Tras cumplirse 18 años de su asesinato, sin ningún avance en
materia judicial que ayude a resolver las causas de su crimen y los implicados,
y a dos años de caducar la investigación, un grupo de abogados solicitó a la
Fiscalía que declare el crimen como de lesa humanidad. ¿Por qué no hay
resultados?
El
18 de abril de 1998 la vida del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo
Umaña Mendoza fue segada cuando tres sicarios, que se hicieron pasar por
periodistas, lo asesinaron en su oficina en el barrio Nicolás de Federmán, en
Bogotá. Las investigaciones para esclarecer su muerte se estancaron y 18 años
después no hay ningún avance.
La
de Umaña Mendoza fue una muerte anunciada y no atendida. Cuatro meses antes de
su asesinato, se denunció el plan que tenían sectores de la Brigada XX del
Ejército, funcionarios de Ecopetrol y de la Fiscalía para matarlo, pero las
autoridades no hicieron nada para prevenirlo, aseguran los abogados Germán
Romero y Jorge Eliecer Molano, quienes están al frente del objetivo de lograr
que la Fiscalía General de la Nación lo declare como un crimen de lesa
humanidad, con lo que se buscaría que no prescriba en el tiempo.
De
los casos más importantes que adelantaba Umaña Mendoza se destacaba la denuncia
contra integrantes de la Brigada XX del Ejército y su complicidad con
directivos de Ecopetrol y la Fiscalía para inculpar a varios dirigentes de la
Unión Sindical Obrera (USO) con los atentados que sufría la infraestructura
petrolera, la investigación del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, sobre la
cual aseguró que la Central de Inteligencia Americana (CIA) estuvo detrás del
magnicidio, y la defensa de las víctimas del genocidio contra la Unión
Patriótica.
También
asumió desde 1985 la defensa de las familias de los desaparecidos del Palacio
de Justicia, tras la cruenta toma de la guerrilla del M-19 y la posterior
reacción de la Fuerza Pública. Umaña Mendoza siempre sostuvo la tesis de que el
Ejército capturó civiles en la retoma del lugar, los interrogó, los torturó y
los desapareció, sin verificar si eran o no culpables. Hasta su último día,
luchó por tipificar el delito de desaparición forzada, hecho que llevo a juicio
al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.
Pasados
18 años de su asesinato, familiares, amigos y compañeros de Umaña Mendoza
reclaman justicia. Y no es para menos, según Germán Romero, uno de los abogados
que representa el caso, solo el primer año de investigación se arrojaron
posibles culpables y se emitieron capturas que terminaron siendo montaje.
“Se
desvió la investigación a personas en la ciudad de Pereira. La Fiscalía desvió
la atención de la investigación para dilatar el proceso. Desde entonces el
proceso ha estado estancado y no se ha avanzado en lo absoluto, por el
contrario, lo han dilatado”, aseguró Romero.
Tras
la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, a
través de la cual se juzgó a los paramilitares que se desmovilizaron bajo los
acuerdos con el gobierno nacional, se pensó que las declaraciones de Salvatore
Mancuso, quien aseguró que el crimen se ordenó por Carlos Castaño, arrojarían
elementos claves para dar con el paradero de los responsables del crimen. Sin
embargo, sus abogados explicaron que sus solicitudes de entrevistas con varios
exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz no se consiguieron por
dilación en el proceso.
De
igual manera ocurrió con los crímenes que se cometieron contra los defensores
de derechos humanos Jesús María Valle, en la ciudad de Medellín y los
investigadores Elsa Alvarado y Mario Calderón del Centro de Investigaciones y
Educación Popular (Cinep).
En la actualidad, y tal
como van las investigaciones, solo se presume, a raíz de los testimonios y las
investigaciones que reposan en los expedientes, que en todos ellos hubo
complicidad de sectores del Ejército y organismos de seguridad del Estado, pero
no hay nada probado.
Héctor Abad Gómez: ¿crimen de lesa
humanidad?
El
caso quedó frenado en el 2001 cuando el entonces fiscal General, Alfonso Gómez
Méndez, terminó su periodo al frente del Ente Investigador. Para la fecha,
aseguran los abogados, el asesinato de Umaña Mendoza era un caso muy difícil de
resolver porque fue un crimen de Estado; de igual manera, reconocen que los
pocos avances que logró la Fiscal 2 de derechos humanos, al enviar inspecciones
judiciales a Ecopetrol y a distintas Brigadas del Ejército, quedaron en el aire
ante la falta de garantías, “las trabas institucionales llegaron al punto que
se le prohibía a la Fiscal entrar a las guarniciones militares, nunca la
dejaron”.
La
investigación está ahora en el despacho de la Fiscal de derechos humanos Ángela
Neira Sierra, quien fue la encargada de llevar la investigación del asesinato
de Jaime Garzón y determinar, en marzo pasado, que este homicidio fue un crimen
de Estado, entre otras razones porque se demostró que hubo participación de
miembros de la Fuerza Pública, entre ellos el general en retiro Mauricio
Santoyo, condenado en Estados Unidos por sus nexos con grupos paramilitares.
De lesa humanidad
En
el documento entregado por parte de los abogados de la familia de Umaña Mendoza
a la Dirección de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, se exponen los
argumentos por los cuales consideran que el asesinato de este jurista y
defensor de derechos humanos se inscribe en lo contenido en el Artículo 7 del
Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, que definió como crimen de
lesa humanidad cualquier acto de asesinato, tortura, esclavitud, deportación,
encarcelación, violencia sexual, persecución o desaparición forzada que se
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil.
Tales
aspectos fueron consignados en la Directiva 002 del 27 de marzo de 2016
expedida por el Fiscal General de la Nación, la cual señala que el Estado
colombiano contribuye al cumplimiento de las obligaciones internacionales para
la lucha contra la impunidad y la garantía efectiva de los derechos humanos en
materia de graves violaciones y crímenes internacionales.
El
documento enviado por los abogados de la familia Umaña Mendoza hace un recuento
desde la década del sesenta sobre la persecución política contra los líderes de
izquierda y los defensores de derechos humanos. En la primer parte del
documento se explica cómo la doctrina del “enemigo interno” definió como
objetivos a los líderes sociales y justificó sus asesinatos con base a
supuestos vínculos o relaciones con la insurgencia.
En
relación a ello, el requerimiento asegura que “los calificativos empleados en
las diferentes manifestaciones (hechas por agentes del Estado, por particulares
vinculados como oficiales de la reserva o desde numerosos medios de
comunicación), fueron generando un estigma público y social, en medio del cual
fueron siendo objeto de acciones sistemáticas de asesinato, desaparición
forzada, atentados, detenciones y torturas entre otros crímenes”.
En
diálogo con VerdadAbierta.com, el abogado Jorge Eliecer Molano explicó que esa
doctrina de “enemigo interno” llevó a que existiera una sistematicidad en los
crímenes contra los defensores de derechos humanos entre las décadas de los
ochenta y noventa, lo cual, a su juicio, se traduce en las cifras de
agresiones, según las cuales desde 1988 hasta abril de 1998 se
reportaron 729 agresiones, donde 568 fueron asesinatos, 62 desapariciones
forzadas, 65 amenazas, 10 atentados, nueve torturas, ocho detenciones
arbitrarias, cuatro heridos y tres secuestros.
El
documento resalta que está probado que las amenazas contra Umaña se dieron por
la defensa de los derechos humanos y la persistencia en la protección de los
derechos fundamentales de líderes de izquierda. Según Molano, “fue precursor de
la aplicación en Colombia del derecho internacional de los derechos humanos
positivo y consuetudinario, y defensor en casos de injusta persecución del
sistema penal contra sindicalistas”.
Situación
que se corroboró años más adelante Diego Fernando Murillo, alias ‘Don
Berna’, con un testimonio sobre el cual el documento asegura que las
declaraciones “identifican la existencia no solo del ánimo subjetivo sino de un
plan criminal edificado por una estructura o grupo organizado donde la
legalidad y la ilegalidad estaban fundidas, donde el apoyo y coparticipación de
agentes estatales está probado, incluso fue denunciada días antes por la misma
víctima, la presencia activa de agentes de la Brigada XX, de funcionarios de la
Fiscalía y de Ecopetrol en el plan de asesinato”.
El
texto concluye que el material probatorio es suficiente para declarar el crimen
de Eduardo Umaña Mendoza como de lesa humanidad, al comprobarse que su
asesinato fue parte de un ataque sistemático en contra de los defensores
de derechos humanos, “bajo la existencia de un trato oficial como enemigo de
este colectivo poblacional y la ejecución de un plan criminal donde confluían agentes
estatales y la disposición de recursos públicos sustanciales, articulando con
agentes ilegales, con el fin de desmovilizar, acallar y evitar la defensa de
derechos humanos en Colombia”.
¿Qué viene?
De
ser declarado crimen de lesa humanidad la investigación pasa a ser
imprescriptible, es decir que la justicia va a operar hasta dar con los
responsables del asesinato, quién lo ordenó y las razones, de igual manera de
dar con el paradero de los implicados estos no tendrán beneficios y por
el contrario deberán inculpar a los terceros responsables.
“La
historia va mucho más allá del crimen de Umaña, se deben identificar a los
terceros responsables del asesinato, no quienes lo mataron sino quién estuvo
detrás de orden. Dentro de ellos no se puede dejar atrás los elementos
probatorios en contra de algunos integrantes de la Brigada XX del Ejercito
quienes días antes del crimen lo persiguieron y estuvieron en los alrededores
de su oficina”, aseguró el abogado Germán Romero.
Para
los abogados que impulsan esta causa, el Estado debe reconocer que Umaña fue
asesinado por su labor de defensa de los derechos humanos, para lo cual se
deben desclasificar los archivos del Ejército y tener acceso a los documentos
que permitan mostrar el plan que tenían en su contra, con lo cual se
identificarían a los responsables y se podría avanzar en materia judicial. De
igual manera, Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica y quien fue amiga
de Umaña Mendoza, planteó que aparte de resolverse los móviles del asesinato
las investigaciones que él venía adelantando se deben re abrir y esclarecer.
A
su juicio, masacres como la de Fusagasugá, el 21 de agosto de 1991, en la cual
asesinaron a Juan Antonio Palacios Urrea, un campesino de 65 años militante de
la UP y a su familia deben ser objeto de investigación. “El ejemplo de la
justicia colombiana es esa, al día de hoy ni esos asesinatos han sido
esclarecidos”, concluyó Avella.
Tags: Conflicto armado • Víctimas • Asesinatos
selectivos • Eduardo Umaña •Defensores de
derechos humanos • UP
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