Washington, 28 oct (EFE).- El Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron hoy a EE.UU. que cumpla sus obligaciones y garantice los derechos de los detenidos de Guantánamo al debido y justo proceso, y exigieron el cierre de esa prisión.
La solicitud fue hecha por Pardiss Kebriaei, abogada de CCR, y Michael Camilleri, representante del CEJIL, en una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia se celebró para verificar el cumplimiento por parte de EE.UU. de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Djamel Ameziane, un argelino berebere que lleva más de seis años detenido sin cargos en Guantánamo, y al resto de presos de esa prisión.
Estados Unidos solamente ha presentado cargos contra 16 presos, de los 255 que permanecen detenidos de forma indefinida en Guantánamo.
Washington ha trasladado a muchos detenidos a sus países de origen o a terceros que se han ofrecido a acogerlos para evitar que sean perseguidos o torturados.
Ameziane, al igual que otros 50 detenidos de Guantánamo, no puede volver a su país por miedo a ser torturado. Ha solicitado refugio en Canadá, donde tiene familia y ha vivido.
Según Pardiss, Estados Unidos, pese a haberse comprometido a no trasladar a los detenidos de Guantánamo a países donde puedan ser perseguidos o torturados, ha permitido que se transfiera a presos a naciones donde su vida corre peligro.
Ameziane, que fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera de Afganistán con Pakistán, lleva desde 2002 en Guantánamo, donde se ha visto expuesto a "brutales y espeluznantes" actos de violencia.
Michael Camilleri, del CEJIL, denunció que EE.UU. "no ha procesado a una sola persona responsable de las torturas sufridas por Ameziane o cualquier otro detenido de Guantánamo, sino que ofrece inmunidad a sus funcionarios, en clara violación del derecho internacional".
El caso de Ameziane ni el de los otros detenidos sin cargos en Guantánamo ha sido revisado por un juez, pese a que la Corte Suprema restauró el derecho de los presos a cuestionar su detención (hábeas corpus) y a acudir a un tribunal federal.
Las juntas militares de Guantánamo, creadas a partir de los atentados del 11-S para juzgar a los sospechosos de terrorismo, únicamente han juzgado a dos presos.
La audiencia contó con el testimonio del coronel retirado Morris Davis, antiguo fiscal jefe de las Comisiones Militares de Guantánamo, quien renunció a su cargo ante los casos de tortura y la imposibilidad de garantizar juicios transparentes y justos.
"Los juicios en Guantánamo no son ni justos ni militares, porque los jueces son más bien autoridades políticas. Los juicios más importantes del mundo no se pueden hacer en secreto", denunció.
Washington, a través del representante de la Asesoría Legal del Departamento de Estado, Mariano Baños, y el representante alterno de EE.UU. ante la OEA, Lewis Amselem, dejó claro que está dispuesto a escuchar las peticiones de las organizaciones, pero que no participará "formalmente" en la audiencia.
Baños dijo que Washington no ha violado ningún derecho internacional suscrito y Lewis recordó que EE.UU. se encuentra en guerra con "enemigos radicales, violentos y con ideologías totalitarias".
"Tratamos de resolver este nuevo tipo de enfrentamiento bélico y los casos de los detenidos. Queremos clausurar Guantánamo, no queremos ser el carcelero del mundo, y por eso vamos a seguir liberando a los que no son juzgados por EE.UU.", aseguró.
La postura de EE.UU. suscitó el enfado de la CIDH, cuyo relator para las Personas Privadas de Libertad, Florentín Meléndez, dijo que "todos los actos de la Comisión son formales".
La CIDH se refirió, asimismo. a la negativa de EE.UU. de concederle una visita a Guantánamo, al afirmar que "así no se responde al principal organismo del sistema interamericano".
"Pedimos que EE.UU. cierre sin demora Guantánamo y que responda a la gestión de la CIDH para visitar la prisión en las condiciones como corresponden para un organismo internacional", enfatizó.
La solicitud fue hecha por Pardiss Kebriaei, abogada de CCR, y Michael Camilleri, representante del CEJIL, en una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia se celebró para verificar el cumplimiento por parte de EE.UU. de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Djamel Ameziane, un argelino berebere que lleva más de seis años detenido sin cargos en Guantánamo, y al resto de presos de esa prisión.
Estados Unidos solamente ha presentado cargos contra 16 presos, de los 255 que permanecen detenidos de forma indefinida en Guantánamo.
Washington ha trasladado a muchos detenidos a sus países de origen o a terceros que se han ofrecido a acogerlos para evitar que sean perseguidos o torturados.
Ameziane, al igual que otros 50 detenidos de Guantánamo, no puede volver a su país por miedo a ser torturado. Ha solicitado refugio en Canadá, donde tiene familia y ha vivido.
Según Pardiss, Estados Unidos, pese a haberse comprometido a no trasladar a los detenidos de Guantánamo a países donde puedan ser perseguidos o torturados, ha permitido que se transfiera a presos a naciones donde su vida corre peligro.
Ameziane, que fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera de Afganistán con Pakistán, lleva desde 2002 en Guantánamo, donde se ha visto expuesto a "brutales y espeluznantes" actos de violencia.
Michael Camilleri, del CEJIL, denunció que EE.UU. "no ha procesado a una sola persona responsable de las torturas sufridas por Ameziane o cualquier otro detenido de Guantánamo, sino que ofrece inmunidad a sus funcionarios, en clara violación del derecho internacional".
El caso de Ameziane ni el de los otros detenidos sin cargos en Guantánamo ha sido revisado por un juez, pese a que la Corte Suprema restauró el derecho de los presos a cuestionar su detención (hábeas corpus) y a acudir a un tribunal federal.
Las juntas militares de Guantánamo, creadas a partir de los atentados del 11-S para juzgar a los sospechosos de terrorismo, únicamente han juzgado a dos presos.
La audiencia contó con el testimonio del coronel retirado Morris Davis, antiguo fiscal jefe de las Comisiones Militares de Guantánamo, quien renunció a su cargo ante los casos de tortura y la imposibilidad de garantizar juicios transparentes y justos.
"Los juicios en Guantánamo no son ni justos ni militares, porque los jueces son más bien autoridades políticas. Los juicios más importantes del mundo no se pueden hacer en secreto", denunció.
Washington, a través del representante de la Asesoría Legal del Departamento de Estado, Mariano Baños, y el representante alterno de EE.UU. ante la OEA, Lewis Amselem, dejó claro que está dispuesto a escuchar las peticiones de las organizaciones, pero que no participará "formalmente" en la audiencia.
Baños dijo que Washington no ha violado ningún derecho internacional suscrito y Lewis recordó que EE.UU. se encuentra en guerra con "enemigos radicales, violentos y con ideologías totalitarias".
"Tratamos de resolver este nuevo tipo de enfrentamiento bélico y los casos de los detenidos. Queremos clausurar Guantánamo, no queremos ser el carcelero del mundo, y por eso vamos a seguir liberando a los que no son juzgados por EE.UU.", aseguró.
La postura de EE.UU. suscitó el enfado de la CIDH, cuyo relator para las Personas Privadas de Libertad, Florentín Meléndez, dijo que "todos los actos de la Comisión son formales".
La CIDH se refirió, asimismo. a la negativa de EE.UU. de concederle una visita a Guantánamo, al afirmar que "así no se responde al principal organismo del sistema interamericano".
"Pedimos que EE.UU. cierre sin demora Guantánamo y que responda a la gestión de la CIDH para visitar la prisión en las condiciones como corresponden para un organismo internacional", enfatizó.
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