12 octubre, 2008

Parapolitica

Verdad Abierta
Paramilitarismo y política
Una mirada general a qué es la parapolítica y hasta dónde se han adelantado los procesos judiciales contra los políticos nacionales, regionales y locales por presuntamente haberse aliado con los jefes paramilitares locales para ganar elecciones a punta de fusil, eliminar a los contendores, capturar rentas públicas o hacerse a tierras ajenas.

La Corte Suprema de Justicia investiga unos 70 congresistas.
A la fecha son 340 los políticos involucrados en el escándalo de la parapolítica en Colombia. En la fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia se investigan congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, contratistas, empleados públicos y políticos que se aliaron con los paramilitares para controlar el poder político en el país. ¿Pero en qué ha consistido el proceso de captura de la política por parte de los paramilitares?

Según la Corporación Nuevo Arco Iris, define el fenómeno como la transformación de la política local después de una expansión violenta del paramilitarismo entre 1997 y el 2003. El estudio señala que tal mutación política se dio en casi la mitad de los departamentos del país donde los partidos tradicionales desaparecieron dando paso a nuevos actores y partidos políticos.

El origen de la parapolítica

Hacia 1996 los paramilitares eran jefes locales relativamente autónomos que surgieron por diferentes razones: unos como grupos contraguerrilla; otros para cuidar negocios del narcotráfico. En 1997, bajo la organización sombrilla de los hermanos Castaño, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las diversas organizaciones quedaron entretejidas en una red para disputarle territorio y negocios a la guerrilla en todo el país. Algunos se plegaron a los Castaño, otros intentaron disputar su poder y perdieron, y muchos narcotraficantes terminaron comprándoles “franquicias” de las Auc, para arropar con cariz político sus actividades delincuenciales. Las AUC siempre fueron una cofradía de enemigos; nunca realmente fueron muy amigos entre sí, ni nunca realmente reconocieron a un jefe.

Año


Número de masacres


Víctimas de las masacres

1997


116


571

1998


113


677

1999


168


929

2000


236


1403

2001


186


1044

2002


115


680

2003


94


504

Total


1028


523

Se lanzaron a conquistar territorios por toda Colombia: hicieron masacres, intimidación, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, y muchos de ellos, hay que reconocerlo, lograron algún tipo de arraigo popular, pues desplazaron a la guerrilla de regiones en las que ésta había abusado de la población con extorsiones, reclutamientos forzados, destrucción, minas antipersona, entre muchas otras estrategias de terror.

Pero el móvil de los paramilitares no sólo era contraguerrillero. También iban detrás del negocio del narcotráfico y querían controlar otras rentas lucrativas: el tráfico ilegal de gasolina; la captura ilegal de rentas del Estado y tajadas en las concesiones privadas de servicios públicos.Además de ellos se robaron millones de hectáreas de tierras de los campesinos que desplazaron.

Y para conseguir todo esto, comprar impunidad en las regiones y vista gorda de la nación, necesitaba el control político. Y qué mejores aliados que los políticos mismos. Esa sociedad les ayudó a políticos y paramilitares a conseguir mayor poder y mayor riqueza. El costo lo pusieron la gente humilde, sin defensa, y las instituciones democráticas que terminaron como cascarones vacíos.

Una investigación de la Fundación Nuevo Arco Iris encontró que había 223 municipios de los 1.030 existentes en el país, donde los paramilitares llegaron a tener presencia, siendo el periodo de 1997 a 2003 el más sanguinario.

¿Cómo lograron los paramilitares esa expansión? ¿Como construyeron la parapolítica? Según los autores del libro Parapolítica, ellos lo hicieron de tres maneras: primero, doblegaron a quienes estaban en la política a través de intimidaciones; segundo, se aliaron con políticos y en algunos casos los sustituyeron por sus propias fichas de dirigentes políticos locales; y tercero, hicieron pactos generales de los cuales, se conocen bien el de Ralito, el de Chivolo, el de Casanare, y el de El Pescado en Caquetá.

Tal panorama fue muy claro para las elecciones de 2002, mientras que en el 2006 su capacidad de influencia fue menor, lo mismo en 2007. ¿Cuál fue el resultado? Hubo decenas de candidatos únicos puestos por ellos. Dividieron el país en distritos electorales que no existen, regiones enteras donde impusieron sus propios mapas y nombraron candidatos.

Senadores como Mauricio Pimiento o representantes como Muriel Benito Rebollo ganaron los comicios con porcentajes altísimos, en algunos casos obteniendo votaciones de hasta el 70, 80 y 90 por ciento, algo sin precedentes en la historia de la política colombiana. Hoy sabemos, que en estos dos casos donde los implicados ya han sido condenados, que en efecto, lo lograron porque los señores de la guerra les abrieron el camino a sangre y fuego.

Al 1 de octubre de 2008, la Fiscalía General de la Nación tenía una lista de 506 servidores públicos investigados: 36 ex congresistas, una ex consejera de estado, 13 gobernadores, 60 alcaldes, 11 ex diputados, 76 ex alcaldes, 28 concejales y 6 ex personeros entre otros.

Hoy en día gracias a las investigaciones de la parapolítica, se conoce lo que, como sucedió en La Guajira y en Soledad, Atlántico, los paramilitares montaban sus empresas de salud y le sacaban plata al Estado para sostener su máquina de guerra. En algunos casos por ejemplo en la Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique), una entidad creada para proteger el medio ambiente en la región del Canal del Dique en la Costa Caribe, se encontró que había paramilitares en la nómina. Es decir, los colombianos con pagaban con sus impuestos nóminas del paramilitarismo.

Por otro lado, hay muchas pistas de que el paramilitarismo también capturó concesiones del Estado a empresas privadas o ayudó a ciertas empresas a ganarlas por la fuerza, pero de esto todavía se sabe muy poco. Y desafortunadamente se está investigando muy poco.

En Barranquilla, por ejemplo, se autorizó la concesión privada de la administración de impuestos de la ciudad; quizás una concesión como pocas en el mundo. Así le entregó la lista de todos los que pagaban impuestos en Barranquilla a una empresa privada de la cual se sabía casi nada. Al poco tiempo fue asesinado en circunstancias relacionadas con peleas de narcotráfico, uno de los socios de la empresa concesionaria.

Hoy la justicia sospecha que algún jefe paramilitar fue o es socio en la sombra de esta empresa porque así lo han denunciado varios ex paramilitares, pero se sabe porque una de las firmas dueñas está inscrita en Panamá y sólo figuran como socios abogados panameños. Si esto es así, da escalofrío pensar que los paramilitares tenían nombres y direcciones de las personas que pagaban impuestos en la ciudad. Este año, el nuevo alcalde de la ciudad Alex Char suspendió unilateralmente la concesión por considerarla lesiva para los intereses de la ciudad.

Desde 2002, los paramilitares infiltraron o intentaron infiltrar varios cargos públicos de alto nivel y estratégicos en los asuntos de manejo de tierras y seguridad. Se está investigando cómo entraron al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al Incoder, que es la oficina que distribuye tierras, a Findeter, que es el departamento que le da créditos agrícolas, y cómo tuvieron presencia en la Dirección Nacional de Estupefacientes, que es la que administra los bienes que le quitan a los narcotraficantes para dárselos en beneficio social a la gente.

Se sabe que infiltraron estas entidades porque algunos de sus funcionarios están siendo investigados por la justicia, en algunos casos los propios directores. Ellos sabían exactamente donde se posicionaban y allá fueron a dar. También hubo personas involucradas con el paramilitarismo que fueron nombrados embajadores. Por ejemplo, el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, denunciado como presunto cómplice de paramilitares hasta en masacres cometidas en la región, fue embajador en Chile.

Cómo se destapó el escándalo

Curiosamente el país, la gente, los medios de comunicación en cierto modo, el país no vio con claridad este proceso de captura del Estado. Se sabía obviamente en las regiones afectadas; todo el mundo lo decía en voz baja, pero poco era esclarecido por la justicia y quedaba en el rumor.

Partido


Senadores


Investigados


Presos


% en parapolítica


Alcaldes elegidos 2003


Alcaldes elegidos 2007


% de variación

Colombia Democrática


3


1


2


100


35


34


-1

Colombia Viva


3


2


1


100


27


13


14

Convergencia Ciudadana


7


5


1


86


21


72


342

Apertura Liberal*


5


3


1


80


24


37


13

Alas Equipo Colombia


5


2


1


60


68


83


15

En 2005 apareció la primera investigación académica mencionada arriba que se preguntaba por las votaciones atípicas que obtuvieron varios congresistas de la Costa Caribe dirigida por la investigadora Claudia López. De ahí siguieron publicaciones de ésta y otras investigaciones periodísticas, sobre todo en prensa escrita, que empezaron a revelar el alcance de la parapolítica.

Quizás esto hubiera sido un escándalo pasajero, si no es porque la Corte Suprema de Justicia no toma la decisión de investigar a fondo, hasta el final, a los congresistas involucrados en las denuncias.

Mientras la Corte y la Fiscalía investigaban, se filtró a la prensa la información capturada por agentes de policía judicial en un computador que la revista Semana llamó “el computador de Jorge 40”, que realmente no era de “Jorge 40”, sino de alias “Don Antonio”, un paramilitar subalterno de “Jorge 40” en el Atlántico. Estos documentos hallados en el computador mostraban la minuciosa contabilidad de las órdenes de asesinato, dónde se habían cumplido, quien la había cumplido, como distribuían las nóminas en Barranquilla. Esas publicaciones le dieron mucha fuerza a los procesos judiciales. De ahí salió, por ejemplo, la investigación de la Fiscalía por posible complicidad al director del DAS, Jorge Noguera, con los paramilitares, que, con tropiezos (fue excarcelado hace poco por fallas en el proceso), aún está bajo investigación.

La otra fuente del destape paramilitar ha sido el proceso de Justicia y Paz. Como la Ley de Justicia y Paz ofrece penas alternativas más bajas a los ex jefes paramilitares que colaboren con la justicia y cuenten toda la verdad y quiénes fueron sus cómplices en las entidades del Estado, muchos de ellos, como por ejemplo alias HH, han mencionado nombres de políticos, empresas o militares, de los que aseguran fueron sus aliados. Será tarea de fiscales y magistrados de Justicia y Paz, verificar estas acusaciones y condenar a quiénes resulten culpables.

Según fuentes de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, prácticamente todos los días ésta pasa copias a la Corte Suprema o a las otras unidades de la Fiscalía para que investiguen vínculos entre políticos nacionales o locales y paramilitares.

Una justicia independiente

De las 340 investigaciones a políticos 3 ex gobernadores y 14 ex congresistas ya han sido sentenciados. (A la fecha 60 congresistas son investigados y más de la mitad de ellos están en la cárcel).

Hernando Molina Araujo, hijastro del Procurador General de la Nación ha sido acusado por la Fiscalía a pesar del peso que ha tenido su familia en la región del Cesar. Su mamá, Consuelo Araújo Noguera, fue una mujer muy importante para la cultura colombiana, asesinada por las Farc. Es un caso muy emblemático y aún así, la justicia no le ha temblado el pulso para acusarlo. Falta que un juez decida si es culpable o no.

Álvaro Araujo es hermano de la entonces Canciller, Consuelo Araújo, y también, junto con su padre del mismo nombre y recientemente capturado en Venezuela y deportado a Colombia, fue acusado de posible complicidad con el paramilitarismo y está siendo juzgado de conspirar para cometer secuestro. Su caso por presunto concierto para delinquir en complicidad con el paramilitarismo también está ante un juez que deberá determinar si es culpable o si como él lo sostiene hasta hoy, es inocente.

Mario Uribe, senador de la república, primo segundo del presidente Uribe, pero más importante, el gran aliado político suyo de toda una vida, es investigado por la Fiscalía que lo procesa por posible concierto para delinquir agravado por sus presuntas relaciones con el paramilitarismo. El senador Uribe fue el ponente coordinador de la Ley de Justicia y Paz ante en Congreso, que es la ley que enmarcó la desmovilización y desarme de las AUC. La Fiscalía, que lo había puesto preso, luego decidió que las pruebas no eran tan contundentes o graves, y lo excarceló, pero su caso sigue siendo investigado. Otros casos de parapolítica en Antioquia están siendo investigados por la Corte.

Otros ejemplos en que la Justicia parece estar actuando con mucha independencia frente al Ejecutivo y al Legislativo: Rubén Darío Quintero fue secretario privado del gobernador Álvaro Uribe, fue puesto en la cárcel y las congresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda que defendieron el proceso de Justicia y Paz y llevaron a los paramilitares al Congreso a defenderlo, aceptaron sus cargos y está condenadas. También ya aceptó los cargos la senadora Muriel Benito Rebollo, y sus tres hermanos están siendo investigados por haber armado un cartel del narcotráfico.

Tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como la Fiscalía, han podido fortalecer sus equipos investigativos y ampliar su planta de personal para hacer una mejor labor.

Los problemas y desafíos

Ha habido problemas y hay preocupación porque las investigaciones de la parapolítica se queden en unos cuántos chivos expiatorios y paren allí.

Algunos fiscales han sido muy lentos y sus casos no avanzan o se han cometido errores. Los casos de Noguera y de Mario Uribe han sido erráticos.

Recientemente, la Corte Suprema decidió, por una decisión de 5 a 4, que el fuero del congresista se pierde al renunciar a su curul. La tesis derrotada establecía que el fuero de los congresistas se mantenía así renunciaran a su curul por hechos cometidos durante el desempeño de sus funciones o ejerciendo el cargo, y por esta razón deberían ser juzgados por la Corte.

También ha habido una presión directa del propio Presidente y de algunos miembros de su gobierno sobre la justicia en los casos que más cerca lo tocan, según lo han denunciado los medios y también los propios magistrados de la Corte Suprema. Uribe demandó al entonces presidente de la Corte Suprema, Cesar Julio Valencia supuestamente por calumnia e injuria. También pidió una investigación al magistrado auxiliar, Iván Velásquez, coordinador de la investigación de la parapolítica, porque un ex paramilitar alias Tasmania lo acusó de haberle ofrecido beneficios judiciales a cambio de que denunciara al Presidente. Meses después alias Tasmania se retractó de su testimonio y confesó que había sido instruido por su abogado, el mismo abogado de un narcotraficante emparentado políticamente con el senador Mario Uribe, dar ese falso testimonio contra el magistrado.

Después, en otro escándalo que involucró a algunas figuras de la Casa de Nariño, el propio presidente Uribe aceptó públicamente que sus asistentes había recibido a un ex paramilitar, involucrado con la tenebrosa Oficina de Envigado, alias Job y al abogado de otro ex jefe paramilitar alias Don Berna, porque ellos habían dicho que tenían pruebas de un supuesto complot de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia contra le Presidente. Al quedar al descubierto esa treta, surgió con nitidez el intento del Ejecutivo por presionar a los magistrados de la Corte en los juicios que llevan contra algunos de los congresistas de partidos que forman la coalición de gobierno.

El académico, Luis Jorge Garay, quien realizó un trabajo para Transparencia Internacional sobre el tema, dice que ha habido intentos fracasados de varios de los grupos ilegales y grupos de narcotraficantes de capturar al Estado colombiano. Primero fue el Cartel de Medellín, luego el de Cali, cuando el proceso 8.000, pero, dice Garay, esta vez es más grave que han fracasado en el caso del cartel de Cali del cartel de Medellín, pero que esta vez hay un riesgo mucho mas grave porque no solo quieren capturar el Estado sino transformarlo en el camino para que sirva a sus intereses.

Hay muchos negocios de parapolíticos que no se han empezado ni a investigar y quizás ya están totalmente legalizados. Hay muchas figuras de la empresa privada, de las Fuerzas Armadas, de la política, que no se han tocado. Hay muchas prácticas que se han vuelto normales en la política local y hay muchos partidos políticos creados para darle poder al paramilitarismo, que siguen intactos.

En suma, hay razones para aplaudir el esfuerzo que ha hecho la justicia colombiana para destapar la verdad de los vínculos entre política y paramilitarismo, pero también hay motivos de preocupación. Sólo la participación activa y vigilante de organizaciones cívicas, ciudadanas y de organismos internacionales, permitirán que las investigaciones y las sanciones jurídicas y sociales continúen, y que los controles políticos se ponga a marchar para que no siga sucediendo.





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