29 octubre, 2008

Ciudadano Bogotano aparece muerto como guerrillero en Ocaña

Semana
Jaime Castillo Peña tenía 42 años y desde que su madre murió, hace 20 años, era adicto a las drogas. La vida en la calle lo volvió flaco y más moreno, pero nunca lo convirtió en un hombre agresivo, según cuentan algunos vecinos que lo conocían bien en su barrio, Los Álamos, al occidente de Bogotá.


Era el sexto de siete hermanos que vivían en los barrios Álamos y el 20 de julio, donde a veces se quedaba a dormir. Algunas noches se le hacía tarde en la calle y se quedaba en un parque. Y aunque no tenía celular, siempre se reportaba con Mauricio y Gloria, dos de sus hermanos más cercanos. No tenía empleo, esposa, novia, hijos, ni amigos. Se mantenía limpio, bien peluqueado y con buena ropa, aunque se la pasara lavando vidrios a los carros. Pero nunca tuvo problemas de violencia, cuenta su hermana Jakeline. Sólo una vez salió de Bogotá, cuando por 10 meses estuvo en la Fundación La Luz de Medellín, en un proceso de rehabilitación en 1998.

El 10 de agosto su familia lo vio por última vez. Los hermanos Castillo Peña han hecho un esfuerzo por recordar cómo fueron esos últimos días de Jaime. El viernes 8 de agosto, a eso de las 3 de la tarde, uno de los hijos de Jakeline recibió una llamada a su casa.

- "Te llamaron de la Policía, que por favor te comuniques con ellos", le dijo su hijo.

El identificador de llamadas del teléfono de su casa guardó el número del que se comunicaron. Ella marcó. Pero le contestó un niño. Cuando ella le dijo al pequeño que de ese teléfono la habían llamado diciendo que comunicara con la Policía, el niño llamó a su papá.

- “¿Aló?, busque a su hermano en el CAI de Álamos”, oyó Jakeline decir a un hombre adulto que colgó de inmediato.

Por error, dice Jakelín, su hijo desconectó el teléfono y se perdió el registro de las llamadas. Pero ella enseguida llamó al CAI de Álamos y allá le respondieron que en efecto ahí estaba detenido Jaime Castillo Peña porque le había robado un celular a un niño. A las dos horas, su hermano Mauricio llegó a ese CAI, pero Jaime ya no estaba. Ni siquiera había un registro de su paso por el lugar. Lo atendió un patrullero y le dijo: “Dígale a su hermano que se pierda, si no lo matan”.

Al día siguiente, Jaime apareció en la casa de uno de sus hermanos. Se bañó y se puso una camiseta negra, un pantalón azul y tenis blancos, tal y como vestía cuando fue muerto. La familia lo buscó por varios días. Fueron a Medicina Legal y allí lo reconocieron en una foto. Había sido encontrado muerto el 14 de agosto en una vereda a tres horas de Ocaña. Estaba boca abajo, con cuatro tiros de fusil lanzados por detrás (uno en cada pierna y dos en la espalda), la cara golpeada y un revólver a su lado sin disparar. Según el dictamen legal había muerto el 12 de agosto, apenas dos días después de su detención en el CAI.

- Semana.com: ¿Qué le dijeron a su hermano Mauricio cuando fue al CAI y no encontró a Jaime?

- Jakeline Castillo: Nada. Igual estábamos tranquilos porque al día siguiente él fue a donde mi hermano Mauricio y se cambió de ropa. Mi familia lo vio normal, como si siempre. Lo raro fue cuando pasó una semana y no volvimos a tener noticias suyas. El 22 de agosto fuimos a Medicina Legal y ellos nos mostraron las fotos de los NN de Cundinamarca, pero ninguno de ellos era Jaime. La persona que me atendió, no sé por qué, me dijo que mirara las fotos de Ocaña. Y ahí fue cuando yo lo vi, en una imagen de frente, con la cara vuelta nada y con la misma ropa que salió de Bogotá. El 7 de octubre viajé hasta Ocaña y viendo todas las fotos ratifiqué que sí era mi hermano.

El dictamen de Medicina Legal es que el cuerpo fue encontrado el 14 de agosto y que murió el 12. Es decir, dos días después de que sus familiares lo vieron con vida en Bogotá por última vez.

Las huellas

Mientras lo buscaban, Jakeline y su familia recogieron algunas pistas de lo que pudo haber pasado con su hermano. Días antes de su muerte, Jaime le comentó a un cuñado suyo que alguien le había ofrecido 50 millones de pesos “para hacer una vuelta en una finca”. Pero nadie le prestó atención.

Además, personas que conocían a Jaime aseguraron haberlo visto la semana que desapareció con un hombre joven a quien llamaban Matías que vestía camisa a cuadros, jeans y tenis negros. Él también desapareció. Casualmente, junto al cadáver de Jaime, se encontró a un hombre de entre 23 y 25 años de edad con características similares a las de Matías. Sin embargo, ningún familiar lo ha reclamado y por eso no ha podido ser identificado.

También se rumora en Álamos que a Jaime lo vieron un día con dos hombres dentro de un carro, algo bastante raro según su familia, pues él era más bien solitario y no acostumbraba montarse en carros.

Jaime Castillo Peña fue enterrado el pasado 18 de octubre en el Cementerio Jardines del Paraíso, en el occidente de Bogotá. Su caso ya está en manos de la Fiscalía y muy seguramente su muerte está relacionada con la de los once jóvenes que fueron encontrados muertos en combate en Ocaña, y que luego se estableció que habían desaparecido en Soacha y Ciudad Bolívar este año. Todas son personas vulnerables, adictas o pequeños vendedores de drogas. Y ahora, con este caso, el escándalo es aún más escabroso, porque muestra que la acción de los crueles reclutadores no se limitó a barrios colindantes, sino también acecharon a personas en otros barrios bogotanos, como éste de clase media.

Por el macabro caso de los desaparecidos, han sido retirados temporalmente del servicio tres coroneles del Ejército:
Santiago Herrera Fajardo (de la Quinta División en Bogotá), Rubén Darío Castro Gómez y Gabriel Rincón Amado (de la Brigada Móvil 15, en Santander),mientras se hacen las investigaciones respectivas.

En el caso de Jaime hay muchas preguntas por resolver. ¿Por qué la Policía no tiene un registro de la detención de Jaime en el CAI? ¿Por qué pasaron tan pocos días entre la fecha de su desaparición en Bogotá y su muerte a cientos de kilómetros al nororiente del país? ¿Por qué el arma que encontraron a su lado estaba sin disparar? ¿Por qué su caso coincide con la desaparición de otras 11 personas de Soacha y Ciudad Bolívar, también adictos a las drogas, que fueron encontradas muertas en combate en Ocaña? ¿Jaime hace parte de otro falso positivo de los militares?

Los Castillo Peña no descansarán hasta encontrar respuestas a estas preguntas, igual que otras decenas de familias que no sólo en Bogotá, sino en todo el país, están tras la pista de los autores de lo que hasta ahora parece una macabra estrategia.

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Destituido 25 Militares del Ejército, incluidos tres generales, implicados en los Asesinatos de 19 jovenes

BOGOTA (Reuters) - Colombia destituyó el miércoles a 25 efectivos del Ejército, incluidos tres generales, presuntamente implicados en casos de violaciones a los derechos humanos vinculados con la desaparición de al menos 19 jóvenes que posteriormente fueron reportados como muertos en combate.
Se trata de la mayor purga en la historia reciente al interior de las Fuerzas Militares de Colombia, en momentos en que grupos de derechos humanos las acusan de cometer actos ilegales en medio de su lucha contra la guerrilla izquierdista, grupos armados fuera de la ley y el narcotráfico.

El caso que originó las destituciones se relaciona con la desaparición de al menos 19 jóvenes de un barrio obrero al sur de Bogotá, que posteriormente aparecieron muertos en el departamento de Norte de Santander, cerca a la frontera con Venezuela.

Inicialmente las autoridades militares aseguraron que las víctimas habían muerto en combates con patrullas del Ejército y que hacían parte de grupos armados ilegales conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha.

"Nosotros no podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia asesinando víctimas inocentes", dijo el presidente Alvaro Uribe al anunciar la destitución de los militares.
NEGLIGENCIA
"Estos hallazgos muestran que en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursos en crímenes; crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército", agregó.

La decisión de Uribe se produjo un día después de que Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional suspender la ayuda militar al país andino debido a las violaciones a los derechos humanos.

Entre los destituidos figuran dos comandantes de división, 3 comandantes de brigada y dos comandantes de batallón.

"La investigación administrativa y operacional de la comisión encontró serios indicios de negligencia al mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia, planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares", dijo el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Colombia afronta un conflicto interno armado de cuatro décadas en el que combaten guerrillas izquierdistas contra paramilitares de ultraderecha y fuerzas de seguridad del Estado que ha dejado según el grupo de derechos humanos al menos 70.000 muertos solo en los últimos 20 años, la mayoría civiles.

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28 octubre, 2008

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Exigen que EE.UU. garantice los derechos de los detenidos en Guantánamo y piden su cierre

Washington, 28 oct (EFE).- El Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron hoy a EE.UU. que cumpla sus obligaciones y garantice los derechos de los detenidos de Guantánamo al debido y justo proceso, y exigieron el cierre de esa prisión.
La solicitud fue hecha por Pardiss Kebriaei, abogada de CCR, y Michael Camilleri, representante del CEJIL, en una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La audiencia se celebró para verificar el cumplimiento por parte de EE.UU. de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Djamel Ameziane, un argelino berebere que lleva más de seis años detenido sin cargos en Guantánamo, y al resto de presos de esa prisión.

Estados Unidos solamente ha presentado cargos contra 16 presos, de los 255 que permanecen detenidos de forma indefinida en Guantánamo.

Washington ha trasladado a muchos detenidos a sus países de origen o a terceros que se han ofrecido a acogerlos para evitar que sean perseguidos o torturados.

Ameziane, al igual que otros 50 detenidos de Guantánamo, no puede volver a su país por miedo a ser torturado. Ha solicitado refugio en Canadá, donde tiene familia y ha vivido.

Según Pardiss, Estados Unidos, pese a haberse comprometido a no trasladar a los detenidos de Guantánamo a países donde puedan ser perseguidos o torturados, ha permitido que se transfiera a presos a naciones donde su vida corre peligro.

Ameziane, que fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera de Afganistán con Pakistán, lleva desde 2002 en Guantánamo, donde se ha visto expuesto a "brutales y espeluznantes" actos de violencia.

Michael Camilleri, del CEJIL, denunció que EE.UU. "no ha procesado a una sola persona responsable de las torturas sufridas por Ameziane o cualquier otro detenido de Guantánamo, sino que ofrece inmunidad a sus funcionarios, en clara violación del derecho internacional".

El caso de Ameziane ni el de los otros detenidos sin cargos en Guantánamo ha sido revisado por un juez, pese a que la Corte Suprema restauró el derecho de los presos a cuestionar su detención (hábeas corpus) y a acudir a un tribunal federal.

Las juntas militares de Guantánamo, creadas a partir de los atentados del 11-S para juzgar a los sospechosos de terrorismo, únicamente han juzgado a dos presos.

La audiencia contó con el testimonio del coronel retirado Morris Davis, antiguo fiscal jefe de las Comisiones Militares de Guantánamo, quien renunció a su cargo ante los casos de tortura y la imposibilidad de garantizar juicios transparentes y justos.

"Los juicios en Guantánamo no son ni justos ni militares, porque los jueces son más bien autoridades políticas. Los juicios más importantes del mundo no se pueden hacer en secreto", denunció.

Washington, a través del representante de la Asesoría Legal del Departamento de Estado, Mariano Baños, y el representante alterno de EE.UU. ante la OEA, Lewis Amselem, dejó claro que está dispuesto a escuchar las peticiones de las organizaciones, pero que no participará "formalmente" en la audiencia.

Baños dijo que Washington no ha violado ningún derecho internacional suscrito y Lewis recordó que EE.UU. se encuentra en guerra con "enemigos radicales, violentos y con ideologías totalitarias".

"Tratamos de resolver este nuevo tipo de enfrentamiento bélico y los casos de los detenidos. Queremos clausurar Guantánamo, no queremos ser el carcelero del mundo, y por eso vamos a seguir liberando a los que no son juzgados por EE.UU.", aseguró.

La postura de EE.UU. suscitó el enfado de la CIDH, cuyo relator para las Personas Privadas de Libertad, Florentín Meléndez, dijo que "todos los actos de la Comisión son formales".

La CIDH se refirió, asimismo. a la negativa de EE.UU. de concederle una visita a Guantánamo, al afirmar que "así no se responde al principal organismo del sistema interamericano".

"Pedimos que EE.UU. cierre sin demora Guantánamo y que responda a la gestión de la CIDH para visitar la prisión en las condiciones como corresponden para un organismo internacional", enfatizó.
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Amnistia Internacional denuncia un aumento de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

AFP. El estado de los derechos humanos se agravó en Colombia, con más ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y amenazas a defensores, y la comunidad internacional no es suficientemente "contundente" con el gobierno colombiano, alertó este martes Amnistía Internacional en Madrid.
En el informe 'Déjennos en paz', presentado por la sección española de AI, el grupo de defensa de los derechos humanos señala que, según el gobierno colombiano, en el país hay "un renacimiento irreversible de una paz relativa, un rápido descenso de los índices de violencia, la desmovilización con éxito de miles de combatientes paramilitares y una justicia efectiva para las víctimas de abusos".

ENVIA UN MENSAJE A TU NOMBRE, AL PRESIDENTE ALVARO URIBE


"Sin duda, es cierto que en los últimos años se ha reducido la incidencia de algunos abusos", prosigue la organización de derechos humanos. "Pero otros, sin embargo, han aumentado, particularmente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas de seguridad y los desplazamientos forzados" de las poblaciones.

Además, "el aumento reciente de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas también es motivo de preocupación", enfatizó.

"Los grupos paramilitares continúan activos y siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, a pesar de que el gobierno afirma lo contrario", afirma el informe.

Este insiste en particular en la existencia en Colombia de un conflicto que implica al ejército, a los paramilitares de ultraderecha y a las guerrillas de izquierda y que no es sólo una "guerra contra el terrorismo", como afirma el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Este conflicto se cobró la vida de más de 70.000 personas en 20 años, la mayoría de ellas civiles, y en 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a unos 1.300 en 2006, según AI. Además, entre 15.000 y 30.000 personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace 40 años, y 190 personas en 2007 a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares o la guerrilla.

Y Colombia, con hasta 4 millones de desplazados, es el segundo país del mundo con esta lacra, después de Sudán. En 2007 tuvieron que desplazarse 305.000 personas.

La cantidad de secuestros bajó -de 3.570 en 2000 a 520 en 2007-, pero "Colombia sigue siendo un país en el que millones de civiles, en particular quienes viven afuera de las grandes ciudades, siguen siendo castigados por el conflicto violento y prolongado", afirmó AI.

AI denunció además a las guerrillas de izquierda, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por el uso récord de minas antipersonales y el reclutamiento de niños.

La ONG denunció también la impunidad de la mayoría de los 31.000 paramilitares desmovilizados desde 2002 -el 90%, según ésta-.

Por otra parte, según datos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entre 3.500 y 5.000 hombres que pertenecen a grupos armados de este tipo todavía son activos en 22 departamentos.

"Los dos bandos implicados en el conflicto -el Estado y los grupos guerrilleros- deben respetar de una vez por todas la inmunidad de la población civil y protegerla de las consecuencias del conflicto", concluye el informe.

La organización denunció además a España, la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional por no ser lo suficientemente "contundentes" con el gobierno colombiano en la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones que cada año hace la ONU desde hace una década a gobierno y guerrilla para conseguir la paz.

La posición de España "tiene una influencia enorme en la posición que mantiene la Unión Europea, que en este momento es muy débil", por lo que "el Gobierno español debe cambiar su posición", llamó el director de Amnistía España, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa en Madrid. Además, España no facilita el examen" que hace de Colombia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, criticó.
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