AFP. El estado de los derechos humanos se agravó en Colombia, con más ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y amenazas a defensores, y la comunidad internacional no es suficientemente "contundente" con el gobierno colombiano, alertó este martes Amnistía Internacional en Madrid.
En el informe 'Déjennos en paz', presentado por la sección española de AI, el grupo de defensa de los derechos humanos señala que, según el gobierno colombiano, en el país hay "un renacimiento irreversible de una paz relativa, un rápido descenso de los índices de violencia, la desmovilización con éxito de miles de combatientes paramilitares y una justicia efectiva para las víctimas de abusos".
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"Sin duda, es cierto que en los últimos años se ha reducido la incidencia de algunos abusos", prosigue la organización de derechos humanos. "Pero otros, sin embargo, han aumentado, particularmente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas de seguridad y los desplazamientos forzados" de las poblaciones.
Además, "el aumento reciente de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas también es motivo de preocupación", enfatizó.
"Los grupos paramilitares continúan activos y siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, a pesar de que el gobierno afirma lo contrario", afirma el informe.
Este insiste en particular en la existencia en Colombia de un conflicto que implica al ejército, a los paramilitares de ultraderecha y a las guerrillas de izquierda y que no es sólo una "guerra contra el terrorismo", como afirma el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Este conflicto se cobró la vida de más de 70.000 personas en 20 años, la mayoría de ellas civiles, y en 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a unos 1.300 en 2006, según AI. Además, entre 15.000 y 30.000 personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace 40 años, y 190 personas en 2007 a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares o la guerrilla.
Y Colombia, con hasta 4 millones de desplazados, es el segundo país del mundo con esta lacra, después de Sudán. En 2007 tuvieron que desplazarse 305.000 personas.
La cantidad de secuestros bajó -de 3.570 en 2000 a 520 en 2007-, pero "Colombia sigue siendo un país en el que millones de civiles, en particular quienes viven afuera de las grandes ciudades, siguen siendo castigados por el conflicto violento y prolongado", afirmó AI.
AI denunció además a las guerrillas de izquierda, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por el uso récord de minas antipersonales y el reclutamiento de niños.
La ONG denunció también la impunidad de la mayoría de los 31.000 paramilitares desmovilizados desde 2002 -el 90%, según ésta-.
Por otra parte, según datos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entre 3.500 y 5.000 hombres que pertenecen a grupos armados de este tipo todavía son activos en 22 departamentos.
"Los dos bandos implicados en el conflicto -el Estado y los grupos guerrilleros- deben respetar de una vez por todas la inmunidad de la población civil y protegerla de las consecuencias del conflicto", concluye el informe.
La organización denunció además a España, la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional por no ser lo suficientemente "contundentes" con el gobierno colombiano en la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones que cada año hace la ONU desde hace una década a gobierno y guerrilla para conseguir la paz.
La posición de España "tiene una influencia enorme en la posición que mantiene la Unión Europea, que en este momento es muy débil", por lo que "el Gobierno español debe cambiar su posición", llamó el director de Amnistía España, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa en Madrid. Además, España no facilita el examen" que hace de Colombia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, criticó.
En el informe 'Déjennos en paz', presentado por la sección española de AI, el grupo de defensa de los derechos humanos señala que, según el gobierno colombiano, en el país hay "un renacimiento irreversible de una paz relativa, un rápido descenso de los índices de violencia, la desmovilización con éxito de miles de combatientes paramilitares y una justicia efectiva para las víctimas de abusos".
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"Sin duda, es cierto que en los últimos años se ha reducido la incidencia de algunos abusos", prosigue la organización de derechos humanos. "Pero otros, sin embargo, han aumentado, particularmente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas de seguridad y los desplazamientos forzados" de las poblaciones.
Además, "el aumento reciente de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas también es motivo de preocupación", enfatizó.
"Los grupos paramilitares continúan activos y siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, a pesar de que el gobierno afirma lo contrario", afirma el informe.
Este insiste en particular en la existencia en Colombia de un conflicto que implica al ejército, a los paramilitares de ultraderecha y a las guerrillas de izquierda y que no es sólo una "guerra contra el terrorismo", como afirma el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Este conflicto se cobró la vida de más de 70.000 personas en 20 años, la mayoría de ellas civiles, y en 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a unos 1.300 en 2006, según AI. Además, entre 15.000 y 30.000 personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace 40 años, y 190 personas en 2007 a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares o la guerrilla.
Y Colombia, con hasta 4 millones de desplazados, es el segundo país del mundo con esta lacra, después de Sudán. En 2007 tuvieron que desplazarse 305.000 personas.
La cantidad de secuestros bajó -de 3.570 en 2000 a 520 en 2007-, pero "Colombia sigue siendo un país en el que millones de civiles, en particular quienes viven afuera de las grandes ciudades, siguen siendo castigados por el conflicto violento y prolongado", afirmó AI.
AI denunció además a las guerrillas de izquierda, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por el uso récord de minas antipersonales y el reclutamiento de niños.
La ONG denunció también la impunidad de la mayoría de los 31.000 paramilitares desmovilizados desde 2002 -el 90%, según ésta-.
Por otra parte, según datos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entre 3.500 y 5.000 hombres que pertenecen a grupos armados de este tipo todavía son activos en 22 departamentos.
"Los dos bandos implicados en el conflicto -el Estado y los grupos guerrilleros- deben respetar de una vez por todas la inmunidad de la población civil y protegerla de las consecuencias del conflicto", concluye el informe.
La organización denunció además a España, la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional por no ser lo suficientemente "contundentes" con el gobierno colombiano en la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones que cada año hace la ONU desde hace una década a gobierno y guerrilla para conseguir la paz.
La posición de España "tiene una influencia enorme en la posición que mantiene la Unión Europea, que en este momento es muy débil", por lo que "el Gobierno español debe cambiar su posición", llamó el director de Amnistía España, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa en Madrid. Además, España no facilita el examen" que hace de Colombia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, criticó.
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