Semana. Lo que cuenta el sargento Alexander Rodríguez -si la justicia llega a comprobarlo- es la historia de un mundo que funciona al revés. En diciembre pasado denunció ante la Procuraduría, y ante las propias Fuerzas Militares, que en su paso por la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña (Norte de Santander) fue testigo de cómo se encubrían homicidios de civiles para presentarlos como bajas en combate. Y apenas tres días después, paradójicamente, el denunciante resultó castigado: una junta de generales encabezada por el comandante del Ejército, Mario Montoya, decidió retirarlo del servicio activo; mientras que el coronel Santiago Herrera, que comandaba la Brigada donde ocurrieron los hechos denunciados por el sargento, fue trasladado a Bogotá para asumir como oficial ayudante del propio Montoya.
La historia que Rodríguez le contó a las autoridades -y a SEMANA- es escabrosa. Asegura que: "a principios de noviembre estaba el sargento Ordóñez recogiendo 20.000 pesos por soldado, que eran para cancelar la pistola que le habían colocado a la persona que habían dado de baja (…) Ordóñez les decía: 'si quieren entregar la plata bien, si no, lo dejamos así, pero vean que son cinco días de permiso...'".
El sargento también relató que a mediados de octubre hubo dos supuestas ejecuciones, en una de las cuales la víctima sobrevivió y escapó. La versión de Rodríguez coincide con la denuncia que han hecho ONG como Minga, que aseguran que el 13 de octubre un campesino llamado Adinael Arias Cárdenas fue abordado por soldados del Ejército, y que al día siguiente apareció reportado como un guerrillero dado de baja en combate. También hay similitudes con la historia de Willamir Rodríguez Figueroa, un campesino de 22 años, analfabeta, quien cuenta que el 6 de octubre salió de su vereda, cuando unos soldados lo detuvieron con el argumento de que por no tener los papeles en regla, sería reclutado. Después de hacerlo caminar por varias horas y casi a la medianoche, cuenta que "me esposaron a un palo de cacao y me amarraron con una pita...". "Al rato sentí fue un disparo… caí en el pastal boca abajo y yo me hice el muerto...". "Después llegaron los soldados y me colocaron una pistola al lado de la cabeza".
Willamir logró escaparse, según su relato, y correr hasta que encontró refugio en la casa de un campesino que le ayudó a llegar al hospital de El Tarra. Allí fue detenido por las autoridades. Después de permanecer dos meses en el hospital, está en la cárcel, acusado de rebelión, y en su contra han declarado dos testigos aportados por el Ejército.
Las denuncias del suboficial fueron tomadas tan en serio por la Procuraduría Regional de Ocaña, que esta entidad solicitó que se le trasladara de guarnición para garantizar su vida. El Ejército alega que los señalamientos del sargento Rodríguez son una retaliación porque con sus superiores "él tenía muchas fallas en disciplina desde dos años atrás" -dice el general José Joaquín Cortés, comandante de la Segunda División-. "Había quejas contra el sargento por deudas y por faltar al lugar de trabajo". Para el general Cortés, esto podría ser una retaliación del sargento porque dado su historial, difícilmente lograría un ascenso. No obstante, si el comportamiento de Rodríguez era inadecuado desde hace tantos meses ¿por qué se le retiró de la institución sólo cuando hizo estas graves denuncias
Rodríguez no es el único que ha denunciado estas irregularidades en Norte de Santander. Las ONG de derechos humanos han registrado 19 casos de posibles ejecuciones cometidas por esta Brigada en 2007. La Procuraduría finalizó el año con casi 40 quejas por estos hechos. Las que se suman a las ya conocidas denuncias por ejecuciones en las Brigadas de Antioquia y Meta, que se han convertido en preocupación tanto para las Naciones Unidas como para el gobierno de Estados Unidos, que apoya a estas unidades militares.
Esta denuncia llega justo cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lanzó oficialmente la Política Integral de Derechos Humanos, un esfuerzo que, entre otros puntos, contempla la regulación de la fuerza en la guerra, a través de la legitimidad y la eficacia.
Durante mucho tiempo, en el inconsciente militar reposó la idea de que el respeto de esos derechos era una desventaja para ganar la guerra. Hoy la intención del Ministerio de Defensa es que, por ejemplo, los uniformados lleven consigo un pequeño manual de lo que no se debe y lo que se puede hacer. Desde ya, cada una de las divisiones del Ejército cuenta con un inspector delegado que vigila que todo el reglamento se cumpla; la Armada tendrá otros dos y próximamente se creará un centro de entrenamiento en Tolemaida para fortalecer la comprensión del tema.
Será la justicia la que dirá si las delicadas denuncias del sargento Rodríguez corresponden a lo ocurrido. Entre tanto, el Ministerio de Defensa cree que con la estrategia implementada la Fuerza Pública entenderá mejor que la legitimidad del Estado se consigue a través del respeto de los derechos humanos y no de lograr más muertos en la lista enemiga, por encima de lo que sea.
La historia que Rodríguez le contó a las autoridades -y a SEMANA- es escabrosa. Asegura que: "a principios de noviembre estaba el sargento Ordóñez recogiendo 20.000 pesos por soldado, que eran para cancelar la pistola que le habían colocado a la persona que habían dado de baja (…) Ordóñez les decía: 'si quieren entregar la plata bien, si no, lo dejamos así, pero vean que son cinco días de permiso...'".
El sargento también relató que a mediados de octubre hubo dos supuestas ejecuciones, en una de las cuales la víctima sobrevivió y escapó. La versión de Rodríguez coincide con la denuncia que han hecho ONG como Minga, que aseguran que el 13 de octubre un campesino llamado Adinael Arias Cárdenas fue abordado por soldados del Ejército, y que al día siguiente apareció reportado como un guerrillero dado de baja en combate. También hay similitudes con la historia de Willamir Rodríguez Figueroa, un campesino de 22 años, analfabeta, quien cuenta que el 6 de octubre salió de su vereda, cuando unos soldados lo detuvieron con el argumento de que por no tener los papeles en regla, sería reclutado. Después de hacerlo caminar por varias horas y casi a la medianoche, cuenta que "me esposaron a un palo de cacao y me amarraron con una pita...". "Al rato sentí fue un disparo… caí en el pastal boca abajo y yo me hice el muerto...". "Después llegaron los soldados y me colocaron una pistola al lado de la cabeza".
Willamir logró escaparse, según su relato, y correr hasta que encontró refugio en la casa de un campesino que le ayudó a llegar al hospital de El Tarra. Allí fue detenido por las autoridades. Después de permanecer dos meses en el hospital, está en la cárcel, acusado de rebelión, y en su contra han declarado dos testigos aportados por el Ejército.
Las denuncias del suboficial fueron tomadas tan en serio por la Procuraduría Regional de Ocaña, que esta entidad solicitó que se le trasladara de guarnición para garantizar su vida. El Ejército alega que los señalamientos del sargento Rodríguez son una retaliación porque con sus superiores "él tenía muchas fallas en disciplina desde dos años atrás" -dice el general José Joaquín Cortés, comandante de la Segunda División-. "Había quejas contra el sargento por deudas y por faltar al lugar de trabajo". Para el general Cortés, esto podría ser una retaliación del sargento porque dado su historial, difícilmente lograría un ascenso. No obstante, si el comportamiento de Rodríguez era inadecuado desde hace tantos meses ¿por qué se le retiró de la institución sólo cuando hizo estas graves denuncias
Rodríguez no es el único que ha denunciado estas irregularidades en Norte de Santander. Las ONG de derechos humanos han registrado 19 casos de posibles ejecuciones cometidas por esta Brigada en 2007. La Procuraduría finalizó el año con casi 40 quejas por estos hechos. Las que se suman a las ya conocidas denuncias por ejecuciones en las Brigadas de Antioquia y Meta, que se han convertido en preocupación tanto para las Naciones Unidas como para el gobierno de Estados Unidos, que apoya a estas unidades militares.
Esta denuncia llega justo cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lanzó oficialmente la Política Integral de Derechos Humanos, un esfuerzo que, entre otros puntos, contempla la regulación de la fuerza en la guerra, a través de la legitimidad y la eficacia.
Durante mucho tiempo, en el inconsciente militar reposó la idea de que el respeto de esos derechos era una desventaja para ganar la guerra. Hoy la intención del Ministerio de Defensa es que, por ejemplo, los uniformados lleven consigo un pequeño manual de lo que no se debe y lo que se puede hacer. Desde ya, cada una de las divisiones del Ejército cuenta con un inspector delegado que vigila que todo el reglamento se cumpla; la Armada tendrá otros dos y próximamente se creará un centro de entrenamiento en Tolemaida para fortalecer la comprensión del tema.
Será la justicia la que dirá si las delicadas denuncias del sargento Rodríguez corresponden a lo ocurrido. Entre tanto, el Ministerio de Defensa cree que con la estrategia implementada la Fuerza Pública entenderá mejor que la legitimidad del Estado se consigue a través del respeto de los derechos humanos y no de lograr más muertos en la lista enemiga, por encima de lo que sea.
