Misión internacional de observación judicial en el juicio de Noguera

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo.Hoy 1º de febrero de 2010 se dió inicio al juicio contra el ex-Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, estarán presentes en esta ocasión realizando una observación judicial a manos de una abogada francesa.

Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

Hoy se inició el juicio contra el Sr. Noguera por los presuntos delitos de “homicidio agravado” y “concierto para delinquir agravado”, entre otros. A lo largo de este juicio se presentarán las múltiples pruebas que parecen atestar que el Sr. Noguera utilizó su cargo como Director del DAS para establecer listas de sindicalistas, defensores de derechos humanos y de personas de la oposición, en aras de transmitirlas a líderes paramilitares para su persecución, contribuyendo de esa forma al asesinato en 2004 del profesor Alfredo Correa D’Andreis, la periodista y sindicalista Zully Esther Codina y el ex-parlamentario Fernando Pisciotti, como autor mediato a través de aparatos organizados de poder. El Sr. Noguera ocupó un lugar privilegiado en esta estructura que le permitió tener el control y el dominio de los hechos criminales.

Las actividades de inteligencia y de recolección de información desempeñadas por el DAS, dependencia de la Presidencia de la República, deben llevarse a cabo bajo el marco del respeto de las garantías constitucionales y de los derechos humanos en conformidad con la Constitución y la ley. Sin embargo, esta institución se ha convertido en un instrumento para llevar a cabo operaciones de inteligencia ofensiva al margen de la ley y en detrimento de los derechos humanos. Este juicio resulta entonces de suma importancia para esclarecer los vínculos existentes entre los agentes del Estado, incluso en su más alto nivel, y los grupos paramilitares, en la comisión de crímenes tan graves como el de homicidio, en particular en contra de defensores.

El Observatorio llama a la aplicación de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular su artículo 9: “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a (...) denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida”.

El Observatorio solicita a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades colombianas que se garanticen todos los principios del debido proceso y que se vele por la seguridad e integridad de todos los que participen en este juicio: defensores de derechos humanos, abogados, jueces, víctimas y testigos. Espera asimismo que ésta sea la ocasión para todas las víctimas de acceder a sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral y que este juicio logre revelar los vínculos existentes entre los paramilitares y la clase política a fin de luchar contra esta infiltración criminal en el Estado colombiano.

Contactos prensa:

· FIDH: Karine Appy, Gaël Grilhot: + 33 1 43 55 25 18

· OMCT: Eric Sottas: + 41 22 809 49 39

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Gobierno colombiano incentiva la guerra en las comunas de Medellin

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo El presidente de Colombia Álvaro Uribe en una visita a la ciudad de Medellín realizada el martes 27 de enero del 2009, propuso la creación de una red de cooperantes del Ejercito Nacional conformada por 1.000 (mil), estudiantes de la ciudad, para que ayuden a la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen, los cuales recibirían un aporte de cien mil pesos mensuales (100.000$) que equivalen a 50 dólares. Días después, desde la ciudad de Davos en Suiza, confirmó su propuesta aclarando que se trataría de jóvenes mayores de 18 años.



Ante esta propuesta la RED JUVENIL DE MEDELLIN, organización de jóvenes que promueve desde hace 20 años el antimilitarismo, la noviolencia y la objeción de conciencia, como formas de construir relaciones humanas que permitan la superación de las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia y apostarle a una sociedad desmilitarizada, quiere hacer las siguientes apreciaciones.

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La historia de la ciudad de Medellín ha estado por décadas transversalizada por una profunda situación de conflicto urbano que ha implicado que por años, grupos al margen de la ley controlen los barrios de la ciudad. Esta difícil situación se ha presentado, por un lado, por la legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos y como mecanismo de control de la población; pero por otro, se ha sostenido por las difíciles condiciones materiales en las que se encuentran los habitantes principalmente de los sectores populares, pues son notables las dificultades económicas, la situación de pobreza, el problema de desplazamiento que se concentra en las periferias de la ciudad, y el poco acceso a los derechos. Este complejo contexto, además mediado por la situación de orden público en el que se encuentra el país desde hace décadas, hace que hoy en Medellín, según informes de organizaciones sociales y la misma oficialidad, hagan presencia alrededor de 300 bandas organizadas que concentran cerca de 6.000 personas armadas.

Esta situación lleva años de conocimiento de sectores de organismos del estado, sectores económicos y políticos, que tal como lo han mostrado las investigaciones resientes, han legitimado, apoyado y negociado con estos grupos armados; pues hay bandas que llevan más de 15 años en la ciudad.

Una situación como está implica que el Estado mire mas allá, comprenda la verdadera dinámica del conflicto urbano de Medellín, y se atreva tomar medidas que realmente solucionen de raíz el problema y no lo agudicen, como pasaría con medidas como estas. Y tal como ha pasado con medidas cortoplacistas como las que se han tomado en ocasiones anteriores; pues mientras se desconozca, que el problema es estructural y que se hace necesario resolverlo, la situación continuara empeorando como lo muestran no solo los índices de homicidios, sino también los de pobreza, desempleo formal y exclusión social.

Como agravante de esta situación en la ciudad se encuentra la desconfianza que siente la población por las actuaciones de la fuerza pública en algunos sectores y por los cuales algunos funcionarios se encuentran procesados; así como de los demás organismos del Estado y sectores políticos, de lo cual ya se han arrojado investigaciones.

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Esta medida, lo que traerá consigo es la agudización del conflicto urbano que vive la ciudad; al generar más desconfianza entre los pobladores y por tanto un escenario de mayor confrontación armada. *

Se incurre en una Violación del derecho internacional humanitario, pues esta medida es una falta contra el principio de distinción que implica la separación de la población civil dentro de la confrontación; esta medida, es una forma de involucrar a la población, escaza de dinero, dentro de la dinámica de la guerra, la cual, la sociedad ha manifestado que rechaza y repudia. *

El mensaje implícito que hay detrás de medidas como estas es “que la guerra si paga”, pues buena parte de la ayuda internacional que recibe el Estado colombiano se va para asuntos militares, igual pasa con los impuestos de los colombianos. Mensaje que por ningún motivo aceptamos y reconocemos como nuestro; pues la guerra y los procesos de militarización de la población civil son actos que rechazamos y consideramos contrarios a cualquier construcción de sociedades libres. *

Los que se evidencia ante medidas como estas es un notorio fracaso de la política de seguridad democrática, que además de no poder resolver de raíz sus promesas con relación a los grupos insurgentes, ha sido garrafal su fracaso en las zonas urbanas en donde no ha podido siquiera lograr el control territorial; pues hay notorios sectores de la ciudad en los cuales la presencia de grupos armados al margen de la ley es evidente.

Como si fuera poco, los procesos de reinserción, de justicia y paz, de negociación con las bandas y de sometimiento a la justicia; que desde el principio organizaciones sociales y no gubernamentales llamamos la atención sobre su fracaso e inconveniencia; hoy muestran con hechos que realmente no pudieron resolver la situación de orden público.

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Medidas como estas fortalecen la estigmatización de la población juvenil, que además de poner la mayoría de muertos en la ciudad, también son objeto de las medidas de control por parte del Estado y ahora el propio gobierno nos quiere incluir dentro de la confrontación.

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Si discrimináramos la propuesta del presidente Uribe; tendríamos entonces que si se quieren estudiantes mayores de edad, eso implica que los que conformarían la red de cooperantes serian estudiantes universitarios; lo que llevaría a pensar que se trataría, en ese caso, más de un intento por controlar las universidades y en particular la organización y movilización de los estudiantes; se convertiría esto, en una forma de control político, más que para resolver la situación en los barrios. Esto sería entonces una forma mas de criminalizar las luchas populares y de los movimientos estudiantiles.

Medidas como estas lo que hacen es reforzar el interés de las políticas de seguridad del actual gobierno, que es el de militarizar la población civil; la pregunta que queda es ¿Que pasa en una sociedad en ese estado de militarización?, la respuesta flagrante es que eso implica una sociedad que delega en la violencia la resolución de cualquier conflicto; una sociedad acrítica, sometida al imperio de los ejércitos y de mercenarios, legitimadora de la guerra, porque se convierte la violencia en el medio de subsistencia de la gente (piénsese también en la propuesta que en la ciudad de Cali, la red de cooperantes sea conformada por los conductores de servicio público) y construida desde los pilares axiológicos de la desconfianza, el control, la eliminación del enemigo y la obediencia; valores que contrarían la construcción de una sociedad libre y autónoma.

Ante este escenario de militarización de la sociedad, hastiada de la guerra; proponemos una reacción de la población, guiada por los principios de la noviolencia, y es el camino de resistencia civil; resistencia a la presencia de grupos armados en los barrios sean de donde sean, resistencia al escenario de violencia, resistencia y no cooperación a estas medidas guerreristas que lo que hacen en lugar de proponer ciudadanos es proponer mercenarios, resistencia a la estigmatización de la población juvenil; resistencia al desconocimiento de una situación de conflicto urbano en la ciudad, complejo y que requiere de medidas más integrales y humanas.

RED JUVENIL DE MEDELLÍN

Febrero 2/ 2010

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