Justicia y Paz. Un informe presentado por Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, pone sobre el tapete que las víctimas de los paramilitares en Colombia están desprotegidas.
El informe de IMP revela los riesgos que enfrentan las víctimas, en especial mujeres, a la hora de denunciar delitos cometidos en su contra.
La organización Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, criticó en un estudio reciente la forma como se ha implementado la ley de Justicia y Paz, en particular, los problemas de seguridad y las dificultades que tienen las víctimas para denunciar los hechos delictivos.
En el informe titulado Justicia y seguridad para las víctimas del conflicto armado uno de los temas centrales es la garantía de protección y seguridad para las víctimas que denuncian hechos delictivos.
Muchas de las víctimas, señala el documento, no denuncian por el miedo a las represalias. IMP cita una encuesta realizada por Fundación Social en la que un alto porcentaje de las víctimas señalan que no denuncian por temor.
IMP menciona el caso de Yolanda Izquierdo, una lider comunitaria del departamento de Córdoba que fue asesinada en febrero de 2007 por reclamar la devolución de las tierras a 700 familias desplazadas por paramilitares. La Ong también cita los asesinatos de Carmen Cecilia Santana, Osiris Amaya Beltrán y Judith Vergara Correa, líderes comunitarias, cuyos crímenes que IMP asocia con las reclamaciones de los despojados.
El estudio además establece que otro de los obstáculos que enfrentan las víctimas es que el gobierno no ha implementado un sistema de información que las ayude a denunciar los crímenes que cometieron en su contra. IMP denuncia lo que llaman 'el paseo', que hace referencia a la cantidad de trámites y dependencias a las cuales tiene que acudir una víctima para validar su denuncia. Por eso recomiendan mejorar la calidad de atención y darle más agilidad en los procesos.
También que el escaso número de defensores públicos hace que buena parte de las víctimas no sean atendidas. Citan el caso de Medellín en donde por cada 700 víctimas hay un defensor de oficio, mientras que en Bogotá por cada 105 víctimas hay uno, y en Barranquilla, uno por cada 350.
El temor que expresa IMP es que muchas víctimas del conflicto armado sean desatendidas. Además menciona que es necesaria una atención psicosocial a las personas afectadas, en especial, a las mujeres que han sido violadas o ultrajadas sexualmente.
Demoras en versión libre
El informe también crítica que después de cuatro años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz sólo una tercera parte de los 3.711 postulados haya finalizado las versiones libres. Esto equivale a 1.205 postulados de los cuales sólo 5 personas han ratificado su sometimiento a la ley.
El informe denuncia que existieron problemas desde la primera elaboración de la lista de postulados, ya que la gran mayoría de desmovilizados no tenía ni siquiera una investigación preliminar. Incluso, hoy en día se desconoce el paradero de más del 80 por ciento de los postulados.
Según IMP, faltarían por lo menos seis años para terminar con todas las diligencias de versión libre. "Unicamente el 2,5 por ciento de los postulados pasaría a la formulación de imputación de cargos. De corroborarse esta hipótesis, podría ser que la ley de justicia y paz se hubiese definitivamente establecido para el juzgamiento de no más de 120 jefes y miembros vinculados con las organizaciones paramilitares".
En últimas, para IMP a pesar del bajo número de paramilitares juzgados, esto prodría significar un gran aporte al conocimiento de los crímenes.
Las mujeres en el conflicto
El documento advierte que las mujeres sobrevivientes siguen siendo vulnerables por la inatención que reciben.
La preocupación se debe a que muchas de ellas son madres cabeza de familia y viven en una situación de pobreza. A pesar de esto, un estudio del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz también citado en este informe, revela que el 70 por ciento de las personas que denuncian son mujeres.
Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. Llama la atención que el bajo número de denuncias y también de confesiones de los paramilitares relacionadas con crímene sexuales. Por ejemplo. Según el estudio, hasta junio de 2008 existían apenas habían 110 denuncias, mientras que los paramilitares sólo han confesado en Justicia y Paz 29 casos de violencia sexual. Esta cifra no alcanza a ser ni el uno por ciento de los casi 30 mil hechos confesados por los 'paras'.
IMP cuestiona el bajo nivel de denuncias de estos crímenes, y más cuando se ha documentado que los paramilitares abusaron de las mujeres como arma de guerra. El informe retoma información presentada por la Corte Constitucional en la que se confirma que en nueve masacres violaron y abusaron de las mujeres.
Además aclara que cuando se habla del delito de violencia sexual no sólo hace referencia a la violación como tal, sino que existen otras formas como es la prostitución forzada, el aborto forzado, el manoseo al cuerpo y el sometimiento.
La reparación
El informe del IMP también revela dificultades en la entrega de bienes destinados a la reparación de víctimas.
Este problema, según el documento, se debe a la imprevisión e incumplimiento de la Ley desde el inicio, que establecía para ser postulado en Justicia y Paz los desmovilizados deben entregar los bienes. Del mismo modo, resalta la apatía de ciertas instituciones públicas para agilizar la reparación.
El informe asegura que sólo 25 postulados han entregado bienes a Acción Social. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo que tienen cerca de 10.000 millones de pesos en efectivo y en especie, y que aún faltan al menos 100.000 millones más en propiedades que están en proceso de extinción de dominio. Sin embargo, para IMP estas cifras son insuficientes para las 138.000 víctimas que aparecen registradas oficialmente, muchas de las cuales fueron despojadas de sus tierras.
En cuanto a la restitución de tierras, el informe califica de imposible una solución en el contexto colombiano, ya que de los siete millones de hectáreas que deberían ser entregadas a los desplazados, sólo se han devuelto 60 mil. Además, aún no hay una cifra exacta de hectáreas robadas ya que en algunos informes se habla de 10 millones mientras otros dicen que son sólo tres millones de hectáreas.
Ley contra las víctimas
Por último, el documento critica el proyecto de Ley de Víctimas que cursa en el Congreso porque en teoría no garantizaría la reparación de las víctimas. IMP asegura que de ser aprobada la ley, negaría derechos como el principio de favorabilidad y buena fe para acreditar la condición de víctimas.
Otra de las críticas es el trato discriminatorio de la ley porque excluye a las víctimas de crímenes de Estado. Mientras los afectados por grupos armados pueden acceder a la reparación únicamente con una prueba que los acredite como tales, sin requerir una sentencia judicial previa, las víctimas de agentes del Estado tendrán que denunciar formalmente los hechos y esperar que la justicia los reconozca como víctimas.
Para IMP, la Comisión Primera de la Cámara dejó en manos del gobierno el establecimiento de los requisitos que deben presentar las víctimas para ser incluidos dentro del sistema de reparación, lo que podría dilatar el proceso ya que las víctimas tendrían que presentar muchas pruebas para acreditar su condición.
El informe de IMP revela los riesgos que enfrentan las víctimas, en especial mujeres, a la hora de denunciar delitos cometidos en su contra.
La organización Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, criticó en un estudio reciente la forma como se ha implementado la ley de Justicia y Paz, en particular, los problemas de seguridad y las dificultades que tienen las víctimas para denunciar los hechos delictivos.
En el informe titulado Justicia y seguridad para las víctimas del conflicto armado uno de los temas centrales es la garantía de protección y seguridad para las víctimas que denuncian hechos delictivos.
Muchas de las víctimas, señala el documento, no denuncian por el miedo a las represalias. IMP cita una encuesta realizada por Fundación Social en la que un alto porcentaje de las víctimas señalan que no denuncian por temor.
IMP menciona el caso de Yolanda Izquierdo, una lider comunitaria del departamento de Córdoba que fue asesinada en febrero de 2007 por reclamar la devolución de las tierras a 700 familias desplazadas por paramilitares. La Ong también cita los asesinatos de Carmen Cecilia Santana, Osiris Amaya Beltrán y Judith Vergara Correa, líderes comunitarias, cuyos crímenes que IMP asocia con las reclamaciones de los despojados.
El estudio además establece que otro de los obstáculos que enfrentan las víctimas es que el gobierno no ha implementado un sistema de información que las ayude a denunciar los crímenes que cometieron en su contra. IMP denuncia lo que llaman 'el paseo', que hace referencia a la cantidad de trámites y dependencias a las cuales tiene que acudir una víctima para validar su denuncia. Por eso recomiendan mejorar la calidad de atención y darle más agilidad en los procesos.
También que el escaso número de defensores públicos hace que buena parte de las víctimas no sean atendidas. Citan el caso de Medellín en donde por cada 700 víctimas hay un defensor de oficio, mientras que en Bogotá por cada 105 víctimas hay uno, y en Barranquilla, uno por cada 350.
El temor que expresa IMP es que muchas víctimas del conflicto armado sean desatendidas. Además menciona que es necesaria una atención psicosocial a las personas afectadas, en especial, a las mujeres que han sido violadas o ultrajadas sexualmente.
Demoras en versión libre
El informe también crítica que después de cuatro años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz sólo una tercera parte de los 3.711 postulados haya finalizado las versiones libres. Esto equivale a 1.205 postulados de los cuales sólo 5 personas han ratificado su sometimiento a la ley.
El informe denuncia que existieron problemas desde la primera elaboración de la lista de postulados, ya que la gran mayoría de desmovilizados no tenía ni siquiera una investigación preliminar. Incluso, hoy en día se desconoce el paradero de más del 80 por ciento de los postulados.
Según IMP, faltarían por lo menos seis años para terminar con todas las diligencias de versión libre. "Unicamente el 2,5 por ciento de los postulados pasaría a la formulación de imputación de cargos. De corroborarse esta hipótesis, podría ser que la ley de justicia y paz se hubiese definitivamente establecido para el juzgamiento de no más de 120 jefes y miembros vinculados con las organizaciones paramilitares".
En últimas, para IMP a pesar del bajo número de paramilitares juzgados, esto prodría significar un gran aporte al conocimiento de los crímenes.
Las mujeres en el conflicto
El documento advierte que las mujeres sobrevivientes siguen siendo vulnerables por la inatención que reciben.
La preocupación se debe a que muchas de ellas son madres cabeza de familia y viven en una situación de pobreza. A pesar de esto, un estudio del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz también citado en este informe, revela que el 70 por ciento de las personas que denuncian son mujeres.
Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. Llama la atención que el bajo número de denuncias y también de confesiones de los paramilitares relacionadas con crímene sexuales. Por ejemplo. Según el estudio, hasta junio de 2008 existían apenas habían 110 denuncias, mientras que los paramilitares sólo han confesado en Justicia y Paz 29 casos de violencia sexual. Esta cifra no alcanza a ser ni el uno por ciento de los casi 30 mil hechos confesados por los 'paras'.
IMP cuestiona el bajo nivel de denuncias de estos crímenes, y más cuando se ha documentado que los paramilitares abusaron de las mujeres como arma de guerra. El informe retoma información presentada por la Corte Constitucional en la que se confirma que en nueve masacres violaron y abusaron de las mujeres.
Además aclara que cuando se habla del delito de violencia sexual no sólo hace referencia a la violación como tal, sino que existen otras formas como es la prostitución forzada, el aborto forzado, el manoseo al cuerpo y el sometimiento.
La reparación
El informe del IMP también revela dificultades en la entrega de bienes destinados a la reparación de víctimas.
Este problema, según el documento, se debe a la imprevisión e incumplimiento de la Ley desde el inicio, que establecía para ser postulado en Justicia y Paz los desmovilizados deben entregar los bienes. Del mismo modo, resalta la apatía de ciertas instituciones públicas para agilizar la reparación.
El informe asegura que sólo 25 postulados han entregado bienes a Acción Social. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo que tienen cerca de 10.000 millones de pesos en efectivo y en especie, y que aún faltan al menos 100.000 millones más en propiedades que están en proceso de extinción de dominio. Sin embargo, para IMP estas cifras son insuficientes para las 138.000 víctimas que aparecen registradas oficialmente, muchas de las cuales fueron despojadas de sus tierras.
En cuanto a la restitución de tierras, el informe califica de imposible una solución en el contexto colombiano, ya que de los siete millones de hectáreas que deberían ser entregadas a los desplazados, sólo se han devuelto 60 mil. Además, aún no hay una cifra exacta de hectáreas robadas ya que en algunos informes se habla de 10 millones mientras otros dicen que son sólo tres millones de hectáreas.
Ley contra las víctimas
Por último, el documento critica el proyecto de Ley de Víctimas que cursa en el Congreso porque en teoría no garantizaría la reparación de las víctimas. IMP asegura que de ser aprobada la ley, negaría derechos como el principio de favorabilidad y buena fe para acreditar la condición de víctimas.
Otra de las críticas es el trato discriminatorio de la ley porque excluye a las víctimas de crímenes de Estado. Mientras los afectados por grupos armados pueden acceder a la reparación únicamente con una prueba que los acredite como tales, sin requerir una sentencia judicial previa, las víctimas de agentes del Estado tendrán que denunciar formalmente los hechos y esperar que la justicia los reconozca como víctimas.
Para IMP, la Comisión Primera de la Cámara dejó en manos del gobierno el establecimiento de los requisitos que deben presentar las víctimas para ser incluidos dentro del sistema de reparación, lo que podría dilatar el proceso ya que las víctimas tendrían que presentar muchas pruebas para acreditar su condición.
Señores, sabían que la denominada Agencia de Defensa Juridica del Estado, entidad con nomina millonaria, defiende los militares y no la verdad, en el caso del del Palacio deJusticia? Que ademas esa Agencia defiende el fuero Militar? Como si fuera poco el Gobierno va a pagar un credito millonario al Banco Interamericano dizque para apoyar la Agencia? Que hace el Banco Interamericano prestando a una Agencia que desconoce las victimas y desaparecidos en Colombia? Por qué los colombianos debemos pagar con nuestros impuestos ese credito? Además la persona que es directoa de esa Agencia, Adriana Guillen, tiene demandado al Estado Colombiano por cifra millonaria para que le paguen bonificaciones adicionales de cuando fue magistrada de una alta corte de juusticia? La que defiende al Estado tiene demandado al Estado, eso solo ocurre en Colombia. Por eso estamos como estamos.Y nadie dice nada...
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