13 octubre, 2008

Detenidos militares Colombianos por otro caso de falso positivo

El Tiempo.
Información del Ejército dice que en enfrentamientos entre tropas de la Fuerza Tarea Conjunta Darién "dos integrantes del grupo al servicio del narcotráfico 'Los Machos' fueron dados de baja".

Según esa misma información, las acciones tuvieron lugar el 24 de julio del 2006 en las regiones de Guala Baja y La Hondura, en el municipio de El Dovio, en el norte del Valle del Cauca.

Uno de los integrantes de 'Los Machos' fue identificado como Gustavo de Jesús Zuleta Cano, de 26 años, en tanto que otro permanecía para su identificación en la morgue municipal".

La Procuraduría General de la Nación determinó -después de investigaciones a partir de las denuncias de los familiares de Zuleta Cano- que este se encontraba "en estado de indefensión, ajeno al conflicto armado y como tal debería ser considerado como persona protegida".

Por esa razón, el Ministerio Público elevó pliego de cargos contra un oficial, dos suboficiales y dos soldados que hacían parte del primer pelotón de la compañía Dragón del Batallón de contraguerrilla 94, perteneciente a la Brigada Móvil 14 del ejército Nacional, que en esa fecha realizó las operaciones en la vereda Hondura, del municipio de El Dovio, al norte del Valle del Cauca.

Según el organismo, Zuleta Cano era un campesino al que después de darle muerte fue presentado como el resultado de un combate contra "Los Machos", organización ilegal armada al servicio de la seguridad de Diego León Montoya Sánchez, alias 'Don Diego'.

"Gustavo de Jesús Zuleta Cano no era ningún bandolero, como lo quisieron mostrar, sino un campesino con actividades agropecuarias reconocidas en el corregimiento de Puerto Nuevo, del municipio de Versalles, situación que lo obligaba a trasladarse todos los días en un transporte de servicio público, de la vereda la Pradera a su lugar de trabajo, vehículo del cual fue bajado en un retén por algunos miembros del Ejército".

Al elevar el pliego de cargos contra el Capitán Carlos Onofre Báenz Suárez, el Subteniente Iván Giovanni Pachón Jiménez, el Cabo Tercero Werley Vidal Díaz y los soldados profesionales Guillermo Sandoval Rojas y Luís Andrés Rendón la Procuraduría General de la República reprochó a los servidores investigados "que bajo el argumento de encontrarse en un estado de legítima defensa repeliendo un ataque, procedieron a disparar sus armas de dotación oficial contra un ciudadano que se encontraba en estado de indefensión, causando su muerte, incurriendo en una infracción al Derecho Internacional Humanitario".

Así mismo, estimó la Procuraduría que estos integrantes del Ejército "Desbordaron la función pública asignada, pues desviaron la actividad legítima del Estado y ejecutaron una conducta que trascendió al misión constitucional de la fuerza pública, como es la protección a la vida e integridad de las personas, cometiendo un acto ajeno al servicio constitutivo de una violación gravísima de los derechos humanos".

Finalmente, consideró la Procuraduría General de la Nación que los militares pudieron haber incurrido en una violación a los derechos humanos por el homicidio del señor Zuleta Cano, incurriendo en una falta disciplinaria considerada como gravísima de acuerdo con el código disciplinario.
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