El Espectador
Veinte Años Despues De La Masacre de Segovia, en la que paramilitares al servicio de Fidel Castaño, conocidos como el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste —MRN— asesinaron a 43 personas y dejaron 53 heridos, los habitantes del municipio minero del nordeste antioqueño no saben si recordar los hechos o permanecer en sus casas.
Nuevos grupos de paramilitares, pese a la tragedia del 11 de noviembre de 1985 y las otras muchas incursiones violentas en las que se siguió hostigando a la población, controlan el orden social del municipio que por mucho tiempo ha sido uno de los epicentros de la confrontación de diversos grupos armados ilegales. En palabras de un segoviano, “no ha aparecido el primer sastre del mundo que le haga un traje al miedo”. Las víctimas exigen verdad y justicia, pero no saben siquiera si les es posible evocar a sus difuntos sin que las ‘Águilas Negras’, por estos días dueños y señores del espacio público, lo consideren una afrenta.
Video de la Masacre de Segovia
La masacre de Segovia puede ser considerada, por muchos motivos, un caso emblemático en la historia reciente de la violencia colombiana. Orientada a liquidar la competencia política, la masacre perpetrada por los paramilitares de Castaño tenía por objetivo exterminar a los dirigentes políticos de la Unión Patriótica que con anterioridad, en las elecciones de marzo de 1988, habían ganado las elecciones en algunos de los municipios antioqueños. La intolerancia hacia el partido político de izquierda que recién surgía del proceso de paz suscrito por el presidente Belisario Betancur y el grupo guerrillero de las Farc llevó, como se sabe, a su total exterminio.
En la masacre, como en tantas otras perpetradas por los paramilitares, la complicidad con las fuerzas del orden fue absoluta. Pese a que el entonces comandante de la XIV Brigada, general Raúl Rojas Cubillos, les atribuyó el ataque a las Farc y el Eln, con el tiempo se pudo comprobar que la Policía se encerró en el Comando ubicado en la plaza central y el Ejército Nacional se acantonó en las instalaciones de la base del Batallón Bomboná. Ni los unos ni los otros acudieron a proteger a la población y, por el contrario, hubo participación activa a partir del apoyo logístico y táctico.
Veinte años después y aun cuando inicialmente algunos oficiales fueron destituidos por su participación en los hechos, en materia judicial la norma sigue siendo la completa impunidad. Es más, posteriores masacres, como la del 22 de abril de 1996, en la que 14 personas fueron asesinadas y dos más fueron secuestradas tras ser señaladas de colaborar con la guerrilla, son también masacres perpetradas para acallar las voces de las víctimas de los hechos de violencia iniciales. En ese sentido, el abogado de las víctimas, Tarcisio Roldán, posteriormente fue asesinado en su apartamento en Bogotá junto a su esposa.
La masacre de Segovia, que el entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, calificara como “la más vergonzosa manifestación de violencia” registrada en el departamento en las últimas décadas, es un caso emblemático de intolerancia, complicidad de las fuerzas del orden e impunidad. Como en tantas otras masacres, es posible que la situación siga siendo la misma. Más ahora que nuevos grupos de paramilitares ejercen la autoridad que le corresponde al Estado colombiano.
La palabra la tienen, para las víctimas y sus familiares, comisiones como la de la Memoria Histórica que con su arduo trabajo de reconstrucción académica consiguió que la masacre de Trujillo, en el Valle del Cauca, volviera a dar luces de que la impunidad, aun si se trata de juzgar militares, no será tolerada.
Veinte Años Despues De La Masacre de Segovia, en la que paramilitares al servicio de Fidel Castaño, conocidos como el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste —MRN— asesinaron a 43 personas y dejaron 53 heridos, los habitantes del municipio minero del nordeste antioqueño no saben si recordar los hechos o permanecer en sus casas.
Nuevos grupos de paramilitares, pese a la tragedia del 11 de noviembre de 1985 y las otras muchas incursiones violentas en las que se siguió hostigando a la población, controlan el orden social del municipio que por mucho tiempo ha sido uno de los epicentros de la confrontación de diversos grupos armados ilegales. En palabras de un segoviano, “no ha aparecido el primer sastre del mundo que le haga un traje al miedo”. Las víctimas exigen verdad y justicia, pero no saben siquiera si les es posible evocar a sus difuntos sin que las ‘Águilas Negras’, por estos días dueños y señores del espacio público, lo consideren una afrenta.
Video de la Masacre de Segovia
La masacre de Segovia puede ser considerada, por muchos motivos, un caso emblemático en la historia reciente de la violencia colombiana. Orientada a liquidar la competencia política, la masacre perpetrada por los paramilitares de Castaño tenía por objetivo exterminar a los dirigentes políticos de la Unión Patriótica que con anterioridad, en las elecciones de marzo de 1988, habían ganado las elecciones en algunos de los municipios antioqueños. La intolerancia hacia el partido político de izquierda que recién surgía del proceso de paz suscrito por el presidente Belisario Betancur y el grupo guerrillero de las Farc llevó, como se sabe, a su total exterminio.
En la masacre, como en tantas otras perpetradas por los paramilitares, la complicidad con las fuerzas del orden fue absoluta. Pese a que el entonces comandante de la XIV Brigada, general Raúl Rojas Cubillos, les atribuyó el ataque a las Farc y el Eln, con el tiempo se pudo comprobar que la Policía se encerró en el Comando ubicado en la plaza central y el Ejército Nacional se acantonó en las instalaciones de la base del Batallón Bomboná. Ni los unos ni los otros acudieron a proteger a la población y, por el contrario, hubo participación activa a partir del apoyo logístico y táctico.
Veinte años después y aun cuando inicialmente algunos oficiales fueron destituidos por su participación en los hechos, en materia judicial la norma sigue siendo la completa impunidad. Es más, posteriores masacres, como la del 22 de abril de 1996, en la que 14 personas fueron asesinadas y dos más fueron secuestradas tras ser señaladas de colaborar con la guerrilla, son también masacres perpetradas para acallar las voces de las víctimas de los hechos de violencia iniciales. En ese sentido, el abogado de las víctimas, Tarcisio Roldán, posteriormente fue asesinado en su apartamento en Bogotá junto a su esposa.
La masacre de Segovia, que el entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, calificara como “la más vergonzosa manifestación de violencia” registrada en el departamento en las últimas décadas, es un caso emblemático de intolerancia, complicidad de las fuerzas del orden e impunidad. Como en tantas otras masacres, es posible que la situación siga siendo la misma. Más ahora que nuevos grupos de paramilitares ejercen la autoridad que le corresponde al Estado colombiano.
La palabra la tienen, para las víctimas y sus familiares, comisiones como la de la Memoria Histórica que con su arduo trabajo de reconstrucción académica consiguió que la masacre de Trujillo, en el Valle del Cauca, volviera a dar luces de que la impunidad, aun si se trata de juzgar militares, no será tolerada.
