumplan las leyes", dijo el hombre.

Cuando le correspondió el turno al vocero de las comunidades indígenas de la península de La Guajira, este exigió que la ley que debate el Congreso diferencie claramente las ayudas humanitarias de las obligaciones que tiene el Estado en materia de reparación integral a las víctimas.
"¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido?"

En medio de los testimonios, una mujer llamada Dolores sorprendió al auditorio cuando dijo: "¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido? ¿Quién se va a olvidar de sus muertos, cuando nos han violado y nos han masacrado? ¿Cómo nos vamos a olvidar de lo que nos han hecho?".

De repente, un grupo de niños ingresó con una galería de imágenes pintadas sobre un inmenso papel.

"No deseo volver a llorar, no quiero la soledad, quiero saltar. Que nos enseñen a soñar, para mostrar la felicidad. Pedimos hoy que esto no vuelva a ocurrir una vez más", dijeron dos niñas a través del micrófono.

Algunas mujeres presentes no pudieron contener las lágrimas.

El proyecto de ley de víctimas está a medio camino en el Congreso de Colombia.

El semestre pasado fue aprobado por el Senado, pese a la oposición del entonces Ministro del Interior y Justicia.

Asistentes
Algunos asistentes lamentan que no se siga hablando de un Plan Retorno de los Desplazados.
Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, un órgano estatal creado en 2005, le dijo a BBC Mundo que ellos apoyan, "a grandes rasgos", el proyecto.
¿Qué pasará? El representante a la Cámara Guillermo Rivera declaró a BBC Mundo que él cree que la iniciativa saldrá adelante.
"Si la aprobación del proyecto fuera una catarsis del Congreso (salpicado por la parapolítica), bienvenida. Este proyecto es una oportunidad para relegitimar una institución que es tan necesaria en cualquier democracia", dijo.

Tres años después de haberse aprobado la Ley de Justicia y Paz, que les concede sustanciales rebajas de penas a los jefes paramilitares a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas, ninguna de las 145.000 víctimas registradas en la Fiscalía General ha recibido reparación.

Mientras se producen los fallos de los jueces, el gobierno nacional puso en marcha un programa de reparaciones a diez años, en el que invertirá 3.500 millones de dólares. Ese fondo beneficiará a las víctimas de delitos contra la integridad y la libertad personal, las cuales recibirán máximo 9.000 dólares.

Ya hay más de 75.000 solicitudes esperando una respuesta.

Cuando terminó la audiencia en el coliseo de Valledupar, las 500 víctimas regresaron a sus lugares de residencia, muchas de ellas escoltadas por la Policía. En sus casas esperan que les llegue una reparación y tratan de sobreponerse al miedo.
Share:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

face

apartado-trujillo

Etiquetas

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

refugiados sirios

Archivo del blog