03 junio, 2009

El DAS. y Políticos, autores del magnicidio de Galan

El Tiempo. Desde hace dos semanas, la Fiscalía está desempolvando viejos archivos del DAS, buscando los rastros de una decisión que terminó jugando a favor de los asesinos: el cambio de su esquema de escoltas.
Es una de las pistas que ha retomado la justicia y que, como lo reveló ayer EL TIEMPO, le permitirán vincular al menos a cinco personas, entre políticos y ex altos mandos de la Fuerza Pública, a la investigación por el magnicidio del dirigente liberal.

En ese crimen, según pruebas que desde hace años están en el proceso y ahora revaluadas, además del cartel de Medellín habrían participado dirigentes políticos, 'paras' del Magdalena Medio, miembros del DAS y de la Policía y hasta el cartel de Cali.

El objetivo era eliminar a Galán. No sólo por sus posturas radicales frente al narcotráfico y la corrupción sino para librarse de un contendor que incomodaba a muchos dirigentes liberales.

La Fiscalía y la Procuraduría revisaron el expediente y lo cotejaron con varias declaraciones recaudadas recientemente en Justicia y Paz. Allí, en abril del 2007, hubo un antecedente directo: las declaraciones de 'Ernesto Báez', que en la época era ideólogo del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, grupo político que nació en el Magdalena Medio directamente ligado al poder de narcos y 'paras'.

'Baéz', que de nuevo será llamado a declarar, dijo que sin la participación del DAS y del B-2 del Ejército el crimen habría sido imposible.

Los indicios señalan a tres políticos liberales ya fallecidos y a otros dos del mismo partido que recibieron sendas condenas de la justicia por otros casos. A ellos se suma el nombre de Alberto Santofimio Botero, quien fue condenado en primera instancia y absuelto por el Tribunal Superior de Cundinamarca como autor intelectual del crimen.

En ese momento, varios de ellos eran contendores directos de Galán, quien se perfilaba como seguro ganador de la candidatura liberal ese año y de la Presidencia en las elecciones del 90. Los otros eran 'caciques' con fuerte influencia en el Magdalena Medio y con llegada a Henry de Jesús Pérez, el jefe paramilitar de Puerto Boyacá.

Los investigadores no solo miran a estos políticos. Los cambios al esquema de seguridad de Galán y la forma como inicialmente se adelantó la investigación por el magnicidio, señala el expediente, revelan una clara intención de desviar la acción de la justicia. En esta situación estarían implicados ex mandos del DAS, de la Dijín y de la Sijín.

El tema no es nuevo. En 1995, el entonces vicefiscal general Adolfo Salamanca reconoció en una carta a la familia Galán Pachón que "la investigación fue desviada".

Según Salamanca, había "elementos de juicio que permiten escudriñar fundada y válidamente otra hipótesis (además de la responsabilidad del Cartel de Medellín) relacionadas con motivaciones de carácter político, eventuales vinculaciones de políticos enemigos del doctor Galán Sarmiento y la participación de otras organizaciones del narcotráfico con grupos de autodefensa y/o paras(...)".

Salamanca reseñó cómo Jaime Rueda Rocha, el sicario de Galán, se fugó de de la cárcel de la Picota de Bogotá y su muerte en un operativo de la Policía en La Dorada en 1992. Rueda tuvo ayuda de un abogado que trabajaba para la familia Urdinola Grajales.

¿Cuáles, según la justicia, son otros vasos comunicantes entre los actores del complot? El 'Mexicano', Gonzalo Rodríguez Gacha, se movía igual entre el círculo de Escobar y los 'paras' del Magdalena Medio. La conexión con el cartel de Cali tendría dos vías: se cree que sus jefes pretendieron que ese crimen concentrara toda la atención del Estado en sus archienemigos de Medellín. Además, varios de los políticos señalados aparecieron después recibiendo plata de los Rodríguez Orejuela.


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31 mayo, 2009

400 miembros del Ejército y Policía acusados de falsos positivos


Europa Press. El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, reveló hoy que un total de 400 oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército han sido acusados formalmente en los últimos 18 meses en los tribunales en casos de falsos positivos, civiles que son asesinados y presentados después como guerrilleros para mejorar las estadísticas de la lucha contrainsurgente.
Iguarán afirmó que la Fiscalía ha adoptado las medidas adecuadas para esclarecer el asesinato de once jóvenes de Soacha a manos de militares en los últimos meses, según recoge la emisora Caracol Radio.

"Creo que hemos tomado medidas y que ya esos oficiales y suboficiales que hemos encausado y hemos imputado y señalado como autores de delitos de lesa humanidad, se suman a los más de 400 entre oficiales y suboficiales que en menos de un año y medio hemos judicializado por supuestas ejecuciones extrajudiciales", explicó Iguarán.

En los últimos diez meses prácticamente se ha duplicado el número de investigaciones de la Fiscalía por homicidios presuntamente cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, entre los que están casos de aparentes "falsos positivos".

Según el último balance de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que data del 15 de abril de 2009, se informa que en junio de 2008 había 555 investigaciones por esos hechos, y en abril del 2009 había 1009 investigaciones abiertas por asesinatos presuntamente cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Actualmente hay 1.137 miembros de la Fuerza Pública investigados en la justicia ordinaria por homicidios, mientras que en junio del 2008 había 753 personas vinculadas a las mismas investigaciones.

Según el informe de la Fiscalía, en las 1.009 investigaciones que se adelantan por homicidios cometidos presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública, hay 1.666 víctimas, 1.507 hombres, 108 mujeres y 51 menores de edad.

Antioquia es el departamento que registra la mayor cantidad de investigaciones por homicidios cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, con 315 casos, seguido del Meta con 120, Norte de Santander con 69 casos, Cesar con 47 investigaciones y Caquetá con 42 casos.

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28 mayo, 2009

Los Indígenas y Afrodecendientes, los que mas sufren la guerra en Colombia

AFP. Londres. El informe de la ONG, divulgado este jueves en Londres, también atribuye a paramilitares, guerrilleros y fuerzas de seguridad violaciones sistemáticas de los derechos humanos en 2008.
El reporte, presentado en Londres, subraya que "la crisis no sólo es económica, sino de derechos humanos".
La investigación recogió datos sobre secuestro, desaparición forzada, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, entre otros flagelos, en 157 países del mundo.

Según Aministía Internacional, muchas regiones de Colombia donde habitan indígenas y afrodescendientes cuentan con grandes riquezas naturales en minería y petróleo, y son zonas de alta explotación agroindustrial.
En algunas de estas partes hay corredores del narcotráfico que son utilizados por paramilitares y guerrilla, y los indígenas y afrodescendientes quedan en medio de los intentos de estos grupos armados por controlar el territorio.

Esta situación se da para aprovechar los recursos naturales y para el tráfico ilícito de la cocaína.

Otra de las conclusiones del estudio fue el aumento de la cifra de muerte de civiles en medio del conflicto armado colombiano. La ONG aseguró que entre junio del 2007 y junio del 2008 más de 1.492 civiles murieron en el país, mientras que entre 2006 y 2007 esa cifra fue de 1.348 personas.

Amnistía llamó la atención sobre los 'falsos postivos' y, en particular, sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Soacha.

Aseguró que aunque este caso fue el más protuberante a nivel internacional, no fue el único que se presentó en el país por cuenta de este tipo de crímenes. Y pidió que las investigaciones contra uniformados por estos casos sean asumidas por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar.

La ONG resaltó que "todos los actores involucrados con el conflicto, sean los grupos paramilitares, la Fuerza Pública, o la guerrilla, continúan violando los derechos humanos y abusando del Derecho Internacional Humanitario".

JUAN FRANCISCO VALBUENA
REDACCIÓN POLÍTICA

Avances y retrocesos en América Latina durante 2008

La ONG de derechos humanos destacó la condena al ex presidente peruano Alberto Fujimori, pero también alertó retrocesos en inseguridad y exclusión, en su informe anual.
La pena de 25 años de cárcel impuesta en abril a Fujimori por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno "fue un hito crucial en la lucha contra la impunidad en Perú", indicó el informe de Amnistía, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Londres.

Asimismo, el reporte observó avances en la batalla contra la impunidad en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay.
Pero Amnistía lamentó que el Frente Farabundo Martí, que ganó las elecciones salvadoreñas en marzo, no prometiera levantar la Ley de Amnistía que dio impunidad a personas que violaron derechos humanos durante la guerra civil, de 1980 a 1992.

El informe señaló que el conflicto en Colombia siguió provocando gran cantidad de desplazados, que aumentaron a 380.000 en 2008, mientras que los indígenas fueron los más afectados, dijo Amnistía, que citó informes de asesinato de hasta 27 de ellos por parte de la guerrilla.

El grupo guerrillero Farc reconoció en abril haber asesinado a ocho indígenas Awá.

También en Colombia se registró el asesinato de dos defensores de los derechos humanos.

En México se observó un aumento de las denuncias de abusos por partes de miembros del Ejército desde 2006 a 2008, indicó el informe.

El respeto de los derechos indígenas mejoró en Bolivia y en Brasil, donde el gobierno entregó tierras, pero en contraste, en Paraguay murieron seis miembros de la comunidad Sawhoyamaxa por enfermedades evitables, señaló Amnistía.

La exclusión de poblaciones menos favorecidas también se constató en Río de Janeiro, donde se comenzó a construir un muro alrededor de favelas, lo que fue denunciado como discriminatorio.

Por último, Amnistía Internacional destacó que en Chile se comenzó a discutir un proyecto de ley que podría reconocer el crimen del "feminicidio", lo que podría incidir en disminuir la violencia contra las mujeres.


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27 mayo, 2009

ONG lanzan campaña en contra de la desaparición forzada

AP. Un grupo de 16 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos lanzó el miércoles una campaña para hacer "visible" el crimen de la desaparición forzada en el país y recabar firmas que impulsen la ratificación por parte de Colombia de una convención internacional sobre el tema.
Las ONG indicaron que a partir de ahora y hasta diciembre aspiran recabar al menos 10.000 firmas en todo el país para presentarlas al gobierno del presidente Alvaro Uribe, como una acción ciudadana que lo lleve a ratificar la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Esa convención fue suscrita por 81 países, entre ellos Colombia, en Nueva York en diciembre del 2006, pero hasta ahora sólo 10 naciones, principalmente europeas, la han ratificado en sus congresos, dijo la abogada Luz Stella Aponte, miembro de la no gubernamental Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Reiniciar, uno de los grupos que promueve la campaña de firmas.

Al ratificar esa convención, comités de investigaciones internacionales pueden asumir casos en Colombia, explicó Aponte en una conferencia de prensa, junto a otros activistas, en el centro de la ciudad.

La activista dijo que si bien no existen datos confiables y un solo registro nacional de desapariciones forzadas, datos de algunos grupos no gubernamentales y medios locales de prensa hablan de mínimo 15.000 y hasta 50.000 desapariciones en más de cuatro década de conflicto armado interno.

Dijo que por los datos de las ONG el primer caso de desaparición forzada en Colombia está documentado y denunciado ante las autoridades en 1977, el de una joven detenida en un aeropuerto de la costa norte del país.
"En general la desaparición forzada se ha invisibilizado, sólo (se toma en) cuenta el muerto, hoy queremos recalcar que la desaparición forzada es un crimen...y mostrarle a la sociedad colombiana que existe", dijo Aponte.

En Colombia, el delito de desaparición forzada fue incluido en la legislación en el año 2000, no prescribe o caduca, mientras está castigado con hasta 40 años de prisión.


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La Violencia continua en aumento en el Bajo Cauca.

Semana. En esta especie de triángulo de las Bermudas la violencia está disparada, los médicos forenses no aguantan, el párroco regaña al Ejército y aparece una grabación que compromete a militares.

Lo paradójico es que los resultados de Ejército y Policía hacen creer que la situación está controlada. Foto: Semana
En plena misa dominical y delante de cientos de feligreses en la parroquia de Tarazá, el padre Elkin increpó a la Policía y al Ejército. Era el último domingo de abril y una balacera entre dos bandas criminales -a media cuadra de la plaza central- había interrumpido la tranquilidad de los campesinos que vieron cómo policías y soldados se escondían en la estación en vez de tratar de controlar a los bandidos.
"No sean vendidos y regalados", les gritó el sacerdote, cansado, tal vez, de una situación que se viene dando desde hace meses, pero de la que nadie se atreve a hablar: la posible connivencia entre miembros del Ejército con las bandas criminales. Y como él, en los municipios del Bagre, Caucasia, Zaragoza, Cáceres y Nechí, que conforman el Bajo Cauca antioqueño, también están agotados por el miedo.

Las bandas de Urabá y de los 'Paisas' se están disputando a muerte esta zona desde cuando el bloque Mineros de las AUC se desmovilizó el 20 de enero de 2006. Según la Policía, el año pasado hubo 200 homicidios -fue la región más violenta de Antioquia- y sólo en los primeros cuatro meses de este año se han dado 102 asesinatos. Una tasa desproporcionada para cerca de 300.000 habitantes.

La situación es tan crítica, que hasta las autoridades médicas han lanzado un SOS al gobierno local y departamental. La morgue de Caucasia -que es la única que hay para todo el Bajo Cauca- ha tenido seis médicos forenses en los últimos seis años: o renuncian o piden traslado por el exceso de trabajo. Incluso, durante buena parte de 2007 y 2008, esta región se quedó sin un especialista forense. Sólo a partir de este año se logró contratar a Janeth Pacheco, quien trabaja en un pequeño cuarto del hospital municipal con una sola mesa para necropsias y dos cavas.

En medio de la crisis, Semana tuvo acceso a una grabación que podría explicar en buena parte por qué ha sido tan difícil controlar la violencia en esta región. En el diálogo, 'Rodrigo', cabecilla de La 'banda de Urabá', habla de una balacera con la banda enemiga, la de los 'Paisas', el pasado 23 de marzo en una zona de Tarazá conocida como Santa Clara. Uno de sus hombres le deja entrever a 'Rodrigo' que miembros del Ejército al mando de un teniente estaban apoyando al cabecilla de los 'Paisas', conocido como alias 'Víctor Caparrapo', y que en el enfrentamiento quedaron heridos el teniente Solarte y un soldado.

El caso está en investigación. Los militares, curiosamente, pusieron la denuncia sobre el ataque no en el sitio en el que ocurrieron los hechos, ni tampoco en Caucasia, donde los llevaron al hospital, sino en Yarumal, un municipio que no es de la región. Están investigando si el teniente John Solarte, adscrito al Batallón Rifles, le daba información privilegiada a la banda de los 'Paisas'. El coronel Mauricio Mantilla, quien lleva 15 días como comandante del Batallón, le dijo a Semana: "Yo no puedo tapar el sol con una mano sobre lo que sucede con algunos hombres del Ejército, pero aún no puedo pronunciarme sobre los resultados de esa investigación".

Pero esta terrible situación no es fortuita. El combustible que alimenta la disputa entre bandas criminales sigue siendo el narcotráfico. Después de la captura, hace un mes, de Daniel Rendón, alias 'Don Mario', a quien las autoridades le achacaban casi todos los muertos de la zona, las cosas no han cambiado. El Bajo Cauca no sólo es la zona más violenta de Antioquia, sino la tercera en producción de coca del país. Además, por esta ruta se sale directo al golfo de Morrosquillo, donde el narcotráfico tiene varios puertos naturales. El Bajo Cauca limita con Córdoba. Es un corredor estratégico de la guerrilla y los paramilitares por su cercanía con el Nudo del Paramillo y por su conexión directa con el Urabá antioqueño.

Hace poco fue expropiada una empresa de vigilancia privada de Caucasia llamada Serviescol Ltda., administrada por Jorge Ocampo, un capitán retirado del Ejército a quien conocían con el alias el 'Capi', y quien también perteneció al Batallón Rifles. Esta empresa manejaba vínculos con los hombres de alias 'Macaco', líder paramilitar extraditado hace un año a Estados Unidos, y con la banda de los 'Paisas'.

Semana también conoció denuncias contra la Red de Cooperantes del Bajo Cauca (Recobac), un grupo de hombres desmovilizados del bloque Mineros que crearon una especie de 'Convivir' y controlan la vigilancia de la región. Además de contar con armas amparadas, Recobac heredó los equipos de comunicación de alta tecnología del ex jefe paramilitar Ramiro 'Cuco' Vanoy, con los que pueden interceptar llamadas de celular. Incluso, se sabe que varios de los escoltas de Víctor Manuel Mejía, alias el 'Mellizo', muerto hace un año por la Policía en una finca de Tarazá, tenían equipos de comunicación de la Red. Ellos son quienes deciden quién entra y quién sale del pueblo, tienen información sobre diligencias judiciales y cada vez que una persona nueva visita la zona, tiene que informarles el motivo de la visita y cuánto planea quedarse, como si se tratara de agentes de inmigración.

Varios líderes campesinos consultados por Semana creen que la única vía de escape para la caótica situación del Bajo Cauca no sólo sería acabar con la red de cooperantes, sino renovar a todos los hombres del Ejército y de la Policía: "Cómo es posible que haya una masacre de seis personas a las 7 de la mañana sin que las autoridades hagan algo", dijo uno de ellos, al referirse al hecho ocurrido en abril en el corregimiento El Doce. Como tantas veces, ellas brillaron por su ausencia.

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