IPCla utilización y el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados que hacen presencia en los barrios de la comuna 13 de Medellín está alcanzando niveles insostenibles, al punto que aquellos que se niegan a participar en actividades delictivas son amenazados, golpeados y, en algunos casos, desterrados.
El hecho ya había sido denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos, pero lejos de registrarse una mejoría, lo que muestran los relatos de varias madres de familia residentes en la zona consultadas por la Agencia de Prensa IPC, es un alarmante deterioro del orden público en esta zona centrooccidental de la ciudad, que deja a la población infantil y juvenil en medio de un fuego cruzado difícil de esquivar.
Según denuncias de los pobladores, en sectores como La Arenera, La Loma, Las Independencias I, II y III y La Torre, grupos armados liderados por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), han convertido en “ley” la participación de niños y niñas, en edades entre los 9 y 16 años, en acciones delictivas como hurtos a locales comerciales, cobro de extorsiones, expendio de sustancias alucinógenas, transporte de armas y fabricación de materiales explosivos como “papas bombas” y petardos.
Quienes desobedezcan la orden corren serio peligro de ser desterrados o amenazados. “Hace cuatro meses tuvimos que pedirle ayuda a la Personería de Medellín, porque iban a matar a varios jóvenes, entre ellos el hijo mío, porque no querían hacer parte de esas bandas. Ahora están desterrados del barrio, no pueden volver por aquí y están de casa en casa, en muy malas condiciones”, narra una madre de familia de la zona, quien pidió reserva de su identidad.
La preocupación de líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos radica en que las condiciones socioeconómicas de muchas familias las hace más vulnerable al reclutamiento forzado y la utilización de menores de edad por parte de estos grupos. “Aquí viven muchas madres cabezas de hogar que tienen que salir todo el día a trabajar dejando a sus hijos solos. Cuando ellas salen, llegan los 'de la banda' a sacarlos de las casas, a involucrarlos en estas actividades y, ¿quién puede controlar una situación así?”, explica una líder.
El caso de Sonia* es fiel reflejo de esta situación. Su hijo, de tan sólo 12 años, integra uno de los tantos grupos armados existentes en la populosa comuna. Ella descubrió el hecho hace poco, cuando su pequeño comenzó a guardar armas en la casa. Su preocupación la llevó a renunciar a su trabajo en una fábrica de confecciones hace dos meses, a fin de estar más pendiente de su hijo.
Durante este tiempo ha podido conocer más detalles de cómo llegó su hijo a este peligroso mundo. “Él no mue cuenta mucho, pero sé que lo están obligando. A mi casa va un joven mayor de edad a preguntar por mi hijo y él obedece inmediatamente. ¿Desde cuando viene haciendo esto? No lo sé, pero en el rostro de mi hijo se refleja el miedo que le tiene a ese muchacho. ¿Qué puedo hacer? No mucho. Esa gente me genera mucho miedo y yo tengo otros cuatro hijos que cuidar. No tengo trabajo, no me puedo ir del barrio. Sólo me queda rezar que no le pase nada”, relata Sonia.
El desespero de las madres de familia ha llegado a extremos dolorosos. “Mis hijos duermen debajo de la cama, porque no quiero que los muchachos de la banda se den cuenta de que ellos están en la casa. Ellos van y preguntan por él, yo les digo que no está, que ya no viven en el barrio; sin embargo, no me dejan en paz. Siento mucho miedo”, cuenta una pobladora de El Salado.
Deterioro de la seguridad
Lo anterior coincide con el incremento de crímenes en esta zona que tiene angustiada a la comunidad. En un reciente informe, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín, documentó una serie de denuncias que dan cuenta de disputas territoriales entre bandas del sector, toques de queda a menores de edad, asesinatos selectivos y cobro de vacunas a comerciantes de la zona.
Según el informe, la proliferación de bandas criminales, integradas en su mayoría por menores de edad, está generando enfrentamientos entre ellas en su búsqueda por monopolizar las actividades ilegales. Entre enero y junio de 2008 se registraron 33 asesinatos, varios de ellos contra población infantil y juvenil.
Algunos pobladores hablan de la existencia de límites territoriales en sus barrios. “Un joven de La Independencia I no puede pasar a la (Independencia) II, porque 'lo encienden a bala'. Una niña de este barrio no se puede meter con gente del otro, porque la golpean o la asesinan los 'de la banda”, señala un padre de familia de la Independencia I.
Asimismo, la Updh da cuenta de “toques de queda 'de facto' para los jóvenes después de las 10 de la noche en diversos sectores”, hecho ratificado por un líder del barrio La Divisa: “Personalmente, me da miedo estar en la calle después de las 6 de la tarde. Aquí en estos barrios se volvieron frecuente los atentados con petardos. Hace 15 días explotó uno cerca a mi casa, por eso no salgo ni a la puerta. Aquí la gente vive con más miedo que antes”.
El deterioro de la seguridad en esta zona, que alberga a 135 mil habitantes en un total de 23 barrios, contrasta con el número de efectivos de la Fuerza Pública apostados allí: un total de 369, entre policías y soldados, lo que la convierte de lejos en la comuna de Medellín con más presencia de cuerpos de seguridad.
No obstante, las quejas de la comunidad con respecto a las autoridades militares son cada vez más reiteradas. Según varios habitantes, el reclutamiento forzado de menores de edad se realiza en ocasiones con aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública; el maltrato de jóvenes, mujeres y madres de familia son frecuentes y las acciones contra los expendios de drogas y los grupos armados son pocas. (Ver nota anexa)
Además, los relatos sobre patrullajes nocturnos y presencia de “grupos de vigilancia privada” vienen aumentando. “A los más niños los ponen a vigilar que no venga gente extraña o de otra banda y a los más grandecitos les toca patrullar a altas horas de la noche. Yo les he visto encapuchados, vestidos de negro y portando armas”, agregó el líder de la Divisa.
Pero quizás lo más preocupante de todo este panorama es que los residentes de la comuna 13 se están cansando de denunciar una situación que no es nueva, pero frente a la cual obtienen siempre la misma respuesta por parte de la Administración Municipal: “Aquí nos quieren vender la idea de que la comuna es un milagro social. Cuando denunciamos, nos intimidad y nos mandan más policías, cómo si eso solucionara los problemas de hambre, desempleo y miseria que aquí existen”, sentencia una madre de familia.
* Los nombres fueron modificados por razones de seguridad
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