Semana. La valentía que mostraron varios funcionarios del municipio de El Dovio, en el norte del Valle, al revelar a las autoridades departamentales y nacionales la creciente presencia de grupos armados valió de poco. Pese a las evidencias de la presencia de bandas, las autoridades militares consideran que la situación no amerita medidas extraordinarias.En una reunión privada el pasado primero de octubre, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) los funcionarios del municipio fueron directos al decir qué está pasando allí. La presencia de ejércitos ilegales como Los Rastrojos, Los Machos y las Farc está poniendo en grave riesgo a la población en su disputa por el control de ese territorio, “que es estratégico para el transporte y tráfico de insumos químicos, de cocaína y armas”, según lo describe la Defensoría del Pueblo.
En esa lucha, han empezado a aparecer en el casco urbano de El Dovio cada vez más y más hombres que dicen pertenecer a Los Rastrojos. Varios de ellos son adolescentes del mismo pueblo, que de repente llegan armados advirtiéndole a cualquiera que está en peligro de muerte. Otros, según informaron las autoridades del municipio, han participado en algunos de los 12 homicidios que se han presentado desde diciembre del año pasado hasta septiembre de este año. Algunos han llegado a las fincas a robar ganado a nombre de Los Rastrojos y otros están haciendo inteligencia para ese grupo.
El interés de la banda Los Rastrojos en la zona urbana de este pueblo es sacar a otra banda, Los Machos, que han estado presentes allí. Mientras tanto, las Farc se mueven en la zona rural por caminos que comunican el norte del Valle con Chocó. En esa zona, vive gente que podría convertirse en presa de acusaciones y estigmatizaciones de ser colaboradores de la guerrilla, según advierte la Defensoría.
En esa pugna de bandas con intereses en el narcotráfico, han resultado amenazados no sólo civiles, sino el mismo Alcalde, los concejales y varios funcionarios.
La presencia de estas bandas ya ha generado el desplazamiento de 47 familias, aunque las estimaciones de las autoridades locales es que podrían ser muchas más, que por temor o descuido no reportan su situación.
Eso creen las autoirdades locales pues 646 personas han solicitado que los retiren de la base de datos del Sisbén en ese municipio. Este trámite se hace cuando alguien, por amenazas o por cualquier situación, se va a vivir a otra parte. Entonces tiene que pedir el retiro del Sisbén del municipio de donde sale para que lo incluyan en el del municipio a donde llega. “Puede que no todas esas personas hayan salido desplazadas forzosamente. Puede que muchas se hayan trasladado por razones económicas o cualquier otra. Pero tememos que por la situación que vivimos, muchos se fueron obligados por la violencia”, le dijo a Semana.com Wilson Castillo, secretario de gobierno de El Dovio.
Otro grave síntoma del temor en la región es la creciente tasa de deserción escolar. El reclutmaniento de niños, ha hecho que muchos padres teman enviar a sus hijos a las escuelas. “En varios corregimientos, las escuelas no cuentan con estudiantes”, de acuerdo con un informe reciente de la Defensoría.
“Nosotros sabemos que la fuerza pública ha hecho muchos esfuerzos. Los aplaudimos, pero el problema sigue”, le dijo a Semana.com una fuente que, por estar amenazada, pidió no hacer público su nombre.
Pese a que allí hace presencia el Ejército, continuó la fuente, sucede que los militares combaten, ahuyentan a un grupo ilegal, pero pronto es reemplazado por otro.
Ante esta grave situación la Alcaldía y la Personería de ese municipio pidieron que se emitiera una alerta temprana, la cual se emite después de una deliberación en el CIAT, donde participan funcionarios de el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
Una vez emitida, los ojos de las autoridades nacionales e incluso de organismos internacionales, se fijan en el sitio al que hace referencia. La idea es que la fuerza pública y el gobierno, hagan todo lo posible para evitar que, como consecuencia de la guerra, se desplace, asesine o viole cualquier derecho de las personas.
Pero los funcionarios de El Dovio parecen ser los únicos que ven de frente el problema. Ni el gobierno departamental ni la fuerza pública aprobaron la iniciativa.
Según dijo a Semana.com Víctor Manuel Salcedo, secretario de Gobierno del Valle del Cauca, “históricamente, este ha sido un pueblo rodeado de narcotráfico y hoy acosado por una pelea entre Los Machos y Los Rastrojos”. Sin embargo, pese a la gravedad del problema, Salcedo no cree que la solución sea declarar una alerta temprana porque puede estigmatizar aún más el municipio.
“Nuestra propuesta para acabar con este problema es continuar con los operativos en el Cañón de las Garrapatas, insistir en el aumento del pie de fuerza dentro del municipio, adelantar la operación candado y hacer un plan desarme con la población”, explicó Salcedo.
Además, argumenta que, de emitirse una alerta temprana, debería ser en otros lugares que tienen situaciones más difíciles. “Por ejemplo, municipios como La Victoria, Roldanillo, El Zarzal e incluso en el mismo Cali aumentaron mucho más el número de homicidios. Éstos ameritarían mucho más una alerta temprana y no se hace porque creemos que esa no es la estrategia adecuada para combatir el crimen”.
El problema con las alertas tempranas es que no suelen ser de gusto para algunos gobiernos o gobernantes. Algunas veces, por razones políticas, prefieren esconder el problema bajo la alfombra, otras, para ahorrarse la dificultad operativa para cumplir los requerimientos de una zona sobre la que aumenta la atención de medios, entidades del Estado y defensores de Derechos Humanos. Y también, porque hay regiones que se consideran sanadas de la guerra, contrario a lo que dicen sus habitantes.
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