22 abril, 2016

Muerte de Eduardo Umaña Mendoza: un proceso que se estancó

Tras cumplirse 18 años de su asesinato, sin ningún avance en materia judicial que ayude a resolver las causas de su crimen y los implicados, y a dos años de caducar la investigación, un grupo de abogados solicitó a la Fiscalía que declare el crimen como de lesa humanidad. ¿Por qué no hay resultados?


El 18 de abril de 1998 la vida del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza fue segada cuando tres sicarios, que se hicieron pasar por periodistas, lo asesinaron en su oficina en el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá. Las investigaciones para esclarecer su muerte se estancaron y 18 años después no hay ningún avance.
La de Umaña Mendoza fue una muerte anunciada y no atendida. Cuatro meses antes de su asesinato, se denunció el plan que tenían sectores de la Brigada XX del Ejército, funcionarios de Ecopetrol y de la Fiscalía para matarlo, pero las autoridades no hicieron nada para prevenirlo, aseguran los abogados Germán Romero y Jorge Eliecer Molano, quienes están al frente del objetivo de lograr que la Fiscalía General de la Nación lo declare como un crimen de lesa humanidad, con lo que se buscaría que no prescriba en el tiempo.
De los casos más importantes que adelantaba Umaña Mendoza se destacaba la denuncia contra integrantes de la Brigada XX del Ejército y su complicidad con directivos de Ecopetrol y la Fiscalía para inculpar a varios dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) con los atentados que sufría la infraestructura petrolera, la investigación del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, sobre la cual aseguró que la Central de Inteligencia Americana (CIA) estuvo detrás del magnicidio, y la defensa de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica.
También asumió desde 1985 la defensa de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, tras la cruenta toma de la guerrilla del M-19 y la posterior reacción de la Fuerza Pública. Umaña Mendoza siempre sostuvo la tesis de que el Ejército capturó civiles en la retoma del lugar, los interrogó, los torturó y los desapareció, sin verificar si eran o no culpables. Hasta su último día, luchó por tipificar el delito de desaparición forzada, hecho que llevo a juicio al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.
Pasados 18 años de su asesinato, familiares, amigos y compañeros de Umaña Mendoza reclaman justicia. Y no es para menos, según Germán Romero, uno de los abogados que representa el caso, solo el primer año de investigación se arrojaron posibles culpables y se emitieron capturas que terminaron siendo montaje.
“Se desvió la investigación a personas en la ciudad de Pereira. La Fiscalía desvió la atención de la investigación para dilatar el proceso. Desde entonces el proceso ha estado estancado y no se ha avanzado en lo absoluto, por el contrario, lo han dilatado”, aseguró Romero.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, a través de la cual se juzgó a los paramilitares que se desmovilizaron bajo los acuerdos con el gobierno nacional, se pensó que las declaraciones de Salvatore Mancuso, quien aseguró que el crimen se ordenó por Carlos Castaño, arrojarían elementos claves para dar con el paradero de los responsables del crimen. Sin embargo, sus abogados explicaron que sus solicitudes de entrevistas con varios exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz no se consiguieron por dilación en el proceso.
De igual manera ocurrió con los crímenes que se cometieron contra los defensores de derechos humanos Jesús María Valle, en la ciudad de Medellín y los investigadores Elsa Alvarado y Mario Calderón del Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep).
En la actualidad, y tal como van las investigaciones, solo se presume, a raíz de los testimonios y las investigaciones que reposan en los expedientes, que en todos ellos hubo complicidad de sectores del Ejército y organismos de seguridad del Estado, pero no hay nada probado.  
Héctor Abad Gómez: ¿crimen de lesa humanidad?
El caso quedó frenado en el 2001 cuando el entonces fiscal General, Alfonso Gómez Méndez, terminó su periodo al frente del Ente Investigador. Para la fecha, aseguran los abogados, el asesinato de Umaña Mendoza era un caso muy difícil de resolver porque fue un crimen de Estado; de igual manera, reconocen que los pocos avances que logró la Fiscal 2 de derechos humanos, al enviar inspecciones judiciales a Ecopetrol y a distintas Brigadas del Ejército, quedaron en el aire ante la falta de garantías, “las trabas institucionales llegaron al punto que se le prohibía a la Fiscal entrar a las guarniciones militares, nunca la dejaron”.
La investigación está ahora en el despacho de la Fiscal de derechos humanos Ángela Neira Sierra, quien fue la encargada de llevar la investigación del asesinato de Jaime Garzón y determinar, en marzo pasado, que este homicidio fue un crimen de Estado, entre otras razones porque se demostró que hubo participación de miembros de la Fuerza Pública, entre ellos el general en retiro Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por sus nexos con grupos paramilitares.

De lesa humanidad


En el documento entregado por parte de los abogados de la familia de Umaña Mendoza a la Dirección de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, se exponen los argumentos por los cuales consideran que el asesinato de este jurista y defensor de derechos humanos se inscribe en lo contenido en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, que definió como crimen de lesa humanidad cualquier acto de asesinato, tortura, esclavitud, deportación, encarcelación, violencia sexual, persecución o desaparición forzada que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Tales aspectos fueron consignados en la Directiva 002 del 27 de marzo de 2016 expedida por el Fiscal General de la Nación, la cual señala que el Estado colombiano contribuye al cumplimiento de las obligaciones internacionales para la lucha contra la impunidad y la garantía efectiva de los derechos humanos en materia de graves violaciones y crímenes internacionales.
El documento enviado por los abogados de la familia Umaña Mendoza hace un recuento desde la década del sesenta sobre la persecución política contra los líderes de izquierda y los defensores de derechos humanos. En la primer parte del documento se explica cómo la doctrina del “enemigo interno” definió como objetivos  a los líderes sociales y justificó sus asesinatos con base a supuestos vínculos o relaciones con la insurgencia.
En relación a ello, el requerimiento asegura que “los calificativos empleados en las diferentes manifestaciones (hechas por agentes del Estado, por particulares vinculados como oficiales de la reserva o desde numerosos medios de comunicación), fueron generando un estigma público y social, en medio del cual fueron siendo objeto de acciones sistemáticas de asesinato, desaparición forzada, atentados, detenciones y torturas entre otros crímenes”.  
En diálogo con VerdadAbierta.com, el abogado Jorge Eliecer Molano explicó que esa doctrina de “enemigo interno” llevó a que existiera una sistematicidad en los crímenes contra los defensores de derechos humanos entre las décadas de los ochenta y noventa, lo cual, a su juicio, se traduce en las cifras de agresiones, según las cuales desde 1988 hasta  abril de 1998  se reportaron 729 agresiones, donde 568 fueron asesinatos, 62 desapariciones forzadas, 65 amenazas, 10 atentados, nueve torturas, ocho detenciones arbitrarias, cuatro heridos y tres secuestros.
El documento resalta que está probado que las amenazas contra Umaña se dieron por la defensa de los derechos humanos y la persistencia en la protección de los derechos fundamentales de líderes de izquierda. Según Molano, “fue precursor de la aplicación en Colombia del derecho internacional de los derechos humanos positivo y consuetudinario, y defensor en casos de injusta persecución del sistema penal contra sindicalistas”.
Situación que se corroboró  años más adelante Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, con un testimonio sobre el cual el documento asegura que las declaraciones “identifican la existencia no solo del ánimo subjetivo sino de un plan criminal edificado por una estructura o grupo organizado donde la legalidad y la ilegalidad estaban fundidas, donde el apoyo y coparticipación de agentes estatales está probado, incluso fue denunciada días antes por la misma víctima, la presencia activa de agentes de la Brigada XX, de funcionarios de la Fiscalía y de Ecopetrol en el plan de asesinato”.
El texto concluye que el material probatorio es suficiente para declarar el crimen de Eduardo Umaña Mendoza como de lesa humanidad, al comprobarse  que su asesinato fue parte de un ataque sistemático en contra de los  defensores de derechos humanos, “bajo la existencia de un trato oficial como enemigo de este colectivo poblacional y la ejecución de un plan criminal donde confluían agentes estatales y la disposición de recursos públicos sustanciales, articulando con agentes ilegales, con el fin de desmovilizar, acallar y evitar la defensa de derechos humanos en Colombia”.

¿Qué viene?

De ser declarado crimen de lesa humanidad la investigación pasa a ser imprescriptible, es decir que la justicia va a operar hasta dar con los responsables del asesinato, quién lo ordenó y las razones, de igual manera de dar con el paradero de  los implicados estos no tendrán beneficios y por el contrario deberán inculpar a los terceros responsables.
“La historia va mucho más allá del crimen de Umaña, se deben identificar a los terceros responsables del asesinato, no quienes lo mataron sino quién estuvo detrás de orden. Dentro de ellos no se puede dejar atrás los elementos probatorios en contra de algunos integrantes de la Brigada XX del Ejercito quienes días antes del crimen lo persiguieron y estuvieron en los alrededores de su oficina”, aseguró el abogado Germán Romero.
Para los abogados que impulsan esta causa, el Estado debe reconocer que Umaña fue asesinado por su labor de defensa de los derechos humanos, para lo cual se deben desclasificar los archivos del Ejército y tener acceso a los documentos que permitan mostrar el plan que tenían en su contra, con lo cual se identificarían a los responsables y se podría avanzar en materia judicial. De igual manera, Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica y quien fue amiga de Umaña Mendoza, planteó que aparte de resolverse los móviles del asesinato las investigaciones que él venía adelantando se deben re abrir y esclarecer.
A  su juicio, masacres como la de Fusagasugá, el 21 de agosto de 1991, en la cual asesinaron a Juan Antonio Palacios Urrea, un campesino de 65 años militante de la UP y a su familia deben ser objeto de investigación. “El ejemplo de la justicia colombiana es esa, al día de hoy ni esos asesinatos han sido esclarecidos”, concluyó Avella.









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