Desplazados del Guaviare continúan siendo amenazados

Por Camilo Raigozo

Bogotá (Semanario VOZ). La Asociación de Población Desplazada del Guaviare, Aspodegua, denunció ante la comunidad nacional e internacional, los organismos de control del Estado y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el trato degradante que reciben de parte del gobierno al momento de exigir sus derechos como personas desplazadas, procedentes de diferentes zonas del departamento de Guaviare, por la estrategia paramilitar, los combates entre el ejército y la guerrilla y las fumigaciones indiscriminadas.


Así mismo, la población desplazada del Guaviare denunció que las amenazas continuaron en la ciudad de Bogotá a donde han llegado en busca de refugio.

Desde marzo de 2006 Aspodegua le ha venido pidiendo con insistencia al gobierno del presidente Uribe que les brinde a sus asociados las garantías mínimas para poder retornar a sus territorios, sin el riesgo de ser asesinados. Según la denuncia hecha a VOZ, una y otra vez el gobierno ha prestado oídos sordos al clamor de los campesinos, razón por la cual continúan condenados a vivir en los cordones de miseria de las ciudades, principalmente en la capital del país.

“En vez de encontrar soluciones adecuadas para el retorno, la población desplazada del Guaviare nos sentimos seriamente amenazados”, argumentan los voceros de la asociación campesina. El 5 de julio del año pasado, uno de los directivos de Aspodegua, Arcángel Cadena Tavera, se salvó milagrosamente de un atentado que le tendieron sujetos extraños en las oficinas de la organización ubicadas en el sector de San Victorino en el centro de Bogotá.

En noviembre del mismo año, días previos a las deliberaciones del Tribunal Internacional de Opinión, al cual fue invitado Aspodegua, Fanny Ladino, desplazada y dirigente del Departamento de Mujeres de la Coordinadora de Desplazados en Bogotá, recibió amenazas de paramilitares denominados “Águila Negras”, amenazas extendidas a todas las organizaciones de desplazados.

La noche del 6 de marzo de este año, luego de finalizada la exitosa marcha contra el paramilitarismo y en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, fueron violentadas las puertas de las oficinas donde operan Aspodegua, la Coordinación de Desplazados de Bogotá, CND, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa y la oficina de la abogada Ana Tulia Aponte, gestora de programas de producción agropecuaria. De las cuatro oficinas fueron hurtados los discos duros de los computadores donde estaban guardados los archivos y demás documentos y datos referentes a la población desplazada.

Después de la realización de la marcha del 6 de marzo las organizaciones de población desplazada han visto como se intensificaron los hostigamientos y amenazas en su contra, por lo que sus miembros hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y a los entes de control del Estado, para que presten su vigilancia y protección contra las posibles masacres y asesinatos a los que están permanentemente expuestos.