Informe preliminar de la segunda comisión de verificación a la situación de derechos humanos en el Catatumbo

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, Planeta Paz, Codhes, Corporación Compromiso, Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Asociación Campesina del Catatumbo / Martes 22 de julio de 2008

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez es una entidad sin ánimo de lucro, que persigue como fin social acercar el derecho a las comunidades de los sectores sociales y populares, de manera tal que éste se ponga al servicio de las realidades comunitarias, sociales, políticas y culturales en que se encuentra inmersa la población. De la misma manera, impulsa el desarrollo de una sociedad democrática, pluralista, tolerante y respetuosa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y propende porque en nuestro ordenamiento jurídico se desarrollen los conceptos y principios de un derecho garantista y democrático, que desarrolle realmente los principios del Estado Social y Democrático.
• Informe de la comisión de verificación de la situación de derechos humanos en el Catatumbo
• Segunda comisión de verificación y seguimiento a la situación de derechos humanos en la región del Catatumbo
• Encuentro entre indígenas y campesinos
+ de Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos
web: Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos
Coalición de más de cien organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos. Es una plataforma autónoma, amplia y plural de encuentro y trabajo compartido entre organizaciones no gubernamentales y sociales de diferentes regiones del país.
• Pronunciamiento frente a la grave situación de derechos humanos en el nororiente colombiano
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• Persecución estatal contra la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
+ de Corporación Compromiso
web: Corporación Compromiso
Corporación para el desarrollo del Oriente, organización no gubernamental.
• Las víctimas en el laberinto
+ de Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
web: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Del movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de nuestros derechos individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales.
• Por la vida, la paz y la democracia
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+ de Planeta Paz
web: Planeta Paz
Espacio de articulación de procesos sociales y políticos alternativos.
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En la comisión, llevada a cabo del 6 al 11 de julio de 2008, participaron plataformas de derechos humanos como la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Plataforma Planeta Paz; organismos nacionales de derechos humanos como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Corporación para el Desarrollo del Nororiente Colombiano Compromiso, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); organismos observadores internacionales de derechos humanos como: Brigadas Internacionales de Paz y el Observatorio Internacional de Paz; igualmente estuvieron presentes delegados de la Oficina de Comunidades en Riesgo, de la Vicepresidencia de la República, y el personero del municipio de San Calixto (Norte de Santander).

La comisión tuvo como principal objetivo hacer seguimiento a las graves denuncias recaudadas en la primera comisión de verificación, realizada del 9 al 12 de agosto de 2007, en la que se documentaron 160 violaciones a los derechos humanos que involucraban la responsabilidad penal y disciplinaria de funcionarios del Ejército Nacional (Brigada Móvil No 15 y Brigada 30), y donde se manifestó la preocupación por la falta de veeduría y control por parte de los organismos de control nacionales, departamentales y locales encargados de velar por la protección y garantía de los derechos humanos.

Después de realizar un recorrido por el Catatumbo en el que participaron 350 delegados de 51 veredas de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra, la comisión verificó que se continúan presentando las siguientes situaciones:

Primero: Persisten las graves violaciones a los derechos humanos en los municipios de El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra. Allí los campesinos y habitantes humildes siguen siendo afectados, principalmente, por actuaciones arbitrarias e ilegales por parte del Ejército Nacional, causando un temor generalizado en la población, lo cual es el resultado de acciones como bombardeos indiscriminados, retenciones ilegales, amenazas, tortura psicológica y física, empadronamiento, allanamientos ilegales, ocupación ilegal de escuelas y bienes inmuebles de la población civil, hurtos y saqueos, cobros ilegales, destrucción de bienes de la población civil y, lo más grave percibido por la comisión, los casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales de campesinos, como una práctica en donde el Ejército Nacional logra mostrar resultados en su lucha contrainsurgente.

Segundo: La realización de fumigaciones, que en la mayoría de los casos van acompañadas de bombardeos y ametrallamiento, los cuales han ocasionado violaciones a los derechos humanos y han puesto en peligro la vida, integridad física, salud, alimentación, trabajo y la seguridad alimentaria de los habitantes de la región; afectándose con ello, el medio ambiente y los recursos naturales, ya que han contaminado las fuentes de agua, llegando incluso por este motivo a afectarse la prestación del servicio de agua potable en el municipio de El Tarra por tres días.

Tercero: La aplicación del programa de “reinserción”, promovido por el Gobierno Nacional, se ha implementado con prácticas ilegales y arbitrarias por parte del Ejército Nacional, que intimida, coacciona y presiona psicológicamente a través de la amenaza con procesos judiciales, falsas órdenes de captura y maltratos físicos. Se vale de ultrajes, atropellos y amenazas de muerte hacia los habitantes del Catatumbo, para que den información sobre las estructuras y miembros de la insurgencia. Han intentado, de igual forma, intimidar a la comunidad con prácticas violentas, o persuadirlos con pagos de sumas de dinero, para que se acojan al programa de “reinserción” e incriminen a miembros de las comunidades, con el único propósito de mostrar resultados en este programa.

Cuarto: Los grupos armados insurgentes mantienen la práctica de acciones prohibidas por el derecho internacional humanitario, tales como colocación de minas antipersonales, combates en zonas donde habita la población civil, involucramiento de la población civil en el conflicto y ataques contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón - Coveñas, afectando la tranquilidad, la paz, la alimentación, la salud y el goce a un ambiente sano.

Quinto: En relación con el accionar paramilitar, se presentaron denuncias que comprometen la participación de desmovilizados de las estructuras paramilitares y quienes ahora son miembros de las tropas del Ejército Nacional que actúan en la región.

Asimismo se denunció que en zonas de los municipios de El Carmen, Ocaña y Teorama, la comunidad ha venido manifestado la presencia de estructuras paramilitares autodenominadas “Águilas Negras”, razón por la cual un gran número de pobladores de la zona rural ha evitado dirigirse a estos municipios. Lo anterior es agravado por las recurrentes prácticas intimidatorias por parte de miembros de las tropas del Ejército Nacional, quienes amenazan a la población civil con la eventual arremetida de las “Águilas Negras”.

Sexto: Las comunidades mostraron su satisfacción por la realización de una comisión que recibiera las denuncias por los crímenes y atropellos cometidos por los grupos armados, ya que las autoridades y organismos de control no han atendido estas quejas y denuncias. Tampoco han visto resultados positivos en relación con la investigación y sanción de los casos que se han venido denunciado. A este punto la comunidad manifestó que se han visto obligados a realizar las denuncias directamente en las ciudades de Ocaña y Cúcuta ante la Procuraduría.

Séptimo: La situación más lamentable para quienes acompañamos esta comisión promovida por los campesinos del Catatumbo, es haber recibido denuncias de pronunciamientos y amenazas por parte de miembros de la fuerza pública, quienes manifestaron que los líderes de Ascamcat son objetivo militar. Por esta razón solicitamos al estado colombiano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y demás derechos de los líderes de Ascamcat, y de los miembros de la asociación en general.

Octavo: Frente a las dinámicas de violencia que sufrió la región, las víctimas del desplazamiento forzado no recibieron la atención y estabilización socioeconómica correspondiente, y decidieron retornar y mantenerse en sus territorios, sin garantías ni acompañamiento por parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, situación que persiste hasta este momento.

Noveno: Son evidentes las condiciones de abandono estatal en la región del Catatumbo, en la ausencia de políticas públicas de inversión social, reflejadas en la falta de docentes en las escuelas o falta de continuidad de los mismos; centros de salud sin la infraestructura ni dotación correspondientes, sin personal medico; pésimo estado y condiciones de las vías, entre otras.
Por lo tanto la comisión recomienda

Primero: A los organismos de control y autoridades competentes, adelantar las investigaciones y adoptar sanciones ejemplarizantes sobre las denuncias que desde hace un año han venido presentando los habitantes y campesinos del Catatumbo.

Segundo: A las autoridades nacionales, departamentales y locales, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, coordinar y organizar una nueva comisión de verificación para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos del Catatumbo, garantizando en ella la participación de organismos de control y Fiscalía General de la Nación.

Tercero: Implementación de políticas públicas y planes integrales de desarrollo para el Catatumbo, los cuales deben ser concertados con las comunidades. A su vez, propender por la promoción y protección de la defensa de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Catatumbo.