Semana. De tantas noticias, reacciones de indignación y explicaciones insuficientes que sobre falsos positivos se han hecho en Colombia, es difícil saber cuál es el mapa real de este delito que ha tenido rostro gracias, en parte, a la valentía de los familiares de las víctimas que últimamente se han atrevido a denunciar sus tragedias ante las autoridades.Sin embargo, un informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía conocido por Semana.com dilucida en qué van las investigaciones que se adelantan contra algunos miembros de la fuerza pública por ejecuciones extrajudiciales (inlcuidos falsos positivos). Las cifras oficiales reflejan la gravedad de este atroz delito.
Hasta hoy, 426 militares han ido a la cárcel por participar en ejecuciones extrajudiciales. La cifra que corresponde, según una fuente de la Fiscalía, a las detenciones hechas en los dos últimos años es sin duda escandalosa. Ese número de militares es aproximadamente el número de soldados que componen un batallón completo.
Precisamente este miércoles un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ordenó la detención del coronel activo del Ejército José Gabriel Castrillón García, ex comandante de un batallón en Carepa (Antioquia), a quien se le acusa de participar en el crimen de cuatro jóvenes que fueron ilegalmente presentados como guerrilleros muertos en combate en Acandí, Chocó, el 12 de febrero de 2004. El alto oficial capturado figura entre un grupo de 12 militares también con órdenes de detención por este hecho.
Pero más reveladores resultan aún otros datos de la Fiscalía sobre dónde o quiénes han cometido este delito en los últimos 10 años.
Por ejemplo, hasta el pasado 15 de abril había 143 oficiales (entre ellos 11 coroneles), 167 suboficiales y 655 soldados profesionales del Ejército vinculados a investigaciones por falsos positivos. De todos estos casos, se han proferido 46 condenas.
Hasta la misma fecha, de la Armada había tres oficiales, 16 suboficiales y un marinero investigados. De la Policía estaban vinculados tres oficiales (dos coroneles y un capitán), 13 suboficiales y cuatro agentes. Y del DAS había cuatro detectives investigados.
En total hay 67 uniformados condenados y otros dos se encuentran en etapa de juicio oral.
La brecha entre las investigaciones contra miembros del Ejército y otros miembros de la fuerza pública se explica por al menos dos razones. Primero, el Ejército es la fuerza con más hombres (cerca de 250.000) y es también la más expuesta al fragor diario de la guerra. Pero también reitera las fallas de comando y control de algunas unidades sobre sus hombres en este brazo de la Fuerzas Armadas. Esto extiende la responsabilidad de los uniformados que cometieron de facto los delitos (militares de bajo rango), a los mandos cuya función era dirigirlos y vigilarlos (comandantes del Ejército, de Divisiones o Brigadas).
En total, la Fiscalía lleva en la actualidad 1.009 investigaciones por denuncias de falsos positivos en todo el país. Estas investigaciones involucran el asesinato por parte de miembros de la fuerza pública de 1.666 personas.
“Esto no quiere decir que en todas se haya comprobado que fueron miembros de la fuerza pública los que cometieron estos crímenes”, aclaró el pasado lunes el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien asegura que sólo después de octubre pasado se ha presentado un caso de falso positivo, comprobado, en Córdoba.
En efecto, por el caso de la masacre de San José de Apartado (un caso de ejecución extrajudicial, pero no falso positivo, pues las víctimas no fueron reportadas como muertos en combate), la Fiscalía ordenó capturar a 60 militares de un tacazo, de los cuales hoy sólo 18 siguen detenidos o vínculados a la investigación.
Otro dato revelador de las investigaciones de los fiscales son las zonas donde se concentran las denuncias por estos crímenes de la fuerza pública contra civiles.
Las zonas
Según la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, desde 1985 hasta 2008 en Antioquia se presentaron 292 denuncias de falsos positivos. Esto coincide con las múltiples denuncias contra las brigadas de Carepa y del Valle del Aburrá, lamentablemente reconocidas por hacer pasar civiles muertos como delincuentes muertos en combate. Les siguen Meta (con 118 casos), Norte de Santander (con 66) y Cesar (con 41) (Ver mapa para ver otros departamentos).
Así mismo, los casos de ejecuciones comenzaron a repuntar en el 2002, el primer año en el que se empezó a poner en práctica la Política de Seguridad Democrática, con un alta exigencia en resultados operativos, y para esa epoca, una escasa formación en derechos humanos.
En 1998, a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llegaron denuncias de seis casos, al año siguiente se conocieron 4, en el 2000 hubo nuevamente 4 y en el 2001 se presentaron 3. Pero la historia cambió en el 2002 cuando se presentaron 10 investigaciones; en el 2003, 36; en el 2004, 84; en el 2005, 112; en el 2006, 197 y en el 2007, 370, de lejos el año en el que más investigaciones por falsos positivos se presentaron. Ya en 2008 esta cifra descendió vertiginosamente a 92.
Sobre este tema, el Presidente de la República, así como el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y los mandos militares, han mostrado su preocupación y dicen estar comprometidos en erradicar este problema de raíz. El gesto más notorio de su intención de eliminar el problema fue la destitución fulminante de 30 militares, entre ellos 3 generales en octubre de 2008 por estos casos. Igualemnte los controles y la vigilancia en las unidades militares se ha fortalecido.
Justo ayer miércoles, en la clausura de un congreso sobre desarme y reintegración que se celebró en Cartagena, el presidente Uribe pidió solidaridad con los militares que injustamente terminan en la cárcel por razones del servicio.
“Así como hay violaciones de Derechos Humanos, que se conocen y se sancionan, y que esperamos que sean cuento del pasado y se superen totalmente, también pululan las falsas acusaciones”, aseguró Uribe.
Así mismo, pidió celeridad en la implementación de un sistema de defensa judicial para militares y policías, ya que es "muy desmotivante" que el Estado no los defienda y tengan que invertir recursos propios en la defensa por acciones del servicio. “Uno de los esfuerzos que tiene que hacer Colombia de inmediato, es organizar la defensa judicial de nuestros soldados y policías. La falta de un Estado que los defienda los desmotiva. Los desmotiva mucho en sus ingresos. La contratación de abogados para cualquier defensa (con recursos propios) se constituye en una tragedia”, aseguró.
De cualquier forma, no deja de ser preocupante que casi el equivalente a un batallón haya sido capturado por asesinar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros o militares y así obtener aplausos inmerecidos y bonificaciones manchadas con sangre.
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