Los familiares de 28 rehenes de la guerrilla de las FARC insistieron este lunes en un acuerdo humanitario para buscar su liberación

AFP. Los familiares de 28 rehenes de la guerrilla de las FARC insistieron este lunes en un acuerdo humanitario para buscar su liberación, tras la fuga, ayudado por su carcelero, del ex congresista Óscar Tulio Lizcano, el domingo.
"Seguimos igual, luchando por el acuerdo" (humanitario que permitiría el canje), dijo a AFP Claudia Rujeles, esposa del ex gobernador del departamento (provincia) de Meta (centro), Alan Jara, desde hace siete años en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC).


Aunque manifestó su "alegría" por la libertad de Lizcano, quien ahora está con su familia, dijo, insistió en que ese hecho "no afecta, ni para bien ni para mal, la situación de los restante 28 rehenes".

Tras calificar la fuga del ex congresista como un "hecho aislado", Rujeles insistió en destacar que "las cosas siguen igual y que hay que buscar el acuerdo humanitario", que, dijo, "es la forma más sana y segura de volverlos a tener con nosotros".

"Seguiremos luchando por el acuerdo humanitario para que se sienten a negociar", añadió, al tiempo que indicó que también buscan la "cooperación internacional".

De la misma idea es Patricia Nieto, esposa del político Sigifredo López, único superviviente de un grupo de 12 diputados de la asamblea del departamento de Valle de Cauca (suroeste), secuestrados por las FARC en abril de 2002.

Sus once compañeros fueron muertos en junio de 2007 por sus captores cuando al parecer creyeron que eran atacados por el Ejército, en lo que resultó un intercambio de disparos entre los mismos guerrilleros, según correos encontrados en el computador de Raúl Reyes, número dos de las FARC muerto el 1 de marzo.

Nieto dijo además que la fuga de Lizcano le devolvió la ilusión.

"Es sentir que la ilusión como que se toca de nuevo, porque lamentablemente frente a todas estas cosas, la impotencia y la incertidumbre en las que vivimos, esto que sucedió con Oscar Lizcano es abrir otra vez esa ventanita de ilusión", declaró al telenoticiero Caracol.

Por su parte, Marlene Orjuela, quien representa a los familiares de los militares y policías en poder de las FARC, dijo al mismo telenoticiero que el acuerdo humanitario es la mejor opción.

"Creemos que el diálogo es la mejor solución para todos los problemas y en este caso, el acuerdo humanitario para poderlos abrazar a todos vivos", indicó.

De los 28 secuestrados que las FARC proponen canjear por unos 500 de sus militantes presos en Colombia y tres en Estados Unidos, 26 son miembros de la fuerza pública, algunos con ya más de diez años de cautiverio en la selva.

El 28 de noviembre se cumplirá en el país una marcha en favor de los secuestrados, a la que la ex rehén Ingrid Betancourt -quien también tiene nacionalidad francesa- ha pedido a la comunidad internacional sumarse.

Betancourt, y tres estadounidenses rescatados por el Ejército el pasado 2 de junio, junto con once uniformados, hacían parte del grupo original de secuestrados declarados canjeables por las FARC.

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Ejercito de Colombia se encuentra sumido en su peor momento, en violaciones a los Derechos Humanos

PCC.
El caso Soacha: ¿en la antesala de la debacle?
Reproducimos íntegro, el informe especial del periódico El Nuevo Siglo del domingo 26 por sus graves denuncias. Tal como avanzan las investigaciones por las circunstancias en que murieron los jóvenes desaparecidos al sur de Bogotá que luego fueron reportados como abatidos en combate con el Ejército, la sospecha inicial de que algo raro había pasado se confirma día tras día y expone al gobierno y a la Fuerza Pública a perder el año en que más golpes se dio a las Farc


Sospecha creciente

¿En combate?

Grave campanazo

¿Qué viene?

Una de las madres de uno los jóvenes de Soacha en el el reconocimiento de su hijo en Ocaña que apareció como dado de baja en combate por el ejército

DESDE EL mismo momento en que la prensa empezó a hacer eco de las denuncias en torno a que hombres jóvenes que habían desaparecido meses atrás al sur de Bogotá y en el vecino municipio de Soacha fueron reportados apenas días después como abatidos en combates con el Ejército, un halo de sospecha empezó a crecer alrededor de la confusa y grave situación.

En principio la alarma la dieron las propias familias, pues las noticias que empezaron a publicarse el 25 de septiembre pasado indicaban que varios de los presuntos integrantes de nuevos grupos paramilitares que habían sido abatidos en enfrentamientos armados con el Ejército en zona rural de Cimitarra y Ocaña, en Norte de Santander, eran originarios de Soacha. Los casos datan de enero e incluso los dos últimos se registraron en agosto.

Luego, cuando se revelaron las fechas de los decesos, la sospecha fatal de las familias se fue confirmando. Los reportes de las muertes coincidían con la época en que no menos de una veintena de jóvenes se despidieron de sus allegados o simplemente desaparecieron, tras recibir “ofertas de trabajo” en el nororiente del país.

Aunque varios de los desaparecidos tenían antecedentes penales o eran reconocidos como tales en los barrios en que residían, el hecho de que apenas dos, tres, cuatro o cinco días después de partir de Soacha aparecieron muertos en combates con el Ejército, ya sembraba una duda muy grande: ¿Cómo era posible que personas presuntamente recién reclutadas por grupos armados terminaran en combates directos con el Ejército? ¿Acaso no se suponía que deberían recibir un entrenamiento previo?

A medida que el escándalo fue creciendo, la preocupación en el Gobierno como en el Ministerio de Defensa hizo lo propio. Y la situación se complicó más cuando se vieron las imágenes desgarradoras de madres y familiares tras reconocer los restos de sus allegados entre los cuerpos que fueron sepultados como No Identificados (NN) en el cementerio de Ocaña.

Mientras que el Ejército guardaba prudencia frente al confuso hecho y los familiares de las víctimas alegaban que eran muy extrañas las circunstancias de las muertes, una declaración de la secretaria distrital de Gobierno, Clara López, hizo público lo que muchos pensaban en privado. “… Nosotros hemos sostenido que tienen que investigarse todas la hipótesis, no solamente la del reclutamiento ilegal sino también la de desaparecimiento forzado con fines de homicidio”, dijo.


Sospecha creciente


Aunque la declaración no cayó nada bien entre la Fuerza Pública, tanto la cúpula de ésta como el propio Gobierno empezaron a revisar más detenidamente la situación, sobre todo porque las evidencias y los recientes escándalos de “falsos positivos” cada día más le quitaban credibilidad a la versión “oficial” de que las víctimas, que en principio sólo eran nueve pero luego fueron aumentando, fueron abatidas en un combate abierto y sin anomalías.

Vino entonces una cumbre de las autoridades alrededor del tema que tomó dimensión nacional, no sólo porque la prensa empezó a escudriñar en la versión de los combates y encontró algunas presuntas inconsistencias, sino porque desde varias ciudades comenzaron a surgir denuncias de que allí también se habían aparecido presuntos reclutadores de los paras y la guerrilla para enganchar a jóvenes y adultos, los cuales aparecieron días después como abatidos en combates con la Fuerza Pública.

La decisión de crear una unidad especial a cargo de la Fiscalía para encargarse de la investigación, daba a entender la gravedad del hecho. Igual las advertencias de los comandantes del Ejército y las Fuerzas Militares advirtiendo que si hubo anomalías en los operativos los responsables serían castigados de la forma más drástica.

Pero si hubo una declaración que confirmó que había indicios de que algo olía mal en todo este caso, fue la realizada por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo que temía que “había reductos dentro de la Fuerza Pública que están exigiendo como resultados cuerpos”. Para no pocos analistas y observadores esas palabras eran la confirmación tácita de que el mando castrense podría estar frente a uno de los más graves escándalos de los últimos años, superior a otros casos de “falsos positivos” o incluso a las denuncias sobre infiltración de paras y mafiosos en algunas unidades militares.

Las afirmaciones del vicepresidente Francisco Santos, quien a finales de septiembre pidió investigar a fondo lo sucedido y manifestó su preocupación por la gravedad de las denuncias, tampoco fueron de menor calibre. “Es muy preocupante porque no es sólo este caso, son otros. Nosotros en el programa presidencial de Derechos Humanos le estamos haciendo seguimiento”, advirtió.



¿En combate?


Como era apenas obvio, la sucesión de hechos y la creciente sospecha de inmediato activó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos así como a la ONU y la OEA, todas las cuales no dudaron en exigir una urgente aclaración de los hechos y que fuera la justicia ordinaria, y no la penal militar, la que se encargara de la investigación.

El arranque de las pesquisas no fue fácil. Incluso la Fiscalía llegó a denunciar que así como algunos jueces penales militares habían entregado los expedientes sin obstáculo alguno, en un caso ello no fue posible e incluso el ente acusador dijo que interpondría un recurso de conflicto de competencia para forzar la remisión de ese proceso.
Superado ese obstáculo, la primera declaración oficial del fiscal general Mario Iguarán sobre este caso, no hizo nada distinto que afincar la duda sobre la “versión oficial” de las muertes.

“¿Hubo reclutamiento? Sí hubo reclutamiento. ¿Hubo reclutamiento con fines delictuales? Sí. Dije y digo que no fueron a coger café. ¿Quién los reclutó? No sabemos. Estamos investigando cuál es la red macabra de enrolamiento. ¿Fueron muertos por el Ejército? Sí, el propio Ejército asegura que las tropas les dieron de baja. ¿Quién practicó los actos urgentes, la inspección de los cuerpos? El CTI de la Fiscalía.

¿Fueron muertos en combate? No sabemos. Estamos investigando. Por el momento la Fiscalía no puede afirmar, no puede anticipar que fueron muertos en combate, ¿Quién debe adelantar la investigación? Sólo la debe adelantar la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General. ¿Puede Medicina Legal concluir o afirmar que fueron muertos en combate? Medicina Legal no lo puede afirmar. Esto sólo lo concluyen los fiscales y en últimas los jueces”, advirtió el jefe del ente acusador el pasado 7 de octubre.

Aunque el presidente Uribe entendió esa declaración como una exculpación de responsabilidad de las unidades del Ejército, le tocó rectificar luego que Iguarán reiterara que las víctimas fueron muertas por la Fuerza Pública, pero no se sabía si en combate.



Grave campanazo


En medio del paro judicial así como de otros escándalos políticos y judiciales que coparon la agenda de las últimas dos semanas, el caso de los desaparecidos de Soacha empezó a quedar en segundo plano. Por ejemplo, quedó en el aire la grave denuncia hecha en un debate en el Congreso por el parlamentario Juan Manuel Hernández, en torno a que oficiales le habían revelado que en algunas unidades castrenses había incentivos especiales por cada baja de la guerrilla o los paramilitares que se causara.

Entretanto, cuatro los fiscales con el apoyo de un grupo élite de investigadores y equipo de criminalística del CTI, siguió con sus pesquisas en los santanderes, el sur de Bogotá y Soacha. Según trascendió, en esas investigaciones no sólo se recogieron testimonios que permitirían identificar a algunos ex soldados profesionales y ex militares como los presuntos reclutadores de las personas en Soacha, sino que, además, se habrían encontrado inconsistencias en la forma en que el Ejército reportó las circunstancias de las muertes y las pruebas visuales y testimoniales que entregó a la Fiscalía para “oficializar” los abatimientos de los presuntos guerrilleros y paramilitares.

Sin embargo, la gravedad de los hechos volvió a quedar al descubierto el viernes pasado. El comandante del Ejército, general Mario Montoya, informó que en desarrollo de la investigación interna adelantada por la Inspección General “se pudo establecer que existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud en el correcto proceder”.

En vista de ello y con el fin de facilitar las investigaciones que adelanta la Fiscalía, se ordenó la separación de sus cargos del coronel Santiago Herrera Fajardo, del coronel Rubén Darío Castro Gómez y del teniente coronel Gabriel Rincón Amado. Se trata del jefe de estado mayor de la V División (con sede en Bogotá), el comandante de la brigada Móvil XV y el jefe de operaciones de la misma unidad, que opera en Norte de Santander, respectivamente.

Sin embargo, los indicios que se tendrían serían tan graves que el general Montoya solicitó al Ministro de Defensa convocar la junta asesora con el fin de proponer el retiro de las filas de los oficiales mencionados. Como si todo lo anterior fuera poco, el Ejército entregará pruebas testimoniales a la Fiscalía que tienen relación con este caso.



¿Qué viene?

Así como se vienen desarrollando los hechos, cada día es más posible que el Ejército tenga que enfrentarse a uno de los escándalos más graves de los últimos años. Si llega a comprobarse que una unidad militar montó una trama para engañar a civiles y convencerlos de que iban a ser enganchados en grupos ilegales, para luego abatirlos en estado de indefensión y presentarlos como muertos en combate, ello constituiría un golpe casi mortal para una Fuerza Pública que en 2008 ha logrado asestar los golpes más fuertes a la guerrilla y el narcotráfico en la última década.

Es claro que el tamaño y dimensión del escándalo le quitará brillo y eco al operativo en que fue abatido en la margen fronteriza ecuatoriana Raúl Reyes e incluso a la histórica Operación Jaque. El golpe a la credibilidad y confianza en el Ejército será catastrófico.

Para el Gobierno la cuestión no será menos peor. En momentos en que está viva la polémica con Human Rigths Watch y en la antesala de la decisión de Colombia de presentarse, el 10 de diciembre, de manera voluntaria al examen en Derechos Humanos, mecanismo de las Naciones Unidas, un escándalo de la magnitud que amenaza tomar el caso de los desaparecidos de Soacha será muy difícil de afrontar.

Colombia, su gobierno y su Fuerza Pública se enfrentan, pues, a una dura prueba. Si bien es necesario esperar a que las investigaciones señalen hechos de forma más clara, el halo de sospecha que un mes atrás se cernía sobre las confusas muertes de las personas desaparecidas en Soacha, cada día crece más, a tal punto que hoy se puede decir con certeza de que algo muy grave pasó…

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2OO Familias se Desplazan de Buenaventura, ante amenazas

Bogotá, 24 oct (EFE).- Unas 200 familias abandonaron sus domicilios en una barriada de la ciudad colombiana de Buenaventura y se trasladaron a otra para ponerse a salvo de amenazas de facciones guerrilleras y paramilitares, denunciaron hoy fuentes humanitarias de Bogotá.


Es un caso de desplazamiento intraurbano que estuvo antecedido de intentos de ambos bandos de reclutar jóvenes de manera forzada, explicó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) en una nota de prensa.

La organización no gubernamental (ONG) precisó que los desarraigados vivían en el barrio Lleras de Buenaventura, primer puerto del país en las costas del océano Pacífico y distante unos 600 kilómetros al suroeste de la capital colombiana.

El desplazamiento lo desató "la intensidad que tomaron los enfrentamientos entre células urbanas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y un grupo de nuevos paramilitares que se disputa el control de los barrios marginales", agregó Codhes.

La misma fuente advirtió de que los vecinos dejaron sus casas por desespero ante "las amenazas de muerte de los dos grupos ilegales contra la comunidad, en especial contra los jóvenes que se negaban a ser reclutados".

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"Mi Hermano Fue un "Falso Positivo", Luis Esteban Montes, Soldado del Ejercito Colombiano

Semana. "Todo pasó el 30 de abril del año pasado. Yo estaba como soldado contraguerrilla en el Batallón de Infantería N.31 que opera en Córdoba. Mi compañía llevaba más de 15 días sin hacer mucho en un pueblito caluroso que se llama San Juan.
No había operaciones ni patrullajes. Los soldados estábamos simplemente ahí, sin hacer nada. Pero el Día de la madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de "legalizar" a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las 'legalizaciones' son un asunto cotidiano.


La Persecucion

"Una noche, mientras yo hablaba con mi familia por teléfono, llegó mi cabo Jonathan Pineda y me dijo: "Guajiro, váyase para el cambuche que ya tenemos el 'man' al que le vamos a hacer la vuelta". Yo le pregunté que quién era, pero me mandó a callar y me advirtió que mi capitán Jairo Mauricio García había dado la orden de que no le habláramos para que no se diera cuenta de que lo iban a matar. Le pregunté: "¿De dónde es el 'man'?" y me dijo que de La Guajira. Siempre buscaban personas que fueran extrañas a la región para que ningún familiar los reclamara. De todas maneras yo tenía mucha curiosidad porque también soy de La Guajira. Entonces me salí del cambuche, prendí un cigarro y escuché que el hombre me pidió otro. No le alcancé a ver el rostro porque no había luz ni luna. Estaba lloviznando. Le regalé el cigarro y nos pusimos a charlar. Al poco tiempo me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo Montes.

"Mi hermano se había ido de Maicao hacía mucho tiempo, cuando yo apenas era un pelao de 9 años. Por eso no lo reconocí. Pero cuando me dijo el nombre de mi papá, lo comprobé. Era mi hermano y era también al que habían elegido al azar para matarlo. No lo podía creer. Entonces me destapé. Le dije que yo era el 'niño', Luis Esteban, su hermano. Nos abrazamos y en medio de la emoción le advertí que lo iban a matar para hacerlo pasar por guerrillero. Le dije que se fuera, pero él no me creyó. Él se había hecho muy amigo de dos soldados de mi compañía que lo invitaron hasta el cambuche. Leonardo estaba seguro de que no le iban a hacer nada. Estaba engañado.

"Después de 20 minutos conversando con él afuera, me mandaron a llamar. Entonces me fui directo donde mi cabo Pineda y le dije: "Ustedes no pueden matar a ese hombre porque él es mi hermano". El cabo no me creyó y me dijo que mejor hablara con el capitán García, quien tampoco me creyó. Lo único que hizo fue insultarme. Le insistí. Le dije que le preguntara por el nombre de mi papá, de mis hermanos, de la familia, de la calle en Maicao donde habíamos nacido.

"A partir de ese momento todo fue un enredo. El capitán y yo discutimos varias horas y mi hermano lo escuchó todo. Al final, les dije que ya no me importaba si me creían o no, que ese hombre que iban a matar era mi hermano y primero tenían que matarme a mí. "Por qué no trae a un hermano suyo, capitán, o a su papá y así puede irse contento el Día de la madre. Pero con mi hermano no se pueden meter", le dije. Todos estaban muy alterados. No podían creer que la única persona que lograron conseguir para asesinar resultara ser el hermano de un soldado de su propio pelotón. El plan que tenían de buscar a alguien que no fuera de la zona, a alguien que no tuviera dolientes en el pueblo y que su muerte pasara inadvertida, se les había ido a la basura.


La Persecucion

"Después de un rato, el Capitán me dijo: "A mí no me duele la mano pa matar a ese hijueputa". Tampoco era difícil encontrar quién lo hiciera porque cada compañía tiene sus dos o tres sicarios, que son siempre los que hacen esas vueltas y se ganan su millón de pesos.

"En un momento de descuido aproveché para decirle a mi hermano que se fuera corriendo, que saltara por unos alambres, que pasara la quebrada y se fuera para la casa porque lo iban a matar. Él decía que no se iba porque ahí sí era más fácil que lo asesinaran. Logramos salir un poco del cambuche, conseguimos una mototaxi y él se fue para el pueblo. Yo me quedé pero, obviamente, esa noche no pude dormir.

"Al otro día me di cuenta de que todo había cambiado para mí. Mis compañeros me odiaban. Entonces le pedí a un coronel que me trasladara porque yo no era capaz de patrullar con la misma gente. Además estaba muy débil, pues me había atacado con fuerza el paludismo. Ese mismo día me mandaron para una compañía diferente en Puerto Libertador, un pueblo cercano a San Juan. Allá me sentí más tranquilo. Al menos no tenía miedo de que me mataran. La idea de denunciar a mis compañeros se me pasó por la cabeza, pero finalmente no lo hice en ese momento. Ya había liberado a mi hermano, que era lo más importante, y quería evitarme problemas con mis superiores.

"Como al tercer día de estar en Puerto Libertador escuché que la compañía donde yo estaba antes había "dado una baja". Me entró la duda por mi hermano y le pregunté a un soldado si sabía quién era el muerto. Él me contestó que no, pero que un carro lo estaba recogiendo para llevarlo al cementerio.

"De inmediato me fui para donde una tía que vive en Puerto Libertador y le conté todo. Le pedí que me acompañara al cementerio. Cuando íbamos caminando hacia allá, pasó el carro con el muerto pero tenía la carpa abajo y no pudimos verle la cara. Cuando llegamos al lugar, el muerto ya estaba en el piso envuelto en un plástico blanco. Yo me tiré sobre él, rompí la bolsa y me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo. El hueco ya estaba listo y dos soldados lo agarraron de los pies y de las manos y lo tiraron así, sin ataúd ni nada. Supuestamente, le encontraron una granada y un arma en las manos. Pero ya hay un testigo en el pueblo que dice que él le vendió esa pistola al Ejército y yo me acuerdo cómo, días antes al 30 de abril, dos soldados de mi pelotón la estaban limpiando con orina para borrarle las huellas.

"Después de ver todo esto llamé a mi familia en Maicao. Les conté todo y ellos vinieron por él hasta Córdoba para darle cristiana sepultura. Fue entonces cuando decidí demandar al Estado. Pero el mundo se me vino encima. Estoy en permanente estado de alerta porque pienso que me puede pasar algo. Me da miedo comer lo que me dan en el Ejército y aunque ya completé tres años en la institución y hoy estoy en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, Antioquia, la única función que puedo cumplir es recoger la basura de todos. No puedo ir a zonas de combate porque tengo medidas especiales de protección. Además, muchos me tienen la mala porque saben de la demanda y de mi historia. Yo espero que todo esto pase muy rápido. El caso lo tiene una fiscal de derechos humanos, quien está investigando a los siete militares implicados en mi caso. El día que se haga justicia veré qué otro rumbo le doy a mi futuro. Lo que pasó con mi hermano me cambió completamente la vida y creo que ya merezco un poco de tranquilidad".

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La crisis financiera causará un aumento de la inmigración clandestina, según alertó hoy Sharan Burrow

Manila, 27 oct (EFE).- La crisis financiera causará un aumento de la inmigración clandestina, según alertó hoy Sharan Burrow, presidenta de la Confederación Internacional de Sindicatos, que agrupa organizaciones de 155 países.
"La reacción de los gobiernos ante el aumento del paro ha sido anunciar la expulsión de inmigrantes para poder ofertar esos puestos de trabajo a sus ciudadanos, como ocurrió durante la crisis de Asia, en 1997. Esto sólo contribuirá a aumentar la inmigración ilegal pues no existen alternativas para los inmigrantes en sus países de origen", advirtió esta activista.

Actualmente, existen 40 millones de indocumentados, 10 de ellos en Estados Unidos, según Borrow, encargada de inaugurar las jornadas de debate civil del segundo Foro Global sobre Migraciones y Desarrollo, que se celebra hasta el próximo 30 de octubre en Manila.

"La crisis provocará la destrucción de 20 millones de puestos de trabajo y los primeros en sufrirlo serán los inmigrantes. Especialmente, cuando uno de los sectores más dañados es la construcción, donde hay mucha mano de obra extranjera", explicó Burrow.

La ralentización económica también afectará a los países de origen de los inmigrantes, dependientes en un alto porcentaje de las remesas que estos envían a sus familias.

"Estamos hablando de miles de millones de dólares. Filipinas, por ejemplo, recibe 15.000 millones de dólares de remesas. Hay países como Moldavia, donde éstas representan el 20 por ciento del Producto Interior Bruto", enfatizó.

Pero éstos no son los únicos retos que afronta la inmigración debido a la actual situación económica.

Oscar Chacón, director de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas y uno de los delegados de 170 países presentes en las discusiones, alertó de que "los sueldos de los inmigrantes bajarán debido a la fuerte competencia y subirán la xenofobia y la discriminación".

"Además, la reagrupación familiar será más complicada debido a las restricciones anunciadas por los gobiernos", añadió.

Sin embargo, Chacón es optimista al entender que "una crisis es una oportunidad de cambio. Hay que introducir mayor transparencia en el sistema financiero pero también aprovechar para mejorar las políticas migratorias".

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, asistirá el miércoles a la inauguración de las conferencias gubernamentales del foro, que reunirá a 15 ministros y viceministros de Inmigración de países como Ghana, Suráfrica o Irak, los próximos 29 y 30 de octubre.

El foro, dividido en jornadas de la sociedad civil y gubernamentales, es de carácter consultivo y fue auspiciado por el anterior secretario general de la ONU, Kofi Annan, en septiembre de 2005, durante un debate en la Asamblea General de la institución en Nueva York.

El primer foro se celebró el año pasado en Bruselas.

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