14 de julio de 2008, 10:07 AMLa Haya, 14 jul (EFE).- El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió hoy una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bachir, por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas en cinco años de conflicto.
DARFUR
Aunque otros jefes de Estado (el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor) ya fueron inculpados por Tribunales internacionales, es la primera vez que una Corte de carácter permanente acusa a un mandatario en funciones.
Milosevic, que falleció en su celda por un ataque cardíaco antes de que acabara su juicio, fue inculpado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y Taylor ha sido perseguido desde marzo de 2003 por el Tribunal Especial de Sierra Leona.
La fiscalía de la CPI sostiene que Al Bachir "creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawau", las cuales, según Moreno Ocampo, constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, sobre los 4,5 millones de habitantes de Darfur.
La acusación contempla diez cargos: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación.
Para Moreno Ocampo, las etnias fur, masalit y zaghawau "constituían una amenaza contra el poder" de Al Bachir quien "tenía intención de cometer genocidio", aunque la motivación de sus actos fuese el "control de su poder".
"Está claro que cada gobierno tiene derecho a controlar su territorio, pero ningún gobierno tiene derecho a cometer genocidio para controlarlo", dijo Moreno Ocampo en rueda de prensa.
El fiscal explicó que "el miedo, el hambre y la violación de mujeres y niñas son las armas más eficientes para cometer genocidio", un crimen que "todavía sigue produciéndose" en Darfur.
Centrándose especialmente en el crimen de violación, Moreno Ocampo denunció que es utilizado "para matar el espíritu de un grupo".
Según el fiscal, "lo que ha pasado en Darfur es consecuencia de la voluntad de Al-Bachir (..) que tiene control absoluto en Sudán".
Bajo las órdenes de Al Bachir, al que acusó de haber instaurado la milicia "Yanyahuid" en el país, se atacó primero las tierras de esas tres etnias, en ataques "cuya selección está absolutamente centrada en la etnicidad".
Luego, según el fiscal, se les continuó atacando en los campos de detención, donde, a través del también inculpado por la CPI, el secretario de Estado de Asuntos Humanitarios, Ahmad Mohamed Harun, se les privó "de medios y de condiciones".
Moreno Ocampo puntualizó que aunque el número de muertos en Darfur se estima entre 180.000 y 300.000 personas, "las víctimas de genocidio son 2,5 millones".
El fiscal afirmó que las autoridades judiciales sudanesas "no realizan ninguna investigación sobre estos crímenes", lo cual es una norma para que un caso sea elevado a una Corte internacional.
Moreno Ocampo presentó hoy a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur, pero según las normas de funcionamiento de la Corte, consagradas en el Estatuto de Roma, la decisión de emitir una orden de arresto está ahora en manos de los jueces.
Los magistrados de la sala preliminar de la CPI analizarán si las pruebas mostradas constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto contra el presidente de Sudán solicitada por la fiscalía.
El fiscal de la CPI puntualizó que los jueces "pueden aceptar, pedir modificaciones o rechazar" su solicitud.
Este procedimiento, añadió, "suele durar entre dos y tres meses" pero puntualizó que "este caso es complicado" y que los jueces no tienen límite de tiempo para pronunciarse.
La CPI anunció el pasado mayo que había emitido órdenes de detención contra el ex viceministro del Interior sudanés, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de la milicia "Yanyauid", Ali Kushayb.
Tras conocerse la acusación en La Haya, la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en la región (UNAMID), que cuenta con unos 9.000 efectivos en la zona, ha anunciado la "suspensión indefinida" de sus actividades como prevención ante un posible brote de la violencia.
El gobierno de Sudán ya ha rechazado la acusación y ha mantenido no reconocer las competencias de la CPI.
La petición del fiscal de la CPI de que los jueces emitan una orden de arresto contra Al Bachir fue recibida con entusiasmo por diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre ellas la Federación Internacional de las ligas de Derechos Humanos (FIDH) o Human Rights Watch.
Sudán, la mayor nación del continente africano, sufre múltiples divisiones religiosas, étnicas y socio-económicas, acentuadas por las luchas para apropiarse las riquezas naturales, desde que en 1978 se descubriera petróleo al sur del país.
0 comentarios :
Publicar un comentario