AP. Se suponía que el Parque Tercer Milenio se convirtiera en la joya del renacimiento urbanístico de Bogotá, pero sus plazas de ladrillos rojos y pequeñas colinas verdes devinieron desde marzo en el hogar de más de 2.000 víctimas del que parece ser el interminable conflicto interno armado en Colombia. Seguir leyendo el arículoLos desplazados se atrincheraron en improvisadas tiendas de campaña en el parque, a pocas cuadras del palacio de gobierno, para demandar al presidente Alvaro Uribe el cumplimiento de fallos de un alto tribunal y la satisfacción de sus necesidades básicas.
El viernes fue anunciado un acuerdo, por el cual las autoridades prometieron entregar alimentos, dinero y puestos de trabajo para los desplazados que salgan del parque el domingo.
El pacto busca poner fin a un vergonzoso episodio, aunque grupos de desplazados afirman que el acuerdo ni siquiera es el inicio de una solución para la crisis del desplazamiento interno que dicen se ha agravado en los últimos años.
"Aquí estamos visibles", dijo Esteban, un agricultor de 33 años, y aseguró que se ha visto en dos ocasiones desplazado por la violencia; primero en la década de 1990 en Medellín, la segunda ciudad del país, y más tarde desde el este colombiano.
"Si salimos de aquí, vamos a estar en la sombra", advirtió. "El desplazamiento, los asuntos de la guerra, no existen", agregó con ironía.
Como muchos en el parque, Esteban declinó dar su apellido por seguridad.
Aquejada por más de medio siglo de conflicto en el que empobrecidos campesinos rutinariamente son sacados de sus tierras por los distintos actores armados, Colombia actualmente tiene más de tres millones de desplazados internos, según Naciones Unidas, el mayor volumen mundial el año pasado, por encima de Irak y Sudán.
Desde que Uribe llegó al gobierno en el 2002, las ciudades colombianas se han convertido en lugares más seguros y la vida ha mejorado para muchos. Pero la población desplazada ha inundado esta cosmopolita capital.
"Todos los caminos están conduciendo a Bogotá", dijo Diana Rivera, investigadora de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que junto a la Iglesia Católica lleva el seguimiento más confiable sobre el desplazamiento interno en el país.
Sólo en el 2008, más de 56.000 nuevos desplazados llegaron a la capital de ocho millones de habitantes, de acuerdo con la Codhes, el mayor número desde que el grupo comenzó hace una década a llevar los datos sobre el fenómeno. En el ámbito nacional, la Codhes reportó un aumento de 24,5% en el desplazamiento del 2007 al 2008, cuando casi 390.000 personas se desplazaron, el segundo año de incremento consecutivo.
La mayoría de los nuevos refugiados en Bogotá están ubicados en las barriadas más pobres de la ciudad, apilados con familiares y amigos en reducidos espacios como tiendas de campaña de plástico negro.
Un ley colombiana de 1997 garantiza a las víctimas del desplazamiento interno la satisfacción de sus necesidades básicas, como comida, educación y trabajo. Pero Acción Social, o la agencia presidencial que se encarga de los refugiados, afirma que simplemente carece de los fondos para encarar el problema.
Esa entidad destinó casi 500 millones de dólares el año pasado para atender a los desplazados y en los últimos siete años ha construido casas para unas 8.000 familias.
"En este momento 68 hogares, en situación de desplazamiento, cada día consiguen vivienda en Colombia", dijo Armando Escobar, director de desplazados de Acción Social.
"Pero necesitamos conseguir vivienda para 300", aclaró.
La Corte Constitucional ha reiterado en distintas ocasiones que la respuesta del estado es insuficiente, y el economista de un panel destinado a estudiar el tema, Luis Jorge Garay, calcula que costaría unos 25.000 millones de dólares compensar a todos los desplazados del país.
El acuerdo, negociado con intervención de la agencia para refugiados de las Naciones Unidas, especifica un pago de un promedio de 465 dólares por familia para comprar alimentos y otros 2.700 dólares a partir de noviembre para que puedan establecer un negocio propio.
El acuerdo no fue el primero que se alcanza con los desplazados del Tercer Milenio, quienes llegaron al parque a mediados de marzo.
En mayo, varios cientos de ellos fueron ubicados en dos albergues temporales. Muchos dijeron, sin embargo, que las promesas de trabajo nunca se materializaron.
El caso del parque es como una de las piezas del enorme rompecabezas de esta nación fracturada por el conflicto interno, donde grupos armados ilegales, de derecha e izquierda, sostenidos con las ganancias del tráfico de cocaína, están sumergidos en una guerra sucia donde los más pobres encabezan el listado de las víctimas.
En una plaza cercana, la música caribeña resuena en parlantes y Jesús Medina, de 39 años, está sentado con su hijo de dos años, Gelvis, escuchando discos de cumbia que trajo de la ciudad de Valledupar, en el norte del país.
"El canto relaja porque uno esta estresado", dijo Medina, cuya esposa estaba hospitalizada recuperándose de un aborto natural.
El ex carnicero dijo que se vio forzado a dejar sus tierras en el 2006 cuando grupos armados ilegales le presionaban para que se les uniera. "No sé si eran autodefensas (paramilitares) o guerrilla", indicó.
En otros lados, los hombres juegan cartas sobre bancas, mientras pantalones y camisetas extendidas esperaban secarse bajo el tenue sol de Bogotá. Eran "llaneros" o de las planicies del noreste del país.
En una tienda de campaña en forma de A con una mesa de madera y tres colchones para que duerman varias familias, Miguel, de 48 años, se coloca un poncho por encima de un chaleco antibalas.
Tras ser desplazado hace seis años desde el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, Miguel dijo que les reportó a fiscales locales la presencia de unidades paramilitares. Ahí comenzaron las amenazas.
Las tiendas de campaña en Bogotá, debido a que son muy visibles, ofrecen seguridad, señaló.
"Estamos más seguros aquí en este parque", consideró.
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