Ejercito de Colombia se encuentra sumido en su peor momento, en violaciones a los Derechos Humanos

PCC.
El caso Soacha: ¿en la antesala de la debacle?
Reproducimos íntegro, el informe especial del periódico El Nuevo Siglo del domingo 26 por sus graves denuncias. Tal como avanzan las investigaciones por las circunstancias en que murieron los jóvenes desaparecidos al sur de Bogotá que luego fueron reportados como abatidos en combate con el Ejército, la sospecha inicial de que algo raro había pasado se confirma día tras día y expone al gobierno y a la Fuerza Pública a perder el año en que más golpes se dio a las Farc


Sospecha creciente

¿En combate?

Grave campanazo

¿Qué viene?

Una de las madres de uno los jóvenes de Soacha en el el reconocimiento de su hijo en Ocaña que apareció como dado de baja en combate por el ejército

DESDE EL mismo momento en que la prensa empezó a hacer eco de las denuncias en torno a que hombres jóvenes que habían desaparecido meses atrás al sur de Bogotá y en el vecino municipio de Soacha fueron reportados apenas días después como abatidos en combates con el Ejército, un halo de sospecha empezó a crecer alrededor de la confusa y grave situación.

En principio la alarma la dieron las propias familias, pues las noticias que empezaron a publicarse el 25 de septiembre pasado indicaban que varios de los presuntos integrantes de nuevos grupos paramilitares que habían sido abatidos en enfrentamientos armados con el Ejército en zona rural de Cimitarra y Ocaña, en Norte de Santander, eran originarios de Soacha. Los casos datan de enero e incluso los dos últimos se registraron en agosto.

Luego, cuando se revelaron las fechas de los decesos, la sospecha fatal de las familias se fue confirmando. Los reportes de las muertes coincidían con la época en que no menos de una veintena de jóvenes se despidieron de sus allegados o simplemente desaparecieron, tras recibir “ofertas de trabajo” en el nororiente del país.

Aunque varios de los desaparecidos tenían antecedentes penales o eran reconocidos como tales en los barrios en que residían, el hecho de que apenas dos, tres, cuatro o cinco días después de partir de Soacha aparecieron muertos en combates con el Ejército, ya sembraba una duda muy grande: ¿Cómo era posible que personas presuntamente recién reclutadas por grupos armados terminaran en combates directos con el Ejército? ¿Acaso no se suponía que deberían recibir un entrenamiento previo?

A medida que el escándalo fue creciendo, la preocupación en el Gobierno como en el Ministerio de Defensa hizo lo propio. Y la situación se complicó más cuando se vieron las imágenes desgarradoras de madres y familiares tras reconocer los restos de sus allegados entre los cuerpos que fueron sepultados como No Identificados (NN) en el cementerio de Ocaña.

Mientras que el Ejército guardaba prudencia frente al confuso hecho y los familiares de las víctimas alegaban que eran muy extrañas las circunstancias de las muertes, una declaración de la secretaria distrital de Gobierno, Clara López, hizo público lo que muchos pensaban en privado. “… Nosotros hemos sostenido que tienen que investigarse todas la hipótesis, no solamente la del reclutamiento ilegal sino también la de desaparecimiento forzado con fines de homicidio”, dijo.


Sospecha creciente


Aunque la declaración no cayó nada bien entre la Fuerza Pública, tanto la cúpula de ésta como el propio Gobierno empezaron a revisar más detenidamente la situación, sobre todo porque las evidencias y los recientes escándalos de “falsos positivos” cada día más le quitaban credibilidad a la versión “oficial” de que las víctimas, que en principio sólo eran nueve pero luego fueron aumentando, fueron abatidas en un combate abierto y sin anomalías.

Vino entonces una cumbre de las autoridades alrededor del tema que tomó dimensión nacional, no sólo porque la prensa empezó a escudriñar en la versión de los combates y encontró algunas presuntas inconsistencias, sino porque desde varias ciudades comenzaron a surgir denuncias de que allí también se habían aparecido presuntos reclutadores de los paras y la guerrilla para enganchar a jóvenes y adultos, los cuales aparecieron días después como abatidos en combates con la Fuerza Pública.

La decisión de crear una unidad especial a cargo de la Fiscalía para encargarse de la investigación, daba a entender la gravedad del hecho. Igual las advertencias de los comandantes del Ejército y las Fuerzas Militares advirtiendo que si hubo anomalías en los operativos los responsables serían castigados de la forma más drástica.

Pero si hubo una declaración que confirmó que había indicios de que algo olía mal en todo este caso, fue la realizada por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo que temía que “había reductos dentro de la Fuerza Pública que están exigiendo como resultados cuerpos”. Para no pocos analistas y observadores esas palabras eran la confirmación tácita de que el mando castrense podría estar frente a uno de los más graves escándalos de los últimos años, superior a otros casos de “falsos positivos” o incluso a las denuncias sobre infiltración de paras y mafiosos en algunas unidades militares.

Las afirmaciones del vicepresidente Francisco Santos, quien a finales de septiembre pidió investigar a fondo lo sucedido y manifestó su preocupación por la gravedad de las denuncias, tampoco fueron de menor calibre. “Es muy preocupante porque no es sólo este caso, son otros. Nosotros en el programa presidencial de Derechos Humanos le estamos haciendo seguimiento”, advirtió.



¿En combate?


Como era apenas obvio, la sucesión de hechos y la creciente sospecha de inmediato activó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos así como a la ONU y la OEA, todas las cuales no dudaron en exigir una urgente aclaración de los hechos y que fuera la justicia ordinaria, y no la penal militar, la que se encargara de la investigación.

El arranque de las pesquisas no fue fácil. Incluso la Fiscalía llegó a denunciar que así como algunos jueces penales militares habían entregado los expedientes sin obstáculo alguno, en un caso ello no fue posible e incluso el ente acusador dijo que interpondría un recurso de conflicto de competencia para forzar la remisión de ese proceso.
Superado ese obstáculo, la primera declaración oficial del fiscal general Mario Iguarán sobre este caso, no hizo nada distinto que afincar la duda sobre la “versión oficial” de las muertes.

“¿Hubo reclutamiento? Sí hubo reclutamiento. ¿Hubo reclutamiento con fines delictuales? Sí. Dije y digo que no fueron a coger café. ¿Quién los reclutó? No sabemos. Estamos investigando cuál es la red macabra de enrolamiento. ¿Fueron muertos por el Ejército? Sí, el propio Ejército asegura que las tropas les dieron de baja. ¿Quién practicó los actos urgentes, la inspección de los cuerpos? El CTI de la Fiscalía.

¿Fueron muertos en combate? No sabemos. Estamos investigando. Por el momento la Fiscalía no puede afirmar, no puede anticipar que fueron muertos en combate, ¿Quién debe adelantar la investigación? Sólo la debe adelantar la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General. ¿Puede Medicina Legal concluir o afirmar que fueron muertos en combate? Medicina Legal no lo puede afirmar. Esto sólo lo concluyen los fiscales y en últimas los jueces”, advirtió el jefe del ente acusador el pasado 7 de octubre.

Aunque el presidente Uribe entendió esa declaración como una exculpación de responsabilidad de las unidades del Ejército, le tocó rectificar luego que Iguarán reiterara que las víctimas fueron muertas por la Fuerza Pública, pero no se sabía si en combate.



Grave campanazo


En medio del paro judicial así como de otros escándalos políticos y judiciales que coparon la agenda de las últimas dos semanas, el caso de los desaparecidos de Soacha empezó a quedar en segundo plano. Por ejemplo, quedó en el aire la grave denuncia hecha en un debate en el Congreso por el parlamentario Juan Manuel Hernández, en torno a que oficiales le habían revelado que en algunas unidades castrenses había incentivos especiales por cada baja de la guerrilla o los paramilitares que se causara.

Entretanto, cuatro los fiscales con el apoyo de un grupo élite de investigadores y equipo de criminalística del CTI, siguió con sus pesquisas en los santanderes, el sur de Bogotá y Soacha. Según trascendió, en esas investigaciones no sólo se recogieron testimonios que permitirían identificar a algunos ex soldados profesionales y ex militares como los presuntos reclutadores de las personas en Soacha, sino que, además, se habrían encontrado inconsistencias en la forma en que el Ejército reportó las circunstancias de las muertes y las pruebas visuales y testimoniales que entregó a la Fiscalía para “oficializar” los abatimientos de los presuntos guerrilleros y paramilitares.

Sin embargo, la gravedad de los hechos volvió a quedar al descubierto el viernes pasado. El comandante del Ejército, general Mario Montoya, informó que en desarrollo de la investigación interna adelantada por la Inspección General “se pudo establecer que existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud en el correcto proceder”.

En vista de ello y con el fin de facilitar las investigaciones que adelanta la Fiscalía, se ordenó la separación de sus cargos del coronel Santiago Herrera Fajardo, del coronel Rubén Darío Castro Gómez y del teniente coronel Gabriel Rincón Amado. Se trata del jefe de estado mayor de la V División (con sede en Bogotá), el comandante de la brigada Móvil XV y el jefe de operaciones de la misma unidad, que opera en Norte de Santander, respectivamente.

Sin embargo, los indicios que se tendrían serían tan graves que el general Montoya solicitó al Ministro de Defensa convocar la junta asesora con el fin de proponer el retiro de las filas de los oficiales mencionados. Como si todo lo anterior fuera poco, el Ejército entregará pruebas testimoniales a la Fiscalía que tienen relación con este caso.



¿Qué viene?

Así como se vienen desarrollando los hechos, cada día es más posible que el Ejército tenga que enfrentarse a uno de los escándalos más graves de los últimos años. Si llega a comprobarse que una unidad militar montó una trama para engañar a civiles y convencerlos de que iban a ser enganchados en grupos ilegales, para luego abatirlos en estado de indefensión y presentarlos como muertos en combate, ello constituiría un golpe casi mortal para una Fuerza Pública que en 2008 ha logrado asestar los golpes más fuertes a la guerrilla y el narcotráfico en la última década.

Es claro que el tamaño y dimensión del escándalo le quitará brillo y eco al operativo en que fue abatido en la margen fronteriza ecuatoriana Raúl Reyes e incluso a la histórica Operación Jaque. El golpe a la credibilidad y confianza en el Ejército será catastrófico.

Para el Gobierno la cuestión no será menos peor. En momentos en que está viva la polémica con Human Rigths Watch y en la antesala de la decisión de Colombia de presentarse, el 10 de diciembre, de manera voluntaria al examen en Derechos Humanos, mecanismo de las Naciones Unidas, un escándalo de la magnitud que amenaza tomar el caso de los desaparecidos de Soacha será muy difícil de afrontar.

Colombia, su gobierno y su Fuerza Pública se enfrentan, pues, a una dura prueba. Si bien es necesario esperar a que las investigaciones señalen hechos de forma más clara, el halo de sospecha que un mes atrás se cernía sobre las confusas muertes de las personas desaparecidas en Soacha, cada día crece más, a tal punto que hoy se puede decir con certeza de que algo muy grave pasó…