"Justicia para las victimas de Chengue"

El Espetactador
Con base en el informe Nº 45 de 2007 y en respuesta a la petición de varios familiares de las víctimas, el 23 de julio de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda en contra del Estado colombiano por la masacre de Chengue, Sucre, ocurrida el 17 de enero de 2001, en la que fueron asesinadas 27 personas por paramilitares al mando de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena.


Una de las razones para que el proceso fuera admitido en el tribunal internacional fue la impunidad que ha venido rodeando el expediente. Sin embargo, la Fiscalía está decidida a probar que sí puede haber justicia en Colombia en un caso tan emblemático de violación de derechos humanos como la masacre de Chengue. De hecho, en reciente decisión proferida por la Fiscalía 11 de la Unidad de Derechos Humanos, se anularon dos autos de la Justicia Penal Militar que habían exonerado de toda responsabilidad penal al capitán de fragata Óscar Eduardo Saavedra Calixto y al capitán de corbeta Camilo Martínez Moreno, investigados por su presunta omisión para evitar la incursión paramilitar.

Según la fiscal del caso, Carmen Rosa Cáceres, ambos oficiales —procesados por el delito de prevaricato por omisión— fueron beneficiados irregularmente por decisiones de la Justicia Penal Militar. Es así como mediante resolución 035 de la Fiscalía Penal Militar, expedida el 18 de mayo de 2007, se ordenó cesar todo procedimiento penal en contra de los dos ex oficiales de la Armada. No obstante, la Fiscalía constató que la resolución era nula por cuanto fue emitida por un funcionario que carecía de competencia para investigar el caso.

Así las cosas, tanto el capitán de fragata Óscar Eduardo Saavedra, como el capitán de corbeta Camilo Martínez Moreno, a la sazón comandante y subcomandante, respectivamente, del Batallón de Fusileros Nº 5, con sede en el municipio de Corozal, Sucre, quedan nuevamente vinculados a la investigación penal que adelanta la fiscal Carmen Rosa Cáceres. Hace varios años, sin embargo, el fiscal Luis Camilo Osorio le archivó el proceso penal al contraalmirante Rodrigo Alfonso Quiñónez por su presunta omisión como comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina para impedir la acción paramilitar. Lo curioso es que la Procuraduría sí lo destituyó por este caso.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, el capitán de fragata Óscar Saavedra fue enterado un día antes de la masacre que varios camiones que transportaban miembros de las autodefensas se dirigieron hacia el corregimiento de Chengue. Por su parte, existen testimonios que señalan que cinco días después de la masacre, la fiscal Yolanda Paternina (quien adelantaba la investigación y posteriormente fue asesinada) tuvo información sobre la ubicación de los paramilitares que ejecutaron el crimen, pero el capitán de corbeta Camilo Martínez, inexplicablemente, se rehusó a prestarle colaboración para capturarlos.

Ahora será la Fiscalía la que deberá evaluar la responsabilidad de ambos ex oficiales en los trágicos hechos ocurridos en la madrugada del 17 de enero de 2001, cuando un comando de 80 paramilitares asesinó a 27 campesinos a palo y a machete.