La coca sigue moviendo a Tarazá y Valdivia

La movilizaciones campesinas en Tarazá y Valdivia, Antioquia, demuestran que los programas de sustitución de cultivos y asistencia alimentaria en la zona no han logrado crear una economía que no dependa de la hoja de coca. ¿Qué alternativas hay?
Por Agencia de Prensa IPC

El pasado miércoles cerca de 300 campesinos bloquearon la vía entre Medellín y la Costa Caribe a la altura de El Doce, municipio de Tarazá, Bajo Cauca. Los campesinos marcharon pacíficamente en protesta por las fumigaciones del gobierno a los cultivos de coca en sus predios y pidieron al gobierno que les de soluciones reales a su economía. Esta es la tercera protesta que realiza en lo que va del año.

Los labriegos denuncian el incumplimientos de los compromisos hechos con el Presidente de la República y el Gobernador de Antioquia el pasado 3 de mayo en Tarazá, en cuanto al incrementó del número de familias guardabosques, fortalecimiento de la seguridad alimentaria e inversión en proyectos productivos.

Las autoridades por su parte han cuestionado la protesta por sus aparentes vínculos con la guerrilla. Sin embargo, la concentración de cultivos de coca en la zona influye sobre las pequeñas economías locales, poniendo en jaque la política de fumigación.

“Según Naciones Unidas, Antioquia tiene 6.000 hectáreas cultivadas con coca. En los últimos años se han fumigado con glifosato más de 40.000 hectáreas; sin embargo, hoy continuamos con las mismas 6.000 hectáreas plagadas de coca”, señala Jorge Mejía, analista y ex secretario de Gobierno de Antioquia.

El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), administrado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), estimó que en el 2007 había 99.000 hectáreas cultivadas con coca, un 27% más con relación a las 78.000 hectáreas estimadas para el 2006, incremento que no se daba desde 1999.

Ese crecimiento de las áreas cultivadas se ha visto reflejado en los ingresos anuales de quienes se dedican a este ilícito: “A cada hogar dedicado al cultivo de hoja de coca ingresó en promedio US$ 11,675, un 15 por ciento más que en el 2006. El año anterior, 80.000 hogares se dedicaron al negocio, 13.000 más que en 2006”, precisó Mejía.

“El Gobierno criminaliza todo el proceso de la coca, desde el cultivo, la producción, la transformación industrial hasta su comercialización. En esa lógica, el pequeño productor queda como delincuente, sin mayores alternativas”

Teniendo en cuenta que asperjar desde el aire una hectárea de hoja de coca cuesta 3 millones de pesos, en el departamento se han invertido en ello 120 mil millones, “pero erradicar y sustituir una hectárea de coca por una de cacao demanda 10 millones de pesos, lo que quiere decir que con los 120 mil millones invertidos en veneno, hubiésemos podido recuperar 12.000 hectáreas”, insiste el ex secretario departamental quien es partidario de otras soluciones.

Alejandro Reyes, uno de los mayores expertos del país en el tema, ha propuesto en diversas ocasiones que para comenzar a atacar la raíz de donde nacen los cultivos de uso ilícito, el país requiere la aplicación de una reforma agraria moderna, que le permita a los cultivadores de la hoja acceder a tierras más productivas, cercanas a los circuitos comerciales y propicias para mejorar la calidad del medio ambiente.

“Lo que propongo es una reforma agraria de nueva generación, es decir, es una reforma agraria que dice: reformemos la localización de la población campesina para acercarla a las zonas agrícolamente más productivas”, dice Reyes.

Desde su perspectiva, el ciclo fumigación-destrucción del cultivo-traslado del campesino a las zonas más marginales donde cree que los aviones no le van a llegar- se convierte en un juego del gato y el ratón, cuyas consecuencias son nefastas para el medio ambiente, pues cada vez hay mayor deforestación.

Un modelo diferente de sustitución

En diálogo con la Agencia de Prensa IPC, el investigador explica su propuesta y cómo lograrla.

¿A su juicio, la política de fumigación de cultivos ha fallado?
Hay una ilusión de los Estados Unidos y de la autoridades colombianas que la fumigación es eficaz para acabar con los cultivos. Las estadísticas prueban que no. En Colombia, se está fumigando una extensión del doble o más del doble de la que se calcula que hay en cultivos. Entonces, si le hiciéramos caso a las estadísticas, en el país no hay coca. ¿Pero por qué sigue existiendo? Porque el campesinado sigue sin medios de subsistencia y le toca cultivar la coca para sobrevivir por la obligación perentoria de darle de comer a su familia.

Esa persistencia de los cultivos de coca arrincona cada vez más a los campesinos y afecta el ecosistema. ¿Qué hacer con ello?
Es necesario parar la colonización, la de alta montaña, la amazónica y la pacífica; cerrar la expansión del frente colonizador; impedir que se siga tumbando una hectárea más de bosques, puesto que se necesitan para la protección de los suelos, las aguas y de todo el ecosistema del país. Debemos proponerle a los cultivadores de hoja de coca que se les cambia coca por tierra.

¿Y qué tipo de tierras se requieren para atraer a ese campesinado?
Tierras planas, buenas, con facilidades de producción, donde el país ya ha construido una infraestructura durante décadas, situadas frente a las carreteras y lo centros de consumo, con apoyo crediticio y tecnológico para la producción agraria. Las tierras donde se siembra la coca poseen suelos pobres en minerales, ubicadas en pendientes y marginales. Si se quiere cultivar en ellas frijol, maíz o plátano los costos de producción son tan altos que no se pueden sacar productos al mercado con una rentabilidad adecuada.

¿A esa propuesta de entrega de tierras es a la que llama una reforma agraria de nueva generación?
Claro, es una reforma agraria que dice: reformemos la localización de la población campesina para acercarla a las zonas agrícolamente más productivas.

¿Y cómo sería ese proceso?
Por varios medios: extinción de dominio de tierras de los narcotraficantes, extinción administrativa de dominio de tierras mal explotadas o subutilizadas y clarificación del dominio sobre predios para retirarle la posesión de las tierras usurpadas a los grandes propietarios y entregárselas a los campesinos.

¿Ya hay experiencias en ese sentido?
El Estado dictó en 1996 y 2002 dos leyes de extinción de dominio de predios adquiridos ilícitamente, después de ese fenómeno de compra de tierras por narcotraficantes. Ha habido un proceso de extinción de dominio que va más o menos por una incautación cercana a los 2,2 millones de hectáreas, todavía no están extinguidas, pero están incautadas.

¿Y qué hacer con los otros eslabones de la cadena de producción de la coca?
Tenemos que atacar a los sectores comerciantes de la coca, los intermediarios, el lavado de dinero, los bienes adquiridos ilícitamente; esos son los niveles que exigen cárceles de alta seguridad para encerrar a los capos y desvertebrar las redes comerciales. El componente campesino del negocio del narcotráfico requiere una solución agraria. Más cárcel y más fumigación no los va a sacar del problema.